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Admiten tutela contra Sala de Consulta Civil por
campaña Petro
El Consejo de Estado admitió para su estudio la tutela interpuesta por el
presidente Gustavo Petro en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
mismo tribunal, con la cual espera que las indagaciones en contra de su campaña
de 2022 quede a cargo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes y no en las manos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Mediante la acción de la referencia, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego,
quien actúa a través de apoderado judicial, demanda el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, "al juez natural, al non bis in idem, al fuero
especial integral constitucional, a la regia del precedente constitucional
contenido en las sentencias C-1153 de 2005 y SU-431 de 2015 y, lo más
importante, garantizar la estabilidad institucional de la Nación y de la figura
del Presidente de la República como máxima autoridad administrativa", los cuales
considera vulnerados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado", señala la Sección Segunda, del Consejo de Estado.
El fallo por el cual el mandatario interpuso la tutela, ratifica que el CNE es
competente para continuar con las investigaciones a la campaña Petro presidente,
por presuntamente haber superado los topes electorales, estableciendo, además,
que es competencia del Congreso adelantar el proceso sancionatorio que debería
cumplir el jefe de Estado, en dado caso que así falle el organismo.
Sobre la decisión, el presidente Petro considera que su calidad de dirigente de
la República le otorga el fuero especial, por lo cual la investigación y
juzgamiento debería ser ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
"En consecuencia, solicita "dejar sin efectos la decisión adoptada por el
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 6 de agosto de
2024, mediante la cual, en abuso y/o extralimitación de funciones y de forma
arbitraria, ordenó al Consejo Nacional Electoral-CNE seguir adelante
investigando al Presidente de la República, en sede administrativa, aduciendo
falta de fuero frente a la actuación que allí se sigue. [Y] [...] ORDENAR al
Consejo Nacional Electoral, abstenerse de aplicar la decisión de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado", indica el Consejo de Estado.
Además de la admisión de la tutela, el alto tribunal tomó la decisión formal de
vincular en el estudio al CNE, a la Comisión Legal de Investigación y
Acucasiones de la Cámara del Congreso de la República y a Edward David
Rodríguez, Jose Manuel Abuchaibe, Federico Andrés Gutiérrez, Miguel Abraham Polo
Polo, Miguel Uribe Turbay y a Alejandro Pardo, solicitando que se pronuncien
sobre la interposición durante los próximos dos días.
Impuestos exagerados ahuyentan la
inversión y el empleo: Uribe
El expresidente Álvaro Uribe participó en el Congreso de Fenalco, que se
desarrolla en Barranquilla, donde realizó un balance de la
situación del país, en el cual resaltó que los impuestos
exagerados ahuyentan la inversión y el empleo.
Durante el evento, el líder del Centro Democrático señaló que "la Reforma de
2022 nos puso dentro de la OCDE en el rango más elevado de impuesto a las
sociedades. La nueva pretende rebajar en la senda de 4 años esa tasa corporativa
al 30%. Así y todo seguiríamos en el rango más alto. Se propone subir al 41% la
tasa marginal al ingreso de las personas naturales. En esta categoría no
quedamos en la escala superior de la OCDE. Al comparar las dos tasas, sociedades
e individuos, con otros países, nuestra situación está bastante fuera de
competitividad".
En ese sentido, el mandatario anexó un cuadro en el que afirmó que "se puede ver
que mientras en Colombia la suma de ambas tasas da 71%, en México 65%, en Chile
62,5%, en España 53%, en Estados Unidos 58%, en Canadá 48%, en el Reino Unido
64% y así sucesivamente".
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Uribe cuestionó fuertemente la nueva reforma laboral y afirmó que "si el país
tuviera austeridad estatal y vigorosa inversión privada se entendería la idea de
excluir las inversiones ambientales de la regla fiscal. En las actuales
circunstancias sería una autorización para más gasto y más deuda con crecidos
costos de financiamiento. No es del todo claro el cobro del IVA completo a los
vehículos híbridos y a las apuestas digitales".
Reforma Laboral
De la reforma laboral, el expresidente señaló que esta iniciativa ha creado toda
la desazón en los colombianos que generan empleo.
"Por fortuna, y gracias a algunos parlamentarios como nuestro compañero Andrés
Forero, Representante a la Cámara, se ha logrado excluir temas del Derecho
Colectivo del Trabajo que harían mucho daño, que eliminarían el diálogo del
empleador con el trabajador y lo habrían trasladado al sindicalismo político de
industria. En Colombia existen recargos, en 2003 adaptamos horarios a las
necesidades de servicios extensos, hasta de 24 horas, de consumidores o de
jóvenes que para estudiar y trabajar requieren la noche o el domingo"
El exmandatario señaló que debido a la incertidumbre y la falta de oportunidades
se han ido del país, sin intención de regresar, más de dos millones de
colombianos, lo que ha llevado a una disminución del desempleo y un aumento de
remesas.
Asimismo, agregó que en "materia de orden público" hay muchos “nubarrones” y la
seguridad sigue empeorando. El año pasado se registraron 13.555 homicidios y a
julio de este año van 7.679. También se refirió al apartado de secuestros en
2023, con cifras que ascienden a 254 y, en los siete primeros meses del año, ya
van 110. También hace referencia a la cifra de 117 líderes sociales asesinados
en año y medio y el aumento de cultivos de coca, donde las hectáreas sembradas
superan las 300.000" dijo el exmandatario quien cuestionó el hecho de que detrás
de las guardias campesinas indígenas se estén incubando nuevos paramilitarismos
Yidispolítica: ratifican condena contra Sabas
Pretelt y Diego Palacio
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta al
exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, al exministro del
Interior, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, y al exdirector del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Alberto Velásquez
Echeverry, por el delito de cohecho por dar y ofrecer, vinculado a ofrecimientos
ilegales a congresistas para lograr la aprobación de la reelección presidencial
en 2004.
Los exfuncionarios fueron condenados por el Alto Tribunal, en única instancia,
durante el 14 de abril de 2015, luego de que se pudiera demostrar que fueron los
encargados de coordinar los ofrecimientos realizados por el Gobierno para
manipular el voto de los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo
Avendaño, para lograr la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
Por ello, la Sala Penal condenó a Sabas Pretelt de la Vega y a Diego Palacios a
seis años de prisión y una multa de 167 salarios mínimos, mientras que a Alberto
Velásquez, deberá pagar una condena de cinco años y deberá pagar 83 s.m.m.l.v.
En el expediente de la Corte Suprema se logró evidenciar que los acusados le
ofrecieron a la congresista Yidis Medina la dirección de la clínica, lo que fue
reiterado y confirmado por Diego Palacio, Ministro de la Protección, en una
conversación telefónica sostenida en horas de la noche con la congresista.
Otros condenados en el caso de Yidispolítica
Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la
Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue capturado hoy
para cumplir su condena de cinco años de prisión por su papel en el escándalo de
la Yidispolítica, tras la confirmación de su sentencia por la Corte Suprema de
Justicia.
Moreno se entregó a las autoridades en el comando de la Policía en Calarcá,
Quindío. La detención se realizó después de que la Corte Suprema de Justicia
ratificara su condena por tráfico de influencias, fijada en cinco años de
prisión.
La Corte Suprema de Justicia dejó en
firme la sentencia el pasado 24 de julio, al confirmar que Moreno utilizó su
posición para influir en congresistas con el fin de obtener
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apoyo para el acto legislativo que permitió la reelección de Uribe.
Duro enfrentamiento entre comisionado de Paz y
cúpula de la JEP
Un fuerte pronunciamiento hizo ayer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
para manifestar su desacuerdo por las declaraciones del consejero comisionado,
Otty Patiño, quien planteó que sería beneficioso acortar el periodo de la misma
y dar cierre a los procesos que conduce sobre graves crímenes cometidos en el
conflicto armado. El presidente de esta instancia de justicia transicional,
magistrado Roberto Vidal, pidió al Gobierno respetar la separación de poderes y
garantizar la autonomía que le asiste a esta Jurisdicción.
La JEP fue creada por el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Santos y las
Farc, con el propósito de sancionar en el marco de la justicia transicional a
los desmovilizados de la entonces guerrilla por los graves crímenes en que
participaron; así como a los integrantes de la Fuerza Pública que
voluntariamente se sometan a la misma para responder por conductas fuera de la
ley que algunos cometieron, como los llamados ‘falsos positivos’.
El 15 de marzo de 2018, la JEP comenzó a funcionar por un término de 15 años,
que se pueden prolongar por 5 años más.
Patiño dijo en declaraciones a El Espectador que “todas esas justicias
especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser
transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en
últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de
quienes acudieron a esa justicia transicional”.
Agregó que “hay una puja, hay una tensión entre quienes piensan que debe
prolongarse mucho más, y hay quienes pensamos que hay que acotar esa justicia y
darle término para que puedan cerrarse los procesos”.
¿Qué dijo la JEP?
El magistrado Vidal dijo que cualquier “cierre prematuro de JEP le causaría un
enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que
pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues
se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”.
Apuntilló que “al Gobierno nacional le corresponde garantizar y respetar la
estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional
en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los
más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado”.
La JEP también alertó por la posición que puede tomar la Corte Penal
Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrarla antes de tiempo
o que impida el desarrollo de sus funciones o restrinja los recursos para su
operación. “Esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las
obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales. Teniendo
en cuenta que, a raíz del trabajo de la JEP, la CPI decidió levantar el examen
preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa
humanidad”, dijo Vidal.
Manifestó también su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno en
materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz.
Comentó Vidal que convinieron con el Ministerio de Hacienda y Planeación
Nacional recursos para el sistema restaurativo por $450.000 millones por el
Fondo Colombia en Paz, sin embargo, explicó que les informaron que este dinero
fue reasignado a la Unidad para las Víctimas.
Por su parte, el expresidente Juan Santos se refirió a una demanda que presentó
el exministro de Justicia, Yesid Reyes, ante la Corte constitucional para poner
límites a la JEP, esto por su decisión de llamar a declarar a otros actores del
conflicto que no son los máximos responsables, lo que a su juicio extendería en
el tiempo la labor de esta Jurisdicción.
Santos dijo a la Corte que “les rogaría que asumieran esa demanda lo más pronto
posible porque la JEP que fue creada por el Acuerdo de Paz, necesita que le den
instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista en materia de
aplicación de la justicia”.
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