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Desmantelan red de tráfico de migrantes en
operativo conjunto en Colombia
En un operativo conjunto sin precedentes, la Unidad de Migración de Colombia,
junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército
Nacional y la Embajada de los Estados Unidos, ha logrado desarticular una
compleja red de tráfico de migrantes. La organización se dedicaba a la obtención
ilegal de documentos y registros civiles falsos, facilitando la emigración de
ciudadanos venezolanos y dominicanos hacia Europa y Norteamérica.
El director general de Migración Colombia, Fernando García, destacó que la red
se especializaba en la obtención fraudulenta de nacionalidad y ciudadanía
colombiana. “Este operativo ha puesto fin a un esquema que operaba desde varias
regiones del país, utilizando la corrupción en instituciones públicas para
perpetrar sus delitos”, afirmó García.
El proceso judicial se inició el 16 de septiembre, cuando el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Valledupar emitió órdenes de captura contra varios
implicados, incluidos funcionarios de la Registraduría y auxiliares
administrativos de La Paz, Cesar. El operativo se llevó a cabo en simultáneo en
diversas ciudades, incluyendo Valledupar, La Paz, Pereira, La Virginia y
Cartagena, resultando en la captura de figuras clave del entramado.
Entre los detenidos se encuentra Oswald Morales López, registrador municipal de
La Paz, quien habría utilizado su acceso a sistemas oficiales para crear
documentos fraudulentos. Su secretaria, Liliana Judit Amauris Rojas, también fue
arrestada por facilitar la extracción y distribución de información falsa.
Además, fue capturado Jorge Aníbal Duluc Gaslino, alias Rubén Burgos, quien
coordinaba las actividades ilegales desde Valledupar.
Las investigaciones revelaron que, en los últimos tres meses, los funcionarios
públicos implicados habrían expedido aproximadamente 600 cédulas de ciudadanía
fraudulentas, cobrando entre 5 y 10 millones de pesos por cada documento. Esta
operación ilícita ha tenido repercusiones significativas, ya que el 23 de
septiembre, la Registraduría Nacional anunció la cancelación de 1.038 cédulas de
ciudadanía que habían sido otorgadas de manera fraudulenta, en su mayoría a
extranjeros.
Los destinos preferidos de estos migrantes con documentos ilegales incluían
principalmente Europa y Estados Unidos, realizando escalas en países como Perú,
Panamá, México y Ecuador. La investigación también reveló que el 62% de los
implicados en el esquema de tráfico de migrantes tenía entre 19 y 30 años,
evidenciando la juventud de quienes se ven involucrados en estas redes
delictivas.
Dudas sobre los diálogos de paz con el Clan del
Golfo tras sanciones de EE.UU.
La reciente sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a cinco
cabecillas del Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de
Colombia (EGC), ha generado importantes interrogantes sobre el futuro de los
diálogos de paz que el gobierno de Gustavo Petro busca establecer con este grupo
criminal. La inclusión de estos líderes en la llamada Lista Clinton, que implica
el bloqueo de sus activos en EE.UU., podría complicar el proceso de negociación.
Los sancionados incluyen figuras clave como José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias
"Gonzalito", considerado el segundo al mando de la organización, así como José
Miguel Demoya Hernández ("Chirimoya"), Alexander Celis
Durango ("Bayron"), José Emilson Córdoba Quinto ("Negro Perea") y
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Wilder de Jesús Alcaraz Morales ("El
Indio"). Todos ellos están señalados por actividades delictivas
relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de migrantes.
Pese a que el gobierno colombiano ha reconocido a Sánchez y Demoya como
representantes del Clan del Golfo en las futuras negociaciones, su estatus como
prófugos en la lista de EE.UU. plantea serias dudas sobre su legitimidad en la
mesa de diálogo. Esta situación se complica aún más dado que la inclusión en la
lista implica que cualquier bien que posean en EE.UU. quedará bloqueado,
dificultando así las demandas que pudieran plantear en el proceso de paz.
Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, advirtió que estas
sanciones pueden dificultar los esfuerzos de negociación. "Este tipo de
situaciones siempre añaden exigencias en la mesa de negociación y evidencian la
falta de coordinación entre Colombia y sus aliados en temas cruciales", explicó.
A lo largo de la historia reciente, situaciones similares han creado tensiones
significativas, como en el caso de la Segunda Marquetalia, donde se exigió el
levantamiento de órdenes de captura a cambio de avanzar en el diálogo.
La necesidad de establecer un canal de comunicación efectivo con Estados Unidos
se vuelve esencial. Dickinson sugiere que el gobierno colombiano debe abordar
temas como la extradición y la posibilidad de penas reducidas para aquellos que
muestren voluntad de paz. "Es vital que Colombia tenga claridad sobre cómo se
manejarán estos temas, para que la búsqueda de paz no choque con los intereses
judiciales de Estados Unidos", añadió.
La experiencia con el proceso de paz de las FARC ilustra que la inclusión en
listas de organizaciones terroristas puede complicar los esfuerzos de
reincorporación y la implementación de acuerdos. La presión de Estados Unidos
puede influir significativamente en la capacidad del gobierno colombiano para
alcanzar una paz sostenible, lo que hace urgente que se establezcan protocolos
claros y efectivos en esta nueva fase de diálogo.
Con el futuro de las negociaciones en juego, el gobierno de Petro enfrenta el
desafío de equilibrar los intereses nacionales de paz y seguridad con las
demandas y expectativas de sus aliados internacionales. La búsqueda de
soluciones diplomáticas que incluyan la perspectiva estadounidense será crucial
para avanzar en el proceso y garantizar una transición hacia la estabilidad en
el país.
Capturan a presuntos asesinos de Georgina León en
Santander: Gobernador exige justicia
En una reciente operación conjunta, la Fiscalía General de la Nación y la
Policía Nacional de Colombia lograron la captura de tres individuos
presuntamente implicados en el secuestro y asesinato de Georgina León Carrizosa,
una respetada mujer de 72 años en el departamento de Santander. El gobernador de
Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó la noticia a través de su cuenta en la
red social X, destacando la importancia de la rápida acción de las autoridades.
“Nada reemplaza la vida de un ser humano. No hay escondite que valga para los
bandidos. Gracias al trabajo de la Fiscalía y la Policía, se dio captura a tres
de los presuntos asesinos de la señora Georgina”, expresó Díaz Mateus, quien
también hizo un llamado a que los responsables “se pudran en la cárcel”. Su
mensaje refleja el profundo dolor y la indignación que ha causado este crimen en
la comunidad, especialmente en Charalá, donde ocurrió el secuestro.
El trágico suceso, que conmocionó a la región, tuvo lugar el 27 de agosto,
cuando Georgina fue raptada de su hogar. El hallazgo de su cadáver en la vereda
Los Micos, en el municipio de Encino, el 3 de septiembre, reveló la brutalidad
del crimen. Las autoridades estiman que la mujer fue asesinada poco después de
su secuestro, dado el estado avanzado de descomposición de su cuerpo.
Las capturas se llevaron a cabo en varias operaciones estratégicas. Uno
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de los sospechosos fue
localizado en el municipio de La Celia, en Risaralda, mientras que los otros dos
fueron arrestados durante allanamientos en Puerto Salgar, Cundinamarca. Este
despliegue de fuerza y coordinación entre las fuerzas del orden resalta el
compromiso del gobierno local y nacional para combatir la criminalidad.
Díaz Mateus ha enfatizado que estos avances son cruciales para recuperar la
confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad. En
declaraciones a medios locales, el subcomandante de la Policía de Santander
adelantó que se ofrecerán más detalles sobre las capturas en las próximas horas,
reiterando que la justicia será implacable contra quienes atentan contra la vida
e integridad de los ciudadanos.
La comunidad de Charalá ha expresado su repudio hacia el crimen, demandando que
se imponga la máxima pena a los responsables. La rápida acción de las
autoridades en este caso es vista como un paso significativo hacia la justicia y
un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada en Santander.
Captura de Henry Loaiza Montoya: Golpe al
narcotráfico en Ecuador y Colombia
Henry Loaiza Montoya, hijo del infame narcotraficante conocido como ‘El
Alacrán’, fue capturado en Ecuador y se prepara para su extradición a Estados
Unidos, donde enfrenta graves cargos por narcotráfico. La Corte Suprema de
Justicia de Colombia aprobó su extradición, lo que marca un hito en la lucha
contra el crimen organizado en la región.
Loaiza, conocido como ‘El Alacrán jr.’, había intentado eludir a las autoridades
mediante siete cirugías plásticas que alteraron su apariencia. A pesar de estos
esfuerzos, fue detenido en febrero de 2024, acusado de liderar una red que
enviaba aproximadamente cuatro toneladas de cocaína mensualmente a Estados
Unidos desde puertos en Tumaco, Nariño, y Esmeraldas, Ecuador.
La Interpol había emitido una circular roja contra él en noviembre de 2023, a
solicitud de las autoridades estadounidenses. Según Willian Villarroel, director
de Investigación Antidrogas de la Policía de Ecuador, Loaiza Montoya mantenía
vínculos con grupos criminales locales, como Los Tiguerones, así como con el
Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC activa en Nariño.
El legado de Loaiza Montoya se entrelaza con el del Cartel del Norte del Valle,
del que su padre, Henry Loaiza Patiño, fue uno de los líderes más destacados.
Este cartel ha sido un objetivo de las fuerzas de seguridad durante más de una
década, especialmente por su actividad en el tráfico de drogas. Se estima que el
cartel transportaba alrededor de 50 toneladas de droga anualmente, generando
ingresos ilícitos cercanos a los 2.000 millones de dólares.
La captura de Loaiza en Ecuador, y su posterior extradición, representa un
avance significativo en el esfuerzo conjunto entre las autoridades colombianas y
estadounidenses para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en la
región. En Estados Unidos, Loaiza enfrenta cargos de conspiración para delinquir
y tráfico de drogas, donde se le acusa de poseer y distribuir cocaína.
Las autoridades de ambos países han resaltado la importancia de esta captura, no
solo como un golpe a las operaciones del cartel, sino también como un paso
crucial en la cooperación internacional para combatir el narcotráfico. La
estrecha relación de Loaiza con su padre le permitió heredar las rutas y métodos
utilizados por el Cartel del Norte del Valle, un legado que ahora enfrenta un
desafío considerable con su detención.
La extradición de Henry Loaiza Montoya es un recordatorio de los esfuerzos
continuos para frenar el narcotráfico en América Latina y de la determinación de
las autoridades para asegurar que los responsables de estos crímenes enfrenten
la justicia en Estados Unidos.
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