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España: sí de Congreso a
reconocimiento de Edmundo presidente
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no
de ley del PP con la que se insta al Gobierno a reconocer al
candidato opositor Edmundo González Urrutia "como el legítimo
ganador" de las elecciones presidenciales de pasado 28 de julio en
Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo" del país.
El mandato ha salido delante con el apoyo del PP, Vox, PNV Coalición
Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el voto en contra del PSOE,
Sumar y los socios habituales del Gobierno. Eso, sí Junts no ha
participado en la votación porque sus diputados han abandonado el
Congreso para asistir a las movilizaciónes por la Diada y el
exministro socialista, José Luis Ábalos, ha optado por la
abstención, desmarcándose de su antiguo partido.
El texto aprobado especifica que este "reconocimiento se basa en la
reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a
publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte
de la oposición del 83.5 % de las actas verificables que demuestran
un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales
de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones
Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y
Seguridad, el español Josep Borrell.
De esta forma, el Congreso exige no solo el reconocimiento de
Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también insta
al Ejecutivo a liderar el este reconocimiento en las instituciones
europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar
que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano.
También reclama que se exija al régimen de Maduro el cese
"inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la
liberación de todos los presos políticos.
Un sistema
democrático para Venezuela
Asimismo, la Cámara Baja urge a contribuir a reforzar las medidas de
seguridad personal de los dirigentes de la oposición como María
Corina Machado o Edmundo González Urrutia ante las "amenazas por su
lucha en defensa de la democracia" en Venezuela. A los que piden
también respaldarles como los "únicos interlocutores legítimos" en
las negociaciones para la transición democrática.
A nivel internacional, se reclama al Ejecutivo que lidere
iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea
respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema
de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los
resultados del 28 de julio.
También se exige promueva ante la Unión Europea la reinstauración de
las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron
levantadas antes de las elecciones como "presunto y a todas luces
inútil" gesto de "buena voluntad", y ampliar estas sanciones,
dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los
"colaboradores de la dictadura".
Finalmente, en los dos últimos puntos del texto, el Congreso reclama
apoyar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de la
dirección del Centro Carter para que explique con detalle las
conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas y en
segundo lugar, apoyar todas aquellas iniciativas de las fuerzas
democráticas venezolanas y en especial, aquellas dirigidas a
mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.
Trump reclama que el debate
con Harris en ABC fue "armado" en su contra
El expresidente y candidato republicano Donald Trump reclamó que el
debate televisado la noche del martes con su rival demócrata Kamala
Harris en la cadena ABC fue "armado" en su contra, aunque sin
aportar pruebas de ello.
"Armaron un acuerdo, como imaginé que pasaría. Se ve en el hecho de
que corregían todo, pero no la corregían a ella", declaró Trump este
miércoles a la cadena de derecha Fox News.
Trump también arremetió contra la cantante y
superestrella Taylor Swift
por su apoyo a Harris. "No he sido fan de Taylor Swift... Ella es
muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y
probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado", aseveró.
La vicepresidenta y el expresidente participarán por separado el
miércoles en ceremonias en honor a las víctimas de los atentados del
11 de septiembre, sobre todo en Nueva York, antes de centrarse de
nuevo en los seis o siete estados clave que decidirán el resultado
de las presidenciales del 5 de noviembre y en los que los dos
candidatos están empatados.
Según los sondeos, ella gana en Carolina del Norte y Pensilvania y
él en Arizona y Nevada.
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Acorralado
En Filadelfia, Harris y Trump debatieron sobre
los principales temas que preocupan a los estadounidenses a menos de dos meses
de las elecciones, en particular del derecho al aborto, la migración y la
economía.
La vicepresidenta de 59 años llevó al tempestuoso septuagenario al límite,
primero enumerando las situaciones angustiosas en las que pueden haberse
encontrado las mujeres que viven en estados que han restringido duramente el
derecho al aborto.
Luego burlándose de sus mítines y asegurando que el presidente ruso Vladimir
Putin "estaría ahora mismo sentado en Kiev, mirando hacia el resto de Europa,
empezando por Polonia" si Trump estuviera en la Casa Blanca.
Visiblemente molesto, el republicano contraatacó acusándola de haber "copiado"
el programa económico del presidente Joe Biden y de haber dejado que "millones
de personas" lleguen a Estados Unidos "desde prisiones, instituciones
psiquiátricas" del extranjero.
Este miércoles, Trump también protestó por lo que consideró un debate "armado"
en su contra. "Fue algo armado, como imaginé que pasaría. Se ve en el hecho de
que corregían todo, pero no la corregían a ella", dijo también a Fox News.
Trump multiplicó las falsedades y se hizo eco del bulo, desmentido por las
autoridades, de que los migrantes comen "mascotas" en una ciudad estadounidense.
Régimen Ortega quita nacionalidad y bienes a
135 exdetenidos políticos
Pese al rechazo internacional, ratificado por la Organización de Naciones Unidos
(ONU), el régimen de Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a un
nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación
de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala.
La medida fue anunciada ayer por el poder judicial, señalada de estar al
servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario
Murillo, que ha aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas
de 2018, según la ONU.
Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135
personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía,
Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el
decomiso de todos los bienes de los condenados", según un comunicado.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su
nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP en base a datos
oficiales.
"Ortega y Murillo desnacionaliza y roba bienes a los 135 excarcelados
políticos", publicó el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en
Estados Unidos, en la red social X.
La propia ONU denunció una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua,
controlada por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la
"represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos se denominaban
"proteger".
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre
la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann,
responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
"Esas reformas podrían ser
utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas
nicaragüenses, incluso en el exilio, ya extranjeros, por el ejercicio legítimo
de sus derechos", aseguró.
La ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno
de Ortega ha sido denunciada por los exiliados como una "herramienta de
represión transnacional".
Contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por
"delitos contra la administración pública", "ciberdelitos" o "delitos contra el
Estado o instituciones", entre otros.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las
protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500
oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la
ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han
sido expulsados y sus bienes confiscados.
Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense
pidió a Ortega que no despojara de la nacionalidad nicaragüense a estas
personas, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Una de estos últimos es la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde
2023 en España, quien, ante el Consejo de Derechos Humanos, reclamó el "cese del
acoso contra las voces críticas" por el gobierno de Ortega.
También fue despojado de su nacionalidad el escritor y Premio Cervantes Sergio
Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-90) y es hoy un
crítico de Ortega.
En su informe anual sobre la situación en Nicaragua, el Alto Comisionado
advirtió la semana pasada del "grave" deterioro de la situación de los derechos
humanos bajo el gobierno de Ortega y Murillo.
El informe documentó detenciones arbitrarias a opositores,
torturas, malos tratos en detención, aumento
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de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa y
otros abusos.
En una intervención por video, la procuradora general de Nicaragua, Wendy
Morales, denunció las "injusticias, parcialidades e ilegalidades" del documento,
realizado, a su juicio, "con una agenda definida".
A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en
el mundo y 18.545 obtuvieron el estatuto de refugiado, indicó en otro informe en
febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
México: irrupción de manifestantes frenó
debate de reforma judicial
Aunque la polémica reforma del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador,
que propone la elección popular de jueces y magistrados, inició su trámite final
ayer en el Senado, el mismo fue interrumpido luego de que un grupo de
manifestantes irrumpiera en el hemiciclo para impedir la votación de la misma
que ha generado gran rechazo entre los mexicanos, tensiones con Estados Unidos y
nerviosismo económico.
La sesión comenzó con un duro cruce de acusación dentro del partido opositor
PAN, pues uno de sus senadores, Miguel Ángel Yunes, se ausentó por razones de
salud y fue sustituido por su padre, alimentando sospechas de que el oficialismo
de izquierda podría lograr así el voto que le faltaría para aprobar la reforma
constitucional.
"¡Traidor! ¡Poco hombre!", gritaron desde la bancada del conservador PAN a
Miguel Ángel Yunes padre, también político, quien no adelantó el sentido de su
voto, si bien estuvo acompañado de dirigentes oficialistas.
"¡Cobarde y traidor eres tú!", respondió Yunes al presidente del PAN, Marko
Cortés.
Se presupuestaba que la reforma se votara anoche, pero la irrupción de los
manifestantes postergó lo que faltaba del debate y su respectiva aprobación o
negación.
Tras permanecer varias horas en los alrededores del edificio legislativo, los
manifestantes traspasaron repentinamente las barreras de seguridad e irrumpieron
en la sala donde deliberaba el pleno. "Decreto receso indefinido, se levanta la
sesión", dijo poco después Gerardo Fernández Noroña, jefe del Senado.
Con banderas de México y pancartas, cientos de trabajadores del poder judicial
en huelga se había concentrado desde temprano en los alrededores del Senado para
rechazar la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por la mayoría
oficialista en la Cámara de Diputados que sesionó en un polideportivo, pues su
sede fue bloqueada.
López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1
de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la
Suprema Corte, es urgente porque el poder judicial está "podrido de corrupción".
"Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a
perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados
(...), de la delincuencia de cuello blanco", expresó este martes el mandatario,
cuya popularidad ronda el 70%.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó
la enmienda con un intento de "demolición del poder judicial", lo que fue
rechazado por el presidente, que mantiene un duro enfrentamiento con ese
tribunal tras bloquearle reformas clave en los sectores energéticos y de
seguridad.
La oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como
Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia
judicial y dejará a los jueces a gastos del narcotráfico.
La enmienda colocaría a México "en una posición única en términos del método de
elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas
sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados
de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras que los jueces
ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en
medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario
socialista Evo Morales (2006-2019).
Al oficialismo le faltaría un voto para completar los 86 (dos tercios)
necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado
sostiene que 85 serán suficientes.
Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán
contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.
"Daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello", escribió en X la
senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
Estados Unidos y Canadá advierten de un daño al acuerdo de libre comercio T-MEC
en caso de litigios, en momentos en que México se consolida como principal socio
comercial de su vecino del norte |
