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José Elías Melo obtiene libertad en medio de
proceso por caso Odebrecht
José Elías Melo, expresidente de
Corficolombiana, fue puesto en libertad el 26 de octubre, tras cumplir parte de
su condena por el escándalo de corrupción relacionado con la constructora
brasileña Odebrecht. La orden fue emitida por un juez de la República, y su
liberación fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Melo, quien estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde 2017, fue
condenado a 11 años y nueve meses de prisión por su papel en el esquema de
sobornos que facilitó la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II.
Melo fue condenado en abril de 2019 por los delitos de cohecho e interés
indebido en la celebración de contratos, sentencia ratificada en 2020 por el
Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía probó que Melo conocía del soborno de
6,5 millones de dólares que Odebrecht entregó al exviceministro de Transporte,
Gabriel García Morales, encargado del INCO, hoy conocido como Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI). Este soborno fue parte de una estrategia para asegurar
que la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht, Corficolombiana y el
grupo Solarte, se adjudicara el proyecto vial en 2009, valorado en más de 2
billones de pesos.
El expediente revela que Melo mantuvo reuniones con Luiz Bueno, entonces
presidente de Odebrecht en Colombia, con el propósito específico de asegurar la
adjudicación del contrato. Según la Fiscalía, ambos conspiraron para “corromper
al adjudicatario de la obra”. El juez de primera instancia indicó que Melo
estaba al tanto de los sobornos y, de hecho, permitió que se ejecutaran. La
decisión de su libertad, sin embargo, ha generado cuestionamientos,
especialmente al no haberse divulgado aún la justificación exacta del fallo
judicial que permitió su salida anticipada.
En 2022, el exdirectivo presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de
Justicia, su último intento por anular la sentencia. Melo argumenta que no tuvo
conocimiento ni participación en la reunión donde se ofreció el soborno al
exviceministro García, sosteniendo que la reunión con Bueno se llevó a cabo
posteriormente y, por ende, el delito de cohecho no debería aplicarse en su
caso. Pese a esto, la Fiscalía ha solicitado a la Corte que mantenga la condena,
argumentando que Melo, aunque no estuviera presente en todas las reuniones,
desempeñó un papel activo en el esquema corrupto y que su participación fue
clave para el éxito del soborno.
Este caso forma parte de un entramado de corrupción que sacudió a Colombia y
otros países de América Latina, en el cual Odebrecht, a través de una red de
sobornos, aseguraba contratos públicos de gran envergadura. En Colombia, el
Grupo Aval, conglomerado al cual pertenece Corficolombiana, fue multado en 2023
con 80 millones de dólares en Estados Unidos tras aceptar su responsabilidad en
el escándalo. Melo, por su parte, rechazó públicamente el acuerdo, sosteniendo
que este no lo involucra directamente en los sobornos.
La liberación de Melo deja en suspenso su situación judicial mientras se espera
la decisión de la Corte Suprema sobre su recurso de casación. Su caso continúa
siendo un emblema de la investigación sobre el caso Odebrecht en Colombia, un
proceso que busca esclarecer la responsabilidad de funcionarios y ejecutivos en
el pago de sobornos que afectaron las finanzas y la transparencia de los
contratos públicos del país.
Coronel (r) Publio Mejía: a un paso de ser
condenado por los ‘falsos positivos’ en la JEP
El coronel retirado Publio Hernán
Mejía se enfrenta a una posible condena de más de 20 años de cárcel en la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde es el primer exmilitar que
transita por el proceso adversarial por no aceptar su responsabilidad en los
crímenes que se le imputan. Su juicio se centra en 72 muertes de personas que
fueron presentadas como bajas en combate en la jurisdicción del
Batallón La Popa, en el departamento de
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César, durante su mandato entre 2002 y 2005.
Desde el 28 de octubre, Mejía está
siendo juzgado en una serie de sesiones que han expuesto testimonios
escalofriantes sobre las desapariciones, torturas y homicidios selectivos que
conforman el patrón criminal de los conocidos ‘falsos positivos’. En este
contexto, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la
fiscalía de la JEP, ha presentado pruebas y testigos que sostienen la
implicación del coronel en estas ejecuciones extrajudiciales.
Hasta el momento, se han llevado a cabo tres sesiones, en las que han
comparecido siete de los 82 testigos convocados por la UIA. Estos han narrado
con crudeza los procedimientos utilizados para llevar a cabo los homicidios,
muchos de ellos bajo la supuesta dirección del coronel Mejía. Uno de los
testigos, el militar (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, declaró: "Yo di la
orden... Ahí asesinamos a esa persona y fingí un combate". Esta declaración fue
respaldada por el sargento (r) Efraín Andrade Perea, quien describió cómo, en
muchas ocasiones, la rigidez de los cuerpos que presentaban como ‘bajas’ del
enemigo indicaba que llevaban horas muertos antes de ser supuestamente abatidos
en combate.
Los testimonios también revelaron la existencia de reuniones entre el coronel
Mejía y paramilitares, donde se discutieron "entregas de positivos" que luego
eran presentados como resultados de operaciones militares. Estas revelaciones
han llevado a la magistrada Reinere Jaramillo, junto a los magistrados Raúl
Sánchez y Gustavo Salazar, a seguir de cerca el desarrollo del juicio.
La primera sesión del juicio se llevó a cabo en Valledupar, lugar donde
ocurrieron los hechos, los días 18, 19 y 20 de septiembre, y la segunda se
realizó en Bogotá el 17 y 18 de octubre. En esta última, se escucharon los
testimonios del sargento (r) Efraín Andrade y el teniente (r) Carlos Andrés Lora
Cabrales. Durante la próxima sesión, que se llevará a cabo del 28 al 30 de
octubre, la UIA continuará presentando su caso y, de ser hallado culpable, se
espera que soliciten la pena máxima de 20 años de prisión.
Según Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA, existen "evidencias serias"
que vinculan al coronel (r) Mejía con el diseño de un plan criminal que
consistía en asesinar a personas de la población civil para engrosar las cifras
de éxito del batallón que comandaba. A pesar de las pruebas, la defensa del
coronel ha utilizado diversos recursos legales, incluyendo el
contrainterrogatorio, en un intento de demostrar su inocencia.
El papel de las víctimas ha sido fundamental durante el juicio. Aunque no han
podido presentar simbólicamente sus demandas en la sala, los representantes de
las víctimas han realizado interrogatorios complementarios a los testigos,
asegurando que sus voces sean escuchadas. Una de las víctimas, Ángela Beltrán,
hermana de un falso positivo del Batallón La Popa, expresó: "Espero de este
juicio saber la verdad, que se aclaren tantas dudas que los familiares tenemos y
poder dignificar su memoria y limpiar su nombre".
Franklin Flores Hernández, hermano de otra víctima de ejecución extrajudicial,
también manifestó su frustración con el proceso, indicando que la verdad parece
dilatarse y que hay incertidumbre entre las víctimas sobre si finalmente se
esclarecerán los hechos. "Estuve en tres espacios con ellos, pero en todos
dijeron cosas diferentes. La verdad se está dilatando", comentó.
El juicio contra el coronel (r) Mejía continúa y, si se halla culpable, podría
marcar un precedente significativo en la búsqueda de justicia por los crímenes
cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Con sesiones adicionales
programadas hasta diciembre, se espera que la sentencia se emita en el primer
trimestre de 2025, cerrando un capítulo oscuro de la historia militar del país
que ha dejado profundas cicatrices en las comunidades afectadas.
Nuevo ataque en Tibú deja un soldado muerto
Un nuevo ataque en el municipio de
Tibú, Norte de Santander, ha dejado como resultado la muerte de un soldado, lo
que reaviva las preocupaciones sobre la creciente violencia en la región del
Catatumbo, conocida por ser un bastión de grupos armados organizados. Este
incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes entre la Fuerza
Pública y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando las autoridades militares
informaron sobre un enfrentamiento con miembros del ELN que resultó en un
soldado herido. Este incidente se produjo tras un primer ataque en la madrugada
del 27 de octubre, donde se activó un artefacto explosivo contra un
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vehículo blindado del Ejército, aunque no se registraron heridos
en ese evento.
A pesar de que
la vía hacia Cúcuta había sido habilitada nuevamente por la mañana, la tarde
trajo consigo una nueva confrontación. En este segundo ataque, los grupos
armados detonaron otra carga explosiva al paso de un camión que transportaba
alimentos en la vereda La Valera, resultando en tres civiles heridos. Las
fotografías publicadas en redes sociales evidencian los daños sufridos por el
vehículo.
El soldado herido en el
enfrentamiento fue identificado como Jeffri Sebastián Rodríguez Gahona. Según un
comunicado del Ejército, el militar formaba parte del Grupo de Caballería
Mecanizado N.º 5 General Hermógenes Maza. Lamentablemente si informó que aunque
fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, los médicos no lograron
salvarle la vida debido a la gravedad de sus heridas.
El Ejército condenó enérgicamente las acciones del ELN, calificándolas como
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En
su comunicado, expresaron: “Estas acciones criminales buscan sembrar miedo y
zozobra en la comunidad”. Asimismo, se solidarizaron con la familia del soldado
fallecido y aseguraron que un equipo interdisciplinario de apoyo estaba
brindando asistencia a sus seres queridos.
Este ataque en Tibú marca la segunda pérdida de un soldado por un ataque de
francotirador en un solo día. En otro incidente, el soldado Ángel Alberto
Cerquera García, del Batallón de Infantería de Selva N.º 48, perdió la vida en
un ataque atribuido al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN en la vereda
Tierranueva, en el departamento de Bolívar. A pesar de los esfuerzos por
salvarlo, su herida resultó fatal.
La jornada violenta del domingo no solo se limitó a estos ataques mortales.
También se reportó la desactivación de dos cilindros cargados de explosivos y
una granada de mano en el corregimiento de Timba, en el municipio de Jamundí,
Valle del Cauca. En esta zona, los militares fueron atacados con ráfagas de
fusil, lo que indica un incremento en las hostilidades.
La situación en el Catatumbo y otras regiones del país sigue siendo crítica, con
un repunte de la violencia que afecta tanto a la Fuerza Pública como a la
población civil. Las autoridades se enfrentan a un desafío constante para
mantener la seguridad en áreas donde grupos armados operan con impunidad.
Desarticulado grupo delincuencial ‘Los Poporos’ en
Quindío y Valle del Cauca
En un operativo conjunto entre el
Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación Seccional
Quindío, se logró la captura de siete integrantes del grupo delincuencial
organizado conocido como ‘Los Poporos’. Este grupo era responsable de la
comercialización de alrededor de 3.500 dosis diarias de estupefacientes en el
Quindío y el norte del Valle del Cauca.
El coronel Servio Fernando Rosales, comandante de la Octava Brigada del
Ejército, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para
obtener resultados efectivos en la lucha contra el narcotráfico. ‘Los Poporos’
operaban en varias localidades, incluyendo Armenia, Buenavista y Quimbaya, así
como en Alcalá, Valle del Cauca. Rosales subrayó que estos esfuerzos conjuntos
han permitido desarticular grupos que amenazan la paz y el bienestar de la
región.
La investigación reveló que el grupo no solo se dedicaba al tráfico de
estupefacientes, sino que también estaba vinculado a homicidios y hurtos.
Utilizaban motocicletas para la distribución de sus productos, lo que facilitaba
sus operaciones en las áreas urbanas y rurales. Según el coronel, esta
estructura generaba ingresos significativos, estimados en 525 millones de pesos
mensuales gracias a la venta de aproximadamente 105.000 dosis al mes.
Jaime Andrés Pérez, secretario del Interior del Quindío, reconoció la
efectividad de la colaboración entre las diferentes autoridades y reafirmó el
compromiso del gobierno departamental en la lucha contra el narcotráfico. Hasta
la fecha, se han incautado seis toneladas de estupefacientes en la región, y se
estima que el 50% de las capturas realizadas en el departamento están
relacionadas con el tráfico de drogas, mientras que el 70% de los homicidios
tienen un vínculo directo con este delito.
Este exitoso operativo representa un golpe significativo contra el microtráfico
en el Quindío y el norte del Valle, contribuyendo a la seguridad y el bienestar
de la comunidad.
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