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Tiempo acosa a reforma política y vía libre a
transfuguismo no arranca
Avanzó en la Comisión Primera de la Cámara esta semana el proyecto de reforma
política que presentó el Gobierno, que, aunque abreviada porque tiene nueve
artículos, hace ajustes clave. Sin embargo, algunos han manifestado el temor que
finalmente no sea aprobada, no solo por lo cauteloso que el Congreso se ha
mostrado siempre para hacer cambios en la normatividad, más si toca intereses de
los partidos y de congresistas; sino también porque por las elecciones del 2026
muchos no quieren modificar las reglas de juego.
Yann Basset, director del Observatorio Grupo de Estudio para la Democracia -
Demos, de la Universidad del Rosario, dijo que “desde 2015 no se ha aprobado una
reforma política importante en el país, y creo que el clima actual no se presta
nada para eso, no solamente porque estamos avanzados en el mandato y con las
elecciones que nos vienen encima, sino, además, por el clima un poco agresivo
que hay entre la oposición y el Gobierno”.
Agregó el politólogo que también esta reforma “ha sido interpretada por la
oposición como una forma para el Gobierno de ganar ventajas para sus aliados,
por ejemplo, para prolongar la personería jurídica de Comunes”.
Insistió en que “no hay un clima realmente propicio para aprobar una reforma
política en este momento. Tanto el Gobierno como la oposición desconfían uno del
otro, que reformar las reglas del juego en este momento me parece muy
improbable”.
Basset se refirió también a la modificación al texto que hizo la Comisión
Primera de la Cámara en el primer debate de la reforma en cuanto a la elección
de magistrados del Consejo Nacional Electoral. Definió que se introduce el
concurso de méritos, pero se mantiene que serán elegidos por el Congreso.
La iniciativa del Gobierno planteaba que para esta elección habría convocatoria
pública organizada por la Rama Judicial. De la lista de elegibles, la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema seleccionarían tres
aspirantes cada uno para un total de nueve.
Al respecto el académico dijo que “es bastante curioso que en el momento en que
el Consejo Nacional Electoral está en el ojo del huracán, el Congreso no haya
querido conservar ese aspecto de la nominación de los magistrados, eso es muy
difícil de entender. Los políticos finalmente en el Congreso no quieren tener
una autoridad con legitimidad e independencia para vigilarlos, eso es bastante
claro y es lamentable en este momento”.
Una lástima si no avanza
Por su parte, Alejandra Barrios, directora Ejecutiva de Misión de Observación
Electoral (MOE), dijo que “no sé si vaya a ser aprobada o no, en el Congreso de
la República y a medida que nos vamos acercando al inicio del proceso
preelectoral, las discusiones van más en el sentido de la conveniencia electoral
que en reorganizar nuestro sistema político”.
Destacó la experta que “esta reforma de verdad es todo un revolcón al sistema de
partidos, sería una lástima que por consideraciones
electorales no se diera una discusión seria”. Dijo que “el eje articulador de
esta reforma es un sistema de partidos y afiliados”, y para ello se hace una
diferenciación entre partido y movimiento político, también que deben tener
afiliados, adoptar unas reglas internas de democracia para la conformación de
las listas.
Barrios explicó que eso significa que tendrían además que sacar una ley
estatutaria “que hable de los derechos y las obligaciones de los afiliados,
porque son los afiliados quienes le dan la personería jurídica a los movimientos
políticos; y son los afiliados y el umbral lo que mantiene la personería
jurídica de los partidos”.
Agregó que sería necesaria también una ley “que indique cuáles son los
mecanismos internos de democracia que deben utilizar los partidos, que estos
pueden ir desde consultas populares” hasta convenciones. Destacó Barrios que con
ello tendría aplicabilidad las listas cerradas que propone esta reforma.
En cuanto a la financiación de las campañas, Barrios dijo que “la propuesta dice
100% estatal, es de los temas que está abierto para discusión, podríamos hablar
de preponderantemente estatal. Pero lo importante ya no termina siendo qué
porcentaje se financia, sino la posibilidad de tener unos partidos democráticos
que van a definir, no por bolígrafo ni por la plata, la conformación de las
listas, sino por procedimientos internos democráticos”.
En lo que corresponde a la modificación en la elección de los magistrados del
Consejo Electoral y ampliar el periodo de cuatro a seis años, la directora de la
MOE dijo que “nos gusta los periodos de 6 años, pero escalonados, es decir, que
no cambie todo el Consejo Electoral de una sino se puedan tener unos decanos que
se queden más tiempo para que pueda haber un conocimiento sobre las elecciones
en los procesos”.
Aspectos inconvenientes
El director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando
Herrera Mercado, dijo frente a la discusión de la reforma que “hay un trancón
legislativo producto de las múltiples iniciativas que el
Gobierno ha presentado” y “me parece que para el Gobierno va a ser un gran reto
lograr la aprobación de algunas iniciativas o de todas ellas”.
Agregó que también “en la medida que
el discurso del presidente se ha radicalizado y ha puesto de presente críticas
seguramente exacerbadas en contra de dirigentes
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políticos y partidos de oposición,
eso enrarece el ambiente para una aprobación en lo que hace a una reforma
política”.
Añadió Herrera que hay varios artículos de esta reforma inconvenientes, uno de
éstos el que permite a los actuales partidos con personería jurídica conservarla
sin importar los resultados en las elecciones de 2026. “Me referiría a la
mermelada proFarc. Las Farc fue beneficiada por el Acuerdo de Paz para sin
necesidad de ser elegidos tener unas curules”.
Sin embargo, dijo que con la reforma se rompe “una regla de juego del mismo
acuerdo dándole a los exintegrantes de las Farc una mermelada en pote familiar”.
En cuanto a los ajustes a la elección de magistrados del Consejo Electoral,
Herrera dijo que “este Gobierno no tiene ninguna legitimidad para hacerle
modificación a ese organismo por las investigaciones que cursan en contra de la
alta cúpula gubernamental por el eventual sobrepaso de topes electorales de la
campaña”.
Igualmente, Herrera se lamentó porque el articulado de este proyecto no se dio a
conocer a actores principales en el proceso electoral, como la Registraduría,
para conocer sus opiniones.
Consejo de Estado integró terna para
magistrado de la C. Constitucional
El Consejo de Estado integró una terna de candidatos para la próxima elección de
magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, quien reemplazará al actual
magistrado Antonio José Lizarazo.
La terna está compuesta por:
Claudia Dangond Gibsone: es una profesional destacada en múltiples disciplinas,
incluyendo la ciencia política, el periodismo, las relaciones internacionales y
las ciencias jurídicas. Su trayectoria se ha caracterizado por una formación
académica y una experiencia como consultora en políticas de desarrollo en
América Latina. Es abogada egresada de la Universidad Javeriana, donde también
obtuvo una maestría en relaciones internacionales. Complementó su formación con
un Master of Science en políticas de desarrollo en la Universidad de Londres. A
lo largo de su carrera, ha trabajado en el sector público tanto a nivel nacional
como internacional, liderando procesos interinstitucionales en el ámbito
educativo y formando alianzas estratégicas.
La terna está compuesta por:
Claudia Dangond Gibsone: es una profesional destacada en múltiples disciplinas,
incluyendo la ciencia política, el periodismo, las relaciones internacionales y
las ciencias jurídicas. Su trayectoria se ha caracterizado por una formación
académica y una experiencia como consultora en políticas de desarrollo en
América Latina. Es abogada egresada de la Universidad Javeriana, donde también
obtuvo una maestría en relaciones internacionales. Complementó su formación con
un Master of Science en políticas de desarrollo en la Universidad de Londres. A
lo largo de su carrera, ha trabajado en el sector público tanto a nivel nacional
como
internacional, liderando procesos
interinstitucionales en el ámbito educativo y formando alianzas estratégicas.
Más de 120 congresistas piden eliminar
artículo de reforma a la justicia
Más de 120 congresistas de diversas corrientes políticas presentaron una
proposición para eliminar el artículo 7 de la reforma a la justicia, que propone
rebajas de hasta el 50% en las penas por delitos graves cometidos contra menores
de edad.
La propuesta ha surgido en medio de un creciente debate sobre la necesidad de
garantizar una justicia efectiva y rápida para los delitos que atentan contra la
integridad de los niños. El artículo en cuestión, parte de un proyecto promovido
por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, ha
suscitado preocupación debido a sus posibles implicaciones en casos de
homicidio, secuestro y abuso sexual.
La congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y una de las principales
impulsoras de la iniciativa, expresó su descontento al afirmar: “No tiene ningún
tipo de sentido que se estén buscando beneficios de este tipo”. Su postura
refleja el consenso creciente entre los legisladores de que la justicia no debe
ceder ante la posibilidad de reducciones de pena en casos tan graves.
La discusión se intensificó tras la reciente tragedia del asesinato de la niña
Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca, un evento que ha puesto en el
centro de la atención pública la vulnerabilidad de los menores en el país. En
este contexto, Arbeláez hizo un llamado a toda la rama judicial para consensuar
medidas que permitan una justicia más especializada y eficaz, enfatizando que es
fundamental priorizar la protección de los menores.
Durante una audiencia pública
reciente, la fiscal general Luz Adriana Camargo defendió la necesidad de la
reforma
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y argumentó que “la víctima va a encontrar respuesta inmediata a su deseo
de verdad, justicia y reparación”, mientras que el presidente de la Corte
Suprema, Gerson Chaverra, insistió en que no se busca “darle más de lo que
corresponde a nadie” y que las rebajas planteadas son “moderadas” en un sistema
que tiene penas muy altas. Sin embargo, sus argumentos no han convencido a los
opositores, quienes continúan señalando que la reducción de penas en estos casos
podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad.
La reforma, que ya se encuentra en la agenda legislativa, será debatida en los
próximos días en la Comisión Primera del Senado, donde se evaluará si el
artículo 7 será modificado o eliminado. Los parlamentarios que apoyan la
eliminación del artículo advierten que, si se mantiene, intensificarán sus
esfuerzos para que sea descartado durante el proceso de votación.
El futuro de esta propuesta aún es incierto, pero la creciente presión de los
congresistas sugiere que el debate sobre la protección de los menores y la
efectividad del sistema judicial en Colombia está lejos de resolverse. La
sociedad observa atentamente cómo se desarrollarán las próximas discusiones en
el Congreso, con la esperanza de que se priorice la justicia y la seguridad de
los más vulnerables.
Mininterior respalda reforma al SGP a la
que minhacienda no le dio el aval
La comisión Cuarta del Senado adelantó un debate de Control Político al ministro
de Hacienda, Ricardo Bonilla, así como a otros funcionarios del Gobierno en
torno al Sistema General de Participación (SGP) a raíz de una proposición
relacionada con el proyecto y que fue presentada por la senadora Angélica
Lozano.
En ese sentido, la congresista aseguró que las inversiones en las regiones son
bastante desiguales a diferencia de Cundinamarca por su cercanía a Bogotá en
donde funciona el Gobierno central. Para Lozano, es urgente hacer una
descentralización de recursos a fin de lograr un equilibrio en las inversiones.
“La nación ha invadido y usurpado competencias propias de los entes
territoriales, recentralizando los recursos. De nada sirve aumentar el
porcentaje de las transferencias si no se distribuyen correctamente las
competencias, este principio debe ser el eje central de la reforma. ¡Colombia
necesita una verdadera descentralización”.
Otros de los aspectos que resaltó la congresista, es que el manejo que le ha
dado el Gobierno nacional a los recursos, pone de último los niveles de
inversión para la primera infancia en el Sistema General de Participación. “El
sistema de Participación es una bolsa que atiende unas coberturas, pero deja de
lado la calidad, además no crece al ritmo que se necesita. El crecimiento del
PIB, ha marcado un aumento del Sistema General de Participación; sin embargo, el
proceso de inversión no se iguala con el aumento y no cubre todos los aspectos
porque no ha cerrado todas las brechas territoriales, Colombia aún tiene
ciudadanos de primera y otros de tercera categoría lo cual nos ubica como uno de
los países más desiguales del mundo”.
En respuesta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se hizo presente
en el debate como vocero del Gobierno y para suplir la ausencia del ministro de
Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se encuentra fuera del país cumpliendo agenda
ministerial. Sin embargo, el ministro Cristo hizo referencia a las razones por
las cuales aún no se han descentralizado los recursos en el país.
“En el año 2001 y en el año 2007, se presentaron dos contrarreformas a la
Constitución de 1991 y la primera coincidió con una crisis fiscal en el país y
se implementó como un artículo transitorio por 5 años, luego en el año 2007 el
Congreso nos explicó que se retiraría el artículo en 2017 y como en Colombia no
hay nada más permanente que una norma transitoria, ese artículo le ha
significado a los departamentos y municipios de Colombia 300 billones de pesos.
En estos 23 años, esos 300 billones de pesos que el Estado central se quedó con
ellos y que le correspondían a los departamentos y municipios, en que se
invirtieron porque continúan los problemas de los territorios y no se han
cerrado las brechas sociales”.
ANIF muestra sus preocupaciones
Igualmente, el ministro afirmó que “esa falta de inversión no ha permitido la
consolidación de la paz en Colombia. En los últimos 7 años se han invertido 23
billones de pesos en los municipios PD, pero los alcaldes compiten por la
aprobación de proyectos dentro del mismo Sistema de Participación. Tanto este
gobierno, como los que vienen tenemos que dejar de pensar centralizadamente, el
referendo del gobernador de Antioquia ha prosperado porque la gente se cansó del
centralismo. Pero quienes juegan a la división del Gobierno se van a quedar con
los crespos hechos porque no se trata del apoyo que se le va a dar al acto
legislativo, sino de las modificaciones que se van a plantear”.
El presidente de ANIF, José Ignacio López, explicó que “es necesario dar el
debate de la manera como se realizará el manejo de los recursos, se debe avanzar
en la descentralización y vemos con buenos ojos los cambios que se plantean al
proyecto de acto legislativo. Nos preocupa que el proceso de transferencias vaya
a cambiar y que tal como va a quedar se está creando una bomba fiscal en el
país. Entiendo la situación de los alcaldes y los gobernadores porque estamos
experimentando una caída en las inversiones como consecuencia aun de la crisis
generada por la pandemia”.
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