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Exgobernador de Sucre, sentenciado por corrupción
por la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de
Colombia ha emitido una condena significativa contra el exgobernador de Sucre,
Jorge Carlos Barraza Farak, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011. La
sentencia, que se dio a conocer recientemente, condena a Barraza por el delito
de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, un fallo que
resuena con fuerza en el contexto de la lucha contra la corrupción en el país.
Según la resolución de la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el
exfuncionario firmó entre 2010 y 2011 cuatro contratos para el suministro de
material educativo a colegios públicos del departamento, comprometiendo recursos
públicos que superan los 1.220 millones de pesos. La investigación reveló que
estos contratos fueron adjudicados a la empresa editorial Los Tres Editores
S.A.S., la cual no cumplía con los requisitos necesarios para participar en el
proceso de licitación. Además, se demostró que la Secretaría de Educación de
Sucre, bajo la dirección de Guillermo Castro Therán, negoció la entrega de estos
contratos mucho antes de iniciar el proceso de licitación, lo que evidencia una
clara violación de los procedimientos establecidos.
El propósito de estos contratos era dotar a los estudiantes de textos escolares,
especialmente tras los bajos resultados obtenidos en las pruebas Icfes. Sin
embargo, tanto la Fiscalía como la Corte destacaron que simplemente entregar
libros no era suficiente para mejorar la calidad educativa. Se argumentó que la
gestión educativa requiere un enfoque más amplio, que incluya la evaluación de
la calidad de los profesores y el desarrollo de estrategias integrales para
fortalecer el aprendizaje.
La Corte Suprema fue contundente al señalar que las acciones de Barraza Farak
perjudicaron a los menores más vulnerables del departamento, privándolos de la
posibilidad de competir en igualdad de condiciones en las pruebas Icfes. En su
fallo, se hizo hincapié en el desprecio del exgobernador hacia las normas
penales y la confianza depositada por sus electores.
La condena impuesta a Barraza incluye una pena de 76 meses de prisión y una
multa equivalente a 285 salarios mínimos. El tribunal también determinó que no
podrá cumplir su condena en casa por cárcel, subrayando la necesidad de que la
sanción sea efectiva y sirva como un mensaje claro sobre la importancia de
respetar las normas que protegen el bienestar colectivo.
Este fallo representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción
en Colombia, enviando un mensaje fuerte sobre la responsabilidad de los
funcionarios públicos y su obligación de actuar en beneficio de la sociedad. La
Corte ha reafirmado su compromiso de restablecer la confianza ciudadana en el
sistema judicial y en los principios que rigen el ejercicio del poder público.
Capturan en Pereira a presuntos
extorsionistas de un comerciante

En un operativo conjunto realizado
en Pereira, el Ejército, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía capturaron
a dos hombres acusados de extorsionar a un comerciante local. Las autoridades
informaron que la víctima, quien ha sido objeto de amenazas desde marzo de este
año, había pagado aproximadamente 90 millones de pesos a sus extorsionadores.
Jorge Mario Trejos, secretario de
Gobierno
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de Pereira, destacó la importancia
de esta acción, calificándola como un golpe significativo contra la extorsión en
la ciudad. "Felicitamos al Gaula del Ejército y al CTI de la Fiscalía. Este tipo
de procedimientos refuerza la seguridad en Pereira y fomenta la confianza en las
denuncias ciudadanas", afirmó Trejos.
La investigación reveló que los detenidos intimidaban a la víctima, exigiendo
pagos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. En el último
intento de extorsión, la víctima entregó 20 millones de pesos, momento en el
cual los delincuentes intentaron huir hacia el corregimiento de La Florida. Sin
embargo, fueron interceptados por las autoridades, quienes lograron recuperar el
dinero extorsionado.
Además del efectivo, se incautaron
un celular, un vehículo y una motocicleta que los presuntos delincuentes
utilizaron para cometer el delito. Se informó que ambos capturados tienen
antecedentes criminales que incluyen delitos como hurto, homicidio, porte ilegal
de armas y tráfico de estupefacientes, lo que resalta la gravedad de su actuar.
Este caso no solo resalta el
compromiso de las autoridades en la lucha contra la extorsión, sino que también
subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de actos
delictivos, vital para mejorar la seguridad en la región.
Tribunal de Bogotá revoca condena de 40 años a 'Kiko
Gómez'

En una decisión que ha reavivado el
debate sobre la justicia en Colombia, el Tribunal de Bogotá ha revocado la
condena de 40 años impuesta a Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como 'Kiko
Gómez', por el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el
22 de febrero de 1997. La sentencia, que se extiende a lo largo de 150 páginas,
señala que no se presentó suficiente evidencia que acreditara que Gómez había
sido el determinador del crimen.
La condena original había sido dictada el 23 de junio de 2017 por el Juzgado
Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Según la Fiscalía, el
concejal de Barrancas, López Peralta, fue asesinado por hombres asociados al
narcotraficante Marquitos Figueroa, quien supuestamente mantenía vínculos con 'Kiko
Gómez'. Sin embargo, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá
decidieron revocar parcialmente la sentencia, absolviendo a Gómez del delito de
homicidio agravado.
En su fallo, el Tribunal afirmó que "el estándar probatorio no se acreditó con
suficiencia" en relación con la acusación de homicidio. Así, el Tribunal sostuvo
que la falta de pruebas contundentes para demostrar la participación directa de
'Kiko Gómez' en la determinación del asesinato de López Peralta justificaba la
absolución por este cargo específico. Sin embargo, la sentencia mantiene la
condena por otros delitos, en particular el de concierto para delinquir
agravado, por lo que se impuso una nueva pena de 146 meses de prisión.
El Tribunal también abordó el caso de otros homicidios vinculados a Gómez,
señalando que la acción penal había prescrito en relación a la muerte de Rosa
Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías, pero reafirmando que
la incriminación de homicidio en el caso de López Peralta no pudo ser probada.
Es importante destacar que, a pesar de la revocación de esta condena, 'Kiko
Gómez' ya enfrenta una larga condena de 55 años de cárcel por haber ordenado el
asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Herny Ustáriz
Guerra y el conductor Wilfrido Fonseca Peñaranda en agosto de 2012. Esta nueva
resolución no afecta sus otros casos pendientes y la sentencia de prisión que
aún debe cumplir.
La decisión del Tribunal ha generado
reacciones encontradas, reflejando la complejidad del sistema judicial
colombiano y la necesidad de evidencias sólidas en casos de gran notoriedad
pública. La absolución en este caso específico plantea
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interrogantes sobre la eficacia de la investigación y la
capacidad del Estado para llevar ante la justicia a quienes han sido señalados
por crímenes tan graves.
Confimaron que encontraron los restos del padre
Darío Valencia Uribe en Caldas

Después de una intensa investigación
que duró 18 días, se ha confirmado que los restos humanos hallados en una zona
rural del municipio de Belalcázar, Caldas, pertenecen al padre Darío Valencia
Uribe, un sacerdote que había desaparecido en Pereira el pasado 25 de abril de
2024. La identificación fue confirmada por pruebas de ADN realizadas por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El caso ha conmocionado a la Iglesia católica y a la sociedad colombiana,
generando un gran interés mediático a medida que se conocieron los detalles del
crimen. La investigación tomó un giro inesperado cuando el presunto asesino,
Julián Eduardo Cifuentes Gómez, confesó a las autoridades en París, Francia, que
había asesinado al sacerdote de 59 años.
Los restos del padre Valencia, quien
se desempeñaba como párroco de la iglesia María Auxiliadora en Pereira, serán
trasladados a la ciudad donde se llevarán a cabo las honras fúnebres el día de
hoy, 10 de octubre, en la catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Según el
informe forense, el sacerdote fue asesinado de cuatro disparos, y su muerte fue
motivada por cuestiones económicas relacionadas con la venta de una camioneta.
La desaparición del sacerdote
La desaparición del padre Valencia se reportó el 25 de abril, cuando su madre
reveló que se había citado con Cifuentes para hablar sobre la venta de su
vehículo, una camioneta Nissan Frontier. Las autoridades comenzaron a buscar al
sacerdote, y se activó una intensa campaña en redes sociales para dar con su
paradero. La última vez que fue visto, según imágenes de una cámara de
seguridad, fue junto a Cifuentes.
Días después de su desaparición, la
camioneta del padre fue hallada en un parqueadero en Viterbo, Caldas, y
presentaba manchas de sangre y la falta de la silla trasera, lo que encendió las
alarmas sobre un posible homicidio. A partir de ese momento, la Fiscalía enfocó
su atención en Cifuentes, quien se había fugado a Francia poco después de la
desaparición.
La confesión y el hallazgo de los restos
El 8 de septiembre, tras la
detención de Cifuentes en el aeropuerto de Charles de Gaulle en París,
funcionarios de la Fiscalía colombiana viajaron a Francia para recabar pruebas.
Durante su declaración, Cifuentes confesó que había asesinado al sacerdote por
dinero, desmintiendo rumores iniciales que sugerían que el motivo podía haber
sido pasional.
Monseñor Rigoberto Corredor
Bermúdez, obispo de Pereira, fue fundamental en la difusión de detalles sobre el
crimen tras la confesión de Cifuentes. Según el obispo, el cadáver fue arrojado
por un abismo, y los restos se encontraron después de una búsqueda complicada,
que incluyó el uso de un perro de búsqueda.
La búsqueda, que comenzó el 20 de septiembre, finalmente concluyó cuando un
perro guía se sentó cerca de los restos, permitiendo a las autoridades confirmar
la identidad del sacerdote gracias a la ropa que llevaba puesta el día de su
desaparición.
Con la identificación confirmada, el caso de la desaparición y asesinato del
padre Valencia ha tomado un nuevo rumbo. Cifuentes, que inicialmente fue
liberado en Francia, deberá enfrentarse a la justicia colombiana. Se espera que
se inicie un proceso de extradición, y su situación legal en Francia está siendo
monitoreada por las autoridades colombianas.
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