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Ordenan a Petro retractarse por palabras contra
Enrique Vargas Lleras
A retractarse y pedir excusas públicas a Enrique Vargas Lleras, hermano del
expresidente Germán Vargas Lleras, ordenó la Sección Tercera del Consejo de
Estado al presidente Gustavo Petro por sus afirmaciones sobre presuntos malos
manejos en recursos de la salud.
De acuerdo con la ponencia del magistrado Martín Gonzalo Bermúdez, el jefe de
Estado no solo dio su opinión con respecto a ese tema sino que de una vez
aseguró que la familia Vargas Lleras estaba implicada en un desfalco.
“El señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un
debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una
investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas
comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario,
por el que debía responder la familia Vargas Lleras. En ellas se expresó que,
aunque el Estado giró los recursos necesarios para ello, los miembros de la
familia Vargas Lleras escondieron y no pagaron facturas por $5.5 billones,
hicieron gastos billonarios innecesarios, negocios particulares y financiaron un
partido político y que lo anterior, de acuerdo con lo informado por el señor
presidente, llevó a la bancarrota a la citada EPS”, dice el fallo del Consejo de
Estado.
El pasado 31 de mayo, el presidente Petro escribió un mensaje en su cuenta de X,
en la que afirmó que la familia Vargas Lleras tuvo un mal manejo de los recursos
de la salud.
“En la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5,5 billones
de pesos en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. Mientras el
desfalco a la salud aumentó billonariamente, quieren tapar el hueco con el
dinero público, mientras ahogan las finanzas del gobierno y hunden la reforma a
la salud”, trinó Petro.
Finalmente, el Consejo de Estado señaló que "no se afirma que contra el
accionante existan imputaciones o investigaciones dirigidas a demostrar que
ordenó o autorizó realizar gastos billonarios suntuosos, innecesarios, o
dirigidos a patrocinar un partido político o una campaña electoral".
Cargos contra Armando Benedetti por supuesto
abandono de cargo
La Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Cancillería formuló cargos a
Armando Benedetti por abandono del cargo mientras
se desempañaba como embajador de
Colombia en Venezuela.
Benedetti, actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), salió del país sin
autorización de su entonces jefe, el canciller Álvaro Ley Leyva.
La situación se remonta en julio del 2023, cuando se conoció una foto del
diplomático en España. Posteriormente, Benedetti aseguró que se encontraba en el
grado de uno de sus hijos. En ese momento, el funcionario señaló que había
pedido una licencia no remunerada, pero esta le fue negada.
"En junio sólo recibí el 25 % de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré
salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia no remunerada que negaron y
en la que he insistido. Para los 'preocupados', estoy en Madrid en el grado de
mi hijo. La otra semana regreso al país", señaló Benedetti en X.
El diplomático podría enfrentarse a la destitución de su cargo, debido a la
complejidad de la falta.
Como se sabe, este no es el único
problema disciplinario que enfrenta Benedetti, pues el pasado 23 de julio, la
Cancillería abrió una investigación al diplomático por una presunta agresión
verbal contra su esposa en Madrid.
El funcionario fue denunciado por su esposa ante la policía española luego de un
altercado en un apartamento en Madrid el 30 de junio.
"La cancillería ha activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido.
(...) Este caso está en conocimiento de nuestra oficina de control interno
disciplinario, y cuando tengamos resultados actuaremos conforme a la ley",
indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Benedetti habría invocado su
inmunidad
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diplomática para evitar ser detenido
por la policía, luego de "un episodio de agresión verbal" contra su esposa,
Adelina Guerrero, informó Blu Radio en la mañana.
Horas más tarde, el embajador desmintió esta versión.
"Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al
hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español", aseguró en la
red social X.
"Me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera
privada y familiar", agregó Benedetti, quien el año pasado fue retirado de su
cargo como embajador en Venezuela por un escándalo de corrupción, conspiración y
chantaje. Entonces su estrecha relación con el presidente empezó a enfriarse.
Benedetti, un curtido exparlamentario, se había ganado un lugar en el circulo
cercano del entonces candidato Petro y fue clave para sumar apoyos electorales
en la región Caribe.
Sin embargo, cayó en desgracia a mediados de 2023, cuando la prensa filtró
audios en los que amenazaba a la entonces jefa de despacho de Petro, Laura
Sarabia, con revelar información sobre supuestos aportes ilegales a la campaña
presidencial por unos 3,5 millones de dólares.
Benedetti argumentó que los audios fueron "manipulados" y grabados cuándo estaba
bajo efectos del alcohol. El presidente lo retiró de su cargo en Caracas pero lo
asignó unas semanas después en la delegación ante la FAO, con sede en Roma.
Reacciones encontradas al nuevo proyecto
de reforma a la educación superior
Al inicio de esta semana, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas
Medellín, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del ‘Gran
Acuerdo Nacional por la Educación Superior Pública’, que busca modificar los
artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una
financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones
técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.
El Gobierno señala que el proyecto tiene como objetivo transformar el modelo de
financiación de la educación superior pública en Colombia, que actualmente se
basa en los aportes estatales ajustados anualmente según el Índice de Precios al
Consumidor (IPC).
Bajo esta premisa,
Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades
(Ascun) junto con Paula Andrea López, rectora de la Universidad Central,
hablaron, sobre sus percepciones frente a este nuevo proyecto.
El director de la Ascun enfatizó que es un proyecto en la vía correcta que ya
fue evaluado por la Asociación desde la presentación que hizo el ministro de
Educación.
“Siempre desde Ascun, en proyectos anteriores, hemos respaldado esta iniciativa,
pues el país ya hoy es consciente del desfinanciamiento estructural de la
educación superior pública, que como se ha dicho particularmente en la
presentación de este proyecto ronda por los 13 billones como deuda actual del
sistema. En consecuencia, desde la Asociación Colombiana de Universidades
respaldamos esta iniciativa, pues nos parece que va por el camino correcto para
resolver el desfinanciamiento estructural y hacemos un llamado al Gobierno
nacional, para que de la misma manera se pueda atender lo consagrado en la
Constitución en referencia al derecho a la educación y al acceso al servicio
público de la misma, a través de mecanismos de apoyo a la demanda para que las
universidades privadas, que en la actualidad tienen cerca de 700.000 estudiantes
en los estratos 1, 2 y 3, puedan garantizar a ellos el acceso y la continuidad
de sus procesos de formación en educación superior”, sostuvo Domínguez.
A su vez, hizo un llamado para que lo presentado por el Ministerio de Educación
no tenga agregados de última hora. “Esto podría provocar que el proyecto corra
la suerte que otros proyectos similares han corrido. Cuando van perdiendo
perspectiva sobre la importancia de modificar estos dos artículos que resuelvan
el desfinanciamiento de la universidad pública y se intenten adicionar aquí
mecanismos que hacen inviable el desarrollo de este proyecto y la modificación
de estos artículos”, aseveró.
Desconocimiento de otras realidades
Por otra parte, la rectora de la Universidad Central afirmó que el nuevo
proyecto de ley, al solo modificar 86 y 87, desconoce asuntos fundamentales que
requiere el sistema educativo colombiano y la educación superior privada.
“Las universidades
privadas también tenemos unos problemas serios de desfinanciación y además
tenemos una labor estructural de movilidad social y de
formación de la población de estratos 1, 2 y 3; porque a las universidades
privadas ingresan jóvenes que no pueden
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ingresar a la educación superior pública, particularmente en el pregrado,
y sus familias acompañan ese proceso de formación. Son jóvenes que buscan
también la formación y el desarrollo de sus proyectos de vida a través de la
educación superior en las universidades privadas”, explicó.
En ese sentido, la rectora Paula López reiteró que es fundamental reconocer esa
situación y aseveró que el proyecto de ley para reformar la Ley 30 no considera
estos elementos.
“Si bien hay una deuda histórica con la educación superior pública, también hay
una deuda histórica con la educación superior privada que ha aportado muchísimo
al desarrollo y a la formación de los colombianos, pues desde la Constitución
Política se establece que el modelo de educación superior es un modelo mixto y
como muestran las estadísticas de SNIES que salieron hace poco, con relación al
2023, casi que en un 50% de los jóvenes acceden a la universidad pública pero
otro 50%, es decir, alrededor de 1’200.000 estudiantes, ingresan a la educación
privada”, concluyó.
El proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que el Estado destine recursos
adicionales de manera voluntaria para incrementar la base presupuestal, con el
objetivo de reducir lo que se ha denominado la ‘deuda histórica’ con las
universidades públicas. Esta deuda, calculada en $15 billones de pesos,
corresponde al dinero que las instituciones dejaron de recibir por cuenta del
cálculo de incrementos basados en el IPC.
Pasa a segundo debate proyecto contra ciberacoso escolar
La Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá ha aprobado los Proyectos
de Acuerdo 585 y 596 de 2024, acumulados por unidad de materia, que buscan
implementar acciones para garantizar entornos escolares libres de bullying en
las instituciones educativas del distrito.
Los concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y José del Carmen Cuesta presentaron
ponencias positivas con modificaciones, subrayando la importancia de estas
iniciativas para avanzar hacia un sistema educativo que priorice la prevención y
atención del acoso escolar.
Para la concejal Clara Lucía Sandoval, autora de la iniciativa, este proyecto
tiene como objetivo erradicar todas las formas de acoso escolar en Bogotá,
protegiendo la dignidad y el bienestar de la comunidad educativa. "Este acuerdo
establece normas claras y acciones contundentes para combatir el bullying y el
ciberacoso, priorizando la seguridad y respeto de los estudiantes y docentes",
afirmó Sandoval.
Uno de los puntos clave del proyecto es la alarmante cifra de casos de acoso
escolar en Bogotá. Según la Secretaría de Educación, entre 2022 y 2023 se
registraron más de 3,000 reportes de acoso escolar, lo que representa un
incremento del 674%. Este fenómeno afecta no solo a estudiantes, sino también a
profesores, e incluso a los agresores, quienes a menudo son víctimas de sus
propios entornos familiares.
El proyecto de acuerdo cuenta con el respaldo de 22 concejales coautores,
quienes coinciden en que la iniciativa se fundamenta en el respeto a la dignidad
humana. Además, recalcan que todas las personas, independientemente de su sexo,
religión, orientación sexual o etnia, merecen respeto en los entornos
educativos.
Entre los autores se encuentran los concejales: Clara Lucía Sandoval Moreno,
Samir José Abisambra Vesga, Darío Fernando Cepeda Peña, Armando Gutiérrez
González, Germán Augusto García Maya, Andrés Barrios Bernal, Edward Aníbal Arias
Rubio, Rolando Alberto González García, Daniel Felipe Briceño Montes, Emel Rojas
Castillo, Diana Marcela Diago Guaqueta, Humberto Rafael Amín Martelo, Julián
Uscátegui Pastrana, Fabián Andrés Puentes Sierra, Samir Bedoya Piraquive, Marco
Fidel Acosta Rico, Juan Manuel Díaz Martínez, David Saavedra Murcia, Jesús David
Araque Mejía, Sandra Consuelo Forero Ramírez, Fernando López Gutiérrez, Andrés
García Vargas y Julián Felipe Triana Vargas, de la bancada del Partido Alianza
Verde.
La iniciativa también propone que cada 10 de septiembre, en el marco del Día
Mundial de la Prevención del Suicidio, se promuevan actividades en los colegios
para abordar el bullying como un factor de riesgo asociado al suicidio.
Entre las acciones promovidas por el proyecto se incluyen el fortalecimiento de
los comités escolares de convivencia, la orientación a las instituciones en la
actualización de sus manuales de convivencia, protocolos y rutas de atención a
víctimas de acoso escolar. Asimismo, se busca fortalecer la escuela de padres,
madres, cuidadores y representantes legales para una adecuada prevención y
atención a estudiantes víctimas y presuntos agresores.
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