6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.342-922

Fecha: Sábado 05-10-2024

 
Dos disidentes del frente Iván Mordisco se entregan a las autoridades en Guaviare




En un acto que destaca la creciente presión sobre los grupos armados en Colombia, dos integrantes de las disidencias de Iván Mordisco se entregaron voluntariamente a las fuerzas de seguridad. El incidente ocurrió en la zona rural del municipio del Retorno, en Guaviare, donde las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en colaboración con el Comando Específico del Oriente, recibieron a los hombres, quienes afirmaron haber sido reclutados a la fuerza por la estructura Armando Ríos, perteneciente al Bloque Amazonas de estas disidencias.

Durante la rendición, los disidentes entregaron un arsenal significativo que incluía dos fusiles, siete proveedores, 796 cartuchos, dos chalecos multipropósito y dos portafusiles. Este acto no solo pone de manifiesto la presión ejercida por las fuerzas militares en la región, sino que también refuerza las alarmantes denuncias de reclutamiento forzado que persisten en el área.

Las autoridades han intensificado sus operaciones de inteligencia para rastrear los movimientos de estos grupos armados y mitigar su impacto en la comunidad local, donde han estado llevando a cabo actividades delictivas. "Estamos reforzando el pie de fuerza y realizando diversas acciones ofensivas para debilitar estas estructuras", afirmó el coronel Pedro Alexander Lancheros Ramos, comandante del Comando Específico del Oriente. Esta entrega podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la violencia armada en la región.


Corte Suprema condena a tres exgobernadores de Putumayo por contratos irregulares




La Corte Suprema de Justicia ha emitido una contundente sentencia contra tres exgobernadores del departamento de Putumayo por su implicación en delitos relacionados con la contratación irregular de
recursos públicos. Los exmandatarios Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Renzo Alfonso León Vargas y Carlos Alberto Palacios Palacio fueron hallados responsables de graves irregularidades en un convenio firmado en 2005 con la Secretaría Ejecutiva Convenio Andrés Bello (SECAB).

El tribunal reveló que los exgobernadores desembolsaron más de 5.4 mil millones de pesos a la SECAB a través de dos cartas de acuerdo. Sin embargo, solo un 20% del monto correspondiente a la primera carta fue ejecutado, dejando más de 739 millones de pesos en manos de los contratistas. En el caso de la segunda carta, no se realizó ninguna inversión y el dinero fue finalmente recuperado, aunque la falta de gestión adecuada levantó serias preocupaciones sobre la administración de los recursos.

Fabián Alfonso Belnavis fue condenado a 179 meses y 28 días de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, además de una multa de más de 5.3 mil millones de pesos. Renzo Alfonso León Vargas enfrentará una pena de 126 meses y 13 días de prisión
 por peculado, junto con una multa de 2.9 mil millones de pesos. Por su parte, Carlos Alberto Palacios fue condenado a 128 meses y 20 días de prisión por los mismos delitos, con una multa de 2.5 mil millones de pesos.

 

 
La Corte también prohibió a los exgobernadores presentarse a cargos de elección popular o ser designados como servidores públicos, además de ordenar su captura inmediata. Esta decisión subraya la firmeza del sistema judicial colombiano en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos, un problema que ha afectado gravemente el desarrollo de diversas regiones del país.


Desenmascaran a cómplices en asesinato de gestor social en Sucre




El crimen de Armando Luis Rivero Manjarrez, un destacado gestor cultural y rector de un colegio en Sucre, ha dejado una profunda conmoción en la comunidad. Nuevos detalles han surgido tras la reciente audiencia de legalización de captura, donde se presentó ante un juez a tres personas implicadas en el caso: su pareja sentimental, Juana Perea, su hijastro, Jhonfra Orozco Perea, y un tercero, Osnáider Tapia Meza, quien tenía en su poder el teléfono celular de la víctima.

El asesinato de Rivero Manjarrez, un respetado miembro del Festival Nacional de Gaitas de Ovejas, inicialmente fue considerado un secuestro. Su desaparición ocurrió el 12 de julio de 2024, y su cuerpo fue encontrado cinco días después, bajo un puente que conecta las localidades de Ceja del Mango y San Luis, en Sampués. Durante el fin de semana de su desaparición, la camioneta Renault Duster de Rivero fue hallada incinerada en una carretera de Tuchín, Córdoba, lo que encendió las alarmas sobre las circunstancias de su muerte.

El operativo que resultó en las detenciones se llevó a cabo el 1 de octubre de 2024, y las aprehensiones se realizaron en diferentes puntos de Sincelejo, incluyendo un supermercado y una vivienda en el barrio Villa Natalia. En esta última, las autoridades incautaron diversos dispositivos electrónicos y documentos que están siendo analizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para desentrañar los motivos del crimen.

Motivos económicos detrás del crimen

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo reveló que el homicidio de Rivero Manjarrez habría sido perpetrado con fines económicos. Según informes, su hijastro, Jhonfra Orozco Perea, había ideado un plan para apropiarse de varios bienes del educador, quien se encontraba en proceso de separación de Juana Perea.

A Orozco Perea se le imputaron cargos por desaparición forzada agravada y homicidio agravado, mientras que su madre enfrenta acusaciones similares por desaparición forzosa. Ambos han negado los cargos. En su defensa, Juana Perea expresó: "Prefiero estar muerta que pagar por algo que no he hecho".

El testimonio de Osnáider Tapia Meza ha sido fundamental en el avance de la investigación. Aunque fue liberado tras no aceptar cargos por receptación, su declaración ha ayudado a esclarecer la secuencia de eventos que llevaron al crimen. Tapia informó que encontró el celular de Rivero en una zona cerca de la vía que conecta los corregimientos de Bremen y Chochó, y su testimonio ha sido corroborado por el seguimiento de llamadas, lo que ha permitido vincular a Juana y Jhonfra directamente con la escena del crimen.

Un crimen con evidencias contundentes

La investigación reveló que el cuerpo de Rivero fue encontrado en avanzado estado de descomposición, con signos de violencia. La autopsia indicó que la víctima sufrió un trauma severo, con disparos en la cabeza y el antebrazo. La Fiscalía ha descrito el caso como uno de "cinismo extremo", citando las inconsistencias en los testimonios de Orozco Perea.

Además, las autoridades han obtenido pruebas que sugieren que Perea y su hijo planeaban un sinfín de maniobras para beneficiarse económicamente del asesinato. Interceptaciones telefónicas han revelado conversaciones en las que

 

 

 discutían cómo dividir los bienes de Rivero, incluyendo un seguro de vida y su jubilación como educador. La Fiscalía sostiene que el móvil del crimen estuvo motivado por el deseo de apoderarse de estos recursos, lo que añade una capa aún más siniestra a esta trágica historia.

Comunidad consternada y demanda de justicia

El crimen de Armando Luis Rivero Manjarrez ha suscitado una oleada de indignación entre los habitantes de Ovejas, quienes reconocen su legado como educador y promotor cultural. La violencia en la región ha sido un tema recurrente, y este caso ha puesto de relieve la necesidad de abordar los problemas sociales y económicos que conducen a situaciones tan trágicas.

La Fiscalía ha solicitado severas penas para los implicados, quienes no solo enfrentan el peso de la ley por el asesinato de un querido miembro de la comunidad, sino también por la traición a la confianza de alguien que les brindó amor y apoyo. La audiencia de imputación ha dejado claro que este caso es un recordatorio de que la lucha contra la violencia y la impunidad en Colombia sigue siendo una batalla constante, y la justicia debe prevalecer.

La comunidad espera que la verdad salga a la luz y que quienes son responsables de este crimen atroz enfrenten las consecuencias de sus actos. La memoria de Armando Luis Rivero Manjarrez, un ferviente defensor de la cultura y la educación, vivirá en el recuerdo de quienes lo conocieron y apreciaron su labor.


Investigación sobre homicidios en Dosquebradas vinculados a crimen en Santa Rosa




La violencia en el Eje Cafetero se intensifica tras un trágico suceso en Dosquebradas, donde dos hombres fueron asesinados en el barrio Camilo Torres, apenas horas después de un triple homicidio en Santa Rosa de Cabal. La Policía local investiga la posible conexión entre ambos hechos, que apuntan a bandas delincuenciales que operan en la región.

Las víctimas, identificadas como Andrés Mauricio Marín, de 28 años, y Daniel Grajales Duque, de 27, habrían acordado encontrarse en la zona donde fueron atacados a balazos. Un tercer individuo, cuya identidad aún no ha sido confirmada, también fue encontrado en el lugar y presentaba características de un habitante en condición de calle. Este hecho ha generado preocupación en la comunidad, que ya enfrenta un clima de inseguridad creciente.

De acuerdo con informes oficiales, Daniel Grajales fue alcanzado por cuatro disparos: dos en la cabeza y dos en el pecho, lo que le causó la muerte inmediata. Su amigo, aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció poco después a causa de las graves heridas. Las autoridades están investigando si estas víctimas tenían vínculos con organizaciones criminales que operan en el municipio.

En relación al triple asesinato en Santa Rosa de Cabal, se informó que dos hombres fueron capturados en el lugar del crimen, uno de ellos propietario del parqueadero donde ocurrió el tiroteo. Sin embargo, ambos fueron liberados por un juez de garantías por falta de flagrancia, aunque continúan vinculados a la investigación. El alcalde de Santa Rosa, Paulo Gómez, ha reiterado la oferta de una recompensa de hasta $10 millones para quienes brinden información que permita esclarecer los hechos.

La ola de violencia en la región está generando preocupación entre los residentes, quienes exigen respuestas y acciones efectivas por parte de las autoridades para combatir la delincuencia y restaurar la seguridad en sus comunidades.

 

 

 

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