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Reforma a la salud no atiende problemas
estructurales del sector: Andi
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su preocupación
ante la nueva reforma a la salud, que fue radicado recientemente en el Congreso.
Afirmando que el proyecto no aborda los problemas estructurales del sector y
podría poner en riesgo el derecho y la estabilidad financiera del sistema.
"La reforma, como está planteada, no atiende los graves problemas de la
coyuntura del sistema de salud y pone en riesgo la protección individual al
derecho a la salud y la protección al bolsillo de los hogares colombianos, la
integralidad de la atención y la sostenibilidad financiera del sistema", afirmó
en un comunicado.
Una de las principales inquietudes de la Andi es la falta de soluciones claras
para el financiamiento del sistema. El gremio señaló que el proyecto introduce
nuevos gastos sin ofrecer fuentes adicionales de recursos. "El texto no aborda
eficazmente los problemas estructurales del financiamiento del sistema de salud.
De hecho, no presenta fuentes nuevas de financiación, pero sí fragmenta el
financiamiento en subcuentas dentro de la Adres", advirtió la Andi.
Además, el gremio expresó su preocupación por la transición hacia un nuevo
modelo de salud que reemplazaría el sistema actual sin garantías claras de
continuidad en los niveles de atención. "La propuesta de reforma a la salud en
Colombia implica una sustitución total del sistema actual por uno nuevo, con una
reestructuración institucional, de procesos y financiera. Sin embargo, no se
garantiza que el nuevo sistema mantenga los niveles de protección del derecho a
la salud vigentes, lo que genera preocupación, especialmente por la falta de
claridad en la transición", indicó la Andi.
Otro punto crítico es la fragmentación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),
que según el gremio podría afectar la atención a enfermedades crónicas. "El
proyecto fragmenta la UPC por niveles de complejidad, ignorando tecnologías
esenciales para enfermedades crónicas, lo cual es preocupante dada la transición
epidemiológica que enfrenta el país", señaló la asociación.
En cuanto a la viabilidad fiscal de la reforma, la Andi destacó que el proyecto
podría agravar la ya delicada situación financiera del país. "El proyecto de Ley
pone en aprietos la delicada situación fiscal del país. En efecto, el Ministerio
de Hacienda no ha avalado la reforma en la medida en que condiciona su
compatibilidad con lo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo", expresó
el gremio.
Finalmente, la Andi criticó la falta de consensos en las mesas técnicas previas
a la radicación del proyecto. "La convocatoria y la metodología para dicha mesa
técnica no permitió el trabajo conjunto de la redacción de un nuevo texto, ni
tampoco se concentró en la búsqueda de consensos", concluyó el comunicado. Ante
estas preocupaciones, el gremio hace un llamado al Gobierno para que se revise
de manera exhaustiva la propuesta y se prioricen los problemas estructurales del
sistema antes de implementar un nuevo modelo que podría traer mayores
complicaciones.
Presidente Petro acusa a magistrados del CNE de
prevaricato
Al insistir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no
tiene competencia para investigar su campaña, el presidente Gustavo Petro volvió
a arremeter contra los magistrados del tribunal electoral, acusándolos de
prevaricato por acción con dolo.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produce luego de que se conociera este
viernes la resolución con la que el CNE abrió investigación y formuló pliego de
cargos contra la campaña Petro Presidente en 2022 por presuntas irregularidades
en su financiación.
"El documento al expresar, con firma de funcionarios, que se ha investigado al
presidente de la república, rompe por completo el Estado de Derecho, la
Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad, por la ruptura
fragrante de la Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa
convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir", expresó el
primer mandatario en su cuenta de X.
Asimismo, agregó que "los funcionarios firmantes están incursos en el delito de
prevaricato por acción con dolo. El pueblo colombiano
queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de
estado".
La resolución está firmada por los magistrados César Lorduy, Crisian Quiroz,
Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada.
Como se sabe, el pasado 8 de octubre el Consejo Nacional Electoral decidió abrir
investigación a la campaña presidencial del
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2022 del hoy jefe de Estado y
formular cargos a el mandatario y varios directivos de la misma, porque se
habrían superado en $5.355.748.115 los topes de gastos establecidos.
Petro ha insistido desde que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada
presentaron en mayo pasado a la Sala Plena una ponencia pidiendo investigar esa
campaña y proferir cargos al presidente por violación de topes de gastos, que el
CNE no tiene competencia para ello porque es el Congreso el que le corresponde
por el fuero de su cargo, por intermedio de la Comisión de Acusación de la
Cámara.
La Sala Plena decidió por mayoría de 7 votos acoger la ponencia de los
magistrados Ortiz y Prada. Salvaron el voto las magistradas Alba Velásquez y
Fabiola Márquez, quienes fueron elegidas por el Congreso a este organismo en la
plancha del Pacto Histórico.
El organismo determinó “abrir investigación y formular cargos a la campaña
presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico,
representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato;
Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydeé Mogollón Alfonso, tesorera;
María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; al Movimiento
Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica (UP), por la
presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.
La ponencia indica que en las cuentas que entregó la campaña al CNE se omitió un
aporte del sindicato Fecode por $500 millones; un préstamo del Polo por $500
millones; así como el pago a testigos electorales por $931.290.000.
Tampoco según el CNE se reportaron gastos por propaganda por $356.102.872; pagos
efectuados desde la campaña al Senado del Pacto Histórico por $202.471.731; así
como ingresos y gastos por transporte aéreo por $1.249.793.230; igualmente el
aporte del sindicato USO por $121.544.000
También se formulan cargos al presidente y directivos de la campaña por presunta
financiación prohibida, al recibir aportes de las personas jurídicas Fecode y
USO.
En cuanto a la segunda vuelta, según el CNE se omitió el reporte de gastos por
el evento realizado en el Movistar Arena por $100.000.000 para celebrar el
triunfo de Petro; así como el pago a testigos electorales por $177.680.000.
Cerca de 20 testigos pide defensa de
Uribe en el juicio
Siguio la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe por los
delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, la que fue
suspendida el pasado miércoles después de que el Tribunal Superior de Bogotá
falló a favor del exmandatario una tutela pidiendo amparar el derecho al debido
proceso.
El Tribunal que ordenó dar más tiempo a la defensa para presentar unos archivos
que no habría considerado la Fiscalía, del celular y el computador de Juan
Monsalve, el exparamilitar en la cárcel que es el principal testigo contra el
exjefe de Estado.
El abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe Vélez, dijo en la audiencia
de ayer que borraron 102.000 archivos del computador y el celular de Monsalve.
Aseguró que el trabajo que están haciendo unos peritos que contrataron es
precisamente establecer qué fue eliminado de estos equipos, en donde habría
información clave que comprobaría que el exjefe de Estado no instruyó a su
entonces abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios y prebendas a esta
persona, así como el también exparamilitar en prisión Carlos Vélez, para cambiar
la declaración que hicieron en la Corte Suprema, relacionando al expresidente
con grupos de autodefensa.
Granados dijo que “acerca del expediente 52240, que corresponde al origen del
proceso contra Álvaro Uribe, hay 42 cuadernos originales, 29 cuadernos anexos,
12 cuadernos reservados, un cuaderno de aparte civil, un cuaderno de beneficios
por colaboración, un cuaderno de recusación y una carpeta con medios digitales”
Indicó el letrado que “quedó acreditado para la defensa que no eran dos
documentos iguales. Hay diferencias sustanciales”.
El abogado Jaime Granados anunció también que entre las pruebas que solicitará
en esta etapa del proceso pedirá como testigos al exministro de Agricultura
Andrés Felipe Arias, el representante a la Cámara Hernán Darío Cadavid y el
abogado Diego Cadena.
También pedirá que declaren como
testigos Santiago Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella, Mario Uribe, Samuel
Sánchez Cañón, Ramón Quintero, Néstor Martínez, Juan Daza, Álvaro Prada, María
Daza, Enrique Pardo, Jaime Lombana, Juan Monsalve, Deyanira Gómez, Nilton
Córdoba, Fabio Valencia, Juan Sierra Ramírez, Rodrigo Lara Restrepo, Máximo
Cuesta Valencia, Juan Salazar, Eudice Cortés, Carlos Vélez, Harlington Mosquera
Hernández, Luis Ramos, Carlos Pérez y José Veloza García, alias ‘H.H’.
El abogado Jaime Granadas manifestó
que el expresidente Uribe también quiere declarar en el juicio, pero lo haría de
último.
“Relacionamos, por supuesto, en primer lugar y como es su derecho y así lo |
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ejercerá si así lo estiman conveniente en el desarrollo del juicio, y en
último lugar, el doctor Álvaro Uribe Vélez”, explicó Granados.
Alud de iniciativas del Gobierno que
benefician exclusivamente a los indígenas
En medio de algunas críticas avanza el Gobierno en la implementación de medidas
dirigidas a las comunidades indígenas, en ciertos casos materializando
disposiciones que así lo contemplan y en otros, cumpliendo promesas de campaña.
Como es el caso del Decreto 1275, que otorga competencias ambientales a las
autoridades de las etnias, lo que ha generado alarma en las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR), las entidades técnicas previstas en la Constitución.
Así mismo, esta semana la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, y la presidenta
del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, radicaron el proyecto de
ley de coordinación interjurisdiccional, iniciativa que establece por primera
vez los mecanismos y formas de armonización entre la Jurisdicción Especial
Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional.
Ya se han escuchado algunos temores por esta iniciativa, entre otros por la
necesidad de que satisfaga el derecho al debido proceso.
Igualmente, el Departamento Nacional de Planeación le hizo ajustes para que
cuente con un enfoque étnico a la Metodología General Ajustada (MGA), que es un
modelo desarrollado por esta entidad para la formulación y estructuración de
proyectos de inversión pública.
Se busca con esta medida que los pueblos indígenas puedan acceder de forma
expedita y formular proyectos con recursos de regalías.
Con esto se da aplicación al artículo 80 de la Ley 2056 de 2020, para incluir en
la formulación de proyectos de inversión presentados por los pueblos y
comunidades indígenas el enfoque diferencial étnico.
Además, en agosto pasado el Ejecutivo expidió un decreto en que se reconoce a
las autoridades territoriales económico ambientales (Atea).
Se busca "reconocer el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental
(ATEA) como un instrumento de derecho propio de las autoridades tradicionales de
los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)",
señala dicho acto administrativo.
Agrega que también se reconoce las competencias de sus autoridades y establece
los “mecanismos de coordinación y operativización entre éstas y las entidades
públicas competentes, en armonía con la política indígena integral de la
autoridad territorial económica y ambiental, así como de la Constitución, el
bloque de constitucionalidad, la ley y demás instrumentos normativos que
protegen los derechos territoriales, económicos y ambientales de los pueblos
indígenas".
Las críticas
Las facultades en materia ambiental que les dio el Gobierno a las autoridades
indígenas recibieron críticas de la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), que dijo que esta medida
lesiona la autonomía de estas entidades y genera un desbarajuste en el sistema.
“Desconociendo el resultado que por años las Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible han ejecutado, en términos de políticas, planes,
programas y proyectos en favor del ambiente y los recursos naturales renovables,
y sin contar con la participación de las CAR, teniendo en cuenta su especialidad
y experticia en el sector ambiental, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 1275
que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas”, manifestó
Asocars.
Agregó que con estas medidas “nos veremos avocados a la atomización en el
ejercicio de autoridad ambiental regional; y en una complejidad enorme en la
toma de decisiones; conflictos de competencias e inseguridad jurídica en
términos ambientales”.
Asocars y las CAR del país manifestaron su rechazo, “toda vez que dichos
decretos, no aportan a la solución de la situación ambiental regional, antes
entorpece y genera conflictos regionales y afecta la gestión de las autoridades
ambientales”.
En similar sentido esta Asociación hizo referencia al reconocimiento que hizo el
Gobierno a las autoridades indígenas de la ATEA, que como se dijo fue por un
decreto expedido en agosto pasado.
“Es evidente que tanto el Decreto Ley 1275 de 2024 como el 1094 de 2024 (ATEA)
lesionan de forma severa la autonomía y competencias de las 33 corporaciones del
país. Ambos, afectan los principios de coordinación y participación de las
instituciones que hacen parte del SINA y transgreden la competencia que reside
en el Congreso de la República, pues el Gobierno no puede atribuirse funciones
que son propias del Congreso, ni tampoco puede modificar y/o asignar funciones a
actores distintos de las señaladas en la Ley 99 de 1993, lo que supone una
modificación tácita de la citada ley”, dijo Asocars.
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