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El preocupante auge de la justicia por mano propia
en Bogotá: ¿Una solución o un riesgo legal?
En los últimos meses, Bogotá ha sido testigo de un fenómeno cada vez más
preocupante: la justicia por mano propia. Ante la creciente inseguridad y la
percepción de ineficacia por parte de las autoridades, muchos ciudadanos han
optado por tomar la ley en sus manos, enfrentándose directamente a los
delincuentes. Este tipo de acciones, aunque comprensibles desde el punto de
vista de la frustración ciudadana, plantean serias interrogantes y desafíos
tanto en el ámbito legal como en el psicológico.
Recientemente, un episodio en particular captó la atención pública: un conductor
atropelló a dos hombres que acababan de intentar robarlo, lo que resultó en la
muerte de uno de ellos. Este hecho no es un caso aislado. Días antes, en el
sector de San Andresito de la 38, una multitud enfurecida linchó a una pareja de
ladrones, causando la muerte de uno de ellos. En otros sectores de la ciudad,
como Kennedy y Antonio Nariño, se han registrado situaciones similares en las
que la comunidad ha desnudado, golpeado y humillado a presuntos delincuentes,
dejando a muchos preguntándose si esta es la única manera de combatir la
delincuencia en la capital.
Estos casos, ampliamente difundidos y celebrados en redes sociales, revelan un
patrón de comportamiento que, aunque alimentado por la desesperación y el miedo,
tiene graves implicaciones legales. Según Francisco Bernate, presidente del
Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la justicia por mano propia no está
justificada en ninguna circunstancia. Cuando la violencia ejercida por la
comunidad supera el peligro que representa el delincuente, la acción podría ser
catalogada como tortura, un delito con consecuencias severas.
Alejandro Benavides, secretario general de la Universidad Manuela Beltrán y
doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología, refuerza esta postura al
recordar que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla la justicia por
mano propia. Al contrario, este tipo de actos son considerados delitos, ya que
es el Estado el único responsable de administrar justicia y ejercer la violencia
legítima. Aunque la ley reconoce la legítima defensa y el estado de necesidad,
estas justificaciones solo son válidas si se cumplen ciertos requisitos. En el
caso de la legítima defensa, por ejemplo, la respuesta debe ser proporcional al
riesgo enfrentado; de lo contrario, los ciudadanos podrían ser procesados por
delitos como lesiones personales, intento de homicidio u homicidio.
Sin embargo, el impacto de la justicia por mano propia no se limita al ámbito
legal. La psicóloga clínica y forense Luz Cristina Jiménez, del Instituto de
Medicina Legal, advierte que la inseguridad constante ha llevado a los bogotanos
a desarrollar conductas paranoides, caracterizadas por una constante sensación
de peligro y una tendencia a reaccionar de manera impulsiva y violenta. Este
fenómeno no solo afecta la salud mental de quienes participan en estos actos,
sino que también contamina todas las esferas de la vida cotidiana, desde la vida
familiar hasta el entorno laboral.
La normalización de estos comportamientos violentos es un síntoma alarmante del
deterioro de la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su
protección. Ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado, muchos
sienten que no tienen otra opción que tomar la justicia en sus manos, ignorando
las consecuencias legales y psicológicas que esto puede acarrear.
En medio de este complejo panorama, es crucial que las autoridades tomen medidas
para restaurar la confianza en el sistema de justicia y fortalecer la seguridad
en la ciudad. No solo es necesario actuar contra la criminalidad, sino también
abordar las raíces del problema: la percepción de inseguridad, la falta de
respuesta efectiva por parte de las autoridades y el deterioro de la salud
mental
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de la población. Solo así se podrá evitar que la desesperación
lleve a los ciudadanos a convertirse en vigilantes, cruzando la línea que separa
a las víctimas de los delincuentes.
Sellan siete IPS que funcionaban sin permisos en
Soledad
En desarrollo de los operativos desarrollados por la Alcaldía de Soledad, a
través de la Secretaría de Salud municipal y departamental, para revisar el
cumplimiento de los requisitos de habilitación legal de las IPS que operan en el
municipio; se ha presentado el sellamiento de siete IPS, que no cumplen con los
parámetros necesarios para prestar un servicio de salud eficiente.
La Secretaría de Salud de Soledad, en ejercicio de sus funciones de Inspección,
Vigilancia y demás facultades conferidas por las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001,
1122 de 2007, 1438 de 2011 y el Decreto 780 de 2016, ha venido realizando, de
manera permanente, la búsqueda activa de los prestadores de servicios de salud
que operan en la jurisdicción, atendiendo lo anterior, en el transcurso del
presente año, han sido selladas 31 IPS, de las cuales hasta la fecha, 12 han
sido legalizadas, 9 estaban atendiendo con el sello y 10 deben tener nuevamente
la verificación de su proceso.
La realización de las visitas a las 51 IPS que presentaban ciertas
irregularidades en la atención y oferta del servicio, será desarrollada
próximamente, para constatar si ya se encuentran dentro del marco de legalidad
que deben tener. La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez y el secretario de Salud,
Edison Barrera, reafirman la importancia de priorizar la calidad de la salud que
merece el pueblo soledeño, por lo cual, deben garantizar las leyes y normas
estipuladas para esta finalidad.
Terpel lleva 3 meses recibiendo un 26,3%
menos de combustible
La Organización Terpel S.A. anunció que en los últimos tres meses ha recibido un
26,3% menos del combustible de aviación JET A1 que había solicitado a Ecopetrol.
Este déficit se ha producido durante los meses de junio, julio y lo que va de
agosto, afectando significativamente la capacidad de la compañía para satisfacer
la demanda del sector aeronáutico.
De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa, Terpel solicitó un total de
2.286.807 barriles de JET A1 en el periodo mencionado. Sin embargo, Ecopetrol
solo asignó 1.792.779 barriles y entregó 1.685.389 barriles. Para hacer frente a
la falta, Terpel se vio obligada a utilizar inventarios de seguridad y tomar
medidas adicionales como la importación de 100.000 barriles y la redistribución
de inventarios entre plantas de almacenamiento.
La situación se agravó tras las fallas en las instalaciones de Reficar el 16 de
agosto, lo que llevó a Ecopetrol a declarar fuerza mayor y anunciar afectaciones
en todos sus productos. Posteriormente, el 20 de agosto, Terpel fue informada de
que solo recibiría el 80% del volumen asignado para el mes, exacerbando la
escasez de combustible.
En respuesta a esta crisis, Terpel ha mantenido una comunicación constante con
sus clientes del sector aeronáutico, recomendando la racionalización de los
consumos para mitigar el impacto. La empresa también informa que ha trabajado en
coordinación con las autoridades competentes y otros actores de la cadena para
enfrentar la situación.
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La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) informa que, tras la
instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) el 25 de agosto, la distribución
de combustible ha comenzado a normalizarse. No obstante, Terpel señala que el
déficit de combustible para aviación es un problema estructural que requiere
medidas urgentes debido al aumento en el tráfico aéreo y la limitada capacidad
de refinación en el país.
Terpel reafirma su compromiso de colaborar con todos los actores involucrados
para resolver esta situación, manteniéndose fiel a sus valores de integridad,
respeto y confianza.
Colombia muestra bajos niveles de
productividad, según estudio
Colombia muestra bajos niveles de productividad ha venido disminuyendo en las
últimas décadas. Así lo concluye un informe del Laboratorio Empresarial de
Productividad y Competitividad (LabE) de la Universidad del Rosario, Lift Growth
& innovation y la Universidad EIA.
Según este análisis, factores externos a las
empresas pueden influir en este comportamiento, pero los datos muestran
diversidad en productividad entre industrias e inclusive entre empresas de la
misma industria. En general las empresas grandes tienden a ser más productivas
que las medianas, pero no todas las empresas medianas son menos productivas que
las grandes.
“La productividad total de los factores de Colombia ha decrecido en un 0,1 % en
los últimos 40 años (1990-2019) y en los 12 años previos a la pandemia
(2005-2019) también disminuyó un 0,13 %, según cifras oficiales” afirmó Andrés
García-Suaza, investigador de LabE y decano de la Facultad de Economía de la
Universidad del Rosario.
La situación de la productividad de la industria no ha cambiado en los últimos
años. Esto evidencia la ausencia de cambios importantes a nivel sectorial en
Colombia y, en cierta medida, poco dinamismo de políticas sectoriales que
cambien esta imagen estática de la productividad industrial, indica el informe
Una radiografía de la productividad sectorial en Colombia, que desarrolló el
Laboratorio Empresarial de Productividad (LabE).
Según este análisis, la productividad de las industrias en el país es muy
persistente en el tiempo. Esto puede estar relacionado con la invariabilidad en
la estructura productiva, inflexibles procesos que no se adaptan a los cambios
del mercado.
“Sin embargo, coexisten altos niveles de dispersión en la productividad de las
empresas. Se observa que no todas las empresas medianas son menos productivas
que sus contrapartes grandes. La productividad promedio de las empresas medianas
en sectores específicos, como la industria química y farmacéutica, así como en
textiles, prendas y cueros, supera de manera significativa la productividad
promedio tanto de las empresas grandes como de las medianas en la industria
alimentaria”, añadió Fernando Cárdenas, investigador socio de Lift Growth and
Innovation y del LabE.
Diana Mena, investigadora de Universidad del Rosario y el LabE, comentó: “En
general las industrias presentan una baja variación en los niveles de
productividad, pero aun así las ventas han aumentado en los últimos años. Es
decir, el crecimiento de las industrias ha estado mediado por otros factores, de
tal forma que podría observarse un crecimiento aún mayor si se observase
crecimientos significativos en los niveles de productividad".
El informe establece que el nivel de empleo o de gasto de nómina de las empresas
no parece influir en sus niveles de productividad. La productividad no parece
estar explicada mayores niveles de gasto en nómina o por el número de
trabajadores.
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