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Concejales de Bogotá rechazan rebaja de penas para
agresores de menores
“La Bancada por la niñez del Concejo de Bogotá expresa su posición de rechazo
frente a la inclusión del punto 7 que busca la rebaja de penas para agresores de
menores de edad incluida en la nueva reforma a la justicia del Gobierno
Nacional. No estamos de acuerdo con que los agresores de nuestros niños y niñas
puedan negociar con la justicia dentro del proceso penal y aplicar a beneficios
penales con la nueva Reforma a la justicia, presentada por la Ministra de
Justicia, Ángela María Buitrago, y el apoyo de la Fiscal General, Luz Adriana
Camargo, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra,”
señalaron los miembros de la bancada.
“Hoy más del 90% de los delitos contra menores tienen impunidad. Aquí debemos
pensar en nuevos mecanismos para fortalecer la recolección de pruebas en estos
delitos y capturar y judicializar a los responsables oportunamente. Este
gobierno está en deuda con los NNA, necesitamos penas ejemplares para los
violadores y asesinos de niñas y niños. En lo que va del 2024, van 1.716 delitos
sexuales contra menores de edad. Siendo las vías públicas las de mayor riesgo
para los NNA de Bogotá. A diario 7 menores de edad son violentados sexualmente
en la ciudad,” enfatizó la coordinadora de la bancada, María Clara Name.
Medicina Legal reporta la práctica de 2.062 exámenes médicos legales por
presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes. Así mismo, la Policía
Metropolitana de Bogotá, en cuanto al caso de delitos sexuales contra menores,
presentó un aumento del 77% al pasar de 967 casos entre enero a septiembre de
2023 a 1.716 casos en el mismo periodo de 2024.
“Queremos ser enfáticos, en nuestra solicitud a la Fiscalía General de la
Nación, la creación urgente de la Unidad Especial de Delitos contra los menores
de edad en Colombia. Necesitamos celeridad en los procesos judiciales y la
recaudación de las pruebas para que se capturen y judicialicen los agresores,
pedimos cero impunidad,” agregaron los cabildantes.
Finalmente, los integrantes de la bancada señalaron que, “esperamos que este
Gobierno Nacional sea consciente del lamentable panorama de maltrato contra la
niñez en Colombia y se excluya el otorgar mayores garantías a los violadores y
asesinos de niños, niñas y adolescentes que reconozcan sus delitos. Lo que
tenemos que hacer aquí es aplicar penas más severas y ejemplares contra estos
agresores.”
C. Constitucional admitió segunda demanda contra la reforma pensional
La Corte Constitucional admitió parcialmente la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta por el senador Miguel Uribe Turbay en contra de la Ley 2381 de 2024,
la cual establece el nuevo sistema de protección social integral para la vejez,
invalidez y muerte de origen común.
La acción legal, identificada como expediente D-16142, plantea posibles vicios
en el procedimiento legislativo que, según el demandante,
habrían vulnerado principios constitucionales durante su trámite en el Congreso.
Uribe Turbay argumenta que la ley, particularmente el artículo 3, infringe
derechos fundamentales al estipular que quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos
deben aportar obligatoriamente a Colpensiones, limitando así la opción de
cotizar en fondos privados y trasladando automáticamente los ahorros
individuales al fondo público.
Este aspecto, según el demandante, vulnera el derecho a la propiedad privada al
restringir la libre disposición de los aportes personales en fondos privados. La
magistrada sustanciadora Paola Andrea Meneses Mosquera rechazó esta parte de la
demanda por no cumplir los requisitos de claridad y especificidad, al considerar
que no había pruebas suficientes de que la medida constituya una expropiación de
facto ni que impida a los afiliados recuperar sus fondos.
Sin embargo, la Corte sí admitió el
cargo relacionado con el presunto incumplimiento del principio de consecutividad,
ya que Uribe alega que el Congreso de la República habría eludido su obligación
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de deliberar adecuadamente sobre la
reforma. Este punto señala que la Cámara de Representantes habría adoptado sin
suficiente discusión el texto previamente aprobado por el Senado, argumentando
razones de tiempo a pesar de que el Congreso tenía facultades para extender sus
sesiones.
Para el análisis de este cargo, la Corte ordenó la recolección de diversas
pruebas, entre ellas, copias de las gacetas y actas de debate del Congreso sobre
el proyecto de ley, además de un informe detallado de los tiempos y
procedimientos en los cuales se aprobaron los textos de cada etapa legislativa.
Asimismo, se solicitó la intervención de varias instituciones, entre ellas la
Procuraduría General de la Nación, y de organizaciones académicas y sociales que
podrán aportar conceptos técnicos.
Este auto abre el camino para un examen más profundo sobre la constitucionalidad
del trámite de la Ley 2381, cuyo objetivo es reformar el sistema pensional
colombiano, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su alineación con los
principios de transparencia y deliberación legislativa.
Aumento excesivo del salario mínimo generará más
desempleo: empresarios
El presidente de la Federación Colombiana de Comerciantes (Fenalco), Jaime
Alberto Cabal, sostuvo en la Convención Góndola que se realiza en Cartagena, que
“un incremento excesivo del salario mínimo tendría un impacto negativo en la
competitividad de las empresas y podría generar pérdida de empleos”.
El dirigente señaló que el gremio ha mostrado disposición para dialogar y llegar
a acuerdos, pero ha percibido una falta de voluntad por parte del Gobierno
Nacional para encontrar soluciones consensuadas.
Asimismo, expresó su preocupación ante el curso que está tomando el debate sobre
el salario mínimo para el año 2025.
Según Cabal, el gremio ve con incertidumbre las negociaciones y eventuales
propuestas del Gobierno nacional, ya que considera que no existe una verdadera
voluntad de concertación.
Costos laborales
El representante de Fenalco destacó que la propuesta de reforma laboral, la cual
aún está en discusión, podría generar un incremento en los costos laborales de
hasta un 35% para el próximo año. En ese sentido, considera prematuro hablar de
un aumento del salario mínimo, ya que esto sumaría una carga adicional a las
empresas, dificultando su sostenibilidad.
“Particularmente este año nosotros somos muy pesimistas, porque ya el Ministerio
de Trabajo y la ministra mostraron el talante de no gustarle la concertación, es
decir, con el proyecto de reforma laboral que nunca fue concertado, como es
obligatorio que hubiera pasado por la Comisión de Concertación laboral, sino que
fue básicamente concertado con los sindicatos, no con los empresarios; pues
nosotros creemos que prácticamente no hay nada que concertar ni hay buen
ambiente para lograr un acuerdo de salario mínimo”, manifestó el presidente de
Fenalco.
Agregó que “por otra parte, es muy preocupante que paralelamente al transcurso y
el desarrollo de la reforma laboral se esté negociando un salario mínimo, qué
sumado los dos va a generar incrementos por encima del 35% de los costos
laborales para el año 2025”.
A esta postura del presidente de Fenalco se suma la postura de la ministra de
Trabajo, Gloría Inés Ramírez, quien confirmó la semana pasada, que, en un plazo
de dos semanas, se convocará a las centrales obreras y empresarios para
establecer la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, un
primer paso crucial en la discusión del salario mínimo para 2025.
La funcionaria destacó la importancia de este proceso y aseguró que se seguirá
un marco metodológico y procedimientos establecidos por la ley en la primera
reunión de instalación.
Ramírez también recordó que las
estadísticas oficiales del salario mínimo se publican el 30 de noviembre, pero
enfatizó la relevancia de anticipar las convocatorias.
“Siempre convocamos antes para mirar las metodologías y ponernos de acuerdo en
la estructura del cronograma en la mesa de concertación de políticas
laborales y salariales”, señaló.
Preocupaciones
Rodolfo Correa, presidente de Acopi, alertó sobre las implicaciones a las
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que conllevaría un alza desmedida en el salario.
“Con gran preocupación queremos anticiparnos a los efectos que va a tener la
puja y aumento del nuevo salario mínimo, haciendo un especial énfasis en que
cualquier alza que supere el Índice de Precios al Consumidor - IPC va a tener
profundas repercusiones en la estabilidad económica de las micros, pequeñas, y
medianas empresas en Colombia, llevando incluso al cierre masivo de varias de
ellas”, afirmó Correa.
En este orden de ideas, desde Acopi quieren proponer un sano ambiente de
discusión y diálogo entre las partes para que este aumento sea ceñido a la
realidad económica actual del país.
El análisis se dio luego de una reunión con el Consejo Gremial Nacional, en la
que también se analizaron los impactos de la implementación de la reforma
laboral, impulsada por el Gobierno nacional y que se tramita actualmente en el
Congreso de la República.
Particularmente, desde la semana pasada comenzó a calentarse el ambiente en
torno al salario mínimo. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), Fabio Arias, dijo que ellos con seguridad van a pedir un incremento de
dos dígitos, es decir igual a los dos dígitos que se viene presentando desde el
2022.
En los últimos incrementos del salario mínimo el Gobierno actual, prefirió
hacerlo por casi tres puntos arriba de la inflación causada. En 2022, el aumento
fue de 10,07% con una inflación que cerró el 2021 en 5,62%; el alza del 2023 fue
de 16% con una inflación que cerró en 2022 en 13,12%, Y por último el aumento de
2024, de 12,07%, con una inflación de 9,3%.
Reunión a puerta cerrada en torno a la reforma
laboral
La Comisión Séptima del Senado, encabezada por su presidente la senadora del
Partido Conservador Nadia Blel, sostuvieron una reunión en uno de los salones
del Congreso de la República en la cual agendaron varios temas relacionados a
proyectos de ley que están cerca de ser discutidos en la célula congresional en
cuanto al remate de la actual legislatura.
Uno de los temas que pusieron sobre la mesa los congresistas fue la reforma
laboral, aprobada en segundo debate recientemente por la Cámara de
Representantes y sobre la que algunos senadores de la oposición han mostrado su
desacuerdo. Uno de los congresistas que más inconvenientes le ve a la propuesta,
es el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez quién señaló a este
Diario que “se debe evaluar a fondo el impacto de costos laborales por el
aumento de 2 horas a la jornada con recargo nocturno, siendo este el mayor de
Suramérica, superado únicamente por Panamá y Guatemala. Hay que lograr un
equilibrio que no afecte el sector turismo, gastronómico, gastrobares,
recreación nocturna y se logre avanzar hacia la formalización de este sector”.
De igual manera, el congresista acotó que “revisaremos que el contrato de
aprendizaje no se convierta en un impedimento para que los aprendices puedan
incursionar en el mercado laboral. Con el aumento de los costos laborales para
los empleadores en más de un 63,4%, se pone en riesgo la formalización del
trabajo y el incremento de los aprendices ¿preferirán entonces contratar
trabajadores con experiencia?, necesitamos es que se aumenten este tipo de
contratos y esto redunde en más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes”.
Finalmente, el parlamentario afirmó que “es importante integrar nuevas formas de
trabajo, independientes, inteligencia artificial, colaboradores, entre otros,
sin comprometer los derechos laborales. Colombia necesita más oportunidades de
trabajo y un entorno que respete los derechos de los trabajadores sin dañar a la
empresa, ya sean pequeña, mediana o emprendedores, que son los principales
generadores de empleo en el país. Urge un equilibrio entre el sector productivo
y los trabajadores, la dupla trabajador- empleador; de no ser así, estos
últimos, serían irremediablemente las víctimas si se aprueba este proyecto como
fue aprobado en la Cámara”.
Sin embargo, la presidente de esa célula legislativa, Nadia Blel, así como las
senadoras, Norma Hurtado del Partido de La U, y Lorena Ríos de Colombia Justa y
Libres, afirmaron que una vez revisen el articulado, se pronunciarán sobre si
será necesario someter el texto a modificaciones o presentan ponencia de
archivo. Como se sabe, el Partido MIRA, a través de la senadora Paola Agudelo,
hicieron un pronunciamiento escrito sobre los puntos en los que no están de
acuerdo con la reforma laboral, y esperan al primer debate para plantear su
postura al respecto.
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