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Pobreza y mala calidad educativa disparan índices
de alumnos repitentes
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló en
su más reciente informe ‘Panorama de la Educación 2024’, que Colombia es el país
con la mayor tasa de repitencia en los grados de primaria y el tercero en la
básica secundaria (grados de sexto a noveno) entre los países miembros de la
Organización.
Bajo esa premisa, se consultó con expertos de seis universidades las causas y
desafíos en torno a esta realidad para los estudiantes del país.
Irma Molina, directora del área de Innovación Pedagógica y Liderazgo en la
Educación de la Universidad Sergio Arboleda explicó que las principales causas
de repetición en básica primaria y la primera etapa de secundaria, están
relacionadas con la inadecuada motivación para atraer a los estudiantes, la
ausencia de metodologías activas, y la falta de un seguimiento estudiantil que
analice las debilidades y fortalezas de los alumnos.
“También influyen la metodología de los docentes que, en algunos casos, se basa
en repetir contenidos que tienen poca aplicabilidad; modelos que no tienen
presente la inclusión escolar, pues no todos aprenden de la misma manera y, por
último, una evaluación que se centra más en los resultados teóricos que en la
aplicación de contenidos en contextos específicos, entre otros”, aseguró.
A su turno, Alejandra Aldana, profesora de la Escuela de Estudios Transversales
de la Universidad Central señaló que la repetición escolar ha sido un fenómeno
que ha ido en aumento año tras año.
“Tenemos factores socioeconómicos como la desigualdad y el acceso limitado a los
recursos educativos que tienen muchos estudiantes, sobre todo en las áreas
rurales y de la periferia. También está el nivel de educación que tienen los
padres que no estudiaron porque se dedicaron al trabajo y muy probablemente este
fenómeno se vaya a repetir en sus hijos. Entre los factores culturales está la
migración interna y el desplazamiento forzado por la violencia. Por último,
están los factores pedagógicos en lo que respecta a la calidad de la enseñanza
que se da en muchos colegios”, explicó.
Por su parte, Rafael Méndez, decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y
Tecnología de la Universidad del Rosario indicó que “en este panorama incide la
necesidad de trabajar o de ayudar en actividades económicas para apoyar a sus
familias, ante la desnutrición, porque los niños con problemas de desnutrición
suelen tener un desarrollo cognitivo mucho más lento, falta de acceso a
servicios de salud, falta de elementos de enseñanza como libros, acceso a
internet, tecnología y recursos pedagógicos de calidad”.
“Otro factor tiene que ver con el multiculturalismo. En regiones con alta
presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas, las diferencias
lingüísticas y culturales también impactan el aprendizaje. Algunos factores
institucionales son la infraestructura educativa desigual y unas políticas
educativas muy rígidas”, afirmó.
Bajos niveles de formación
Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la
Universidad Javeriana señaló que una de las principales causas corresponde a la
migración tanto de personas que vienen del exterior como de la migración
interna.
“Estas familias están pensando primero en solucionar otro tipo de problemas como
el asentamiento y la alimentación, por lo que el tema del colegio no se
convierte en algo prioritario. Eso hace que haya estudiantes que por edad
deberían estar en ciertos niveles y cuando entran a esos niveles no tienen las
bases entonces, deben repetir el año” dijo Bernal.
Del mismo modo, resaltó que “en secundaria la repetición también es alta, menos
que en primaria porque en secundaria ya han desertado un gran número de
estudiantes y no se están reportando en las pruebas PISA. Entonces, aunque la
tasa sea menor no necesariamente nos debe alegrar, sino que por el contrario
puede ser motivo de preocupación porque se debe a que son estudiantes que han
salido del sistema educativo”, advirtió.
A su turno, Víctor Gómez, profesor pensionado de Sociología de la Educación de
la Universidad Nacional afirmó que la repetición escolar se debe a malos
docentes, pobreza familiar (mínimo capital cultural, intelectual y lingüístico),
malas condiciones de infraestructura y dotación, carencia de motivación por el
aprendizaje, carencia y pobreza de material didáctico.
“La mayoría de docentes públicos en áreas rurales, semiurbanas y en zonas
urbanas pobres son docentes con mala formación para la docencia y además también
con bajos niveles de capital cultural, intelectual y lingüístico. Muchos
docentes de primaria y primeros años de secundaria en áreas rurales y
semiurbanas son jóvenes egresados de Escuelas Normales ubicadas en esas áreas.
Son jóvenes sin capital cultural, la
mayoría no son bilingües, los han formado en métodos de enseñanza sin conocer ni
dominar a fondo las materias. Nadie puede enseñar lo que no sabe en profundidad,
mucho menos ahora cuando todos los conocimientos cambian continuamente por el
avance de la ciencia y la tecnología”, manifestó.
Finalmente, el equipo de docentes de la licenciatura en Educación Básica
Primaria del Politécnico Grancolombiano manifestó que, dentro de los análisis
internacionales de educación, de acuerdo con los datos de ERCE 2019, las
condiciones sociales, económicas y culturales en las que se desenvuelven los
estudiantes de Colombia tienen una asociación significativa sobre sus logros de
aprendizaje.
“Según el Ministerio de Educación Nacional, las causas de la deserción escolar
pueden ser variadas y complejas, entre las cuales se encuentran atomización en
la oferta (instituciones que no ofrecen el ciclo completo), que obliga a los
niños a cambiar de institución al término de cada ciclo escolar y a tener que
adaptarse a modelos educativos diferentes, lo que dificulta su tránsito a lo
largo del sistema; las dificultades socioeconómicas; la falta de motivación de
los niños para permanecer en las instituciones al no encontrar intereses afines
entre lo que reciben y lo que esperan en cuanto a contenidos y a su propio
contexto. Cabe señalar el conflicto armado, la corrupción que impide dar
cumplimiento cabal a los propósitos diseñados en las políticas públicas, sin
contar con las altas tasas de desnutrición que padece nuestra infancia en los
territorios de la Colombia profunda”, sostuvieron.
Los analistas consultados coincidieron en que la familia y las comunidades
juegan un papel clave en la problemática planteada, puesto que son los primeros
responsables en la formación de sus hijos, además de conocer a detalle las
emociones de sus hijos, sus estados ánimos y desde esos aspectos, se pueden
establecer pautas para trabajarlas de manera colaborativa.
También enfatizaron que es fundamental que se siga diversificando en las aulas,
atendiendo al estudiante con dificultad y potenciando al que lo requiere.
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Luisa Fernanda Gómez será viceministra de
Relaciones Laborales
Luisa Fernanda Gómez Duque fue nombrada como viceministra de Relaciones
Laborales en el Ministerio del Trabajo, reemplazando a Edwin Palma Egea.
Gómez Duque es abogada, con una maestría en Filosofía y una especialización en
Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Caldas. También ocupó la
presidencia de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laborista. Actualmente,
es la vicepresidente de Sintramienergetica
Su nombramiento llega después de que Edwin Palma Egea, quien ocupaba el cargo de
viceministro hasta agosto de 2024, presentara su renuncia debido a diferencias
con la ministra Gloria Inés Ramírez, especialmente en relación con la reforma
laboral y pensional, así como por desacuerdos surgidos durante un paro de
sindicatos que se extendió por más de un mes. Durante su tiempo en el cargo,
Palma participó en diversas negociaciones laborales y se enfocó en la defensa de
los derechos de los trabajadores bajo el Gobierno del presidente Petro.
A través de su cuenta de X expresó: "Le deseo de antemano el mejor de los éxitos
y espero, ante que todo, como militante del proyecto político que lidera el
Presidente que su llegada ayude a contribuir con cumplir las promesas de
campaña, el programa de gobierno, el fortalecimiento del sindicalismo y de la
inspección laboral, la promoción del diálogo social, el impulso de relaciones
laborales democráticas y la materialización de la Constitución del Trabajo"
Como viceministra, se espera que Gómez Duque aborde temas críticos relacionados
con las relaciones laborales en Colombia, incluyendo la promoción de políticas
que favorezcan el diálogo social y la mejora de las condiciones laborales.
En Colombia cada dos días asesinan un
líder social
La violencia contra líderes sociales en el país no cede, como lo manifiestan las
cifras que a diario recoge el Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz), así como el informe que presentaron la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de la Nación de lo ocurrido en el primer semestre de este
año. En el caso del primero de éstos, señala que entre enero y el 9 de
septiembre fueron asesinadas 117 personas.
En un informe que presentaron el lunes pasado, la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General, a propósito de que se conmemoró el Día Nacional de los
Derechos Humanos, se indica que 87 líderes sociales fueron asesinados en el
primer semestre de 2024, además se registraron 91 amenazas contra esta
población.
Los datos muestran que los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle y Arauca
registran el mayor número de estos homicidios.
Así mismo, la Procuraduría dio a conocer una nueva herramienta para enfrentar el
flagelo, como es el Índice de Prevención de Riesgo al Liderazgo Social (IPRA).
Sobre el particular, la procuradora Margarita Cabello detalló que “más del 40%
de los líderes tienen baja percepción de seguridad para ejercer su labor en
territorio; tenemos que el 60% de los líderes afirman haber recibido amenazas
directas como consecuencia de labor de líderes; el 66% de los líderes que
trabajaron con nosotros, alrededor de 300, afirman desconocer el plan integral
de prevención, que no los tuvieron en cuenta para trabajar en esos planes
integrales de prevención; y más del 40% de los líderes afirman que las acciones
de prevención implementadas en sus territorios no les permiten ejercer el
liderazgo social”.
En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante
2023, indica que “recibió 233 alegaciones de homicidios de personas defensoras
de derechos humanos. En 105 casos, la oficina verificó que existía un vínculo
entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos, y 128 no fueron
concluyentes”.
Agregó que “uno de los principales patrones identificados por el Acnudh es que
las personas defensoras son asesinadas cuando alzan su voz o se convierten en un
obstáculo ante las dinámicas de control social que ejercen los actores armados
no estatales en los territorios. Los homicidios también buscan desarticular los
procesos sociales de defensa de derechos humanos y generar temor entre las
comunidades”.
El Acnudh considera crucial que se construya, con la plena participación de la
sociedad civil, un nuevo modelo de protección para personas defensoras que no
dependa exclusivamente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que tenga un
enfoque de género, territorial, étnico, civil, integral y colectivo.
Un informe de la Defensoría del Pueblo en que hace referencia a la violencia
contra los defensores de derechos humanos en 2023, indica que los sectores
sociales en que se registraron más crímenes fueron el comunal, indígena,
comunitario, campesino, afrodescendiente, víctima, Osigd-Lgbtiq+ y activistas.
En diciembre del 2023, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas
Inconstitucionales por la “falta de concordancia entre la persistente, grave y
generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y
defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y
presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”.
Es débil la política de protección
Luis Sanabria Durán, director ejecutivo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz),
indicó que ha faltado una acción integral del Estado para enfrentar este
problema.
El directivo, dijo que sobre la cifra de crímenes, “ha ido disminuyendo, no en
el número que quisiéramos, pero eso demuestra a pesar de los esfuerzos de que
efectivamente el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizarle la vida a
los líderes y lideresas, y que los grupos armados siguen a sangre y fuego
copando los territorios”.
Añadió que “estamos fallando en una acción integral del Estado, lo que implica
que el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, deben
coordinar con la Fuerza Pública, pero también con otros programas la acción de
protección de los líderes, incluyendo planes de protección colectivos”.
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En tanto que Leonardo González
Perafán, director de Indepaz y del Observatorio de Derechos Humanos y
Conflictividades de esta ONG, compartió a este Medio que los asesinatos de
líderes sociales se producen por las múltiples conflictividades en los
territorios.
Consideró que “aquí lo que hay que hacer es ampliar el tema de la paz total
dados los diferentes conflictos territoriales que hay; también prestarle mayor
atención, no solamente por parte de policía, sino por parte del Ministerio del
Interior”.
Indicó que, igualmente es necesario “fortalecer el tema de prevención y
protección, existen las políticas, pero hay que implementarlas y hay que
acompañar sobre todo a las comunidades en las medidas de autoprotección que
vienen implementando, no solamente las guardias indígenas y cimarronas,
campesinas”, en temas como comunicaciones.
A su turno, María Palacios Sanabria, profesora titular de carrera en la
Universidad del Rosario y experta en derechos humanos, dijo a este Periódico que
“una de las principales preocupaciones del Estado colombiano −y eso no es una
cosa reciente− es la persecución, las amenazas, y ya en último caso el asesinato
de los líderes, lideresas, no solamente de derechos humanos, sino
ambientalistas, sindicalistas, líderes sociales. Creo que desafortunadamente
nuestro país no ha logrado romper ese esquema de persecución que hay en contra
de estas personas, siempre los ven como una amenaza por lo que significan en
términos de denuncia y de derechos humanos”.
La experta, explicó que “muchas veces están mezclados también los grupos alzados
en armas que generan dentro de la población civil una presión muy fuerte, y
siempre los principales perseguidos terminan siendo los líderes”.
Palacios Sanabria subrayó que: “Pienso que no hemos logrado avanzar frente a una
política seria como Estado de protección a las personas que tienen este tipo de
liderazgos”.
Añadió que “claramente necesitamos con urgencia resolver todo el tema del
conflicto armado, creo que ahí está parte de ese origen” porque “un líder puede
ser perseguido por diferentes facciones: por una banda criminal de un lado, por
delincuencia organizada común de otra parte, de pronto todavía reductos de
autodefensas o paramilitarismo, pero también de disidencias de las Farc y de
grupos que no se han desmovilizado como el caso del Eln”.
Dijo también Palacios que “lo primero que necesitamos es hacer una transición
hacia esos procesos de paz y de negociación, pero sobre todo también la
presencia de las autoridades en los lugares en donde se encuentran esos líderes
amenazados. Muchas veces hay alertas tempranas, muchas veces se sabe que las
personas son perseguidas, que han recibido amenazas, y cuando las personas van a
quejarse ante las autoridades, no encuentran realmente una acción inmediata
frente a la protección de sus derechos”.
Colombia, el país más peligroso para líderes ambientales
Casi 200 activistas medioambientales fueron asesinados en todo el mundo en 2023
y Colombia volvió a ser el país más peligroso para los defensores de la tierra y
el medioambiente, afirmó la ONG Global Witness en un informe.
Alrededor del 85% de los 196 asesinatos ocurridos en 2023 tuvieron lugar en
Sudamérica, 79 de ellos en Colombia, indicó la organización.
Se trata de la cifra más elevada desde 2012, año en que Global Witness comenzó a
publicar su informe anual.
Se sospecha que grupos delictivos organizados cometieron la mitad de los
asesinatos de personas defensoras acaecidos en Colombia en 2023.
Un total de 31 de las personas asesinadas en Colombia en 2023 eran indígenas y
seis pertenecían a comunidades afrodescendientes.
Colombia acogerá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad
(COP16) en Cali en octubre y noviembre, lo que suscita preocupación por la
seguridad de los participantes.
A Colombia le sigue Brasil, con 25 asesinatos en 2023, pero esta cifra descendió
en comparación con los 34 asesinatos registrados en 2022.
Colombianos no pueden con más impuestos:
conservadores por reforma tributaria
Son varias las reacciones de preocupación en el sector político por la
radicación de una nueva reforma tributaria o también llamada Ley de
Financiamiento del Gobierno nacional. El Partido Conservador fue una de las
colectividades que se pronunció al respecto.
A través de un comunicado, la colectividad señaló que los colombianos no pueden
seguir con más impuestos para temas fiscales.
"Los colombianos no pueden seguir asumiendo vía impuestos, el hueco fiscal del
país, que en gran parte se ha generado por políticas públicas que han sido
puestas en marcha por parte del Gobierno Nacional sin contar con la viabilidad
presupuestal necesaria", indicaron los conservadores.
En ese sentido, también agregaron que "presentar una reforma tributaria, en
medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación, no puede ser un
mecanismo de presión que condicione la aprobación de un presupuesto
desfinanciado como el que plantea el Gobierno".
La colectividad expresó que sectores de la academia, gremios y expertos han
advertido los peligros de aprobar una reforma tributaria en la coyuntura actual.
"No es con más impuestos que se debe solucionar la situación fiscal del país: es
adoptando un plan de austeridad por parte del Gobierno, ejecutando los recursos
que fueron asignados por el Congreso de la República y que aún no han sido
ejecutados y sobre todo generando un plan de reactivación económica inmediato",
agregó el Partido Conservador.
Finalmente, señalaron que la Bancada de nuestro Partido realizará un minucioso
estudio de la reforma presentada hoy, cuyos resultados darán a conocer
públicamente.
Como se sabe este martes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante
el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento con el que busca obtener
recursos para el Presupuesto General de la Nación del 2025.
Según el Gobierno, el proyecto de Ley de Financiamiento está orientado a
financiar la inversión en 2025, permitiendo medidas que contribuyan a la
reactivación económica y que interioricen los efectos de la acción climática,
apuntalando las finanzas públicas de 2026 en adelante .
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