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Joven Embera Chamí acusado de tentativa de
feminicidio es enviado a prisión en Risaralda
En un lamentable suceso que ha sacudido a la comunidad indígena Embera Chamí en
Risaralda, un joven de 23 años ha sido detenido y enviado a prisión tras ser
señalado de intentar asesinar a su hermana. El incidente ocurrió el 7 de
septiembre en la vereda Bajo San Juan, corregimiento de Santa Cecilia, en el
municipio de Pueblo Rico.
De acuerdo con las autoridades, el acusado habría agredido a su hermana con un
arma cortopunzante en la vivienda de su madre, tras una discusión que escaló
violentamente. El ataque se produjo cuando la víctima, al intentar intervenir
para proteger a su madre de una golpiza, fue brutalmente herida. La agresión le
provocó la pérdida de varios dedos.
La intervención rápida de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
permitió reunir pruebas contundentes que llevaron a un juez de control de
garantías a imponer una medida de aseguramiento carcelaria al joven. El acusado
enfrenta cargos por tentativa de feminicidio agravado, a los cuales se ha
declarado no culpable.
La comunidad Embera Chamí, cuya población se encuentra mayormente en los
municipios de Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda, ha sido afectada por este
incidente. Según datos del DANE, en 2005 había 29.094 personas de esta comunidad
en Colombia, con Risaralda albergando el 55,1% de la población total de los
Embera Chamí.
Este evento ocurre en un contexto en el que Risaralda ha experimentado una
disminución en los índices de criminalidad. La Secretaría de Gobierno del
departamento reportó que hasta mayo de 2024, la mayoría de sus municipios no han
registrado homicidios, destacando un descenso en delitos que afectan la
seguridad pública y ciudadana.
El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, ha resaltado estos datos
positivos, aunque el reciente caso de violencia intrafamiliar resalta la
necesidad de continuar fortaleciendo las medidas de protección y justicia para
todos los ciudadanos.
Procuraduría revoca archivo del caso contra
exalcalde por asesinato de lideresa social María del Pilar Hurtado
En una sorprendente vuelta de tuerca en el ámbito judicial colombiano, la
Procuraduría General ha decidido revocar su decisión de archivar el caso contra
el exalcalde de Tierralta, Fabio Otero, relacionado con el asesinato de la
lideresa social María del Pilar Hurtado. La decisión inicial, que había sido
tomada el 22 de agosto por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 bajo la
dirección de Lina María Vega Sarmiento, fue anulada el 11
de septiembre por el procurador general encargado, Silvano Gómez Strauch, tras
una revisión crítica del expediente.
El caso de Fabio Otero había sido uno de los primeros en la Procuraduría en
recibir un pliego de cargos por la muerte de un líder social, un asunto de gran
relevancia para el país. Hurtado, quien fue asesinada a tiros el 21 de junio de
2019 en Tierralta, Córdoba, había sido una activa defensora de los derechos en
su comunidad y su asesinato generó una ola de repudio a nivel nacional,
incluyendo manifestaciones de rechazo por parte del actual presidente Gustavo
Petro.
La Procuraduría inicialmente decidió archivar el caso al considerar que no había
suficiente evidencia para sostener los cargos contra Otero. La procuradora Vega
argumentó que, tras revisar los testimonios, no se había demostrado que Otero
hubiese omitido sus
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responsabilidades
para proteger a Hurtado ni que hubiese un conflicto de intereses significativo
relacionado con el asesinato.
Sin embargo, esta decisión fue revertida debido a nuevas
observaciones realizadas por la Procuraduría General. El documento de
revocatoria señala que tanto la investigación inicial como la decisión de
archivo no habían tomado en cuenta adecuadamente la gravedad de la violación a
los derechos humanos sufrida por Hurtado y su familia. El procurador general
encargado destacó que el análisis del caso debía considerar el contexto completo
y las implicaciones graves de la violencia sufrida por la víctima, además de los
posibles intereses personales del exalcalde.
El informe de revocatoria de 16 páginas argumenta que la decisión de archivo no
reflejaba correctamente la magnitud de la situación ni el impacto sobre los
derechos fundamentales de Hurtado y su familia. Se cuestionó el hecho de que la
amenaza de muerte recibida por Hurtado, que había sido atribuida a un grupo
ilegal conocido como el 'clan del Golfo', no se había valorado adecuadamente en
el contexto de las posibles motivaciones personales de Otero, relacionadas con
la ocupación de tierras por parte de la lideresa.
La Procuraduría General también subrayó que la omisión de la valoración completa
del caso había resultado en una vulneración de la ley disciplinaria y un
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, se
ordenó que el expediente regresara al estado procesal en el que estaba antes del
archivo, con la obligación de la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 de
revisar las nuevas observaciones y tomar una decisión revisada.
Publio Hernán Mejía, primer oficial en ir a juicio
en la JEP por falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado inicio al juicio adversarial
transicional contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, en el
marco del caso emblemático sobre los denominados ‘falsos positivos’. Este juicio
marca un hito en la historia de la justicia transicional en Colombia, siendo el
primero en que un oficial de alto rango enfrenta un proceso en la JEP por
crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con ejecuciones
extrajudiciales.
El proceso judicial comenzó formalmente tras la decisión del coronel Mejía de no
aceptar su responsabilidad en los crímenes que se le imputan. La Unidad de
Investigación y Acusación (UIA) ha presentado cargos contra él por su presunta
participación en 35 casos de asesinatos y desapariciones forzadas, que
resultaron en 72 víctimas. Estos hechos ocurrieron en el norte de César y sur de
La Guajira entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo en el
cual Mejía Gutiérrez se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa.
El juicio se llevará a cabo en varias etapas, comenzando en Valledupar del 18 al
20 de septiembre, y continuará en fechas establecidas para los meses de octubre,
noviembre y diciembre. Durante estas sesiones, la UIA deberá demostrar la
responsabilidad de Mejía en estos crímenes, que se enmarcan en un patrón
sistemático de violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo su mando.
La JEP ha subrayado que el juicio será público, y la decisión de iniciar las
diligencias en Valledupar responde a la necesidad de abordar de manera directa
las afectaciones que estos hechos tuvieron en las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas de la región. Durante la audiencia preparatoria
del 16 de julio, la magistratura de la JEP anunció que se revisaron más de 1.153
documentos y se solicitaron 82 testimonios para el juicio oral.
Los abogados de Mejía Gutiérrez han solicitado que se tomen en cuenta diversas
pruebas en su defensa, incluyendo el testimonio de expresidentes Álvaro Uribe y
Andrés Pastrana. Además, se ha solicitado al Ministerio de Defensa la remisión
de documentos clave como los planes de guerra “Plan Colombia” y “Plan Patriota”,
así como informes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante el
periodo
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en cuestión.
El proceso también garantizará la participación activa de las víctimas, quienes
podrán formular preguntas durante las diligencias. La JEP ha indicado que si
surgen nuevos testimonios, estos podrán ser considerados para la sentencia
final.
El Atlántico enfrenta una nueva ola de violencia: una crisis reminiscentes de
los años 2000
El departamento del Atlántico está reviviendo una ola de violencia que recuerda
a los tumultuosos años 2000, cuando la región vivió una crisis social a causa
del poder desmedido de las autodefensas y el narcotráfico. La reciente muerte de
Roberto Carlos Vega Daza en febrero de 2024, cabeza del influyente clan criminal
de los Vega, ha desencadenado una feroz disputa territorial entre las
principales estructuras criminales de la región, elevando nuevamente la
inseguridad en Barranquilla y sus alrededores.
El informe de Voragine revela que, siete meses después de la muerte de Vega, la
violencia en el Atlántico se ha intensificado. La lucha por el control del
territorio se ha polarizado entre dos grandes facciones: Los Pepes, liderados
por Digno Palomino, y Los Costeños, bajo el mando de Jorge Díaz, alias Castor.
Además, se menciona que el Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más
poderosos de Colombia, ha establecido una alianza estratégica con Castor,
complicando aún más el panorama de seguridad.
Los barrios tradicionalmente peligrosos como La Chinita, La Luz, Las Nieves y
Rebolo, han visto un resurgimiento de la violencia. Esta situación ha extendido
el conflicto a áreas metropolitanas de Barranquilla, generando una sensación de
inseguridad similar a la experimentada al inicio de los 2000, cuando se
registraron más de 7.400 homicidios en la ciudad durante el auge de las
autodefensas y la posterior consolidación de bandas criminales tras el proceso
de paz con las AUC.
Aunque las cifras de homicidios han fluctuado, con más de 700 asesinatos anuales
en 2021, 2022 y 2023, la percepción de peligro ha aumentado. Hoy, las
estructuras criminales luchan no solo por el dominio territorial, sino también
por el control de un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia el
exterior. Los carteles mexicanos también han mostrado interés en la región,
complicando aún más el conflicto.
El informe destaca que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, incluso
superando el impacto de la época paramilitar. La presencia de camionetas
blindadas no estatales y fiestas con artistas locales contrastan con un panorama
de masacres y violencia en los barrios más empobrecidos. Un incidente reciente,
el hallazgo de la cabeza de un joven con un mensaje intimidatorio, subraya la
brutalidad y la amenaza constante que enfrentan los residentes.
Las alianzas entre estructuras criminales como Los Costeños y el Clan del Golfo,
que anteriormente eran rivales, han transformado el conflicto en una guerra de
múltiples frentes. Mientras tanto, Digno Palomino y el encarcelado “El negro
Ober” están buscando apoyo en grupos como las Autodefensas Conquistadores de la
Sierra Nevada. Este posible apoyo podría expandir el conflicto a nuevas áreas
del Atlántico, complicando aún más el panorama de seguridad.
El papel del Gobierno nacional y la fiscalía también está bajo escrutinio. Se
han planteado preocupaciones sobre la corrupción y la ineficacia en la
administración de justicia, con acusaciones de que algunos jueces están
liberando a miembros de Los Costeños, exacerbando la crisis de seguridad en la
región.
El Atlántico enfrenta nuevamente un periodo de alta tensión y violencia, reflejo
de una lucha criminal que parece haber regresado a los oscuros días del pasado.
La situación demanda una respuesta contundente y coordinada para restaurar la
seguridad y la estabilidad en la región.
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