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Radican nueva reforma de la salud: será tramitada
como ley ordinaria
La nueva reforma a la salud del Gobierno nacional fue radicada este viernes en
la Cámara de Representantes. La iniciativa será tramitada como ley ordinaria a
diferencia a como se presentó la primera vez que fue estatutaria.
El texto, que tiene 49 artículos, a diferencia del anterior, que tenía más de
150, fue presentado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en
compañía de otros funcionarios como el superintende de Salud, Luis Carlos Leal.
"Este proyecto de ley refleja un proceso de consenso amplio. Hemos tomado en
cuenta y abordado las observaciones de todas las partes involucradas para lograr
una reforma integral y efectiva", indicó el titular de la cartera.
De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa busca eliminar las barreras
económicas, geográficas y administrativas que han limitado el acceso a servicios
de salud. Algunas de las principales propuestas son:
Redes de hospitales y clínicas: Todos los hospitales, clínicas y centros de
atención trabajarán de manera articulada para ofrecer atención sin
discriminación por capacidad de pago, acercando los servicios a los lugares de
residencia de los usuarios.
Mayor cobertura en zonas rurales: Se construirán y dotarán hospitales públicos
en áreas rurales, garantizando atención adecuada a poblaciones dispersas.
Asimismo, el Ejecutivo agregó quela reforma implementará un enfoque territorial
y diferencial, estableciendo redes integradas de servicios que asegurarán la
cobertura de atención primaria en todo el país. Los Centros de Atención Primaria
en Salud (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial estarán en primera línea,
brindando atención cercana a las comunidades, reduciendo inequidades y
respondiendo eficazmente a las necesidades locales.
"Casi escondidas"
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que la nueva reforma radicada
por el Gobierno este viernes fue "casi a escondidas" y no tiene cambios
sustanciales.
"Sin concertación, casi a escondidas, radican una reforma a la salud sin cambios
sustanciales, idéntica en esencia a la ya hundida. Eso del acuerdo nacional no
es más que un engaño", posteó en su red X.
Por su parte, el representante a la Cámara Juan Espinal señaló que "otro reto
como oposición, volver a archivar la nefasta feforma a la Salud. El Gobierno es
sordo y alejado de la realidad del país, no escucha los reclamos ni el clamor,
solo los mueve la ideología de extrema izquierda que busca destruir lo que
funciona en Colombia".
Ley ordinaria
Como se sabe, hay grandes diferencias entre la ley estatutaria y la ordinaria.
Una es que la primera se debe tramitar en una legislatura, mientras que la
segunda se puede en dos legislaturas.
En cuanto a la votación, las leyes ordinarias requieren mayoría de los
asistentes a la sesión, mientras que las estatutarias exigen mayoría absoluta en
las comisiones y en las plenarias.
De otro lado, las leyes ordinarias entran en vigencia al momento de la sanción
presidencial; mientras que las estatutarias, tras la aprobación del proyecto en
el Congreso pasan a revisión de la Corte Constitucional. Si superan este examen,
quedan listas para que el jefe de Estado estampe su rúbrica.
Intervención de Air-e puede repetirse en más
prestadoras de energía: Contralor
Al tiempo que la Superintendencia de Servicios Públicos realizó ayer la toma de
posesión de Air-e, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que
si el Gobierno y otras entidades no adoptan las medidas
frente a la situación financiera de las empresas, en especial en la costa Norte,
podría presentarse la cesación del servicio de energía y que otras de estas
compañías tengan que ser intervenidas.
El contralor general subrayó que “si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio
de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes, como la CREG y la
Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones
pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una
inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los
usuarios y el desarrollo económico del país, en especial en toda la costa
Caribe”.
Rodríguez dijo que la situación es grave y “no vemos medidas concretas,
oportunas y efectivas para solventar lo descrito. Tan es así
que hoy Air-e, empresa que presta el servicio de energía en una
parte importante de la costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que
se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia,
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que tiene un número de usuarios significativo en la costa Atlántica, y que al
perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las
finanzas del municipio de Medellín y el departamento de Antioquia”.
Enfatizó que “la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la
región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros
servicios, como el de gas, que en el caso de la costa Caribe afectaría a más de
10 millones de habitantes”.
El pasado 2 de septiembre, el jefe de este órgano de control advirtió que 10
millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes
regiones del país.
El contralor previno que una nueva intervención a otra empresa prestadora del
servicio de energía le podría costar al Gobierno $4 billones al año, “que
corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías Air-e y
Afinia, para solventar no solo su operación, sino también las inversiones y
garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad
necesarios”, anotó.
Agregó que “por los anuncios que hemos visto en los últimos días, la Nación no
cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de
los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los
usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere
que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público”.
Por su parte, la Procuraduría General anunció que realizará una vigilancia
preventiva a la intervención de la empresa Air-e. Así lo dijo la procuradora
general, Margarita Cabello, quien declaró que el Ministerio Público lo hará con
el fin de garantizar que se mantengan los índices de calidad, cobertura y
continuidad en la prestación del servicio de energía en los departamentos del
Atlántico, La Guajira y Magdalena.
“La reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para
los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se
tomen las medidas necesarias”, dijo Cabello.
La intervención
La acción de intervención se llevó a cabo en la sede de la compañía en
Barranquilla (Atlántico) y paralelamente en las oficinas en Magdalena y La
Guajira, en donde también presta el servicio. El superintendente, Dagoberto
Quiroga, expresó que “nuestro objetivo es recuperar la empresa, resolver los
problemas financieros que tiene y satisfacer las necesidades de los usuarios”.
La Superintendencia dijo que verificará la situación operativa, financiera,
comercial y la información clave de la compañía, en un inventario que permitirá
hacer análisis sobre cómo recibe la empresa. “Con este diagnóstico haremos un
plan de acción de corto plazo, un plan de choque, para que los ciudadanos
empiecen a ver los resultados de esta intervención, que nos permitan responder y
avanzar como lo esperan los habitantes del Caribe”, agregó el superintendente.
Finalmente, explicó que se ha establecido un plazo de un año para la
intervención y se instalará un consejo consultivo de expertos.
Así mismo, tomó posesión como agente interventor de Air-e el ingeniero Carlos
Diago Abello.
Gobierno promueve protección de la Amazonía
El presidente Gustavo Petro llega a Florencia (Caquetá) para iniciar la gira
Noramazónica, en la que se socializarán los planes de cuidados y conservación de
la Amazonía colombiana.
En la ‘Puerta de Oro de la Amazonía’, como es conocida la capital del
departamento caqueteño, el presidente Petro visitará las instalaciones de la
Universidad de la Amazonía, lugar desde donde el Gobierno nacional dará a
conocer las acciones que se
implementarán para el ‘núcleo de
desarrollo forestal y biodiversidad Yaguará II’.
Estas acciones tienen como objetivo reducir la deforestación en el territorio, a
través de la restauración con especies nativas y productivas que les permitan
alternativas a las comunidades.
Se incluyen capacitaciones en gobernanza e identificación de conflictos
socioambientales y breves expediciones para el reconocimiento de la
biodiversidad; acompañamiento a acciones de viverismo para la restauración
productiva en 51 parcelas, correspondientes a las 51 familias que se han
vinculado al proyecto; espacios de educación ambiental con los niños, niñas y
jóvenes y un total de 65 contratos: beneficios para un total de 150 personas
pertenecientes a las diferentes comunidades étnicas del resguardo (pijaos,
piratapuyos y tucanos).
En este mismo espacio se realizará la socialización de ‘Amazonía Biocultural:
Conservación participativa de ecosistemas estratégicos del Bioma Amazónico’, un
proyecto que propone restaurar los ecosistemas estratégicos presentes en las
áreas protegidas y los territorios colindantes del bioma amazónico, a través de
la implementación de estrategias para la generación de acuerdos de conservación
e impulsar alternativas económicas sostenibles, fortalecer la toma de decisiones
para el manejo compartido del territorio y establecer mecanismos para el
ejercicio integral de la autoridad ambiental.
Con este proyecto se espera beneficiar a 1.448 familias campesinas con los 573
Acuerdos de Conservación y Buen Vivir; impulsar 157 alternativas económicas
basadas en la sostenibilidad ambiental y el
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buen vivir de las comunidades
locales; fortalecer la coordinación de acciones de manejo de las áreas
protegidas traslapadas a territorios indígenas con 40 autoridades indígenas
pertenecientes a más de 24 pueblos; aportar 23.826 hectáreas con acciones
dirigidas a la restauración, recuperación y rehabilitación ecológica de
ecosistemas transformados del bioma amazónico, de las cuales 2.080 son en
coordinación con autoridades indígenas.
Inteligencia artificial nunca debe
sustituir juicio crítico de un juez: Remolina
El uso de la inteligencia artificial (IA) en diversos campos laborales y
académicos ha tomado fuerza en los últimos años, abriendo el debate sobre los
límites y lineamientos a tener en cuenta en esta práctica.
Recientemente, en el segundo episodio del pódcast Espresso Digital, la
presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía,
conversó con el ponente de la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte
Constitucional, el magistrado Juan Carlos Cortés González, y con el presidente
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Ulises Canosa, sobre la histórica
decisión del alto tribunal y su aplicación en la administración de justicia.
Bajo esta premisa, la presidenta de elasherramientas en el sistema judicial. “La
IA puede asistir en tareas repetitivas, haciendo más eficiente el trabajo en los
despachos judiciales, y puede potenciar las distintas capacidades de los
servidores judiciales. Sin embargo, su función es ser una herramienta de apoyo
que nunca debe sustituir el juicio crítico de un juez. En las mesas multiactor
que hemos organizado de cara a emitir los lineamientos de uso de la IA, uno de
los focos principales ha sido asegurar que estas herramientas se utilicen de
forma ética, segura, responsable y equilibrada, garantizando siempre el respeto
por el debido proceso y la promoción y protección de los derechos de los
ciudadanos”, explicó.
Además, reiteró que la Corte Constitucional ha sido clara en que la IA debe
usarse dentro de límites específicos y siempre respetando los derechos
fundamentales. En este sentido, sostuvo que para evitar un uso excesivo de estas
herramientas, es crucial contar con lineamientos éticos y una gobernanza clara
que regulen cómo y cuándo se puede usar la IA.
“En el Consejo Superior de la Judicatura estamos trabajando precisamente en la
elaboración de estos lineamientos, como lo subraya la Corte en la Sentencia
T-323 de 2024. Consideramos que los jueces son responsables de utilizar la IA de
forma equilibrada, y confiamos en que, con la capacitación adecuada y una
regulación clara, se garantizará el respeto por el debido proceso y la
integridad del análisis judicial”, indicó.
Congestión judicial
En muchos colegios y hasta universidades se está prohibiendo el uso de
inteligencia artificial, para evitar la pereza de los alumnos a realizar sus
labores o renunciar a su creatividad y criterio propio.
A partir de este contexto, este diario preguntó a la presidenta del Consejo
Superior de la Judicatura si no existe el riesgo del abuso de estas herramientas
para evacuar procesos rápidamente en un país con los niveles de congestión
judicial que tiene Colombia.
“Nuestra posición es clara. La inteligencia artificial debe ser vista como una
herramienta de apoyo, pero jamás reemplazará la valoración profunda que el juez
tiene que hacer del caso que le están sometiendo a su consideración. Los
servidores judiciales del país se han caracterizado por su gran compromiso en la
consolidación de una justicia eficiente que atiende las necesidades de los
ciudadanos. Innovando de diversas maneras, y adaptándose a los diversos cambios
tecnológicos que se han presentado. Estamos convencidos que con la inteligencia
artificial estaremos en capacidad de continuar con estos procesos de
aprovechamiento de tecnología, de forma responsable, en pro del bienestar de los
ciudadanos, y asegurando sus derechos en todo momento”, aseguró Remolina.
En lo que respecta a la capacitación de operadores judiciales en inteligencia
artificial, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que la
estrategia de transformación digital en la Rama Judicial prioriza la cultura
digital como un elemento esencial.
“Reconocemos que lograr un adecuado aprovechamiento de la tecnología, incluida
la inteligencia artificial, requiere que nuestros servidores judiciales cuenten
con las competencias apropiadas y necesarias. El Consejo Superior de la
Judicatura ha implementado un plan robusto de capacitación para garantizar que
los servidores judiciales estén preparados para el uso ético y responsable de la
inteligencia artificial. Este plan está estructurado en tres niveles (básico,
intermedio y avanzado), y está diseñado para abordar tanto los aspectos técnicos
de la IA como los desafíos legales y éticos que su uso conlleva”, explicó.
"En el marco de esta ruta han tenido iniciativas que van desde el curso de
Formación de IA que adelantamos en alianza con la Universidad de los Andes con
participación de más de 1.400 servidores judiciales, hasta otros formatos más
flexibles de sensibilización sobre el tema como los pódcasts de Espresso
Digital", añadió.
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