6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.357-937

Fecha: Jueves 31-10-2024

 

Capturan en Meta a tres presuntos extorsionadores de la Segunda Marquetalia

 

 

En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se capturaron a tres presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC, en la vereda La Sultana, ubicada en Puerto Rico, Meta. Los detenidos estarían vinculados a actividades de extorsión y presiones armadas contra comerciantes de la zona, según los informes oficiales.

 

La intervención se enmarcó en el Plan de Campaña Estratégico Ayacucho-Tiempo 2, y permitió incautar dos armas de fuego, 28 cartuchos, tres proveedores, dos motocicletas y tres teléfonos celulares. Además, en el operativo se rescató a un menor de edad, quien fue puesto bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los tres capturados fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar su proceso de judicialización.

Captura en Caquetá de presuntos líderes criminales

Este hecho se suma a la reciente operación del Gaula Militar en Caquetá, donde tres presuntos líderes de estructuras criminales fueron capturados. Los individuos, identificados como alias Jimmy Leal, Cristian y Chiqui, estarían involucrados en actos de violencia y extorsión en varios municipios del sur del país. En esa intervención, además, se logró la incautación de 19 armas y la liberación de tres personas secuestradas.

Estas acciones representan un golpe significativo a las actividades extorsivas de grupos disidentes, reforzando el compromiso de las autoridades con la seguridad en la región y la lucha contra el crimen organizado.

 

Cayó presunto abusador sexual de menores en entornos escolares de Bogotá

 

 

La Policía de Bogotá capturó a un hombre presunto explotador sexual de menores en entornos escolares de Bogotá. En este caso, las autoridades establecieron que el hombre haciendo uso de un perfil falso en redes sociales se ganó la confianza de una menor de edad, ofreciéndole promesas y dinero, para posteriormente abusarla sexualmente.

Tras unos días de conversaciones virtuales con la menor de 13 años, este hombre la citó al finalizar la jornada escolar a las afueras del centro educativo, ubicado en la localidad de Rafael Uribe, y posteriormente la llevó a un centro comercial en el vecino municipio de Soacha.

"Luego de unas horas, este hombre le propuso ir a comprar un postre y es allí donde, aprovechándose de la confianza de esta menor, la llevó a un motel a las afueras de este municipio y le ofreció estar con él; ante la negativa de la menor, este hombre procedió a abusarla sexualmente. Posteriormente la subió al vehículo y la abandonó en la Estación de Transmilenio de la calle 40 sur, y como pago le arrojó doscientos mil pesos para que no le comentara a sus familiares lo sucedido”, aseguró el teniente coronel Bibiana Valencia del Grupo Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

 

Este hombre utilizaba su profesión como ingeniero de sistemas y proveedor de apoyo tecnológico de una empresa del Estado, para aprovecharse de su estatus económico para seducir y atraer a estas menores.

“Mediante orden judicial se materializó la captura de este actor criminal en la localidad de Puente Aranda. El capturado de 48 años,

 

 

 

fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años agravado”, indicó la teniente coronel Valencia.

En lo corrido del año 2024, la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá ha logrado la captura de cinco personas dedicadas al delito de explotación sexual en las localidades de Puente Aranda, Suba, Kennedy y Mártires.

 

Preocupación en Tolima por presencia del Clan del Golfo: alias “Pastor” sería el cabecilla en la región

 

 

La presencia del Clan del Golfo, una de las organizaciones armadas ilegales más poderosas de Colombia, ha encendido las alarmas en el departamento de Tolima. Según reportes de inteligencia de la Policía, este grupo armado estaría estableciendo sus actividades en municipios como El Guamo y San Luis, bajo la dirección de alias “Pastor”, presunto líder en la región.

 

Este grupo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha venido expandiéndose en el territorio colombiano y, para agosto de 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Clan del Golfo ya tenía presencia en 24 de los 32 departamentos del país. Este avance ha sido motivo de preocupación tanto para las autoridades locales como para las comunidades, ya que implica un incremento en el control de actividades ilícitas, tales como el narcotráfico y la extorsión, en zonas donde anteriormente no tenían arraigo.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Erazo, comandante del Departamento de Policía de Tolima, confirmó el martes 29 de octubre que, de acuerdo con labores de inteligencia, el Clan del Golfo estaría asentándose en el municipio de El Guamo, particularmente en el sector rural de Cerro Gordo. “Hemos evidenciado la presencia de este grupo armado en áreas rurales de San Luis, valle de San Juan y en la vereda La Chamba, en El Guamo”, afirmó el coronel Ojeda en declaraciones a medios locales.

El operativo en Venadillo y el modus operandi de alias “Pastor”

Tres meses atrás, las autoridades lograron desmantelar una célula de este grupo en el municipio de Venadillo, lo que llevó a la captura de dos de sus miembros, conocidos como alias "Cera" y alias "Nicolás". En esa ocasión, se incautaron armas y municiones, incluyendo una granada de fragmentación y cartuchos para fusiles, lo que evidenció el tipo de arsenal con el que opera la organización. Sin embargo, el grupo habría logrado reorganizarse bajo la dirección de alias “Pastor”, quien, según las autoridades, coordina sus operaciones desde Ibagué.

El coronel Ojeda detalló que al menos ocho hombres bajo las órdenes de alias “Pastor” estarían operando en El Guamo, con el propósito de afianzar su control en la región. “Nuestros hombres de inteligencia han identificado que este grupo está tratando de establecer sus tentáculos criminales en el departamento. Vamos a capturarlos, así sea debajo de las piedras”, aseguró el oficial.

Para contrarrestar la expansión de esta estructura, la Policía y el Ejército Nacional, en conjunto con la Fiscalía, han intensificado los operativos de vigilancia y están adelantando investigaciones para identificar los puntos de encuentro y actividades del grupo, como el tráfico de estupefacientes y extorsiones en las áreas rurales.

Investigación en curso: posible relación con doble homicidio en El Guamo

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el Clan del Golfo podría estar relacionado con un doble homicidio registrado el pasado 22 de octubre en la vereda El Jardín, en El Guamo. Las víctimas, quienes se movilizaban en una motocicleta, fueron alcanzadas y asesinadas en el lugar, un crimen que ha sido interpretado como un posible ajuste de cuentas en medio de una disputa territorial.
 

 

 

Este caso es parte de una serie de eventos que sugieren que el Clan del Golfo está buscando controlar el comercio ilegal y otros negocios ilícitos en Tolima, enfrentándose incluso a otros grupos menores. “Estamos investigando para determinar si existe alguna conexión entre estos homicidios y las actividades de esta organización en la región”, puntualizó el coronel Ojeda.

 

Un desafío para la Paz Total

La expansión del Clan del Golfo también representa un reto significativo para la política de Paz Total que lidera el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este grupo armado ilegal ha sido un obstáculo recurrente en los diálogos de paz. En 2023, el gobierno colombiano estableció un cese al fuego con el Clan del Golfo; sin embargo, el acuerdo se rompió tras un ataque en Antioquia que reavivó las tensiones y cuestionó la capacidad de alcanzar acuerdos duraderos con organizaciones armadas.

 

Analistas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) han advertido que la expansión del Clan del Golfo pone en riesgo el avance de cualquier proceso de paz. Aunque el gobierno reanudó los ciclos de diálogo con este grupo en julio, las acciones en Tolima y en otros departamentos han puesto en evidencia que la organización no está comprometida con el desarme, lo que complica cualquier intento de establecer una paz sostenible.

 

Las autoridades en Tolima, conscientes del impacto social y de seguridad que implica la presencia de este grupo, han reiterado su compromiso de proteger la región. Sin embargo, el avance del Clan del Golfo sigue siendo un recordatorio de los grandes desafíos que enfrenta Colombia en la construcción de una paz efectiva y duradera.

 

 

Concejal de Córdoba, a prisión por presuntos vínculos con el Clan del Golfo

 

 

Un concejal y varios presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba fueron enviados a la cárcel por, presuntamente, facilitar ataques y amenazas contra la Fuerza Pública y la población civil. Lewis Joel Acosta Soto, concejal de San Carlos, Córdoba, por el partido Alianza Social Independiente (ASI), habría sido una pieza clave en esta red, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, al orientar a estructuras delictivas sobre acciones de represión hacia quienes no acataban las restricciones impuestas por el grupo armado ilegal.

La Fiscalía detalló que Acosta Soto no solo identificaba a ciudadanos y comerciantes que se resistían al control del Clan del Golfo, sino que también planeaba represalias contra ellos. Además, coordinaba la obtención de recursos materiales, como dinero y vehículos, que eran utilizados para fortalecer a la subestructura Javier Yepes Cantero, una facción del Clan del Golfo que opera en Córdoba.

En el proceso judicial fueron presentados otros presuntos colaboradores, identificados como Manuel Santiago Reyes Morales, alias "Indio"; Nafer José Polo López, alias "Barbero"; Claudia Patricia Espitia Guarne; y Jairo Segundo Sánchez Polo. Según las autoridades, estos implicados desempeñaban funciones como vigilar instalaciones policiales y militares, y notificar a los cabecillas sobre movimientos de la Fuerza Pública, facilitando así la operatividad del Clan del Golfo en la región.

La fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a todos los acusados el delito de concierto para delinquir agravado. Aunque ninguno aceptó los cargos, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, mientras avanzan las investigaciones.

Este caso es uno de los tantos que reflejan la creciente infiltración del Clan del Golfo en sectores políticos y sociales, especialmente en departamentos como Córdoba, donde el grupo armado ha intensificado sus actividades delictivas.

 

 

 

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