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Congresistas alertan que reforma laboral generaría
más informalidad
La Plenaria de la Cámara de Representantes, continúa adelante con el segundo
debate de la reforma laboral. Esto en razón a las propuestas hechas en el
articulado presentado por la bancada del Pacto Histórico a través de la
congresista María Fernanda Carrascal.
Luego de superar el primer debate en la Comisión Séptima de Cámara, las bancadas
oficialistas y de oposición, miden fuerzas para determinar qué artículos del
texto pasan a aprobación, y cuáles no. En este sentido se ha generado una fuerte
controversia entre ambos bandos, inicialmente los partidos independientes se
oponen a la propuesta.
El representante, Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical, explicó sobre la
iniciativa que “la reforma laboral tendría efectos tendría efectos
desproporcionadamente superiores a los observados con la reducción de
parafiscales en los años 2002 y 2012 sobre el salario de los trabajadores y esto
incentivará la informalidad y por ello presentó ponencia de archivo. No es que
vayamos en contra de los trabajadores, sino que esta reforma no soluciona la
problemática de empleo que existe en Colombia, el sistema laboral está
estructurado y cualquier variable que toquemos va a afectar a todos los demás
actores”.
A su turno, el representante del Partido Conservador, Luis Miguel López aseguró
que “este no es el momento para una reforma que está mal planteada y en
contravía con la reactivación económica que requiere el país”. Cabe resaltar que
esa colectividad, tomó la determinación en bancada de no acompañar la iniciativa
de la reforma laboral.
Una decisión radical
Al respecto, la representante Juana Carolina Londoño, afirmó que “el Partido
Conservador ha decidido por unanimidad no apoyar el proyecto de reforma laboral
porque contrario a lo que se quiere que es incrementar el empleo, acabar con la
informalidad. Destruye muchos de los empleos de los trabajadores colombianos y
pone en riesgo también la estabilidad de las empresas. Necesitamos estabilidad
tanto para los trabajadores como para el sector empresarial, por eso no
acompañamos como partido esta iniciativa”.
De igual manera, el representante Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático
advirtió en razón a la reforma que “es una reforma laboral peligrosa. Es una
reforma que no resuelve los serios problemas serios y reales que hay en esta
materia. Particularmente, esta reforma puede ser calificada como una iniciativa
‘nini’, porque no está proponiendo la generación de empleos ni la formalización
de los trabajadores que hacen parte de ese grupo social”.
Igualmente, la representante Luz Ayda Pastrana de Cambio Radical, explicó que
“no hay alternativas en esta reforma, para la estabilidad del empleo y el
desarrollo económico. No contempla cómo se va a incentivar la creación de más de
5 millones de empleos en el país. Pero lo más importante, no se sabe cómo se va
a formalizar a más de 10 millones de colombianos que no tienen garantías
laborales en el país”.
Sin embargo, tras la discusión por parte de la plenaria se archiva la propuesta.
Los ponentes de la reforma laboral, encabezados por la representante María
Fernanda Carrascal, señalaron que se le debe dar una oportunidad a la discusión
de la propuesta. La Congresista Carrascal, señaló que “el pueblo trabajador
colombiano necesita que este Congreso le dé garantías y cumpla con resarcir el
daño que se hizo hace más de 20 años con una reforma regresiva la Ley 789 de
2002. Una reforma que decía que si no cumplía con sus metas iba a ser derogada,
que tenía parágrafo derogatorio y no cumplió los objetivos”.
De igual modo, la representante sostuvo que “esta era una reforma que propuso la
creación de 650.000 empleos y no alcanzó a crear ni 40.000. La ley no sólo no
cumplió con esas metas, sino que desmejoró sustancialmente las condiciones
laborales y salariales de los colombianos y de las colombianas.
Por el contrario, esta nueva reforma laboral lo que busca justamente es mejorar
las condiciones del pueblo trabajador. Proponemos una competitividad basada en
el conocimiento, en un estado emprendedor. En una alianza entre lo público, lo
privado y lo particular, pero no basados en la vulneración de los derechos de
los trabajadores”.
Ordenan a Petro disculparse por llamar “asesinos”
a sus críticos
La Sección Quinta del Consejo de Estado estudió varias acciones de tutela
interpuestas por ciudadanos que, en ejercicio de sus
derechos fundamentales a la libertad de expresión, protesta, participación
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política y a la oposición, han
pronunciado la frase "fuera Petro" en diferentes eventos y manifestaciones
públicas.
Los actores pusieron de presente que el discurso pronunciado por el presidente
de la República durante la II Asamblea General del Partido Político Colombia
Humana vulneró sus garantías constitucionales, pues, en este, el primer
mandatario afirmó que los que gritaban "son unos asesinos".
La Sala determinó que la expresión reprochada superó los límites que ha
establecido la jurisprudencia constitucional, respecto al ejercicio del derecho
a la libertad de opinión de los funcionarios públicos. En efecto, resaltó que
esa frase no fue formulada a partir de un mínimo de justificación fáctica real,
ni se fundamentó en algún criterio de razonabilidad, pues al no existir prueba,
indicio o argumento que posibilite equiparar, de manera generalizada, a quienes
han usado el eslogan político "fuera Petro" con personas que han cometido el
delito de homicidio.
A su vez, la decisión resaltó que la frase reprochada cuenta con un alto
contenido discriminatorio porque intenta excluir a un sector de la población,
protegido especialmente por el ordenamiento, como lo es la ciudadanía crítica y
opositora del gobierno de turno. Asimismo, señaló que, al tildar de "asesinos" a
sus críticos, la réplica del alto dignatario no contribuyó al debate público,
sino que, por el contrario, buscó marginarlos de la deliberación colectiva, al
invalidar ética y moralmente los motivos de su inconformidad.
Por tanto, se concluyó que la frase utilizada por el doctor Gustavo Francisco
Petro Urrego, en su calidad de presidente de la República, no está amparada por
el espectro de la libertad de opinión de los funcionarios públicos. Esta
expresión, por el contrario, vulneró las garantías fundamentales de todos los
ciudadanos que han utilizado la arenga.
En consecuencia, se le ordenó al alto mandatario que ofrezca disculpas públicas
por haber tildado de "asesinos" a las personas que en ejercicio de los derechos
fundamentales a la libertad de expresión, protesta, participación política y
oposición han gritado "fuera Petro". Las disculpas deben ser publicadas, de
manera permanente, en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
cuenta personal de X de "@petrogustavo".
Respuesta de Petro al Consejo de Estado
El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X (anteriormente
Twitter) en respuesta a la orden del Consejo de Estado de ofrecer disculpas
públicas por haber calificado de "asesinos" a quienes han expresado en diversos
escenarios el grito de "fuera Petro".
En su mensaje, Petro aclaró: "Las personas que gritan 'Fuera Petro' no son
asesinos, disculpen. Pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima
del voto popular mayoritario en Colombia, y eso es asesinar la Democracia." Con
estas palabras, el mandatario defendió su postura, argumentando que su
referencia no era hacia los manifestantes, sino hacia aquellos que, en el
pasado, utilizaron consignas similares para justificar actos violentos contra
movimientos de izquierda, mencionando específicamente las masacres de la Unión
Patriótica (UP) y el gaitanismo.
Además, Petro afirmó que "matar a Petro es también un 'Fuera Petro'", subrayando
la gravedad de lo que considera un ataque a la democracia. Enfatizó que el
debate político debe llevarse a cabo en espacios democráticos como plazas y
parlamentos, y no en estrados judiciales, reafirmando su compromiso con la
libertad de expresión y el respeto por la voluntad popular.
Rechazan tutela que limitaba al CNE para
investigar campaña de Petro
El Consejo de Estado se pronunció sobre la tutela interpuesta por la Fundación
Defensa de la Información Legal y Oportuna, que pretendía limitar las
competencias del CNE en relación con las denuncias sobre la posible violación de
topes electorales durante la campaña “Petro presidente”. La acción fue
desestimada por improcedente, ya que el tribunal determinó que el demandante
carecía de legitimación activa.
En su fallo, la Sección Segunda del Consejo de Estado enfatizó que la acción de
tutela no debe ser utilizada de manera genérica para proteger derechos
fundamentales de la ciudadanía, sino que debe centrarse en la defensa de
derechos propios. “La parte accionante no se encuentra legitimada en la causa
por activa y, en consecuencia, la acción de tutela debe rechazarse por
improcedente”, señala el documento oficial.
Además, se destacó que la Fundación DILO Colombia no tiene un interés sustancial
ni directo en el asunto, lo que significa que no puede alegar vulneración de
derechos fundamentales que, en este caso, corresponden al presidente Gustavo
Petro. “El derecho al debido proceso y la garantía del juez natural que se
pretenden resguardar no están en cabeza de la accionante, sino de otra persona,
es decir,
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el presidente Gustavo Francisco
Petro”, explicaron los magistrados.
Este fallo reafirma la competencia del CNE para investigar las denuncias sobre
la campaña de Petro, tal como ya había sido señalado en decisiones previas.
Según el Consejo, el CNE es la entidad competente para investigar y, en su caso,
imponer sanciones administrativas si se comprueba la superación de los límites
legales durante la campaña electoral.
Este hecho no solo resalta la importancia de la transparencia electoral, sino
que también refuerza el marco normativo que permite a las autoridades
competentes llevar a cabo sus funciones en el contexto de la democracia
colombiana. En este sentido, el Consejo de Estado reafirmó que la protección de
los derechos y la legalidad son fundamentales para el correcto funcionamiento de
las instituciones del país.
Debate Presupuesto 2025: Ponentes
insisten al Gobierno excluir los $12 billones de la tributaria
El debate del presupuesto General de la Nación, quedó suspendido en el Congreso
de la República, en razón a las constantes reuniones que sostienen los
congresistas que integran las comisiones terceras y cuartas del senado y cámara,
con el Gobierno nacional en el Ministerio de Hacienda.
Frente al escenario que se viene presentando, debido a que el Congreso negó el
monto presentado por el Gobierno. Tanto los parlamentarios como el Gobierno se
encuentran en busca de una salida no solo para definir una cifra, sino para
evitar que el presupuesto sea determinado por el presidente de la República a
través de un decreto.
Así las cosas, el presidente del Senado Efraín Cepeda, integrante de la Comisión
Tercera del Senado explicó que “el peor de los escenarios para todos, es un
presupuesto por decreto, eso no lo queremos, eso no es lo deseable. Pero tampoco
vamos a votar a ciegas una reforma tributaria, el país nos está escuchando y
nosotros nos debemos a los colombianos que nos eligen, tenemos ese mandato y con
el país tenemos que consultar con ellos haciendo foros, etcétera. No nos estamos
negando a discutir, pero sí que se respete la autonomía del Congreso para que
pueda votar absoluta y libremente sin que se utilice en nuestra contra una
camisa de fuerza de 12 billones de pesos”.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde señaló que “hasta
el momento lo que vemos es que van 173 proposiciones de congresistas sobre
presupuesto, radicadas hasta ayer, de estas, 110 aumentan monto en distintas
entidades y programas. No podemos desconocer que el Gobierno no tiene las
mayorías para imponer al Congreso, y el Congreso tampoco le puede imponer al
Gobierno”.
Asimismo, dijo que “en el presupuesto del 2025 debemos ceder para buscar
consenso. Esto es lo que viene ya agotado el plazo del 15 de septiembre para
votar el monto que aún no se ha definido. Como el presupuesto es una ley de la
República, se advierte que máximo hasta el 20 de octubre se deben surtir dos
debates. Si se llega ese plazo y no terminó trámite, el presidente queda
facultado para expedirlo por decreto, antes de llegar allá, en estos 10 días y
de aquí al miércoles 25 de septiembre para elaborar la ponencia que debe ser
discutida y votada entre el 23 y el 25 de septiembre con un desglose del monto
que se totaliza y ese será el presupuesto de 2025, lo que significa que, según
la ley, el presidente está facultado para decretar lo que se apruebe en primer
debate de las comisiones conjuntas”.
Cambio de monto
Del mismo modo, el senador Carlos Julio González, de Cambio Radical explicó que
“un escenario inédito en el Congreso de la República, siempre el presupuesto
general siempre ha sido una discusión de trámite, pero obviamente con la
desfinanciación del presupuesto en los $12 billones claramente establecidos y
sometidos a una ley de financiamiento que resulta siendo una reforma tributaria,
obligó a que las Comisiones Económicas del Senado de la República expresáramos
la necesidad de no atar el monto del presupuesto a una anticipada aprobación de
una ley de financiamiento. Considerábamos que aprobar el monto contemplando lo
que se espera recaudar por la ley de financiamiento era tremendamente
irresponsable”.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe señaló que “la
fecha máxima para aprobar el monto del presupuesto era el 15 de septiembre, no
aprobado este, es decir rechazado el monto y teniendo en cuenta que Gustavo
Petro tenía desfinanciado el proyecto en más de 40 billones de pesos. Es un
mensaje evidente que ese presupuesto de 523 billones de pesos está negado, es
decir, que el presidente tendrá la facultad de expedirlo por decreto, sin
facultades extraordinarias, y eso lo que implica es que el Gobierno no tiene la
gobernabilidad necesaria para hacer daño. Porque se demuestra la independencia
del Senado y en buena parte es un mensaje favorable para los mercados y la
sociedad”.
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