Otorgan principio de oportunidad al 'narcochofer'
Manuel Castañeda
La Fiscalía General de la Nación le otorgó el principio de oportunidad al 'narcochofer',
Manuel Antonio Castañeda, luego de que se comprometiera a declarar como testigo
contra cerca de 21 personas que presuntamente estarían involucradas en un
entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Castañeda fue capturado cuando transportaba cerca de 10 kilos de cocaína en un
vehículo oficial de la UNP, en zona rural del departamento del Cauca, durante
diciembre de 2022.
Hasta el momento, el conocido como 'narcochofer' ha testificado contra siete
personas, entre las cuales se encuentran presuntos involucrados en la fuga de
Juan Larrinson Castro, alias 'Matamba', mano derecha de Dairo Antonio Úguda,
alias 'Otoniel', quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados
con tráfico de drogas y por haber sido el máximo jefe del 'Clan del Golfo'.
Según informó Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación suspendió la
acción legal en contra de Castañeda durante un año, haciendo así que el acusado
tenga inmunidad en dicho periodo, por los cargos de tráfico de estupefacientes,
cohecho por dar y ofrecer y uso de documentos falsos.
El acusado quedará a la espera de que el principio de oportunidad otorgado por
el organismo acusador sea estudiado por parte de un juez, quien realizará un
control de legalidad .
Radican proyecto que endurecería pena para
reclutadores de menores
El proyecto de ley radicado este 21 de agosto por el Congreso de la República
busca modificar los artículos 83, 162 y 188 D de la Ley
599 de 2000 con el fin de proteger a los niños, las niñas y adolescentes del
país frente al fenómeno del reclutamiento y el uso de menores de edad en actos
ilícitos.
En ese sentido, las organizaciones criminales y las personas en general que
participen e induzcan a menores de edad en la comisión de delitos y el
reclutamiento ilícito les sea aplicada la máxima sanción en el sistema penal
colombiano; es decir: incurrirá en prisión de 480 a 600 meses y multa de 2666 a
7500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así mismo, este proyecto busca establecer de manera específica que cuando se
trate del delito de reclutamiento ilícito de menores de dieciocho (18) años para
la utilización directa e indirecta en las hostilidades o en acciones
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armadas, con ocasión
y en desarrollo del conflicto armado, la acción penal será imprescriptible.
El proyecto fue respaldado por más de 110 parlamentarios. Está enfocado en
abordar el
grave problema del reclutamiento ilícito de menores de edad y su
uso en actividades delictivas. Esta iniciativa surge en un contexto alarmante,
donde Colombia se destaca como uno de los 18 países en el mundo en el que grupos
ilegales instrumentalizan jóvenes para el conflicto armado.
Entre 1996 y 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó 18,677
víctimas de reclutamiento ilícito de menores. En los años 2022 y 2023, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 840 niños, niñas y
adolescentes en su Programa de Atención Especializada, destinado a restablecer
los derechos de aquellos que han sido desvinculados de grupos armados
organizados. Además, la Fiscalía General de la Nación registró 1,339 casos de
menores involucrados en delitos durante el mismo periodo.
El fenómeno del reclutamiento forzado no solo afecta a los niños, sino que
también tiene un impacto devastador en las comunidades. Los grupos armados
ilegales, como el Eln y las disidencias de las Farc, son los principales
responsables de esta situación. En 2023, se registraron 184 casos de
reclutamiento forzado, y en lo que va de 2024, ya se han reportado 159 casos.
El proyecto de ley radicado busca establecer un marco legal que proteja a los
menores de edad en situaciones de vulnerabilidad, garantizando su derecho a la
verdad, justicia y reparación. La senadora Lorena Ríos Cuéllar, quien lideró el
debate sobre este tema en el Senado, enfatizó la importancia de abordar el tema.
La propuesta también contempla medidas para fortalecer la atención y
rehabilitación de estos jóvenes, asegurando que puedan reintegrarse a la
sociedad de manera efectiva.
Radican proyecto para eliminar
gradualmente el 4x1000
Fue radicada ante en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca
eliminar gradualmente el 4x1000, un impuesto que actualmente se aplica a las
transacciones financieras. Tres congresistas, Christian Garcés, del Centro
Democrático; Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, y Armando Zabarain,
del Conservador, son los autores de la iniciativa.
De acuerdo con el documento, la iniciativa propone una reducción progresiva del
4x1000, comenzando con una disminución de 0.5 por mil cada año hasta su
eliminación total en 2033. las tarifas se ajustarían de la siguiente manera:
3.5 por mil en 2026
3 por mil en 2027
2.5 por mil en 2028
2 por mil en 2029
1.5 por mil en 2030
1 por mil en 2031
0.5 por mil en 2032
0 por mil en 2033
El objetivo principal de esta medida es
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fomentar la inclusión financiera, reducir los costos operativos
para empresas
y ciudadanos, y estimular la economía mediante un aumento
en el consumo y la inversión. Además, se busca simplificar el sistema
tributario, creando un entorno más eficiente y competitivo tanto para actores
nacionales como extranjeros.
En palabras del representante Christian Garcés: “promete un impacto positivo
tanto para las finanzas públicas como para el desarrollo económico sostenible de
Colombia”.
La radicación de este proyecto se produce en un momento de incertidumbre
respecto a la política tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que
recientemente ha sido objeto de especulación sobre un posible aumento del 4x1000
a 5x1000. Este debate se intensificó tras la divulgación de un presunto borrador
de la nueva reforma tributaria que incluye esta propuesta, lo que generó
preocupación en diversos sectores económicos.
El gobierno enfrenta la presión de generar aproximadamente $12 billones
adicionales para financiar el presupuesto de 2025, lo que ha llevado a la
discusión sobre la viabilidad de mantener o aumentar el 4x1000. Este impuesto ha
sido una fuente importante de ingresos, recaudando $5,9 billones a corte del
mayo de 2024.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró que la ley de financiamiento
no incluirá modificaciones al 4x1000, Por su parte, la Dian ha reconocido que el
4x1000 es un impuesto "antitécnico" y que su eliminación es un objetivo, aunque
la necesidad de recaudar ingresos lo complica.
Senado cita moción de censura a Ricardo
Bonilla
El senador Jota Pe Hernández, confirmó que el ministro de Hacienda Ricardo
Bonilla, será citado a moción de censura. Esto en razón a las dificultades que
están atravesando varias entidades por la demora en giros a entidades del
Estado.
Pero sobre todo, la demora en el giro de recursos que tiene al límite el
funcionamiento del Senado de la República y que en este momento tiene a la
corporación al borde de una parálisis. Al respecto el senador indicó “hace cerca
de un mes, más de 15 congresistas radicamos una moción de censura al ministro de
Hacienda porque fuimos 16 congresistas quienes firmaron conmigo esta solicitud
de moción ante la gravedad de lo que está ocurriendo”.
Frente a la solicitud del congresista Hernández, el presidente del Congreso,
Efraín Cepeda, señaló que en los próximos días, la agenda del legislativo
permitirá adelantar esta moción, para cuestionar a Bonilla por la demora en la
entrega de recursos, que se hace con la plata de la que dispone el Gobierno
nacional, y como se distribuyen estos recursos en las entidades.
Y es que, el Senado de la República es solo una de las entidades que tiene
problemas de funcionamiento ante la demora en la entrega de recursos también a
ministerios y entidades del orden nacional. A esto, se suma el recorte
presupuestal anunciado por hacer cartera hace algunos meses a todos los
estamentos, así como la apretada de cinturón que se viene para el próximo año
luego de la presentación del proyecto del presupuesto para el año 2025.
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