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Conflictos por cultivos ilícitos se deben a
incumplimiento en sustitución
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Delegada
para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, da cuenta de
que entre enero del 2022 y mayo del 2024 hubo 38 eventos de conflictividad
social relacionados con la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio
nacional. La cifra más alta data del 2022, con 28 casos (74% del total de los
hechos identificados); en 2023, nueve (24%), y entre enero y mayo de este año,
uno (3%).
Los departamentos en los que ocurrieron los eventos fueron Nariño: 21% de los
hechos; Córdoba: 18%; Norte de Santander: 16%; Bolívar: 13%; Putumayo: 8%;
Antioquia: 8%; Cauca: 5%; Meta: 5%; Valle del Cauca: 3%, y Caquetá: 3%.
Los conflictos sociales, a partir de lo evidenciado por la Defensoría, a través
de su Delegada y Observatorio de Conflictividad Social, se debe a
incumplimientos de los programas de sustitución, partiendo de la base que el
Acuerdo Final de Paz define al Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) como uno de los pilares de solución a la
problemática, como también lo es la Reforma Rural Integral, que busca brindarle
al campesinado una solución sostenible y definitiva. A la fecha, 99.097 familias
han firmado acuerdos de sustitución en el país.
Entre las falencias evidenciadas, señala el documento, está la aplicación de la
política rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual se
manifiesta a través de ineficacia de las instituciones responsables del
desarrollo rural, descoordinación entre niveles de gobierno para brindar una
oferta sostenible, inseguridad alimentaria y nutricional y presencia de
estructuras armadas ilegales.
Estudio de caso en la subregión Catatumbo
En el departamento de Norte de Santander, entre el 1 de enero del 2022 y el 31
de mayo del 2024 ocurrieron seis eventos de conflictos sociales manifiestos
(cinco en Tibú y uno en El Tarra).
Se perciben problemáticas y factores de riesgo que pueden dar lugar al
escalamiento de los conflictos, por lo que se requiere mayor esfuerzo
gubernamental en la subregión Catatumbo, donde la presencia de cultivos de uso
ilícito es significativa, pero solamente los municipios de Sardinata y Tibú
fueron priorizados en el desarrollo del Pnis.
Desafíos identificados
Es necesario que el Gobierno Nacional aumente esfuerzos para desarrollar
acciones orientadas a la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito,
como el apoyo en la implementación de proyectos
productivos de ciclo corto, que tienen un alcance de metas tan solo del 9%; la
asistencia técnica integral, que cuenta con un avance del 50%, y la
implementación de alternativas de desarrollo agrícola.
Además, a partir de las demandas sociales, es necesario cumplir con las
responsabilidades estatales en la implementación del Pnis y la capacidad de
respuesta gubernamental para hacer efectivo su rol de garante del desarrollo
rural integral.
De esta manera, el informe concluye que las acciones de erradicación forzada o
voluntaria no conducen a la eliminación del primer eslabón en la cadena de las
drogas ilícitas, por lo tanto, deben estar acompañadas
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de una oferta institucional
que potencie la sostenibilidad de los cultivos lícitos y les haga frente a los
problemas agrarios.
Es clave garantizar el bienestar social de las comunidades en un horizonte de
transformación territorial, el cual garantice el goce de los derechos
fundamentales a través de la disposición de infraestructura adecuada,
distribución equitativa de la tierra y seguridad para las comunidades rurales.
Encapuchados se toman sede de UniAtlántico:
evacúan estudiantes
Sobre las cuatro de la tarde de este miércoles, un grupo de encapuchados se tomó
la sede norte de la Universidad del Atlántico,
argumentando que se han presentado
"malos manejos" en la habilitación de las sedes en los municipios de Soledad y
Sabanalarga. Los estudiantes, docentes y administrativos tuvieron que ser
evacuados.
Los encapuchados habrían lanzado artefactos explosivos al interior de la
institución, además de vandalizar varios buses y vehículos particulares que
circulaban por el sector aledaño a la Universidad.
Los encapuchados habrían lanzado artefactos explosivos al interior de la
institución, además de vandalizar varios buses y vehículos particulares que
circulaban por el sector aledaño a la Universidad.
Minga indígena seguirá en Bogotá
hasta socializar decreto pactado
La minga indígena, representada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
permanecerá en Bogotá hasta que se socialice el decreto de Autoridad Territorial
Económico Ambiental (ATEA). A pesar del anuncio del presidente Gustavo Petro
sobre la finalización del decreto, las comunidades insisten en la necesidad de
su firma y socialización antes de levantar la movilización.
Desde su llegada a Bogotá, más de 4.000 indígenas del suroccidente del país
mantienen su posición firme en el Parque El Renacimiento, exigiendo la firma del
decreto ATEA que reconoce su autonomía territorial. La movilización, liderada
por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ha sido categórica en que no
abandonarán la capital hasta que el decreto sea socializado y firmado por el
Gobierno Nacional.
Jhoe Sauca, consejero del CRIC,
afirmó que la minga se mantendrá hasta que se cumpla lo pactado. "La minga se
sostiene, nosotros vinimos aquí por unos objetivos. No son recursos, son
derechos fundamentales para las poblaciones", subrayó, dejando claro que la
lucha de las comunidades indígenas va más allá de meras exigencias
económicas, centrándose en la protección y el reconocimiento de sus derechos.
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El decreto ATEA, anunciado por el presidente Petro, busca fortalecer la
gobernabilidad y la jurisdicción especial de los pueblos étnicos, reconociendo
al CRIC como autoridad territorial, económica y ambiental. Sin embargo, a pesar
del avance que representa este decreto, Sauca insistió en que las comunidades
necesitan verlo concretado y firmado antes de considerar levantar la
movilización. "Si él dijo que la palabra se cumplía hoy, pues así seguimos
firmes en la movilización, si es necesario que sigan llegando", advirtió.
El decreto, aunque ha sido celebrado como un avance significativo, aún requiere
la firma de varios ministros para su validación final, lo que ha generado
incertidumbre en las comunidades indígenas. Ante la falta de presencia del
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la reunión pactada el pasado 28
de agosto, la minga ha decidido permanecer en Bogotá hasta que se concreten los
compromisos.
Con la firme convicción de que la movilización es el medio para garantizar sus
derechos, las comunidades indígenas del Cauca continúan su protesta en la
capital, exigiendo que el Gobierno cumpla con su palabra y proceda a la
socialización completa del decreto ATEA.
Millonaria recompensa por información del ataque
en Santa Rosa del Sur
Las autoridades locales ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos
por información que permita identificar a los responsables del ataque armado
ocurrido en una taberna del corregimiento de Canelos, en Santa Rosa del Sur. El
ataque, atribuido al Clan del Golfo, dejó dos muertos y seis heridos el pasado
24 de agosto.
El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, anunció la recompensa
durante un consejo de seguridad convocado para enfrentar la creciente ola de
violencia en la región. El funcionario enfatizó el compromiso de las autoridades
locales de colaborar estrechamente con las fuerzas militares y de Policía para
restaurar la paz y seguridad en la comunidad. Sin embargo, también hizo un
llamado urgente al Gobierno nacional para que se refuercen las medidas de
seguridad y se busquen soluciones efectivas.
“Estamos comprometidos a trabajar en conjunto con las fuerzas militares y de
Policía, con las autoridades locales para asegurar la tranquilidad y seguridad
de todos los bolivarenses, pero hacemos un llamado enérgico al Gobierno nacional
para que juntos superemos estos desafíos y podamos lograr la tan anhelada paz”,
afirmó Berrio.
El ataque, que ocurrió alrededor de las 10 de la noche, fue llevado a cabo por
hombres armados que irrumpieron en la única taberna del corregimiento,
disparando de manera indiscriminada contra los presentes. Entre las víctimas
fatales se encuentra el soldado profesional Deivi Márquez Jiménez, quien estaba
de permiso y se encontraba en el lugar en el momento del ataque.
Además de la recompensa, se ha decidido reforzar la seguridad en la zona con el
envío de dos pelotones del Ejército Nacional.
También se ha anunciado el inicio de un proyecto para construir un nuevo puesto
de Policía en la región, con el objetivo de mejorar la vigilancia y protección
de los habitantes.
Las autoridades continúan investigando el caso y hacen un llamado a la
ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a
capturar a los responsables del violento ataque.
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