6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.345-925

Fecha: Jueves 10-10-2024

 

Exgobernador de Sucre, sentenciado por corrupción por la Corte Suprema de Justicia

 

 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido una condena significativa contra el exgobernador de Sucre, Jorge Carlos Barraza Farak, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011. La sentencia, que se dio a conocer recientemente, condena a Barraza por el delito de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, un fallo que resuena con fuerza en el contexto de la lucha contra la corrupción en el país.

Según la resolución de la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfuncionario firmó entre 2010 y 2011 cuatro contratos para el suministro de material educativo a colegios públicos del departamento, comprometiendo recursos públicos que superan los 1.220 millones de pesos. La investigación reveló que estos contratos fueron adjudicados a la empresa editorial Los Tres Editores S.A.S., la cual no cumplía con los requisitos necesarios para participar en el proceso de licitación. Además, se demostró que la Secretaría de Educación de Sucre, bajo la dirección de Guillermo Castro Therán, negoció la entrega de estos contratos mucho antes de iniciar el proceso de licitación, lo que evidencia una clara violación de los procedimientos establecidos.

El propósito de estos contratos era dotar a los estudiantes de textos escolares, especialmente tras los bajos resultados obtenidos en las pruebas Icfes. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Corte destacaron que simplemente entregar libros no era suficiente para mejorar la calidad educativa. Se argumentó que la gestión educativa requiere un enfoque más amplio, que incluya la evaluación de la calidad de los profesores y el desarrollo de estrategias integrales para fortalecer el aprendizaje.

La Corte Suprema fue contundente al señalar que las acciones de Barraza Farak perjudicaron a los menores más vulnerables del departamento, privándolos de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en las pruebas Icfes. En su fallo, se hizo hincapié en el desprecio del exgobernador hacia las normas penales y la confianza depositada por sus electores.

La condena impuesta a Barraza incluye una pena de 76 meses de prisión y una multa equivalente a 285 salarios mínimos. El tribunal también determinó que no podrá cumplir su condena en casa por cárcel, subrayando la necesidad de que la sanción sea efectiva y sirva como un mensaje claro sobre la importancia de respetar las normas que protegen el bienestar colectivo.

Este fallo representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en Colombia, enviando un mensaje fuerte sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y su obligación de actuar en beneficio de la sociedad. La Corte ha reafirmado su compromiso de restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial y en los principios que rigen el ejercicio del poder público.

 

Capturan en Pereira a presuntos extorsionistas de un comerciante

 

 

En un operativo conjunto realizado en Pereira, el Ejército, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos hombres acusados de extorsionar a un comerciante local. Las autoridades informaron que la víctima, quien ha sido objeto de amenazas desde marzo de este año, había pagado aproximadamente 90 millones de pesos a sus extorsionadores.

 

Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno

 

 

 

de Pereira, destacó la importancia de esta acción, calificándola como un golpe significativo contra la extorsión en la ciudad. "Felicitamos al Gaula del Ejército y al CTI de la Fiscalía. Este tipo de procedimientos refuerza la seguridad en Pereira y fomenta la confianza en las denuncias ciudadanas", afirmó Trejos.

La investigación reveló que los detenidos intimidaban a la víctima, exigiendo pagos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. En el último intento de extorsión, la víctima entregó 20 millones de pesos, momento en el cual los delincuentes intentaron huir hacia el corregimiento de La Florida. Sin embargo, fueron interceptados por las autoridades, quienes lograron recuperar el dinero extorsionado.

 

Además del efectivo, se incautaron un celular, un vehículo y una motocicleta que los presuntos delincuentes utilizaron para cometer el delito. Se informó que ambos capturados tienen antecedentes criminales que incluyen delitos como hurto, homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, lo que resalta la gravedad de su actuar.

 

Este caso no solo resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra la extorsión, sino que también subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de actos delictivos, vital para mejorar la seguridad en la región.

 

Tribunal de Bogotá revoca condena de 40 años a 'Kiko Gómez'

 

 

En una decisión que ha reavivado el debate sobre la justicia en Colombia, el Tribunal de Bogotá ha revocado la condena de 40 años impuesta a Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como 'Kiko Gómez', por el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997. La sentencia, que se extiende a lo largo de 150 páginas, señala que no se presentó suficiente evidencia que acreditara que Gómez había sido el determinador del crimen.

La condena original había sido dictada el 23 de junio de 2017 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Según la Fiscalía, el concejal de Barrancas, López Peralta, fue asesinado por hombres asociados al narcotraficante Marquitos Figueroa, quien supuestamente mantenía vínculos con 'Kiko Gómez'. Sin embargo, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá decidieron revocar parcialmente la sentencia, absolviendo a Gómez del delito de homicidio agravado.

En su fallo, el Tribunal afirmó que "el estándar probatorio no se acreditó con suficiencia" en relación con la acusación de homicidio. Así, el Tribunal sostuvo que la falta de pruebas contundentes para demostrar la participación directa de 'Kiko Gómez' en la determinación del asesinato de López Peralta justificaba la absolución por este cargo específico. Sin embargo, la sentencia mantiene la condena por otros delitos, en particular el de concierto para delinquir agravado, por lo que se impuso una nueva pena de 146 meses de prisión.

El Tribunal también abordó el caso de otros homicidios vinculados a Gómez, señalando que la acción penal había prescrito en relación a la muerte de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías, pero reafirmando que la incriminación de homicidio en el caso de López Peralta no pudo ser probada.

Es importante destacar que, a pesar de la revocación de esta condena, 'Kiko Gómez' ya enfrenta una larga condena de 55 años de cárcel por haber ordenado el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Herny Ustáriz Guerra y el conductor Wilfrido Fonseca Peñaranda en agosto de 2012. Esta nueva resolución no afecta sus otros casos pendientes y la sentencia de prisión que aún debe cumplir.
 

La decisión del Tribunal ha generado reacciones encontradas, reflejando la complejidad del sistema judicial colombiano y la necesidad de evidencias sólidas en casos de gran notoriedad pública. La absolución en este caso específico plantea

 

 

 

interrogantes sobre la eficacia de la investigación y la capacidad del Estado para llevar ante la justicia a quienes han sido señalados por crímenes tan graves.

 

Confimaron que encontraron los restos del padre Darío Valencia Uribe en Caldas

 

 

Después de una intensa investigación que duró 18 días, se ha confirmado que los restos humanos hallados en una zona rural del municipio de Belalcázar, Caldas, pertenecen al padre Darío Valencia Uribe, un sacerdote que había desaparecido en Pereira el pasado 25 de abril de 2024. La identificación fue confirmada por pruebas de ADN realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El caso ha conmocionado a la Iglesia católica y a la sociedad colombiana, generando un gran interés mediático a medida que se conocieron los detalles del crimen. La investigación tomó un giro inesperado cuando el presunto asesino, Julián Eduardo Cifuentes Gómez, confesó a las autoridades en París, Francia, que había asesinado al sacerdote de 59 años.

 

Los restos del padre Valencia, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia María Auxiliadora en Pereira, serán trasladados a la ciudad donde se llevarán a cabo las honras fúnebres el día de hoy, 10 de octubre, en la catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Según el informe forense, el sacerdote fue asesinado de cuatro disparos, y su muerte fue motivada por cuestiones económicas relacionadas con la venta de una camioneta.

La desaparición del sacerdote

La desaparición del padre Valencia se reportó el 25 de abril, cuando su madre reveló que se había citado con Cifuentes para hablar sobre la venta de su vehículo, una camioneta Nissan Frontier. Las autoridades comenzaron a buscar al sacerdote, y se activó una intensa campaña en redes sociales para dar con su paradero. La última vez que fue visto, según imágenes de una cámara de seguridad, fue junto a Cifuentes.

 

Días después de su desaparición, la camioneta del padre fue hallada en un parqueadero en Viterbo, Caldas, y presentaba manchas de sangre y la falta de la silla trasera, lo que encendió las alarmas sobre un posible homicidio. A partir de ese momento, la Fiscalía enfocó su atención en Cifuentes, quien se había fugado a Francia poco después de la desaparición.

La confesión y el hallazgo de los restos

 

El 8 de septiembre, tras la detención de Cifuentes en el aeropuerto de Charles de Gaulle en París, funcionarios de la Fiscalía colombiana viajaron a Francia para recabar pruebas. Durante su declaración, Cifuentes confesó que había asesinado al sacerdote por dinero, desmintiendo rumores iniciales que sugerían que el motivo podía haber sido pasional.

 

Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de Pereira, fue fundamental en la difusión de detalles sobre el crimen tras la confesión de Cifuentes. Según el obispo, el cadáver fue arrojado por un abismo, y los restos se encontraron después de una búsqueda complicada, que incluyó el uso de un perro de búsqueda.

La búsqueda, que comenzó el 20 de septiembre, finalmente concluyó cuando un perro guía se sentó cerca de los restos, permitiendo a las autoridades confirmar la identidad del sacerdote gracias a la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición.

Con la identificación confirmada, el caso de la desaparición y asesinato del padre Valencia ha tomado un nuevo rumbo. Cifuentes, que inicialmente fue liberado en Francia, deberá enfrentarse a la justicia colombiana. Se espera que se inicie un proceso de extradición, y su situación legal en Francia está siendo monitoreada por las autoridades colombianas.

 

 

 

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