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Autodefensas de la Sierra Nevada le agradecieron
al Gobierno la suspensión de órdenes de captura para varios de sus miembros
En un giro significativo en el proceso de paz en Colombia, las Autodefensas
Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) han expresado su agradecimiento al
Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la reciente decisión de suspender las
órdenes de captura contra varios de sus líderes. Esta medida, anunciada el
jueves 5 de septiembre, es vista como un paso crucial hacia la reconciliación y
la desmovilización de grupos armados al margen de la ley.
A través de un comunicado oficial, la organización armada mostró su satisfacción
con la resolución de la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional,
que ha permitido el retiro de las órdenes de captura para los líderes Fredy
Castillo Carrillo, alias Pinocho; José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo;
Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o York; y Orlando Pérez Ortega,
alias Pataliso. En un video difundido en redes sociales, el vocero de las ACSN
expresó su agradecimiento y destacó la importancia de esta decisión para avanzar
en el proceso de paz.
“Dándole agradecimiento al Gobierno Nacional por la suspensión de las órdenes de
captura, consideramos que este acto es vital para la búsqueda de la paz y la
transformación de nuestros territorios”, manifestó el vocero. La estructura
armada asumió este gesto con responsabilidad y compromiso, reiterando su
disposición para continuar con los acercamientos de paz.
Además, las ACSN solicitaron formalmente el reconocimiento de su máximo líder,
Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como comandante Ramón, y de su jefe
político, César Gustavo Becerra, alias Camilo, como voceros y representantes
ante el Estado. Este reconocimiento es visto como un paso necesario para
facilitar las negociaciones y asegurar una representación adecuada en los
diálogos con el Gobierno.
En el comunicado, la organización también aprovechó la ocasión para desmentir su
involucramiento en el secuestro de un indígena de la comunidad Kogui, quien fue
retenido en el cerro de Chiruca durante un enfrentamiento con el Clan del Golfo.
Las ACSN aclararon que su política siempre ha sido respetar el libre desarrollo
de las actividades de los pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta y que su
conflicto es exclusivamente con el Clan del Golfo. Exigieron la liberación del
indígena Daniel Nolavita y reafirmaron su compromiso con la defensa de la
comunidad local.
La resolución de suspensión de órdenes de captura, que se enmarca dentro del
marco de la Ley 418 de 1997 y su modificación por la Ley 2272 de 2022, se
mantendrá vigente siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la
resolución Nº 335 de 2024. Esta medida permite que los líderes de las ACSN
participen en las conversaciones de paz, con el objetivo de desmovilizarse,
contribuir a la construcción de paz y someterse a la justicia colombiana.
El proceso será supervisado por la Consejería Comisionada de Paz, que se
encargará de la comunicación formal de esta decisión a las autoridades
competentes y de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas para
el reconocimiento de los líderes como representantes de las ACSN. Este avance se
enmarca en los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una paz total en el país,
ofreciendo oportunidades para la reconciliación y el desarme de grupos armados.
Capturada mujer por extorsionar a su expareja en
Quindío
En una operación conjunta del grupo Gaula de la Policía del Quindío, Gaula
Militar y la Fiscalía General de la Nación, una mujer de
37 años fue detenida en el municipio de Circasia, acusada de extorsión agravada.
La operación, denominada ‘ODIN’,
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surge como
parte de los esfuerzos continuos para combatir la extorsión y proteger a las
víctimas en la región.
El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, informó
que la mujer, identificada por las autoridades, había estado extorsionando a su
expareja sentimental, exigiendo un millón de pesos bajo la amenaza de atentar
contra su vida y la de su familia. Ante la negativa del excompañero a cumplir
con sus demandas, la mujer intensificó la presión, extendiendo sus amenazas a su
exsuegra y demandando el mismo monto de dinero.
Utilizando una táctica intimidante, la acusada recurrió a terceros para realizar
llamadas y enviar mensajes amenazantes, convenciendo a las víctimas de que
estaban siendo vigiladas. Este método logró vulnerar la autonomía de las
personas afectadas, quienes terminaron entregando quinientos mil pesos para
evitar posibles agresiones.
La detenida fue presentada ante el juzgado correspondiente, donde deberá
responder por los cargos de extorsión agravada. Este caso destaca el uso de
tácticas coercitivas en la extorsión, poniendo de relieve la necesidad de
intervención y prevención efectivas.
En una operación relacionada, el grupo de delincuencia común organizada conocido
como “Los Del Sector” fue desarticulado en la ciudad de Armenia. La Fiscalía
General y el GAULA del Quindío, en coordinación con el GAULA Militar, llevaron a
cabo cuatro capturas por orden judicial y realizaron ocho allanamientos en la
ciudad. Esta operación fue resultado de denuncias de extorsiones realizadas por
este grupo en el barrio Las Colinas. Exigían entre 500,000 y un millón de pesos
a los residentes bajo amenazas contra sus vidas, integridad y propiedades,
logrando obtener alrededor de 100 millones de pesos mediante su actividad
delictiva.
Los arrestos y las diligencias de allanamiento permitieron la captura de cuatro
individuos implicados, quienes ahora enfrentan cargos por extorsión, concierto
para delinquir y desplazamiento forzado.
Por otro lado, un joven de 17 años fue aprehendido por extorsión tras ser
denunciado por una mujer que recibía amenazas de muerte si no pagaba dos
millones de pesos. Las amenazas, dejadas en manuscritos en su residencia,
llevaron a la coordinación de una entrega controlada del dinero, resultando en
la captura del menor que tenía acceso a la información personal de la víctima a
través de una propiedad alquilada.
La Policía Nacional y el GAULA Militar hacen un llamado a la comunidad para que
confíen en las instituciones y reporten cualquier situación de extorsión a
través de la línea 165, asegurando una asistencia segura y confidencial.
Fiscalía archiva proceso por omisión de
socorro en caso de ingeniero atropellado tras atraco en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación ha decidido archivar el proceso abierto por
presunta omisión de socorro en el caso del ingeniero Pawel Camilo Restrepo
Torres, quien falleció en la madrugada del 13 de mayo de 2022, tras ser
atropellado por un vehículo en Bogotá. La decisión, tomada por la Fiscalía 28
Especializada de la unidad de vida e integridad personal, ha generado
controversia, especialmente entre los familiares de la víctima que esperaban
justicia por el trato recibido por los policías en el incidente.
Restrepo, de 32 años, fue víctima de un atraco en el que fue drogado y despojado
de sus pertenencias. Posteriormente, se le vio deambulando y fue dejado fuera de
la Clínica de Occidente por agentes policiales. Minutos después, fue atropellado
por un automóvil, resultando en su muerte. El caso originó cuatro procesos
distintos: uno por homicidio culposo contra el conductor del vehículo; otro por
el hurto del ingeniero; un tercer proceso por falsedad personal, dado el uso
indebido de sus documentos robados por los ladrones; y un cuarto por la presunta
omisión de socorro de los policías.
El proceso por omisión de socorro fue iniciado tras la compulsa de copias
realizada en noviembre de 2023, después de que la fiscalía que investigaba el
homicidio solicitara que se investigara esta posible omisión. La Fiscalía
argumentó que el archivo del caso por omisión de socorro se debió a la falta de
una querella formal por parte de los herederos de Restrepo, requisito
indispensable según
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el Código de Procedimiento
Penal para proceder con este tipo de investigaciones.
“La actuación se inició por compulsa de copias y no se presentó la querella
exigida por la ley para continuar con la investigación. Dado que no se cumplió
con el requisito de la querella, el archivo de las diligencias es procedente”,
indicó el documento de la Fiscalía. Además, la decisión de archivar el caso es
definitiva y no admite recursos ordinarios, aunque la familia de la víctima aún
puede solicitar la reanudación de la investigación si aportan nuevos elementos
probatorios.
La decisión se ha visto acompañada por una reciente pérdida de tutela
interpuesta por la familia de Restrepo, que alegaba vulneraciones a sus derechos
al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. A pesar
de la controversia, la Fiscalía ha mantenido su postura, subrayando que la
ausencia de una querella formal impide la continuación del proceso.
El archivo provisional del caso, dispuesto bajo el artículo 79 de la Ley 906 de
2004, deja abierta la posibilidad de que un juez de control de garantías
intervenga si hay controversia sobre la solicitud de desarchivo. Mientras tanto,
la comunidad y los familiares de Restrepo continúan buscando respuestas y
justicia en un caso que ha evidenciado fallos en el sistema de respuesta
policial y judicial.
Consejo de Estado condena al Estado por
chuzadas y desprestigio contra el exmagistrado Jaime Araújo Rentería
En un fallo reciente, el Consejo de Estado ha condenado al Estado colombiano por
las chuzadas y la campaña de desprestigio dirigidas contra el exmagistrado de la
Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, en el año 2003. La decisión,
emitida por la Sección Tercera del alto tribunal, revoca una sentencia de
primera instancia que había absuelto a la Nación, estableciendo que el Estado
debe pagar indemnización por los daños morales ocasionados a Araújo Rentería
debido a la intervención ilegal en sus comunicaciones.
Según el fallo, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) creó un grupo especial conocido
como G-3 con el objetivo de llevar a cabo seguimientos ilegales a particulares y
funcionarios públicos. El Consejo de Estado determinó que sin la debida
autorización, el DAS interceptó las comunicaciones del exmagistrado, violando su
derecho a la privacidad.
El alto tribunal enfatizó que la intromisión en la vida privada de los
ciudadanos y la recopilación de información sin consentimiento generan graves
perjuicios morales. "La pérdida de la sensación de privacidad y la exposición a
un escrutinio no deseado genera sentimientos de inseguridad, zozobra y
desconfianza, similares a los que se experimentan en un robo domiciliario",
indicó el Consejo de Estado en su decisión.
La sentencia detalla que Araújo Rentería tenía razones fundadas para sospechar
que era objeto de seguimientos ilegales, y que las autoridades competentes no
tomaron medidas para aclarar sus sospechas ni para corregir las irregularidades.
El tribunal también confirmó que el grupo G-3 del DAS realizó actividades
ilegales dirigidas específicamente contra Araújo Rentería mientras ocupaba su
cargo en la Corte Constitucional.
El fallo establece que el Estado debe pagar 20 salarios mínimos como
compensación por los perjuicios morales sufridos por el exmagistrado. Además, se
ordena al Estado ofrecer excusas públicas a Araújo Rentería como medida no
pecuniaria. Esta decisión subraya la gravedad de las violaciones a la privacidad
y los derechos fundamentales cometidas por el DAS, resaltando la necesidad de
rendición de cuentas y reparación para las víctimas de abusos estatales.
Este caso no solo pone en evidencia las prácticas irregulares del DAS durante el
gobierno de Uribe Vélez, sino que también refuerza el compromiso del sistema
judicial colombiano con la protección de los derechos humanos y la justicia. La
condena del Estado es un recordatorio de la importancia de salvaguardar la
privacidad y la integridad de los ciudadanos frente a abusos institucionales.
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