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Prisión domiciliaria para 24 militares imputados
en la masacre de Alto Remanso
En un controvertido fallo judicial, la jueza Iris Tatiana Jiménez ha decidido
otorgar prisión domiciliaria a 24 militares imputados por su presunta
participación en la masacre de 11 personas en la vereda Alto Remanso, ubicada en
Putumayo. La decisión se produce tras una solicitud de los uniformados, quienes
previamente habían sido enviados a la cárcel el pasado 5 de agosto por otra
jueza.
Contexto de la masacre
La tragedia tuvo lugar el 28 de marzo de 2022, cuando una operación militar
interrumpió una fiesta comunitaria que se celebraba en la región. Según la
Fiscalía, el operativo, diseñado para capturar a dos líderes de una disidencia
de las FARC, resultó en la muerte de once personas, entre ellas un líder
indígena, un líder comunitario y una menor de edad. Además, cinco individuos
resultaron heridos, incluyendo a una mujer embarazada.
Los militares enfrentan cargos de homicidio contra persona protegida, tentativa
de homicidio y perfidia, que implica el uso de engaños en el contexto de un
enfrentamiento. La fiscalía sostiene que el Ejército disparó de forma
indiscriminada contra la población civil, violando derechos humanos y normas del
derecho internacional humanitario.
La decisión judicial
Durante la audiencia en la que se revisaron las medidas de aseguramiento, la
jueza Jiménez argumentó que la Fiscalía no proporcionó suficiente claridad sobre
el papel específico que desempeñaron los militares en la operación. Este
aspecto, según la jueza, justificaba una medida menos severa que la privación de
libertad en una cárcel.
El fiscal Luis Alfonso Cabeza, quien presentó las pruebas y testimonios de la
comunidad, reiteró que existían elementos suficientes para mantener a los 24
militares en prisión preventiva. La decisión de la jueza ha generado una ola de
críticas, especialmente entre las víctimas y sus familias, quienes temen por su
seguridad, ya que han denunciado amenazas desde que se iniciaron las
investigaciones.
La respuesta del ejército
El Ejército Nacional ha defendido la operación, alegando que tenía como objetivo
neutralizar a miembros de grupos armados ilegales en la región. Sin embargo, las
evidencias recopiladas por la Fiscalía, incluyendo informes de inteligencia y
testimonios de la comunidad, indican que los líderes de las disidencias no se
encontraban en la zona al momento de la masacre.
Una investigación periodística realizada por un medios nacionales en 2022 reveló
que, tras el operativo, se intentó camuflar a las víctimas como integrantes de
las disidencias, pero la comunidad se opuso a esta versión oficial. Esta
denuncia subrayó la complejidad del caso y llevó a la Fiscalía a abrir sus
propias pesquisas sobre los eventos en Alto Remanso.
Implicaciones de la decisión
La decisión de otorgar prisión domiciliaria a los 24 militares ha suscitado un
debate amplio sobre la justicia en Colombia, especialmente en el contexto de las
violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado. La falta
de consecuencias penales para los militares ha llevado a una creciente
desconfianza en las instituciones judiciales, particularmente entre las
comunidades afectadas por la violencia.
El fiscal Cabeza argumentó que las pruebas indican que la operación fue
meticulosamente planificada y que los responsables debían haber tenido
conocimiento de la presencia de civiles en el área. A pesar de esto, la jueza
Jiménez ha decidido que la falta de especificidad en la
imputación justifica un tratamiento menos severo.
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Captura del ‘Narco invisible’ en Acandí: La doble
vida de un empresario del narcotráfico
La reciente captura de Alfonso Meléndez Ballesteros, conocido como el ‘narco
invisible’, ha revelado una intrigante doble vida marcada por el narcotráfico y
la apariencia de un exitoso empresario en Acandí, Chocó. Mientras era solicitado
por la Corte Distrital Este de Texas por delitos de narcotráfico y concierto
para delinquir, Meléndez utilizaba sus redes sociales para proyectar una imagen
de prosperidad en el negocio ganadero, compartiendo fotos de su finca y
reflexiones sobre la vida.
El 24 de diciembre de 2019, publicó un mensaje en Facebook en el que pedía
disculpas a quienes había ofendido, abogando por un cambio personal y la
misericordia. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaba una organización
criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas. Con más de 2000 cabezas de
ganado y un interés creciente en la genética bovina, Meléndez había logrado
establecerse como un empresario respetado en su comunidad, aunque sus
actividades ilícitas lo desmentían.
Las investigaciones de la Dijín revelaron que su red operaba lanchas tipo "Go
Fast" para transportar clorhidrato de cocaína desde las costas del Urabá hacia
Centroamérica, con un destino final en Estados Unidos. Además, mantenía vínculos
con el Grupo Armado Organizado Efrén Vargas Gutiérrez, perteneciente a las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo que subraya la complejidad de su
organización delictiva.
Meléndez fue arrestado a finales de la semana pasada en una lujosa casa en
Acandí, y se espera que sea trasladado a Bogotá en las próximas horas. Ya
enfrenta un proceso en la Rama Judicial desde junio de 2023 por delitos
relacionados con la integridad personal. El coronel Edwin Masleider Urrego
Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol, confirmó que el
capturado será extraditado a Estados Unidos para responder por los cargos que
enfrenta en el extranjero.
La historia del ‘narco invisible’ pone de relieve la forma en que algunos
delincuentes logran ocultar sus actividades delictivas tras la fachada de
negocios legítimos. Este caso resalta la necesidad de intensificar las
investigaciones contra organizaciones criminales en Colombia, un país que sigue
enfrentando retos significativos en la lucha contra el narcotráfico y sus
múltiples ramificaciones.
Corte Suprema autoriza extradición de
integrante del ELN a EE.UU. por narcoterrorismo
La Corte Suprema de Colombia ha autorizado la extradición de Adrián Alberto Cano
Gómez, conocido como alias ‘Andrea’, a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de
narcoterrorismo y concierto internacional para distribuir cocaína. La solicitud
de extradición fue presentada por el gobierno estadounidense el 17 de mayo de
2023, tras la captura de Cano en Pereira.
Según las autoridades, Cano desempeñaba un papel crucial en la recolección de
pasta base de coca (PBC) y en la coordinación de la venta de droga para el
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, se le atribuye la administración
del dinero proveniente de las transacciones ilícitas. Su detención se produjo
después de una operación encubierta del FBI, que se había infiltrado en la
organización delictiva.
Los agentes del FBI lograron negociar la compra de 15 kilogramos de cocaína, así
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como de diez uniformes militares, a
un costo de aproximadamente 53 millones de pesos colombianos (cerca de 13,846
dólares). La transacción se llevó a cabo mediante mensajes de texto y fue
registrada con grabaciones encubiertas, que resultaron esenciales para el caso.
Durante la compra, Cano llevó a los agentes hasta un cobertizo donde se
encontraba la droga.
La actividad criminal de Cano se remontaba al 12 de noviembre de 2021, cuando el
FBI, en coordinación con el Ejército y el CTI, llevó a cabo la operación que
terminó en su captura. En ese momento, Cano ya era conocido por su
involucramiento en la elaboración y tráfico de cocaína para el Frente de Guerra
Occidental del ELN, que opera en el departamento de Chocó.
La Corte Suprema, al revisar el caso, concluyó que se cumplían todas las
exigencias constitucionales y legales para llevar a cabo la extradición. Este
fallo refuerza el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y
las organizaciones terroristas, facilitando la colaboración con Estados Unidos
en el combate al crimen transnacional.
Disidencias usan muñecos cargados de explosivos como nuevos señuelos en El
Plateado, Cauca
Desde el 15 de octubre, el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, ha
sido escenario de intensas operaciones militares, que han devuelto el control
del territorio al Estado tras más de seis años bajo el dominio del Estado Mayor
Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco. Sin embargo, las disidencias
han adoptado tácticas novedosas y peligrosas, utilizando muñecos cargados de
explosivos como señuelos para atraer a las tropas del Ejército.
El general Erik Rodríguez, al frente del Comando Conjunto del Ejército en Cauca,
informó que las Fuerzas Militares están operando no solo en el casco urbano,
sino también en las áreas circundantes, llevando a cabo acciones en profundidad.
Esta ocupación ha resultado en combates constantes entre las tropas y los grupos
armados, con múltiples soldados heridos por minas antipersona y la captura de
varios líderes disidentes. Las autoridades también han denunciado violaciones al
Derecho Internacional Humanitario, incluida la utilización de menores para
transportar explosivos.
“Las disidencias han comenzado a colocar señuelos con explosivos para que las
tropas se acerquen a ellos y, al llegar, detonen los artefactos. Estos
dispositivos están estratégicamente ubicados en antiguos fortines que solían
usar para lanzar ataques con drones”, explicó un portavoz del Ejército. En una
reciente operación, las fuerzas militares destruyeron uno de estos muñecos, que
había sido diseñado de manera sofisticada, con casco y chaleco, pero también con
explosivos.
Además de combatir la presencia disidente, las tropas han estado retirando
vallas que promovían la propaganda de las disidencias, las cuales servían para
movilizar armamento y ejercer control sobre la población local.
El 16 de octubre, el presidente Gustavo Petro convocó a un gabinete en el
coliseo de El Plateado, donde se discutieron acuerdos y promesas para mejorar la
seguridad en la región, especialmente en el contexto de las amenazas de Iván
Mordisco relacionadas con la COP 16 programada para el 21 de octubre en Cali. La
visita del mandatario se propuso como una muestra de que la presencia del Estado
no se limitaría al uso de la fuerza, sino que incluiría un enfoque en el
bienestar social.
Sin embargo, la llegada del Ejército ha generado inquietud entre los habitantes,
algunos de los cuales han solicitado el retiro de las tropas. La Defensoría del
Pueblo ha reportado desplazamientos por temor a represalias de los grupos
armados. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció esta preocupación,
pero expresó su esperanza en que los programas sociales que se implementen
ayuden a mejorar la calidad de vida de la comunidad afectada.
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