¿Libertad y Orden para quién?

En Colombia, los ideales que han intentado cimentar nuestra nacionalidad se encuentran desmoronados por la realidad de un país que parece ir en contravía de sus propios valores fundacionales. Los conceptos de libertad y orden, tan ensalzados en discursos políticos y constitucionales, han sido utilizados como armas para oprimir y perpetuar el caos. En lugar de ser motores de progreso, se han convertido en excusas para mantener un sistema desigual y deshumanizante.

El eslogan de "libertad y orden" en Colombia ha sido distorsionado. Se ha transformado en una libertad para algunos pocos: libertad para explotar, oprimir y controlar. El orden, por su parte, se ha convertido en un mecanismo de imposición autoritaria, donde las leyes no protegen ni equilibran, sino que se utilizan como herramientas de control en favor de quienes ostentan el poder. Esta paradoja se refleja claramente en la situación económica del país, donde la dependencia de una deuda externa masiva, que representa más del 50% del PIB, impide cualquier noción real de independencia.

¿Independencia? ¿De quién? Colombia sigue siendo tributaria de organismos internacionales y de las fuerzas económicas globales, lo que limita su capacidad de decisión soberana. La deuda externa asfixia el crecimiento económico, impidiendo que se destinen recursos suficientes a áreas clave como la inversión social o la infraestructura. Y mientras tanto, en nuestro territorio, el uso de las armas no es exclusivo de las fuerzas del Estado. Grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y hasta empresarios privados han hecho del uso de la violencia una herramienta para proteger sus propios intereses.

El ideal de que las leyes nos han traído la paz también parece una falacia. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino también la presencia de justicia, reconciliación y respeto por la dignidad humana. Sin embargo, las leyes en Colombia, lejos de promover este tipo de paz, complican la vida diaria y obstaculizan el acceso a la justicia social y ambiental que tanto necesita la sociedad. Los conflictos armados han disminuido en intensidad, pero las tensiones sociales y la inequidad persisten.

El verdadero poder, el que reside en el pueblo constituyente, debe enfocarse en simplificar las relaciones sociales y productivas, en promover una cultura de respeto y tolerancia. En un país donde la política se ha vuelto un juego de egos y divisiones, es fundamental recordar que la justicia no es lo mismo que la ley. La justicia es un principio que va más allá de las normas escritas; es dar a cada uno lo que le corresponde, es la virtud de respetar la dignidad humana.

Finalmente, resulta sumamente importante hacer un recordatorio a todos aquellos que ocupan posiciones de poder en las instituciones colombianas: su deber es obedecer al pueblo. Los magistrados, los políticos y todos aquellos que ostentan el poder no son inamovibles.

Sociedades en extinción

Por: Zahur K. Zapata

zapatazahurk@gmail.com

Las sociedades son cuerpos orgánicos que existen igual que un organismo vital, que viven dependiendo el tratamiento que se den a sí mismas o a su condición genética.

Todo es circunstancial en razón de sí, pero en relación a una sociedad todo está relacionado a su manejo intrínseco, o la conducta de quienes están al frente de ellas.

Colombia es un territorio que podría decirse es el paraíso que todos buscaban en la antigüedad, y que hoy esta colonizado por barbaros invasores. Estos no entienden de nada, y se creen los dueños de todo, sin pensar cómo vivir a la altura de lo que hay, ni hacer daño a la misma naturaleza.

Colombia sigue siendo de colones mediocres que creen que quitándole al otro lo que tiene, envidiando la prosperidad del otro, no dejando por ultimo no dejando que los demás prosperen, van a logar alcanzar lo que nunca tuvieron.

Esa ignorancia y falta de razonabilidad mantiene al margen a todos y viviendo como miserables en medio de la riqueza. Esto deja muchas circunstancias indeseadas que hace que la gente huya de esos territorios en busca de mejores oportunidades. Y todo esto es dado por el mal manejo de quienes asumen las riendas de los Estados, elegidos por sociedades sin experiencia en la elección que terminan eligiendo a estos farsantes.

Estas situaciones de mal manejo de la cosa pública o el Estado son como una verruga que aparece en el cuerpo y poco a poco se va creciendo, y se convierte en un cáncer que tarde o temprano hace metástasis. Por eso se ha visto en Europa como han nacido y desaparecido países, y América Latina no ha estado exenta de ese síndrome social.

Colombia necesita sacudirse o tener buenos médicos que le diagnostiquen la enfermedad que tiene, la hospitalicen para hacerle el tratamiento que le impida una muerte segura, y que pueda restablecerse de la quimioterapia y demás tratamientos que le pongan.

Posiblemente esto que se está diciendo sea confuso para muchos por la inexperiencia en el manejo de la política o la economía de un país. Pero, aquellos que pasaron por las universidades más prestigiosas saben de qué se está hablando y que es lo que hay que hacer.

Colombia tiene gente muy preparada en todos los niveles que pueden administrar y dirigir el país. Pero para eso se necesita organización social y ganas de hacer las cosas bien. De lo contrario seguirán viviendo como criminales que son, tal cual el Estado colombiano los ha colocado. Porque él es el mayor creador del crimen organizado.

Cada ciudadano es un criminal, un estafador, un delincuente o un infractor bajo las leyes que existen en el país.

Porque nadie puede decir que no ha cometido ninguno de los delitos a los que el Estado los obliga a cumplir. Por ejemplo, el pago de impuestos o darle a alguien algo para que agilice o haga cualquier favor.

Ya es tiempo de visitar al doctor para que formule lo que hay que hacer, espero que sea solo un antiparasitario para tomar todos los colombianos.

PROHIBIR ATIZA ILEGALIDAD
Crónica #991

Por: Gustavo Alvarez Gardeazábal

Audio: https://www.spreaker.com/episode/prohibir-atiza-ilegalidad-cronica-de-991-gardeazabal--62472655

Prohibir ha sido un instrumento para gobernar y dizque poner orden. Lo heredamos los países estructurados por la Iglesia Católica como Colombia. Pero no han bastado 500 años de la conquista española de estos territorios para que seamos capaces de valorar que detrás de toda prohibición siempre ha llegado la ilegalidad.

Gobernantes de todas las épocas se han enfrentado a lo que pueden calificar como ilegal, así tal denominación resulte cuando no injusta por lo menos ilógica. El lio en que anda metida ahora la Corte Constitucional porque los tres grandes departamentos productores de licores prohibieron la venta del aguardiente Amarillo de Caldas, y decretaron su ilegalidad, hace parte de esa herencia.

Pero, por estos días, ha vuelto a repuntar la reacción que origina otra prohibición. Un paro de trabajadores del campo que los medios de comunicación presentan como paro campesino, ha terminado por dejar visible la unión que en el fondo tienen tanto los mineros artesanales, tildados y perseguidos por ilegales, pero tan campesinos como los trabajadores del agro a quienes les están aplicando la dureza de una ley que delimita las áreas de cultivo en busca de un presunto equilibrio de protección ambiental.

Hoy están paralizadas vías fundamentales como las que llevan a Medellín desde el occidente y las que permiten el tránsito en el oriente colombiano entre Bucaramanga y Cúcuta.

Quienes protestan de esa manera son gentes que no han vivido en las ciudades y no quieren irse de la tierra, la mina o el río donde siempre han trabajado, así lo prohíban los señoritos de los escritorios bogotanos para proteger la pureza del oro o de las aguas.

No ha habido forma en décadas que les den títulos mineros a esas gentes que braman desde la lejanía. Permisos y títulos son para los dueños de las grandes mineras que dizque pagan impuestos. Y las áreas delimitadas para salvar el agua de las ciudades lo que consiguen al final es que sigamos importando la comida y no consumamos las del campo.

El Porce, octubre 24 del 2024

 
Edgar Cabezas