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Orden en finanzas públicas, llamado del Contralor
al Gobierno
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un
enfático llamado sobre la importancia de una planificación rigurosa en la
elaboración del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025 y reiteró
su preocupación por la desfinanciación de $12 billones que tiene, instando al
Gobierno a proporcionar información clara sobre cómo se cubrirán estos recursos.
Al tiempo, consideró que la reforma tributaria es un instrumento crucial para
fortalecer las finanzas públicas del país, pero es importante que cualquier
modificación al sistema tributario tenga en cuenta el equilibrio fiscal, la
sostenibilidad económica y la eficiencia en la asignación de recursos,
garantizando al mismo tiempo una justa distribución de la carga impositiva entre
los diferentes sectores de la población.
“Es esencial que esta ley de financiamiento respete el principio de
progresividad y no ponga en riesgo la recuperación económica, que es clave para
el adecuado desempeño de las finanzas públicas”, indicó. Recordó que en los
últimos 20 años se han aprobado 12 reformas al estatuto tributario que no han
logrado cerrar las brechas de financiamiento del Estado, debido a que se han
centrado en soluciones fiscalistas de corto plazo, cuyos efectos en el aumento
del recaudo suelen agotarse en uno o dos años.
El jefe del organismo de control de las finanzas públicas habló ante la Comisión
Legal de Cuentas del Congreso de la República, al presentar los informes de ley
correspondientes a las Auditorías al Balance General de la Nación y de la
Hacienda Pública, la Cuenta General del Presupuesto, y la Situación de la Deuda
Pública, de la Vigencia 2023.
Manejo presupuestal
En relación con el Presupuesto General de la Nación y del Tesoro, la Contraloría
General de la República emitió una Opinión No Razonable para la vigencia 2023.
“Quiero destacar que, aunque en 2023 se generaron $17 billones adicionales para
financiar el presupuesto, se registraron pérdidas de apropiación por el mismo
monto. Por ello, hago un llamado a mejorar la eficiencia del gasto público para
evitar que se implementen reformas tributarias que recauden recursos, que al
final no se utilizarán de manera efectiva”, insistió al respecto el Contralor
General.
Una de las recomendaciones que hace la Contraloría General en dicho informe es
que algunas entidades como, por ejemplo, la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), adopten medidas urgentes para corregir deficiencias en su
gestión presupuestal.
En la presentación del informe, la Contraloría General también hizo un llamado
de atención a la falta de ejecución de recursos por parte de algunas entidades,
“En un entorno caracterizado por la escasez de recursos y mientras las
necesidades básicas de grupos de población siguen sin solución, resulta
inadmisible que en las dos últimas vigencias no se ejecutaran más de $10
billones apropiados para gasto social, por razones asociadas a una deficiente
programación e ineficaz ejecución de los recursos”, afirmó el Contralor.
El Contralor General recomendó que en el tema presupuestal se reevalúe el uso de
las vigencias futuras que actualmente representan en promedio un 12% del
presupuesto total sin deuda, pero cuya ejecución solo ha alcanzado el 79%. “Es
necesario revisar su aplicación, para garantizar que se ejecuten de manera
eficaz y en los plazos previstos”, dijo.
Deuda pública genera presión considerable en el gasto público de las entidades
territoriales
Al presentar el Informe sobre la Situación de la Deuda Pública 2023, el
Contralor Rodríguez Becerra dijo que, aunque la deuda en sí no es negativa y
constituye una fuente crucial para la operación del Estado, preocupa el
endeudamiento territorial. Los departamentos acumulan una deuda total de $7,89
billones, de los cuales el 65.02% está concentrado en solo cuatro departamentos
que suman $5,13 billones. Antioquia lidera con $2,03 billones, seguida de
Cundinamarca con $1,35 billones, Atlántico con $1,01 billones, y Valle del Cauca
con $0,74 billones.
Asimismo, las ciudades capitales del país acumulan un endeudamiento total de
$17,20 billones, con una notable concentración en cuatro de ellas, que suman
$15,10 billones, representando el 88% del total. Bogotá lidera con $9,04
billones, seguida de Barranquilla con $3,01 billones, Medellín con $1,96
billones y Santiago de Cali con $1,10 billones.
“Hago un llamado a prestar especial atención a la vigilancia de estos niveles de
endeudamiento, para evitar que se conviertan en un factor de desestabilización
para las finanzas de estas entidades. Algunas de ellas están alcanzando niveles
de deuda preocupantes, lo que puede representar un riesgo significativo para
mantener unas finanzas sanas y sostenibles”, subrayó el Contralor General de la
República.
Radican proyecto para articular
Jurisdicción Especial Indígena y Ordinaria
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y la presidenta del Consejo
Superior de la Judicatura Diana Remolina, radicaron ante el
Senado el Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción
Especial Indígena y Sistema de Justicia Nacional, el cual busca establecer
puentes y formas para promover diálogos interculturales de
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autoridad a autoridad con el
fin de que los conflictos no se profundicen y generen una colaboración armónica
que permita encontrar soluciones.
“Nosotros nos comprometimos con los pueblos indígenas de Colombia a construir
junto con ellos un proyecto de ley de coordinación entre el sistema judicial
nacional y la Jurisdicción Especial Indígena y lo logramos”, indicó Diana
Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
Durante el evento destacó la importancia de encontrar un "punto de inflexión"
que permita mejorar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el
sistema judicial general. La presidenta enfatizó que el proyecto ha sido
diseñado tras escuchar las voces de todos los involucrados, lo que asegura que
se reflejen tanto las inquietudes como las necesidades de las comunidades
indígenas y del sistema judicial.
"Seguiremos sumando voces en el trámite del proyecto, y al final estamos seguros
de que entre todos lograremos sacar esta iniciativa adelante”, puntuaizó
Remolina.
La Jurisdicción Especial Indígena es un componente esencial del sistema
judicial, diseñado para respetar y proteger los derechos y tradiciones de las
comunidades indígenas. Sin embargo, ha enfrentado desafíos en su integración con
el sistema judicial nacional. Este nuevo esfuerzo busca abordar esos desafíos
mediante una colaboración más estrecha y efectiva.
Con este proyecto de ley se determina los alcances interpretativos para orientar
la toma de decisiones en la práctica jurisdiccional y define los elementos para
determinar las competencias en casos de conflictos interjurisdiccionales.
Prorrogan por seis meses cese al fuego con disidencias de ‘Calarca’
Por seis meses más, el Gobierno decidió prorrogar el cese al fuego con
disidencias de las FARC o también conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al
mando de alias 'Calarca'.
La decisión del Gobierno quedó formalizada en el decreto 1210 del 15 de octubre,
conocido este miércoles, y cobija a las estaturas Jorge Suárez Briceño,
Comandante Gentil Duarte del Magdalena Medio y al frente Raúl Reyes.
La medida, según eldocumento firmado por el presidente Gustavo Petro Urrego y el
ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, rige desde las 00:00 horas de hoy 16
de octubre de 2024 y hasta las 00:00 horas del 15 de abril de 2025.
"Prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población
civil, entre el Gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de los
Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez
Briceño y frente Raúl Reyes FARC - EP a partir de las 00:00 hora del día 16 de
octubre de 2024 y hasta las 24:00 horas del 15 de abril de 2025. En
consecuencia, ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y
operaciones especiales de Policía Nacional, a partir de las 00:00 del día 16 de
octubre de 2024 hasta las 24:00 horas del día 15 de abril de 2025, en contra de
los integrantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio comandante
Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes FARC - EP,
que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos
para la ejecución del acuerdo de cese al fuego y los protocolos correspondientes
De acuerdo con el decreto, "las partes se comprometen a cumplir el protocolo de
reglas y compromisos suscritos por ellas. Los acuerdos y protocolos firmados y
los que se suscriban en la mesa de diálogos de paz, referidos al cese al fuego,
son de obligatorio cumplimiento".
En ese sentido, el Gobierno también aclara que los "nuevos objetivos del cese al
fuego, dirigidos al fortalecimiento del proceso de paz, la protección de la
población civil, la profundización de las transformaciones territoriales y el
reemplazo de las economías ilícitas".
Finalmente, sostienen que "la suspensión de las operaciones militares ofensivas
y las operaciones especiales de la Policía se realizará sin perjuicio del
cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza
Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden
constitucional y legal".
Disidencias de las disidencias
El EMC está bajo el mando de alias Iván Mordisco, un poderoso cabecilla que
dialogó en un principio con el gobierno pero luego abandonó los intentos de
firmar la paz.
En abril, Mordisco se levantó de la mesa de negociaciones con los delegados del
presidente izquierdista Gustavo Petro y su guerrilla se dividió en dos.
Los que siguen negociando -unos 1.500 según cálculos de la ONG Indepaz- son
quienes continuarán en tregua. Esos rebeldes iniciaron un nuevo ciclo de
negociaciones con el gobierno en el centro histórico de Bogotá,
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en presencia de los comandantes conocidos con los alias "Calarcá"
y "Andrey Avendaño".
Mordisco, en cambio, arrecia una guerra desde el departamento del Cauca, su
bastión en el suroeste del país.
Este martes, Velásquez anunció que se reactivará la ofensiva militar contra sus
hombres en toda Colombia.
"Vamos a neutralizar a todos aquellos individuos que no se acojan al proceso de
paz", advirtió el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco
Cubides. Para identificar en qué zonas opera cada facción, el gobierno hará una
"georeferenciación", agregó el ministro.
El EMC y su
incisión son dos de las cuatro guerrillas que enfrenta Colombia.
Actualmente rige un cese al fuego hasta agosto con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), pero el gobierno advirtió recientemente que la guerrilla más
longeva del continente no ha respondido si desea ampliarlo.
En junio, la Segunda Marquetalia, cuyo jefe es el ex número dos de las FARC,
Iván Márquez, inició los diálogos de paz con Petro en Venezuela y anunció un
cese al fuego "unilateral", sin dar más detalles.
Comunidades indígenas: Nuevos guardianes
del medio ambiente
El presidente Gustavo Petro firmó ayer un decreto que otorga a las comunidades
indígenas la misma autoridad ambiental a la que ejercen las Corporaciones
Autónomas Ambientales en sus territorios con el fin de proteger los ecosistemas
y con ello, tener una mayor transformación ambiental en Colombia.
Durante un evento realizado en la Casa de Nariño y acompañado de varios líderes
de indígenas, Petro justificó la norma al afirmar que “en su mayoría inmensa,
las CAR no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo
contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha
entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”.
Además, otra de las justificaciones que presenta la Presidencia para la firma de
este mandato es que las comunidades contribuyan con sus conocimientos a otras
entidades para construir mecanismos que protejan a la naturaleza del país. Esta
firma se presenta a menos de una semana de la inauguración oficial de la COP16
por la Biodiversidad que se desarrollará en Cali desde el 21 de octubre y donde
precisamente las comunidades indígenas tendrán un importante rol en su
respectiva ponencia.
Asimismo, Petro también afirmó durante la celebración de esta norma “provocará
una gran discusión, hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos”,
aludiendo a las críticas que iniciarán desde la oposición por otorgar esta nueva
autoridad a las comunidades indígenas.
Finalmente, el mandatario también hizo la reflexión sobre el hecho de que
“fueron las comunidades indígenas de todos los continentes, y muy especialmente
las comunidades indígenas de las Américas, por su adoración a la Madre Tierra,
la que permitía el equilibrio para existir”.
Hasta la fecha, las CAR se encargan de ejecutar las políticas del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; desarrollar la participación comunitaria en
programas de protección y manejo de los recursos renovables; participar en
procesos de planeación y ordenamiento territorial; otorgar concesiones, permisos
y licencias para el aprovechamiento y movilización de recursos naturales, entre
otros.
Amazónicos juegan un rol clave durante la COP16
Indígenas de la Amazonía colombiana serán partícipes importantes para Colombia
durante la Cumbre de las Partes a desarrollarse en Cali. Representantes de estas
comunidades han afirmado que su presencia en este evento será para compartir sus
experiencias ancestrales sobre el cuidado ambiental y la conservación a través
del relacionamiento hermanado de las distintas comunidades.
“Para nosotros la conservación es también renovación de la especie, en donde lo
más importante es que no desaparezca”, afirmó a medios de comunicación la
Coordinadora general de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Y es que justamente el eje en mención es uno de los claves que presentará tanto
la representación desde la Amazonía, como la representación de Bogotá y
propiamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo encabezado por la ministra
Susana Muhamad.
Estos pueblos han tenido un importante proceso de participación durante la
construcción de la agenda de Colombia para la COP16, marcando la hoja de ruta en
por lo menos seis metas claves para el Plan de Acción de la Biodiversidad,
sosteniendo incluso reuniones con agentes del ministerio para aportar sus
argumentos sobre cómo renovar y conservar la biodiversidad en la Selva.
Dentro de la Cumbre también se han de aspectos claves dentro de la Selva con los
países ponentes, enfocados especialmente en la proliferación de minería ilegal,
la tala de árboles, la sequía que afronta la región y las estrategias en que los
miembros participantes de la Cumbre pueden aportar para frenar esta problemática
que se presenta especialmente en Brasil, pero que también atañe a los gobiernos
de Colombia y Perú.
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