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Falleció Guillermo Ruiz, exgerente de Millonarios
e historiador
En la tarde del miércoles se confirmó el fallecimiento del exgerente de
Millonarios, Guillermo Ruiz Bonilla, destacado historiador y estadígrafo del
fútbol colombiano, a la edad de 74 años.
El autor de más de cuarenta libros en los que se cuenta la historia de la
Selección Colombia, del campeonato profesional y de los clubes de Fútbol
Profesional Colombiano (FPC), deja un vacío en los amantes del deporte del país.
La pasión y dedicación de Ruiz por investigar y documentar la importancia de los
hechos más relevantes del fútbol colombiano, hizo que destacará en el gremio por
sus aportes, entre los que destacan los títulos "70 años: Historia del fútbol
colombiano", "Historia del clásico entre Santa Fe vs. Millonarios" y "ABC del
equipo azul".
La muerte del historiador ha dejado distintas reacciones a través de redes
sociales, de quienes lo conocieron y de las entidades vinculadas al deporte del
país.
¿Quién fue Guillermo Ruiz?
Guillermo Ruiz Bonilla nació en Tuluá, el 1 de diciembre de 1967, se destacó por
ser el directivo de varios clubes de fútbol del país, como Millonarios, el
Deportivo Cali, y el América de Cali, conociendo la historia de los equipos
representativos del deporte en Colombia.
Trabajo con la Federación Colombiana de Fútbol para posteriormente convertirse
en el historiador más destacado del deporte en el país, teniendo ese título
honorífico.
Sin explotación petrolera no hay regalías,
advierte Contralor
“Sin la explotación petrolera no existirían regalías”, afirmó el Contralor
General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al intervenir en el
segundo día de sesiones de Cumbre de Petróleo, Gas y
Energía, en Cartagena, donde volvió a lanzar varias alertas sobre la seguridad
energética del país, la inevitable pérdida de autosuficiencia en combustibles y
la posibilidad de que el país enfrente un nuevo apagón, entre otros temas.
“Hay una confluencia de alarmas en distintos sectores: hidrocarburos, gas,
electricidad, y esto nos permite afirmar que en estos momentos está comenzando
una crisis energética, que se continuará agravando y de no solucionarse
prontamente significará mayor gasto fiscal para mantener funcionando al país,
pues no debemos olvidar que la sangre de la economía es el flujo de energía, que
se utiliza para todas las actividades productivas y no podemos permitir que
Colombia se detenga en su desarrollo por lo indicado”, afirmó el Contralor
Rodríguez Becerra.
Sobre la posibilidad de que el país enfrente un nuevo apagón, el Contralor
afirmó: “Entre los atrasos en nuevos proyectos de generación, la escasez
creciente de gas, la necesidad de intervención de empresas de energía como Air-E,
los apagones de la Refinería de Cartagena y los proyectos de transmisión con
problemas, puede pensarse que sí hay riesgos que requieren atención y solución
pronta y cuidadosa”.
Recordó que en otras ocasiones
Colombia ha estado ad portas de apagones y se ha logrado salir del problema,
pero el margen de maniobra parece ser cada vez más reducido. “Es necesario
ampliar la oferta de energía en todos los frentes en el menor tiempo posible y
es posible que el gobierno tenga que sacrificar parte de su agenda, como lo es
un rápido tránsito a energías renovables, para evitar que el país enfrente una
delicada situación energética”, advirtió enseguida.
Insistió también en que se debe decir sí a la transición, sin poner en riesgo el
desarrollo del país, la seguridad y soberanía energética y más cuando nuestra
matriz, en su mayoría y más en energía eléctrica, es limpia, dado que proviene
en un 70% de recurso hídrico.
Se enfrentan varios riesgos
“Cuando se presentan casos como el cese de exploración en el pozo Uchuva 2, en
el Caribe colombiano, por un fallo judicial, desde la Contraloría lo que
observamos es una fuente menos de recursos y una reducción en los ya limitados
plazos para enfrentar varios riesgos: la importación masiva de gas, los apagones
durante épocas de baja hidrología, el aumento del endeudamiento, o, como
ocurre actualmente, la falta de combustible para el parque automotor que opera
con gas”, señaló también el Contralor.
Recordó que Colombia es ante todo un
país de campos petroleros pequeños y medianos,
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más que de grandes yacimientos, por lo que resulta necesario otorgar las
condiciones apropiadas para que este tipo de hallazgos sea recurrente.
El Contralor Rodríguez Becerra calificó de equivocado considerar a las empresas
y campos petroleros como sujetos con disponibilidad económica ilimitada, a los
cuales se les puede pedir de todo como está ocurriendo actualmente, lo que se
evidencia en los trámites de consulta previa, en donde saltan a la vista las
diferencias entre lo que el ciudadano común cree que puede hacer una petrolera y
lo que realmente esta puede otorgar.
El jefe del ente de control dijo que el negocio petrolero es de alto riesgo, por
lo que se necesita a los privados para encontrar el recurso, pues de asumir la
tarea el país se necesitaría desfinanciar otros rubros de la economía nacional.
Recordó que en 2023 se pagó por regalías una cifra cercana a los $9 billones de
pesos y advirtió luego: “Las regalías petroleras contribuyen lo mismo que 1 y ½
reformas tributarias, lo que significa que a medida que se agoten los recursos
que generan tendrá que pensarse en reformas tributarias cada vez más agresivas,
lo cual el país tiene que evitar”.
“Sin explotación petrolera no hay regalías, ya que la mayor parte de ellas
proviene precisamente de esta actividad. Si bien el país actualmente cuenta con
autosuficiencia de petróleo y gas, la misma se está agotando rápidamente, y no
parece existir el incentivo apropiado para seguir siendo un país que produce sus
propios energéticos”, aseguró el Contralor General.
Colombia cuenta con pocos años para revertir la tendencia de agotamiento de las
reservas, especialmente de gas, que sigue cayendo en la medida que no se
incorporen nuevos hallazgos con base en los descubrimientos recientes como el de
Uchuva 2, Komodo, Orca y Gorgon, aseveró igualmente.
Estimó el Contralor General que es crucial implementar medidas regulatorias que
incentiven a las empresas a continuar con los procesos de exploración y
producción, lo que permitirá no solo obtener regalías por el gas, sino también
garantizar el abastecimiento de este combustible, que se supone debe impulsar la
transición energética.
“Si miramos los planes a futuro no hay proyectos importantes de refinación que
amplíen la capacidad de producción del país y por lo tanto la pérdida de
autosuficiencia en combustibles es inevitable, sostuvo, y dijo que la
importación de los mismos será cada vez mayor y por lo tanto pensar en
subsidiarlos debería estar fuera de las consideraciones del Ministerio de
Hacienda, por lo que no da espera la solución de fondo a los problemas de
déficit recurrente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles,
sobre el cual la Contraloría ha insistido especialmente en los últimos años.
Anotó que desde la Contraloría ya se había detectado que el suministro de
combustibles en el país (Gasolina, ACPM y Jet Fuel) ha venido estresándose, pues
la producción nacional está rozando los niveles de la demanda, es decir, ya lo
que se produce alcanza solo para abastecer el mercado local y cada vez se
exportan menos combustibles y de hecho se están importando para suplir
faltantes, especialmente en gasolina.
Gestión ineficaz de recursos provenientes de regalías
Las regalías provenientes de la explotación petrolera y gasífera son cruciales
para el desarrollo económico, pero su gestión ineficaz limita su impacto. Se
requiere una mejor estructuración de proyectos y una planificación participativa
para maximizar su uso, insistió el Contralor General en su intervención.
Mencionó al respecto una cifra preocupante: a lo largo del bienio 2023-2024, se
han auditado 93 proyectos por un valor SGR (Sistema General de Regalías) de $ 1
Billón de pesos, los cuales han presentado hallazgos fiscales por cerca de $190
mil millones de pesos.
El Contralor volvió a advertir sobre el impacto que sufren más del 90% de los
territorios del país con la aplicación del Decreto 1047 del 14 de agosto de
2024, por medio del cual se estableció una prohibición a las exportaciones de
carbón a Israel. “Debido a esta medida, se dejan de percibir más de $ 650 mil
millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones anuales, de los
cuales, $ 100 mil millones de pesos van directamente a los departamentos de La
Guajira y Cesar, esto sin contar lo que implica en términos de seguridad
jurídica y confianza inversionista que repercute en el desarrollo del país y el
obtener recursos importantes incluso para la inversión social”, señaló.
Colombia le cumplió a la prevención: Ungrd entregó
reporte del Simulacro
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó el
balance del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, asegurando que más de
cinco millones de colombianos participaron en el evento de prevención que se
llevó a cabo durante este miércoles.
Según la Unidad, liderada por Carlos
Carrillo, se confirmó la participación de 1.039 municipios de 31 departamentos,
quienes estuvieron inscritos en el Simulacro.
"Durante la jornada del simulacro,
se reportaron 3.547 planes familiares, 2.345 planes comunitarios, 9.420 planes
de contingencia y 2.861 planes
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escolares. Además, 3.424 animales de compañía fueron evacuados,
participaron 1.978 organizaciones sociales, 13.943 entidades privadas y 8.847
públicas", indicó la entidad.
En el evento preventivo, se buscaba evaluar la capacidad de respuesta y
preparación de los ciudadanos, las entidades operativas del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y de toda la sociedad colombiana frente
a posibles emergencias.
De igual forma, en la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd se puso a prueba el
protocolo de riesgo volcánico, simulando una emergencia en el volcán Puracé,
ubicado en el departamento del Cauca.
En el reporte entregado por la entidad, se resaltó que en la mayoría de los
territorios simularon escenarios de riesgo de acuerdo con su vulnerabilidad,
probabilidad e impacto, siendo sismos, inundaciones, vendavales e incendios los
más seleccionados. En San Andrés y Providencia, por ejemplo, se activó el
protocolo de respuesta ante ciclones tropicales.
“Es un ejercicio que nos permite fortalecer las capacidades del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y evaluar cuáles son nuestras debilidades.
Gracias a los millones de colombianos que atendieron este llamado de participar
en el simulacro y, por supuesto, a todas las entidades del sector público y
privado que se tomaron esto en serio”, señaló el director Carlos Carrillo.
El departamento de Amazonas fue el único que no participó debido a que sus
esfuerzos están concentrados en atender la emergencia provocada por la sequía
que ha generado una reducción entre el 80% y 90% en la lámina del agua del río
Amazonas.
En Bogotá, la Ungrd desplegó un cubrimiento especial en diversos puntos
estratégicos para observar el desarrollo de las evacuaciones. Entre los espacios
supervisados estuvieron el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Complejo
Empresarial Plaza Claro, el Complejo Empresarial Connecta —donde están ubicadas
las sedes de la Unidad—, y la Escuela Normal Superior Distrital Maria Montessori
(IED).
Por presencia de gallinazos cerrarían
parcialmente el aeropuerto Palonegro
La Procuraduría le pidió a la Aeronáutica Civil evaluar si resulta necesario la
suspensión parcial de operaciones en el aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga
(en determinadas horas diurnas o nocturnas, según estudio técnico) ante la
presencia masiva de gallinazos que pueden poner en riesgo la seguridad aérea.
La solicitud del Ministerio Público se da en atención a una acción popular y a
los pleitos jurídicos desatados, precisamente, por esta situación y que han
llevado al cierre del relleno sanitario El Carrasco, ubicado en los alrededores
del aeropuerto y que ha traído la proliferación de estas aves ocasionando
incidentes con las aeronaves, por lo que se advierte un posible riesgo en la
seguridad aérea.
Y aunque la Aerocivil ha puesto empeño adoptando medidas para mitigar los
riesgos, la situación se sigue presentando, razón por la que, en concepto de la
Procuradora 158 Judicial II Administrativa, se advierte que en este caso “se
encuentra amenazado el derecho a la seguridad y salubridad pública en tanto
persisten focos atrayentes para los gallinazos negros (obstáculos para la
operación aérea) e incidentes aéreos de impacto”.
En el concepto, el ente de control también alerta por el mal manejo de los
residuos sólidos y la proliferación en la zona adyacente a la terminal aérea de
mataderos clandestinos y criaderos avícolas y porcícolas que no cuentan con
permiso de autoridad para su funcionamiento.
La preocupación aumenta toda vez que el botadero El Carrasco fue habilitado de
manera temporal por lo menos hasta el 1 de abril de 2027.
Ante los hechos, la procuradora Eddy Alexandra Villamizar urgió a la Aeronáutica
Civil adoptar un plan a corto o largo plazo “en el que se evalúe y determine si
es necesario disponer la suspensión parcial de operaciones aéreas en el
correspondiente aeropuerto, evitando los vuelos en horas diurnas o nocturnas
(según los hábitos de las especies de aves predominantes) y de ser necesario, la
suspensión total de operaciones, hasta tanto no se efectúen los correctivos
pertinentes; así como también revisión de las medidas actuales con el fin de
adoptar otras más eficaces”.
La solicitud del Ministerio Público tiende a que se adopten medidas que
minimicen la probabilidad de incidencia de impacto de fauna en aeronaves dada
las circunstancias presentadas con los focos de acumulación de basuras,
contaminación o actividades que son atrayentes de aves que sobrevuelan el
perímetro del Aeropuerto.
Finalmente, este despacho no consideró procedente la reubicación del aeropuerto,
que es otra de las peleas jurídicas sobre el tapete, “en tanto no se demostró
que existiera esa posibilidad en otro lugar accesible al área metropolitana sin
riesgo aviario”.
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