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La JEP cita a 39 generales en retiro por ‘falsos
positivos’
Seis años después de que la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iniciara su macroinvestigación sobre los
asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en
combate, el foco de la justicia transicional en Colombia ha apuntado a 39
generales en retiro. Estos oficiales de alto rango de la Fuerza Pública deberán
rendir cuentas por su presunta implicación en el escandaloso caso de los ‘falsos
positivos’.
La investigación de la JEP, centrada en las ejecuciones extrajudiciales entre
2002 y 2008, ha llevado a la citación de estos altos mandos, quienes ocuparon
posiciones claves en la estructura militar del país. De los 800 exintegrantes de
la Fuerza Pública que han sido escuchados hasta ahora, los 39 generales en
retiro son los más prominentes en enfrentar el cuestionamiento sobre la
violación de derechos humanos que este proceso judicial ha desvelado.
Un panorama de implicaciones y responsabilidades
La JEP ha revelado que durante el período de investigación se identificaron
6.402 casos de ‘falsos positivos’ en todo el país. De estos, aproximadamente el
66% se concentraron en 10 departamentos. En este contexto, la Sala de
Reconocimiento de Verdad ha avanzado en investigaciones detalladas en seis
subcasos territoriales, incluyendo Meta, Casanare, Huila, Antioquia, Norte de
Santander y la costa Caribe. La responsabilidad en estos casos no solo se ha
limitado a los militares de menor rango, sino que también ha alcanzado a los más
altos niveles de la jerarquía militar.
El subcaso de la costa Caribe es particularmente significativo, con 11 generales
en retiro citados a versión voluntaria. Estos oficiales deberán explicar su
papel en los hechos ocurridos bajo su mando en los años 2000. Entre ellos se
encuentran Adolfo León Hernández y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes
dirigieron unidades que según la JEP presentaron un alto número de muertes
cuestionadas en departamentos como Cesar y La Guajira.
En Casanare, cuatro generales han sido llamados, incluyendo Henry William Torres
Escalante, quien ya ha sido imputado por su rol en la Brigada 16. En Norte de
Santander y Antioquia, también se han hecho citaciones a excomandantes y altos
oficiales, incluyendo a Mario Montoya Uribe, quien ya enfrenta imputaciones por
su responsabilidad en la Cuarta Brigada del Ejército.
Aceptación de responsabilidad y reticencias
Hasta el momento, de los 39 generales convocados, solo ocho han sido formalmente
imputados, y dos de ellos han reconocido su responsabilidad. El general Paulino
Coronado fue el primero en aceptar su culpabilidad en 2022, asumiendo su
responsabilidad bajo la calificación de “comisión por omisión”. Henry William
Torres Escalante, otro de los imputados, también ha reconocido su
responsabilidad, aunque aclaró que no ordenó directamente las ejecuciones, pero
asumió su papel como máximo responsable en su unidad.
Para los demás generales que han negado su implicación, la JEP contempla la
posibilidad de remitir sus casos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Esta unidad, que actúa como la Fiscalía dentro de la Jurisdicción Especial,
deberá determinar si los casos avanzan hacia un juicio adversarial. En caso de
condena, los acusados podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.
Implicaciones para el proceso de paz
La citación de estos generales en retiro subraya la complejidad del proceso de
justicia en el marco del acuerdo de paz en Colombia. La investigación y los
juicios por los ‘falsos positivos’ no solo buscan hacer justicia por las
víctimas, sino también garantizar que los altos mandos que supieron de estos
crímenes y no los detuvieron sean llevados ante la justicia.
Este desarrollo en el proceso de la JEP es crucial para la consolidación de la
paz y la justicia en Colombia. La transparencia en la investigación de estos
casos y la rendición de cuentas de los responsables son pasos esenciales para
cerrar un capítulo doloroso en la historia del país y avanzar hacia una
reconciliación verdadera y duradera.
Con cada citación y cada versión
rendida, la
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JEP continúa su labor en el
esclarecimiento de la verdad, demostrando que el camino hacia la justicia es
arduo, pero indispensable para construir una Colombia más equitativa y
respetuosa de los derechos humanos.
Hostigamiento del ELN en Cauca deja un oficial y
tres soldados heridos
El 1 de septiembre de 2024, tropas
de la Tercera División del Ejército colombiano fueron atacadas por guerrilleros
del ELN en la vereda Lerma, ubicada en el municipio de Bolívar, Cauca. Durante
el enfrentamiento, un oficial y tres soldados profesionales resultaron heridos.
Según el comunicado del Ejército,
los soldados estaban llevando a cabo operaciones en la zona cuando fueron
sorprendidos por un ataque. Los heridos fueron evacuados por vía aérea para
recibir atención médica especializada. Además, durante la operación, se logró
destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína, que, según el Ejército, es
crucial para las finanzas del grupo ilegal.
La Tercera División ha intensificado sus operaciones en la región y ha reforzado
el despliegue de tropas para enfrentar al ELN y garantizar la seguridad de la
población civil en la vereda Lerma.
En otro incidente, el ELN también es señalado por el asesinato de dos soldados
en Arauca. Los soldados Jaider Augusto Quimbayo Rondón y Luis Ángel Pushaina
Pushaina fueron atacados mientras estaban en un puesto de control en la vía que
conecta el municipio de Tame con La Cabuya. El Ejército reportó que el ataque se
llevó a cabo con armas de largo alcance durante el cumplimiento de su misión de
protección civil.
El Ministerio de Defensa condenó los ataques y expresó sus condolencias a las
familias de los soldados fallecidos, subrayando que estos actos constituyen
graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
La UBPD inicia ruta de búsqueda para encontrar a
más de 18.000 desaparecidos en Colombia
La Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha lanzado una innovadora iniciativa para
enfrentar el desafío de encontrar a más de 18.000 personas desaparecidas en
Colombia. Esta nueva estrategia, denominada Ruta de Búsqueda, implica un cambio
significativo en la forma en que se realiza la búsqueda de desaparecidos,
llevando la acción directamente a los territorios afectados por la violencia y
la desaparición forzada.
En un comunicado reciente, la UBPD anunció el inicio de este programa que
llevará a un equipo de expertos en desaparición a 61 municipios en los
departamentos de Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Santander, entre otros. Estos
territorios han sido identificados como algunos de los más afectados por el
fenómeno de desaparición forzada. A través de esta ruta, la UBPD pretende
ofrecer atención directa a las familias que buscan a sus seres queridos y
proporcionar actualizaciones sobre el estado de los procesos de búsqueda.
Este nuevo enfoque busca revertir el paradigma tradicional en el que eran las
familias quienes, por lo general, debían luchar solas para obtener respuestas
del Estado. Muchas de estas familias han estado en búsqueda durante décadas,
enfrentándose a la falta de información y a la burocracia institucional. Ahora,
la UBPD se desplazará a los lugares más remotos y afectados para tomar muestras
de ADN,
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orientar a los buscadores, y colaborar con las autoridades
locales en la búsqueda de información.
La directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez,
destacó la importancia de esta estrategia: “La Ruta Buscadora nos permitirá
prestar atención en sitios distantes y recónditos de este país, llevar el
mensaje de la búsqueda, recoger solicitudes de información y hacer incidencia
con autoridades locales para que nos apoyen”. Forero también subrayó que esta
iniciativa contribuye a aliviar el dolor de las víctimas y sus familias y a
enfrentar la alarmante cifra de 111.640 personas desaparecidas en Colombia.
Además, estas
jornadas de búsqueda tendrán un componente educativo, sensibilizando a las
poblaciones más afectadas por la violencia sobre los recursos disponibles y los
derechos de las víctimas. A pesar de los esfuerzos, la desaparición forzada
sigue siendo un problema grave en Colombia, con al menos 1.700 nuevos casos
reportados solo en lo que va del año y un promedio de un caso cada 36 horas
según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Para más información sobre la Ruta de Búsqueda o para contactar a la UBPD, los
interesados pueden llamar al 3162783918 o al 018000117175. La UBPD también
cuenta con una oficina central en Bogotá, tres sedes satélite y 25 despachos
territoriales para recibir denuncias y consultas sobre el estado de las
solicitudes de búsqueda.
Capturan a los integrantes de una red que estafaba
a ganaderos y cafeteros en Risaralda
La Fiscalía Seccional Risaralda
desarticuló la red criminal ‘Los Capucheros’, a la que se le atribuyen múltiples
estafas con cheques sin fondos a comerciantes, ganaderos y cafeteros, de los
departamentos Risaralda, Caldas, Quindío, Norte de Valle del Cauca, entre otros.
Los elementos de prueba y las denuncias recopiladas por las autoridades, les
permitió individualizar y capturar a ocho de los presuntos integrantes de esta
red ilegal, que serían responsables de pagar con 29 cheques fraudulentos
diferentes productos, avaluados en algo más de $900 millones.
Los eventos que se les atribuyen ocurrieron en Pereira, Dosquebradas y Belén de
Umbría (Risaralda); Manizales y Chinchiná (Caldas); Cartago, Buga y La Victoria
(Valle del Cauca), Florencia (Caquetá) y Líbano (Tolima).
Entre las víctimas también hay comerciantes de maquinaria industrial,
motocicletas y vehículos.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir
agravado, estafa agravada, transferencia ilegal de cheque, falsedad personal,
receptación y porte ilegal de armas de fuego a Francisco Norberto Antonio Perea,
alias ‘Negro Perea o Palomino’, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en
centro carcelario; también a Raúl Armando Camacho Betancourth, Uriel Antonio
Loaiza Cardona, José Roberto Agudelo Sánchez, José Hugo López Giraldo y Jhon
Alexander Hernández Castrillón, que permanecerán privados de la libertad en sus
lugares de residencia; y a Óscar Julián Rivera Salazar y Óscar Eduardo Sepúlveda
Saraza, que seguirán vinculados al proceso.
Según el ente acusador, la estructura ,al parecer, ubicaba a comerciantes por
redes sociales y plataformas virtuales en las que se ofrecen diversos productos
y, presuntamente, suplantaban con documentos falsos la identidad de personas
para hacerse pasar como clientes.
Luego de concretar un negocio, entregaban los cheques sin fondos y pasaban a
recoger la mercancía para posteriormente comercializarla.
Alias ‘Negro Perea’ sería el articulador principal y el encargado de seleccionar
las víctimas, comunicarse con ellas y realizar las compras fraudulentas. Los
demás estarían involucrados en la obtención de los cheques, recoger la mercancía
y posteriormente venderla.
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