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Gabinete y alto Gobierno apoyan a Petro tras
decisión del CNE
Tras la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de formular
cargos en contra del presidente Gustavo Petro y abrir formalmente una indagación
a la campaña electoral de 2022, el gabinete del Gobierno expresó su apoyo al
mandatario.
"Nosotros, ministras, ministros, y altos directivos del Gobierno de Colombia,
ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional un hecho que
puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la
función presidencial y el Estado de derecho", indicaron los funcionarios.
La Sala Plena decidió por mayoría de 7 votos acoger la ponencia de los
magistrados Ortiz y Prada, en la que se solicitaba abrir investigación y
formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la
coalición Pacto Histórico, que respaldaba al actual presidente.
Según lo señalado por los ministros y altos directivos del Gobierno, la decisión
del CNE "es contraria a la jurisprudencia constitucional", evidenciando, una
presunta pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados.
La próxima semana los magistrados firmarán la resolución de formulación de
cargos a la campaña y al presidente, y se procederá a la notificación personal
al jefe de Estado y los directivos de la misma, o por intermedio de sus
representantes. Si no acuden para ello al CNE en los 5 días establecidos, se
notificará por medio de aviso en la dirección que está registrada.
Luego de la notificación, los investigados tienen 15 días para rendir descargos.
Transcurrido este término, independientemente de que rindan o no descargos, se
inicia un periodo probatorio que podría ser hasta por 60 días, dependiendo de lo
que pida la defensa y la complejidad de las pruebas que haya que realizar, así
como lo que decidan los magistrados investigadores Prada y Ortiz.
Reforma política: Congreso mantendrá elección de
magistrados del CNE
La ponencia para el primer debate de la reforma política fue radicada en la
Comisión Primera de la Cámara, y uno de los temas que más
controversia ha generado es que se decidió mantener que el Congreso de la
República siga eligiendo a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque el Gobierno, en su propuesta inicial, planteaba que estos magistrados
fueran seleccionados por un concurso de méritos y escogidos por las altas cortes
(Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado), la ponencia radicada
mantuvo que el Congreso en pleno será el encargado de elegir a los magistrados.
Esta elección, no obstante, sufrirá una modificación en cuanto al proceso de
selección. Según la nueva propuesta, los magistrados serán elegidos de ternas de
elegibles conformadas a través de una convocatoria pública, no por listas
propuestas directamente por los partidos políticos, como sucede actualmente. "El
Congreso en pleno será el que elija a los
magistrados de 9 ternas de elegibles que se conformen por convocatoria pública,"
detalla el texto radicado para el debate.
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Uno de los coordinadores ponentes, el representante del Pacto Histórico
Heráclito Landínez, sostuvo que aunque se mantiene el poder del Congreso para
elegir a los magistrados, el proceso será más transparente gracias a la
convocatoria pública, que asegurará que los candidatos cumplan con ciertos
requisitos. A pesar de este cambio, algunos sectores críticos consideran que el
Congreso aún tendrá una influencia considerable sobre el CNE, lo que puede
mantener la politización de este órgano.
En cuanto a otros puntos clave de la reforma, se propone una financiación 100%
estatal para las campañas políticas con el fin de evitar el ingreso de dineros
privados, lo que busca garantizar mayor transparencia. Además, se fortalecerán
los partidos políticos a través de la realización de elecciones primarias y el
establecimiento de listas cerradas para las elecciones. "Con estos tres pilares
buscamos que haya más transparencia y se fortalezca la democracia," señaló
Carlos Felipe Quintero, uno de los coordinadores ponentes de la reforma.
Otra modificación significativa es el aumento del umbral para el reconocimiento
de personería jurídica a los movimientos políticos. Mientras que en el proyecto
inicial se planteaba que aquellos movimientos con al menos el 1% del censo
electoral podrían obtenerla, el nuevo texto aumenta este requisito al 3%,
equiparándolo con el de los partidos políticos. Este cambio, según los ponentes,
tiene como objetivo garantizar que los movimientos políticos cuenten con una
base sólida de respaldo ciudadano.
Por otro lado, la reforma también introduce cambios en cuanto a los derechos de
los candidatos. Se estableció que quienes renuncien a su partido para aspirar
por otra colectividad deberán hacerlo al menos un año antes de la inscripción de
candidaturas, poniendo fin a la polémica sobre si la renuncia debía ser antes de
la inscripción o de la elección.
El tema de la elección de los magistrados del CNE ha sido especialmente
relevante debido a las recientes imputaciones al presidente Gustavo Petro y su
campaña, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.
La independencia de los magistrados ha sido puesta en duda, en especial porque
algunos miembros del CNE, como Álvaro Hernán Prada, del Centro
Democrático, han sido críticos
abiertos del mandatario.
Finalmente, esta reforma es la segunda que presenta el gobierno de Gustavo Petro
en este cuatrienio. La primera, radicada en octubre de 2022, se hundió antes de
su quinto debate tras el rechazo del gobierno a las modificaciones introducidas
durante su paso por el Congreso.
Surge polémica por petición de ex FARC a la JEP
Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está cerca de emitir las
primeras sentencias por los crímenes cometidos en el conflicto, exintegrantes
del secretariado de las extintas Farc plantearon a esta instancia que la Sala de
Reconocimiento emita una única resolución de conclusiones, que incluya todas las
imputaciones realizadas en los llamados macrocasos para asumir el
reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos.
Bajo el actual esquema la Sala de Reconocimiento debe emitir resoluciones de
conclusiones sobre la responsabilidad de cada una de las personas que se
sometieron a la JEP, para que el Tribunal de Paz proceda a las sanciones.
Los exintegrantes del secretariado notificaron a la JEP que con este propósito
renuncian al derecho a la presunción de inocencia respecto de todos los hechos
que hasta ahora les han atribuido en esta instancia.
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La JEP quedó en estudiar esta propuesta para ver si es posible aplicarla o no.
El senador, Pablo Catatumbo, exintegrante del secretariado, dijo que “esto lo
hemos hecho en coherencia con compromisos que adquirimos, y nos preocupan varias
cosas, que después de siete años no se haya emitido ninguna sentencia”.
Por su parte, el senador Julián Gallo, exintegrante del secretariado, dijo que
“dejamos claro en el documento que es por aquellos delitos frente a los cuales
ya hemos rendido versiones”.
El excongresista Jaime Lozada dijo “creo que ellos lo que buscan es escurrir el
bulto y negar la responsabilidad individual de los crímenes que cometieron
estando dentro de las filas guerrilleras”.
Por ello, pidió al presidente de la JEP que la decisión que tomen sobre esta
propuesta sea “en el sentido de proteger a las víctimas, pero sobre todo hacer
justicia”.
Ecopetrol se pronunció sobre indagación del CNE a
Ricardo Roa
La junta directiva de Ecopetrol, junto al Comité de Auditoria y Riesgos,
respaldaron la gestión de Ricardo Roa como presidente de la petrolera, luego de
que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera abrir investigación y formular
cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
"La junta directiva de Ecopetrol y su Comité de Auditoría y Riesgos, en su deber
fiduciario, han realizado un permanente seguimiento a la información relacionada
con el Presidente de Ecopetrol en su rol como gerente de campaña, han evaluado
constantemente los riesgos y su probabilidad de ocurrencia y han contado con
asesores legales y regulatorios tanto en Colombia como en Estados Unidos",
aseguró la petrolera en un comunicado.
Como ya se sabe, este miércoles, 9 de octubre, el CNE abrió investigación formal
a la campaña del Pacto Histórico a la presidencia en 2022, además de formular
cargos al candidato, Gustavo Petro, y varios directivos de la misma, entre los
cuales se encuentra Ricardo Roa, por presuntamente haber superado en
$5.355.748.115 los topes de gastos establecidos, de los cuales $3.709.361.342 en
la primera vuelta y $1.646.386.773 en la segunda.
Sin embargo, Ecopetrol aseguró que el actual presidente de la compañía estatal,
continuará ejerciendo su rol mientras se avanza en el debido proceso de
indagación.
"La Junta Directiva continuará ejerciendo su rol con la debida diligencia y
cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean en el mejor interés de la
Compañía y de todos sus accionistas", se indicó.
Sobre la indagación del CNE sobre la campaña Petro
Al respecto, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó que
“esto no afecta el fuero presidencial, pero sí es un paso hacia la justicia”.
Petro ha insistido desde que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada
presentaron en mayo pasado a la Sala Plena una ponencia pidiendo investigar esa
campaña y proferir cargos al presidente por violación de topes de gastos, que el
CNE no tiene competencia para ello porque es el Congreso el que le corresponde
por el fuero de su cargo, por intermedio de la Comisión de Acusación de la
Cámara.
A mediados de mayo pasado, dicha Comisión solicitó al CNE el traslado del
proceso, argumentando que tiene esa competencia y atendiendo una petición de la
defensa del jefe del Estado.
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