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Cámara aprueba ponencia positiva de la
reforma laboral
Tras ser rechazada la ponencia de archivo, la plenaria de la Cámara de
Representantes aprobó con un total de 91 votos a favor y 4 en contra, el avance
de la reforma laboral en el parlamento, el cual se prepara para su segundo
debate.
Durante las sesiones anteriores a la de este 25 de septiembre, la plenaria de la
Cámara de Representantes recibió cerca de 100 impedimentos; sin embargo, fueron
resueltos durante dos asambleas previas.
La representante a la Cámara Marelen Castillo señaló que no está en contra de la
presentación de la reforma, sino que, por el contrario, la oposición busca
entregar una alternativa que según la legisladora "no se tuvo en cuenta".
De igual forma, el Centro Democrático, a través del representante Óscar Darío
Pérez, hablaron sobre las cifras económicas actuales del país para analizar si
es o no el momento de llevar a cabo una reforma como la que se ha presentado el
Gobierno Nacional.
Nunca se ordenó la adquisición de
Pegasus: Cúpula militar de Duque
Exministros de Defensa y generales retirados, que conformaron parte de la cúpula
militar del entonces presidente Iván Duque,
negaron que desde la Presidencia se haya ordenado la compra del
software Pegasus.
“Durante su mandato, el expresidente Iván Duque Márquez dio directrices claras y
explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento
de la Constitución y la Ley. Bajo su liderazgo y con estricto apego a la
Constitución y las leyes, todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado
exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas
a la seguridad nacional",indica la misiva.
En ese sentido, agregó que "desde la Presidencia de la República nunca se ordenó
la adquisición del software denominado Pegasus por parte del Estado Colombiano.
El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algún proceso de adquisición
de bienes y servicios estatales. La instrucción para todas las entidades fue
clara: seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal,
garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos”, señala el
comunicado.
El texto está firmado por los exministros de Defensa, Diego Molano y Guillermo
Botero; el exconsejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín; el
exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante (r) Rafael Amaya;
el exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas.
Como se sabe, el pasado 4 de
septiembre
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el presidente Gustavo Petro denunció que la Policía Nacional pagó 11 millones de
dólares en efectivo al fabricante israelí del controvertido programa informático
de espionaje Pegasus durante el gobierno de su antecesor, Iván Duque
(2018-2022).
El programa Pegasus, que infecta teléfonos móviles para extraerles información,
saltó a la luz en 2021 cuando un consorcio de 17 medios internacionales reveló
que miles de personalidades públicas fueron espiadas con él en países como
México, Hungría, Polonia y Arabia Saudita.
Su uso también ha sido investigado en España y Países Bajos, mientras que
Estados Unidos lo vetó en 2023.
"Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las
comunicaciones" de políticos y activistas, señaló Petro, citando como fuente un
informe de la estatal Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
"¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó el presupuesto nacional?",
cuestionó el mandatario.
Según Petro, el informe de la UIAF era confidencial y solo podía ser divulgado
con el visto bueno de autoridades de Israel.
"Como no obedezco relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza me salgo
de esta prohibición y les cuento", se justificó el
presidente.
Estos son los ponentes de la reforma a la salud en
Cámara
Ya se conocieron quiénes serán lo ponentes y coordinadores de la nueva reforma a
la salud para el primer debate en la Comisión Sétoima de la Cámara de
Representantes.
Los coordinadores ponentes son María Eugenia Lopera (Liberal), Alfredo Mondragón
(Pacto Histórico), Camilo Esteban Ávila (La U) y Jorge Alexander Quevedo
(Conservador) Los ponentes son Andrés Forero (Centro Democrático), Jairo Cristo
Correa (Cambio Radical), Juan Camilo Londoño (Partido Verde), Karen Juliana
López (Circunscripción especial) y Germán Gómez (Comunes).
Como se sabe, el pasado 13 de septiembre el ministro de Salud, Guillermo
Jaramillo, radicó ante el Congreso la iniciativa gubernalmental.
Uno de los principales cambios que sufriría el actual sistema es que las EPS, es
decir, las Entidades Promotoras de Salud, se convertirán en “gestoras de de
salud y vida”, según el Ministerio, con el objetivo de “mejorar la coordinación
y eficiencia en la prestación de servicios, reduciendo los tiempos de espera y
facilitando el acceso a la atención médica para millones de colombianos que hoy
enfrentan dificultades”. Estas serán las encargadas de gestionar tareas
administrativas como la obtención de citas, así como la entrega de medicamentos.
En el caso de los pacientes que padecen enfermedades de alto costo, el Minsalud
sostiene que “se implementarán programas específicos para tratar enfermedades
raras o de alto costo, asegurando el acceso a tratamientos adecuados”.
De igual manera, el proyecto de ley explica que “los centros de atención
trabajarán de manera articulada para ofrecer atención sin discriminación por
capacidad de pago”. Mientras que enfoca sus esfuerzos en la población rural,
pues se afirma
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que se “construirán y dotarán hospitales públicos en áreas rurales, garantizando
atención adecuada a poblaciones dispersas".
Un punto neurálgico es el tema de los recursos, pues el Gobierno nacional ha
insistido en que habrá un pagador único, que será la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) la entidad que
gestionará todos los fondos y pagará directamente a los hospitales y clínicas,
eliminando de esta manera los intermediarios.
el exministro de Salud Alejandro Gaviria expresó desde su cuenta oficial de X
que “sin concertación, casi a escondidas, radican una reforma a la salud sin
cambios sustanciales, idéntica en esencia a la ya hundida. Eso del acuerdo
nacional no es más que un engaño”.
Gaviria también manifestó que "hay una parte de la reforma que me preocupa
sobremanera, y es que recursos de tratamientos y medicamentos van a ser ahora
destinados al fortalecimiento de la infraestructura pública, que es loable, pero
debería tener otra fuente de financiamiento".
Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, quien señaló que están “haciendo
la revisión del articulado y esperando también los comentarios de las EPS.
Cuando terminemos ese ejercicio, nos pronunciaremos”. Mientras que Afidro, el
gremio de las droguerías, tampoco se ha pronunciado al respecto.
Paloma Valencia alerta sobre los riesgos de la reforma política
A través de redes sociales, Paloma Valencia expresó sus críticas a la reforma
política presentada por el Gobierno, señalando que no resuelve los problemas
estructurales del sistema electoral.
La parlamentaria aseguró que la propuesta agrava la situación al buscar un mayor
control sobre los partidos y debilitar al Consejo Nacional Electoral.
Así, la līder de la oposición destacó los puntos que más le preocupan:
* Regreso a las empresas electorales: La posibilidad de crear movimientos con
personería jurídica con solo 80.000 afiliados nos haría volver a las empresas
electorales de antes de 2003, cuando el país contaba con 72 partidos.
* Un regalo para el Pacto Histórico: El Gobierno planea otorgar personería
jurídica por 4 años a los partidos y movimientos actuales, sin exigirles cumplir
el umbral en 2026, beneficiando principalmente al Pacto Histórico.
* Financiación estatal para controlar el sistema: La propuesta de eliminar la
financiación privada y depender exclusivamente del Estado dejaría a los partidos
a merced del Ministerio de Hacienda, que podría condicionar el desembolso de
recursos para presionar la aprobación de reformas o afectar a la oposición.
* Ataque al Consejo Nacional Electoral: El Gobierno busca que las Cortes, y no
el Congreso, elijan a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo cual
Paloma Valencia ve como una represalia por las investigaciones en curso contra
la campaña presidencial por presunta violación de topes.
Finalmente, Valencia reafirmó su defensa de las listas cerradas y la paridad de
genero.
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