|
Rechazan propuesta de Petro sobre elección popular
de magistrados
El magistrado Hermes Lara, presidente de la Corporación de jueces y magistrados,
aseguró que el gremio rechaza la declaración del presidente Gustavo Petro sobre
la elección jueces y magistrados por votación popular, como se propuso en
México, porque sería un paso hacia el absolutismo y significaría un retroceso en
la historia.
“En esta, la separación de poderes es fundamental para garantizar la democracia,
proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento
de sus deberes y los del Estado. Esta estructura se compone por tres ramas del
poder público, legislativo, ejecutivo y judicial. Los contrapesos y los límites
de los poderes provienen de la necesidad de preservar la democracia y evitar el
abuso de autoridad, asegura además que ningún poder domine sobre los demás,
protegiendo la libertad y justicia para todos”, explicó Lara.
Por su parte, Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) indicó que lo
propuesto por Petro “es un peligro para la independencia judicial”.
A través de una misiva, la Corporación argumentó que la elección de jueces por
voto popular distraería a estos de su verdadero propósito: administrar justicia.
Además, los sometería a presiones indebidas y a actividades de carácter
electoral, desvirtuando así su labor esencial.
Además, señaló que la iniciativa representa una intromisión directa en las
funciones de la Rama Judicial, amenazando su autonomía constitucional y poniendo
en riesgo el equilibrio de poderes.
"Es tan ridícula como si se propusiera que se eligiera mediante voto popular a
ministros, a superintendentes, al director del Departamento Administrativo de la
Presidencia o a aquellas personas que el Presidente ha ternado en sus cargos, lo
que iría en desmedro de la función de coordinación de tareas por parte de la
Rama Ejecutiva", dijo Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la
Corporación.
Cabe señalar que el mandatario de los colombianos se refirió sobre la reforma
judicial en México que permite la elección de jueces por voto popular, un modelo
impulsado por Andrés Manuel López Obrador.
“No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. América Latina está
viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental, que los deseos de cambio
del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir
con la vida. Las instituciones no son estáticas”, expresó.
Excluir interceptaciones del proceso
contra Álvaro Uribe pide Procuraduría
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación solicitó la exclusión de 28
interceptaciones telefónicas en el caso que se lleva
contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando que estas son ilegales
por violar las comunicaciones entre abogado y cliente.
Las interceptaciones en cuestión involucran charlas entre Álvaro Uribe y su
abogado, Diego Cadena. Según la Procuraduría, el contenido de estas
conversaciones evidencia una relación profesional que es esencial para la
defensa del acusado. Esto implica que las comunicaciones eran parte integral de
actividades jurídicas y, por lo tanto, están protegidas por el secreto
profesional, tal como lo establece el artículo 74 de la Constitución colombiana.
“No es sencillo establecer de tajo la solución al problema jurídico que surge
sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas a Diego Cadena y Álvaro
Uribe Vélez”, detalló Bladimir Cuadro, delegado de la Procuraduría.
El procurador enfatizó que Diego Cadena representaba jurídicamente al
exmandatario, por lo que se deben respetar los derechos a la intimidad, a la
defensa, el secreto profesional y la inviolabilidad de las comunicaciones. “Es
necesario proteger las conversaciones con el abogado, pues son catalogadas
íntimas", indicó.
Por lo anterior, "el Ministerio Público solicita
|
|
la exclusión de las 28 grabaciones
magnetofónicas de interceptación de comunicaciones solicitadas como elementos
probatorios por la Fiscalía General de la Nación y que serian ingresadas a
través de la funcionaria adscrita a la entidad", manifestó el delegado de la
entidad.
Alcances de reforma sobre justicia penal dividen opiniones
En general fue recibido con buenos ojos el proyecto sobre justicia penal que
radicaron esta semana la ministra Ángela Buitrago, el presidente de la Corte
Suprema, Gerson Chaverra; y la fiscal General, Luz Camargo, según dijeron para
garantizar que sea más pronta y eficaz, y reducir la impunidad. Expertos
consultados coincidieron en que va en la dirección correcta, aunque
advirtieron que el Congreso debe examinar a fondo los beneficios por el
principio de oportunidad o preacuerdos para todos los delitos, y evitar que
favorezca por ejemplo a los abusadores de niños.
El articulado plantea elementos como la extinción de la acción penal por la
reparación integral a las víctimas. Al respecto, en el proyecto se establece que
“la acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción,
aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, reparación
integral, caducidad de la querella, desistimiento y en los demás casos
contemplados en la ley”.
También prevé la aplicación del principio de oportunidad por parte de la
Fiscalía desde el momento de la indagación. Así mismo, la posibilidad de que las
personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por
allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido
aprehendidos en flagrancia; y procedimiento de allanamientos y preacuerdos para
todos los delitos.
El exvicefiscal general y exdirector del Inpec, Jaime Camacho Flórez, dijo sobre
este proyecto que “en términos generales está muy bien orientado. En el año 2004
que se introdujo el proceso con tendencia acusatoria se esperaba que cerca del
80%- 90% de los casos terminaran anticipadamente, gracias a esos mecanismos que
piensan ahora potenciar, y eso no se logró porque poco a poco se fue desmontando
con toda clase de excepciones contra las medidas”.
Una de las críticas que ha recibido el proyecto recién fue radicado en el
Congreso y por algunos penalistas, es por la extinción de la acción penal por la
reparación integral a las víctimas, lo que generaría impunidad.
Al respecto, Camacho dijo que “supongo que el proyecto no va a ser general para
todos los delitos que se puedan negociar con reparaciones integrales, pero sí
hay una cantidad de delitos que podrían tener esa suerte y se puede ampliar, por
ejemplo, para todos los que son de patrimonio. Hay muchas posibilidades que si
admitirían esa medida, y no es renunciar a la justicia, es una justicia distinta
en favor de las víctimas”.
Por su parte, Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de la Corte Suprema de
Justicia, en la que fue presidente, dijo que “esto no es una reforma al sistema
de justicia, la reforma tan anhelada a la justicia, pues parece que el Gobierno
nunca la tuvo en su mente o nunca la preparó porque esa famosa comisión que
integró para elaborarla, pues todavía no ha dado resultados”.
Añadió que “esto es una reforma al Sistema Penal Acusatorio, interesante. La
ministra es penalista e introduce varias mejoras al sistema de investigación y
permite que se amplíe los beneficios a ciertos delitos, eso lo veo bien”.
El proyecto contempla el procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos
los delitos, lo cual a juicio de algunos permitiría recibir beneficios a los
abusadores de niños, que en la actualidad están restringidos.
Al respecto, el jurista Arrubla Paucar dijo que “sin duda, por eso estaba
autorizado para ciertos delitos y en ciertas circunstancias. Ahora se
generaliza, y no sé hasta dónde esto haya tenido o va a tener revisión del
Consejo de Política Criminal, porque lo que advierten es totalmente posible”.
En tanto que Hernando Herrera Mercado, director Ejecutivo de la Corporación
Excelencia en la Justicia, dijo que “ese proyecto nos merece toda la atención y
creemos que además está muy bien fundado, toda vez que cuenta con la opinión
calificada de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía y del Ministerio de
Justicia, entes encargados de administrar la justicia en lo que hace del Sistema
Penal Acusatorio y también en dictar la política del sector”.
Sobre los objetivos de la iniciativa, Herrera dijo que “pensamos que son
loables, están dirigidos a hacer más eficiente la gestión del Sistema Penal
Acusatorio, a generar menos congestión de ese Sistema y, por qué no decirlo, una
mayor efectividad promoviendo muchas más sentencias”.
|
|
Frente a algunas críticas que ha
recibido el proyecto porque, por ejemplo, algunos temen que beneficie a los
abusadores de niños, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la
Justicia señaló que “creo que hay materias eventualmente para revisar en el
trámite legislativo, pero lo que he visto de parte de esos tres entes es la
mejor posibilidad de concitar acuerdos con relación a ese proyecto. Entonces, si
ese llega a ser un punto que genere de alguna forma preocupación, no me cabe la
menor duda de que haya la posibilidad de revisarlo”.
Agregó que “más allá de ese punto, sí hay que reiterar la importancia que tiene
este ejercicio académico, que entre otras, también debo decir paso por el cedazo
de la comisión de reforma a la justicia y recibió su aval. Luego, me parece que
es muy pertinente estudiar a fondo esta iniciativa y en el trámite se pueden
superar algunas inquietudes que existan sobre el mismo”.
Críticas
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo sobre este proyecto que “la
justicia debe prevalecer sobre la impunidad. Es fundamental que los mecanismos
implementados por parte de la Fiscalía General de la Nación protejan
necesariamente los derechos de las víctimas”.
Liliana Camargo, directora de la fundación Siempre Nuestros Niños, dijo que “da
miedo ser niño en nuestro país. Si en este momento tenemos un incremento fatal
en el maltrato hacia nuestra infancia, ¿qué nos espera teniendo a los pedófilos
en las calles?”.
Hablan los autores del proyecto
El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, dijo frente a
las críticas iniciales que ha recibido este proyecto de justicia en lo penal que
“insistimos, los preacuerdos, los allanamientos, las negociaciones en el sistema
de tendencia adversarial regulado por la Ley 906 de 2004 no representan
impunidad, por el contrario, representan una justicia ágil, rápida y oportuna
con resultados que realmente restablezcan los derechos afectados con el delito”.
Agregó el Togado que “el objetivo de esta propuesta es reducir los altos índices
de impunidad que actualmente se presentan en materia penal y lograr que los
procesos penales que se radican tanto en la Fiscalía como en juzgados se
adelanten de manera célere”.
En tanto que la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, explicó que “no están
cambiando los subrogados y beneficios, ni tampoco las prohibiciones que tiene la
Ley 1098”.
Critican a Petro por no aceptar investigación a su campaña
La oposición política y representantes de otros sectores manifestaron su rechazo
a la postura del presidente Petro de no reconocer
la autoridad del Consejo Electoral en la investigación que le abrió a él y a su
campaña.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras señaló al mandatario de un “desprecio
por las Cortes y sus magistrados, también por los jueces y sus decisiones”.
Desde el Partido Conservador la presidenta del Directorio Nacional, la senadora
Nadia Blel, afirmó que el actuar del Gobierno es contradictorio al querer
“convocar un gran acuerdo nacional, mientras al mismo tiempo desacredita y
descalifica las actuaciones del CNE con ataques personales a sus magistrados”.
Blel también refirió las palabras de Petro respecto a un supuesto golpe de
Estado. “El verdadero golpe a nuestra democracia ocurre cuando no se respetan
las decisiones de nuestras instituciones”, dijo la Senadora.
Mientras que el expresidente Álvaro Uribe en X respondió a un trino del ministro
del Interior, Juan Cristo, luego de que este asegurara que “ningún presidente de
la República había sido investigado antes por ese organismo (CNE) siempre y
sencillamente porque es inconstitucional”.
Uribe dijo que “no se puede generalizar, el caso Odebrecht-Santos es el peor
ejemplo de impunidad y corrupción”.
Por su lado, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, dijo que
“una decisión del Consejo Nacional Electoral no puede ser vista como un golpe de
Estado. Las decisiones judiciales deben respetarse, nadie está pensando en
romper los principios democráticos”.
Desde Estados Unidos también hubo pronunciamiento sobre este acontecimiento. El
presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de ese país,
Michael McCaul, apoya la determinación del CNE de investigar al presidente
Gustavo Petro. El Republicano dijo a través de sus redes sociales que se
encuentra “profundamente preocupado por las acusaciones creíbles contra Gustavo
Petro y su campaña presidencial” y agregó que “La verdad debe salir a la luz por
integridad de nuestra relación bilateral”.
|
