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Comerciantes de Bogotá preocupados por la
inseguridad: Fenalco alerta sobre aumento de extorsión
Un reciente estudio de percepción de seguridad realizado por Fenalco
Bogotá-Cundinamarca reveló que el 66% de los comerciantes bogotanos considera
que la situación de seguridad en la ciudad ha empeorado en el último semestre.
Este dato genera preocupación entre los empresarios, quienes también reportaron
un incremento en los casos de extorsión, un delito que afecta gravemente sus
negocios.
De acuerdo con la encuesta, el 54,5% de los comerciantes no se siente seguro en
las zonas donde operan, mientras que solo un 10% asegura trabajar en sectores
donde percibe seguridad. Aunque esta cifra es preocupante, ha mostrado una leve
mejoría en comparación con el primer semestre de 2024, cuando el porcentaje de
inseguridad era aún mayor.
Uno de los temas que más inquieta al gremio es el aumento de la extorsión, que
pasó del 6% en febrero al 8% en la última medición. Juan Esteban Orrego,
director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, hizo un llamado a las autoridades para
agilizar los procesos de denuncia y brindar mayor protección a los comerciantes.
Orrego insistió en que "no se debe pagar la extorsión" y destacó la necesidad de
reforzar la presencia policial en las calles.
El estudio también arrojó que el 23% de los comerciantes ha sido víctima de robo
en el primer semestre de 2024. Entre las modalidades más comunes se encuentran
el raponazo, que representa el 26% de los casos, y el robo a mano armada, con un
17%. Las localidades más afectadas por estos delitos son Engativá, Chapinero,
Usaquén y Kennedy, zonas con alta actividad comercial.
Un aspecto preocupante del estudio es la baja denuncia de los delitos. Solo el
33% de los comerciantes víctimas de algún ilícito opta por denunciar, una cifra
que ha disminuido en comparación con años anteriores. Esto, según Orrego,
refleja la desconfianza en el sistema judicial, pues muchos consideran que el
tiempo invertido en denunciar supera las acciones efectivas contra los
delincuentes.
En cuanto a las cifras oficiales, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reportó
un aumento del 52,8% en los casos de extorsión entre enero y agosto de 2024, en
comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque la cifra sigue siendo
alarmante, muestra una disminución en comparación con los primeros meses del
año, cuando el aumento alcanzaba el 100%.
El estudio de Fenalco también reveló que el 81,8% de los comerciantes no conoce
la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Bogotá, lo que pone en evidencia
una desconexión entre las medidas implementadas y la percepción ciudadana.
SuperSalud selló dos servicios en IPS
Santa Sofía de Asís, Quibdó
La Superintendencia Nacional de Salud, en coordinación con la Secretaría de
Salud Departamental de Chocó, realizó una auditoría en la
IPS Santa Sofía de Asís, ubicada en la capital del departamento,
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en la que se detectaron graves falencias que comprometen la
adecuada atención de los usuarios.
Como resultado de esta inspección, la Secretaría de Salud ordenó el cierre
temporal de los servicios de farmacia e imágenes diagnósticas. Entre los
hallazgos más relevantes se identificó que la habilitación de la sede no estaba
registrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
También se constató la falta de mantenimiento adecuado en los equipos de
imágenes diagnósticas y laboratorio clínico, insuficiencia en la dotación y la
ausencia de espacios adecuados en los baños para pacientes con movilidad
reducida.En cuanto a la gestión de medicamentos, se evidenció la falta de un
registro adecuado de los mismos y el control de los medicamentos vencidos
destinados a la desnaturalización.
Además, se encontraron alimentos almacenados junto a medicamentos, incumpliendo
las normativas de seguridad y poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
Algunos usuarios, principalmente adultos mayores, reportaron esperas de más de
un mes para recibir medicamentos esenciales.
La Superintendencia Nacional de Salud analizará la información recolectada para
tomar las medidas administrativas correspondientes. Asimismo, las visitas a los
prestadores de servicios de salud continuarán como parte de los esfuerzos por
garantizar la protección de la salud de los ciudadanos.
Gobierno toma medidas para recuperar
embalses y garantizar energía
El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas regulatorias destinadas a
optimizar la recuperación de los embalses utilizados para la generación de
energía eléctrica, los cuales han experimentado una notable disminución debido a
la actual temporada seca que azota al país.
Según datos proporcionados por XM, el nivel de los embalses se situó en un
50,64% el 18 de septiembre, un descenso significativo respecto al 60% registrado
el 7 de julio.
Entre las acciones más destacadas, se encuentra un proyecto de resolución de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), actualmente en consulta, que
busca autorizar la entrega de excedentes de generación de energía al Sistema
Interconectado Nacional (SIN). Este proyecto permitirá a las plantas menores y a
los autogeneradores con una capacidad instalada superior a un megavatio entregar
la máxima cantidad de energía posible durante los próximos tres meses, en
respuesta a la creciente demanda de los usuarios.
Además, la Creg está trabajando en la actualización de un proyecto normativo que
permitirá la participación de la industria en la demanda desconectable
voluntaria, fomentando un consumo más inteligente entre los usuarios de este
sector. Se prevé que esta propuesta sea sometida a comentarios de la ciudadanía
en los próximos días.
Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía está preparando medidas
transitorias de abastecimiento para habilitar energía térmica adicional, que
asegure la atención de la demanda tras el impacto del fenómeno de El Niño
2023-2024. Entre las decisiones adoptadas, se destaca la limitación de las
exportaciones de energía a Ecuador, que se realizarán únicamente con la energía
térmica que no sea necesaria para el despacho nacional. Esta
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resolución garantizará que las exportaciones se efectúen
con excedentes que no afecten el suministro interno.
Adicionalmente, el Gobierno reactivará campañas de ahorro y uso eficiente de la
energía, y se establecerá un seguimiento más frecuente de la situación
energética a través de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la
Situación Energética (Cacsse).
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo recuperar los niveles de los
embalses, sino también asegurar la estabilidad del suministro energético en el
país en un contexto marcado por la crisis climática.
Investigan presuntas anomalías en PAE y
transporte escolar en Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias
contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare por presuntas
irregularidades en la contratación de los servicios de alimentación y transporte
escolar en ese departamento.
Retrasos en la implementación del PAE
Al parecer, se habrían presentado fallas en la estructuración de dos procesos de
licitación pública abiertos en 2023 para implementar el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) en Casanare, para el año siguiente, lo que conllevó a su posterior
revocatoria y al inicio tardío de este.
En consecuencia, en febrero de 2024, la gobernación declaró la urgencia
manifiesta para garantizar la prestación del PAE, y adjudicó el contrato por más
de $ 8.200 millones por un plazo de 58 días del calendario escolar.
Por lo anterior, no se habría garantizado la prestación del Servicio de
Alimentación Escolar para 2024 a partir del primer día del cronograma.
Los cobijados en esta investigación son: las entonces jefes de la Oficina
Jurídica, Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo; los
secretarios de Educación, para la época de los hechos, Diego Fernando Ardila
Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez; los directores de Cobertura Educativa en
2023 y 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador y el
director de Calidad Educativa, David Federico Díaz Sánchez.
Transporte escolar
De otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare investiga las
presuntas irregularidades presentadas en el proceso que terminó con la
adjudicación, al Consorcio Nuevo Amanecer, del contrato de servicio de
transporte escolar para los estudiantes de 18 municipios no certificados de
Casanare.
Los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica habrían
habilitado jurídica, técnica y financieramente la propuesta presentada por el
citado oferente, a pesar de no haber cumplido aparentemente los requisitos
habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.
Entre tanto, la jefe de la Oficina Jurídica adjudicó el cuestionado proceso de
selección abreviada.
Por estos hechos se investiga disciplinariamente a la líder de ese despacho,
Karen Sofía Santafé Agudelo y a los integrantes del comité evaluador: Javier
Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero
Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.
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