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La violencia en Dosquebradas: Un llamado urgente a
la acción
La violencia desmedida en
Dosquebradas, continúa cobrando la vida de jóvenes, dejando un rastro de dolor y
desesperación en la comunidad. En solo una semana, se han reportado cinco
homicidios en esta zona, lo que refleja una preocupante escalada de violencia
asociada al control de territorios para el tráfico de drogas. Este fenómeno ha
llevado a las autoridades a clasificar la situación como un reacomodamiento de
las estructuras criminales que operan en el municipio y en la cercana Pereira.
El pasado 8 de octubre, un doble
homicidio en el Plan 2 del barrio Camilo Torres encendió las alarmas en la
región. Pese a los esfuerzos de las autoridades para reforzar la seguridad, los
asesinatos no han cesado. Tan solo un día después, una nueva balacera se
registró en las escaleras que conectan el barrio El Balso con El Japón, donde
una residente, que prefirió no revelar su identidad, expresó su temor: "Ha
habido balaceras antier en la madrugada y hoy otra vez está maluco el barrio".
Los casos de violencia se han intensificado en el contexto de luchas entre
bandas por el control del microtráfico. Eisenhower Zapata, defensor de derechos
humanos en Dosquebradas, señala que estas muertes no son eventos aislados. En su
opinión, representan un ajuste de cuentas entre las bandas, que buscan ocupar
los espacios dejados por los líderes asesinados, como 'Chemo', 'El Duende' y 'El
Mocho'. Estos individuos tenían una fuerte presencia en las comunas 7, 8 y 9,
zonas clave para el comercio de drogas.
Zapata afirma que en Dosquebradas existen al menos 22 puntos de expendio de
estupefacientes, operados en su mayoría por grupos independientes, pero que
están influenciados por organizaciones criminales más grandes, como 'La
Cordillera' y 'Los Flacos'. Este entramado criminal ha llevado a que la
comunidad viva en un clima de temor constante, mientras las balas continúan
sonando en las calles.
A pesar de los anuncios de la Policía Metropolitana de Pereira y de la Alcaldía
sobre operativos y la captura de sospechosos, la respuesta de las autoridades ha
sido cuestionada. Zapata critica la falta de medidas preventivas que podrían
haber salvado vidas, especialmente tras el triple asesinato en Santa Rosa de
Cabal, que sentó un precedente de violencia en la región. "La policía no se
adelantó a los hechos. Pudo haber evitado esas muertes si hubieran tomado
medidas tras los asesinatos en Santa Rosa", afirmó.
La situación se agrava con el estado crítico de un menor herido en el reciente
ataque en Camilo Torres, que ha sido reportado en estado de muerte cerebral.
Esto resalta la inminente necesidad de acciones concretas y efectivas por parte
de las autoridades para mitigar esta ola de violencia.
La falta de control en las calles ha llevado a que la comunidad exija respuestas
claras y efectivas de las autoridades. Sin embargo, el ciclo de violencia parece
interminable, y con cada muerte, se hace más evidente que el reacomodamiento de
las estructuras criminales es un fenómeno que, de no ser abordado de manera
integral, podría llevar a un aumento de homicidios en el futuro.
Desmantelan red de trata de personas que explotaba
a mujeres en Corea del Sur
Las autoridades colombianas han
desarticulado una red de trata de personas que se dedicaba a engañar a jóvenes
colombianas para enviarlas a Corea del Sur, donde eran sometidas a explotación
sexual. La operación, liderada por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín)
de la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía, culminó con la captura
de dos mujeres en Medellín y Soacha.
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La investigación reveló que esta organización
criminal operaba principalmente en Medellín, Bogotá y ciudades aledañas,
contactando a sus víctimas con promesas engañosas de empleo bien remunerado en
Asia. Según las autoridades, el grupo estaba liderado por una mujer colombiana
conocida como alias Katherine, quien mantenía una red de colaboradores
encargados de atraer a las jóvenes y gestionar sus documentos de viaje.
Las capturadas, identificadas como
alias La Paisa —madre de Katherine— y alias “Camila”, desempeñaban roles clave
en la captación y el traslado de las víctimas. “Una vez las víctimas mordían el
anzuelo, la organización les facilitaba los documentos necesarios para su
traslado a la ciudad de Incheon, en Corea del Sur”, señaló la Policía en un
comunicado.
Una vez en territorio coreano, las mujeres eran sometidas a múltiples abusos y
obligadas a trabajar en locales de lenocinio conocidos como karaokes. Las
autoridades indicaron que las víctimas nunca recibían pago por sus servicios; al
contrario, eran objeto de multas impuestas por sus captores ante cualquier
incumplimiento, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad.
La violencia ejercida sobre ellas era extrema, llegando a obligarlas a abortar
en caso de embarazo, bajo la amenaza de represalias contra su integridad y la de
sus familias en Colombia. Este contexto de coerción y abuso subraya la gravedad
de la explotación sexual en la que estaban atrapadas.
En las viviendas de las capturadas se incautaron 25 documentos, entre ellos
pasaportes y facturas, además de un dispositivo de grabación de vídeo, un
teléfono inteligente y 17 cartuchos de calibre nueve milímetros. Estos hallazgos
apuntan a la organización y planificación detrás de la operación de trata.
La Fiscalía ha imputado a las detenidas por los delitos de trata de personas y
tráfico de armas. Ambas han sido recluidas en prisión mientras avanza la
investigación. Además, las autoridades han emitido una notificación azul a
Interpol para localizar a alias Katherine, quien sigue en libertad y es
considerada la pieza central de la red.
Ataque en Nátaga: Dos militares muertos a manos de
disidencias de las FARC
En un trágico episodio que refleja
la creciente violencia en Colombia, dos militares perdieron la vida durante un
ataque de disidencias de las FARC a la estación de Policía de Nátaga, en el
departamento del Huila. El ataque, perpetrado el 10 de octubre, ha puesto de
manifiesto la persistente amenaza que representan estos grupos armados en
diversas regiones del país.
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, informó que el
asalto se llevó a cabo desde el sector rural de San Luis, en el municipio de
Páez, Cauca. Según el general William Salamanca, director de la Policía
Nacional, alrededor de cincuenta hombres del bloque Isaías Pardo del Estado
Mayor Central atacaron la estación, lo que llevó a una respuesta armada por
parte de los uniformados. A pesar de sus esfuerzos por repeler la agresión, el
intendente Leonardo Trujillo y el patrullero Carlos Andrés Hernández Ospina
fueron alcanzados por las balas y fallecieron en el lugar.
Las autoridades han anunciado una recompensa de cien millones de pesos para
quienes proporcionen información sobre el paradero de los responsables del
ataque. Este acto de violencia ha generado un clima de temor en la comunidad,
que se vio obligada a refugiarse en sus hogares durante el asalto.
El impacto del ataque no solo se limitó a los uniformados. Un civil,
identificado como enfermero, también resultó herido mientras transportaba a los
militares en una ambulancia. Los testigos en el hospital San Antonio de Padua
grabaron el momento en que los heridos fueron llevados al centro médico, donde
los profesionales de la salud intentaban salvar sus vidas.
El general Salamanca expresó su consternación por las muertes de los policías,
manifestando su solidaridad con las familias de las víctimas. “Luto
Institucional. Desplegamos las capacidades de la Policía Nacional para dar con
los responsables de
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esta acción criminal y llevarlos ante la justicia”, aseguró
durante una rueda de prensa.
La violencia en Nátaga no es un caso aislado. La representante a
la Cámara, Luz Pastrana, cuestionó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre
las promesas de seguridad que aún no se han cumplido en el Huila. “Otro ataque
armado en mi Huila, otro hostigamiento. ¿Cuándo tiene programado cumplir con
mayor presencia de fuerza pública y más herramientas para la defensa de los
huilenses?”, publicó en sus redes sociales.
Este ataque se suma a otros incidentes recientes que han afectado a las fuerzas
armadas en Colombia. Un día antes del asalto en Nátaga, un soldado profesional,
Rodney Pérez Vaquero, fue asesinado en un enfrentamiento con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en Teorama, Norte de Santander. En ese ataque, el
soldado falleció tras la activación de un campo minado, una táctica que ha sido
utilizada por el ELN para infligir daño a las tropas.
Las disidencias
de las FARC han mantenido alianzas con el ELN en varias regiones del país, lo
que agrava la situación de seguridad. Las autoridades han alertado sobre la
expansión de estos grupos armados y su impacto en la población civil, que sigue
siendo víctima de la violencia y el desamparo.
El estado de alerta en Nátaga y otras zonas del Huila es cada vez más evidente,
y la necesidad de una respuesta contundente por parte del gobierno se vuelve
imperativa para restaurar la seguridad y la tranquilidad en estas comunidades.
Las pérdidas de los uniformados y el clima de inseguridad resaltan la urgencia
de un plan integral que aborde las raíces del conflicto y proteja a quienes
arriesgan sus vidas por el bienestar de los ciudadanos.
Fuga de alias Pichi: El narcotraficante que
desafía a la justicia
Óscar Camargo Ríos, conocido como
alias Pichi, un reconocido narcotraficante de Bucaramanga, se ha fugado de su
residencia en Medellín, donde estaba cumpliendo una condena por delitos
relacionados con el narcotráfico. Su escape se produce tras la revocación del
beneficio de casa por cárcel que le había sido otorgado, dejando a las
autoridades en la búsqueda urgente de su captura.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció a través de su cuenta
en X (anteriormente Twitter) que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad había decidido retirar a Pichi el beneficio que le permitía
cumplir su condena en casa. Según los informes, cuando el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) se presentó en su residencia el pasado
jueves, encontraron su brazalete electrónico, pero no a Pichi.
Alias Pichi es considerado uno de los capos más peligrosos en Santander, con un
historial delictivo que incluye tráfico de estupefacientes, concierto para
delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada. A pesar de su notoriedad,
había logrado que se le concediera el beneficio de casa por cárcel mientras
cumplía una condena de 90 meses en la cárcel La Paz de Itagüí, desde enero de
2021. Este beneficio fue otorgado en julio de 2024, tras una decisión de la Juez
de Ejecución de Penas de Medellín.
La situación se volvió aún más complicada a mediados de septiembre, cuando se
difundieron rumores erróneos de que Pichi había sido liberado por su supuesta
participación en la iniciativa de paz total del gobierno. Sin embargo, el
Ejecutivo aclaró que Pichi no ha sido designado como gestor de paz ni tiene
relación con los procesos de diálogo.
Las investigaciones han revelado que Pichi controlaba aproximadamente el 98% del
microtráfico en el norte de Bucaramanga, manejando operaciones criminales
valoradas en 14.000 millones de pesos anuales. Su influencia en el crimen
organizado es tan extensa que, a pesar de estar bajo vigilancia electrónica, ha
sido vinculado a varios homicidios en la región, relacionados con disputas por
el control del microtráfico.
Además, Pichi mantiene una feroz rivalidad con alias Poporro, líder de la banda
'Los del Sur', lo que ha intensificado la violencia en la región. La fuga de
Pichi representa un desafío significativo para las autoridades, que ahora se
enfrentan a la tarea de no solo recapturarlo, sino también de contener las
implicaciones que su regreso a las calles podría tener en la seguridad pública.
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