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Mindefensa niega autorización del Gobierno para
renovación de ‘Pegasus’
Tras la sesión reservada en la Comisión Segunda del Senado, el ministro de
Defensa, Iván Velásquez, abordó el tema del software ‘Pegasus’, destacando, a su
juicio, la gravedad de sus implicaciones para la democracia y los derechos
humanos en Colombia.
“Desde el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
tenemos toda la disposición para llevar a cabo las verificaciones necesarias, a
medida que avanzan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de la
Nación”, afirmó el ministro Velásquez.
El ministro también aclaró que los organismos de inteligencia ya han realizado
revisiones exhaustivas, confirmando que no existe registro de adquisición del
software ‘Pegasus’ en los inventarios del ministerio o sus organismos asociados:
“No hay ningún rubro destinado a esta adquisición ni hay registro de que este
software esté en uso actualmente”.
Velásquez fue enfático al señalar que, si bien ‘Pegasus’ fue adquirido en el
pasado, en este Gobierno no se ha autorizado la renovación de licencias. Además,
dada la magnitud del escándalo, es probable que los equipos asociados a su uso
hayan sido destruidos. Sin embargo, el ministerio asegura que continuará
comprometido con llegar al fondo del asunto: “Debemos determinar cómo se
adquirió, quién lo adquirió y, posiblemente, contra quiénes se utilizó”.
El jefe de la Cartera también subrayó la importancia de asegurar el uso legal y
controlado de todos los mecanismos de inteligencia intrusiva. Como presidente de
la Junta de Inteligencia Conjunta, Velásquez solicitó a cada organismo de
inteligencia un informe detallado sobre los equipos y software disponibles,
enfatizando la necesidad de ejercer un control riguroso sobre estos recursos.
Finalmente, anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo una nueva
sesión reservada con la Comisión, para avanzar en el inventario de los equipos
de inteligencia y revisar las garantías de control sobre su uso.
“El compromiso de este Gobierno es garantizar el respeto absoluto por los
derechos humanos, y asegurarnos de que en el futuro no se repitan estas
violaciones”, concluyó Velásquez.
Rechazo de tutela
Es importante recordar que recientemente el Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado y presidente de la
Veeduría Ciudadana “Antioqueños por Colombia”, Stefan Bravo Martínez, contra el
presidente Gustavo Petro. La demanda fue presentada con el objetivo de que el
mandatario se retractara públicamente de sus declaraciones del 4 de septiembre,
en las que aseguró que el gobierno anterior habría adquirido el software
‘Pegasus’ para interceptar comunicaciones sin autorización judicial.
Bravo argumentó que los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de
expresión, a la honra y a la información habían sido vulnerados por el
presidente en su alocución, en la que dio detalles sobre una transacción
supuestamente realizada por la administración de Iván Duque para adquirir ‘Pegasus’.
Este software, creado por la empresa israelí NSO Group Technologies Limited,
tiene la capacidad de interceptar y espiar dispositivos móviles, lo cual
representaría, según Bravo, una violación de derechos constitucionales.
El Consejo de Estado, en su fallo, reiteró que la tutela no es un mecanismo
idóneo para dirimir controversias de este tipo, debido a que no se acreditó una
amenaza inminente a los derechos del demandante ni se demostró que la alocución
presidencial vulnerara los derechos fundamentales de Bravo. En el texto del
fallo se lee: “... la tutela resulta improcedente, pues el accionante no ha
acreditado la afectación concreta y directa de sus derechos fundamentales”.
Asimismo, la Corte subrayó que las referencias imprecisas o difamatorias pueden
afectar los derechos al buen nombre y a la honra en ciertos casos, pero destacó
que en esta situación particular la alocución presidencial no se refirió al
señor Bravo Martínez ni de forma directa ni tangencial, y que las declaraciones
realizadas por el presidente tenían como objetivo informar a la comunidad sobre
un tema de interés nacional. El fallo afirma: “Se trató de una intervención
referida a un tema que, en opinión del presidente de la República, era de
interés de la comunidad en general”.
Ajustes a reforma al SGP no apagan voces de alerta
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) para que el nivel
central gire más dinero a las regiones, de los ingresos
corrientes de la Nación, se da por descontado su aprobación por el alto consenso
entre parlamentarios de distintos partidos y porque solo le restan dos debates
en Cámara. Sin embargo, es relevante que en este momento
tan avanzado del trámite y a pesar de los ajustes al texto en la plenaria del
Senado, hay más alertas, una del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
El sábado anterior, previo al sexto debate en la plenaria del Senado, el
viceministro de Hacienda, Diego Guevara; el director de Presupuesto Nacional,
Jairo Bautista; el ponente del proyecto, Ariel Ávila;
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y el ministro del Interior, Juan
Cristo, llegaron a un acuerdo para reducir en el proyecto del 46,5% al 39,5% el
SGP a las regiones. También se convino que a este umbral se llegaría de forma
gradual en 12 años, a partir del año 2027, no en 10 como establecía la
iniciativa.
En la actualidad las transferencias del SGP que llegan a los departamentos,
municipios y distritos son del 25,7% de los ingresos corrientes de la Nación.
El ministro Cristo dijo en la plenaria del Senado el pasado martes, cuando fue
aprobado el acto legislativo en sexto debate, que “el Ministerio de Hacienda
después de evaluar la propuesta llegó a la conclusión que las proyecciones con
el crecimiento al año 2036 permitían que se diera un aumento del Sistema General
de Participaciones no al 46,5%, sino al 39,5%, y no en 10 años si no plantearon
que era importante aplanar la curva de crecimiento del ajuste del SGP a 12
años”.
Añadió que en “el texto se incluyó el concepto de que tenía que estar ceñido al
Marco Fiscal de Mediano Plazo y además se reiteró a lo largo de todo el texto
que este acto legislativo tendría un seguro, que es la aprobación de la ley de
competencias que será una oportunidad inmensa que tenga este Congreso de la
República para un gran acuerdo nacional en torno a con qué competencias se
quedan los departamentos y municipios, y cuáles finalmente ejerce el Estado
central desde Bogotá, que muchas de ellas las ha venido ejerciendo mal desde
hace 20 años”.
CARF no está convencida
El CARF indicó que pese a los ajustes realizados en la plenaria del Senado la
reforma es inconveniente para las finanzas públicas.
“Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el CARF considera
inconveniente la iniciativa por las razones ya expuestas y, adicionalmente: que
las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos
nominales de un año a otro y que no exista un mecanismo de estabilización de las
transferencias del SGP a las regiones”.
También el CARF, adscrito al Ministerio de Hacienda, señaló que con esta reforma
“se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano
plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de la rigidez del gasto
del Gobierno nacional es ya retadora en ausencia de este proyecto de reforma”.
Advirtió que la iniciativa generará un aumento de la deuda pública a niveles de
no retorno, por encima del límite de 71% del PIB, y por tanto se incumpliría la
regla fiscal. “Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar
sus obligaciones, incluso las intransferibles”, indicó el organismo. Dijo que
por lo aprobado hasta el momento los giros del SGP a las regiones crecerían
hasta 8,2% del PIB, situación que sería insostenible y obligaría a obtener
recursos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias.
Puso de presente también que “la discusión de esta reforma inició por el final.
Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno
Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de
ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”.
En síntesis, dijo el CARF, “cualquier modificación de SGP que incremente la
rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno
nacional pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal”.
Otras voces de alerta
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que “no se puede
transferir un solo peso nuevo a las entidades territoriales si previamente no se
expide una ley de competencias, en que se diga y se cuantifiquen las
transferencias. Porque la discusión no es si es 46%, si es 39%, si es 35%. Es
que si no hay ese delineamiento de responsabilidades las cuentas fiscales no van
a funcionar”.
Agregó Restrepo Salazar que “me parece que esto lo está manejando el Gobierno
con mucha improvisación. En el acto legislativo que se está aprobando se dice
que habrá una ley de competencias, pero no se dice lo que es más importante: que
se expida antes de que entre en vigencia el acto legislativo”.
En tanto que el también exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que
“asignan primero el dinero a los entes territoriales (con un porcentaje sacado
de la manga y negociado como regateando precios) sin tener idea alguna de los
costos por la asignación de nuevas competencias a los entes territoriales ni que
es lo que va a eliminarse en el tamaño del estado central”.
Previo al sexto debate del proyecto la ANIF (Asociación Nacional de
Instituciones Financieras) propuso que el SGP gire a las regiones máximo el 35%
de ingresos corrientes de la Nación. “Una mala calibración de la fórmula de
descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de
interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras
entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el
crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, dijo.
Añadió que “desde ANIF hemos advertido sobre las graves consecuencias que
traería la aprobación del acto legislativo que reforma las transferencias a los
departamentos y municipios, y proponemos una fórmula alternativa”.
A su turno, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, puso el
acento en que “lo primero que hay que hacer es un estudio técnico que haga una
cuantificación de cuánto gasto se puede trasladar y cómo se va a hacer, porque
trasladar recursos sin un mejoramiento en los mecanismos de gestión y control
terminará generando ineficiencias y derroche de recursos”.
¿Qué dijo el ministro de
Hacienda?
A pesar de que el ministro del Interior indicó en la plenaria del Senado “que
llegamos a un acuerdo sobre esa posición que fue avalada además por el señor
presidente de la República, y la posición es que el Gobierno respalda este
proyecto de iniciativa parlamentaria”, en el sentido de que las transferencias
del SGP a las regiones serán del 39,5% de los ingresos corriente de la Nación,
vale recordar que el lunes pasado el ministro de Hacienda planteó otro
porcentaje y vigencia al Congreso.
“Que ese proyecto solo tenga vigencia
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a partir de que se defina cuáles son
las competencias que se van a trasladar y que eso tenga una vigencia a partir
del 2027 y, más importante (…) que bajen el umbral, pueden aceptar el umbral
planteado por la Comisión de Descentralización, llegar a un umbral de 37% y
segundo, que lo difieran en el tiempo entre 15 y 20 años porque finalmente el
objetivo es profundizar la descentralización”.
Astrid Salamanca fue reelegida como
directora administrativa del Senado
La plenaria del Senado, ratificó por séptima vez a Astrid Salamanca como
directora administrativa, quien obtuvo el respaldo de 94 de los 96 votos
emitidos, mientras que solo dos fueron en blanco. Esta mayoría según los
senadores subraya la confianza en su gestión y su capacidad para manejar los
temas administrativos de la corporación.
Astrid Salamanca lleva en el cargo desde 2012 y que le permitió consolidarse
como una figura clave en la gestión del presupuesto y las contrataciones de la
corporación.
Desde su primera elección, Salamanca ha sido reconocida por su eficacia en la
dirección de los asuntos administrativos del Senado, que incluye la supervisión
de las contrataciones, el manejo del presupuesto y la asignación de espacios a
los senadores. En su discurso previo a la votación, destacó logros
significativos durante su gestión, mencionando que el índice de transparencia de
la Contraloría General de la República la calificó con 98 sobre 100, mientras
que la Auditoría General le otorgó una puntuación de 4.5 sobre 5 en gestión
fiscal.
A pesar de que enfrentó a otros candidatos, como Camilo Rojas Castro y William
Valderrama Hoyos, la elección se desarrolló sin controversias y con estabilidad
de su liderazgo en un entorno que a menudo se caracteriza por la competencia
política. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue el encargado de
oficializar los resultados y juramentar a Salamanca para su nuevo período, que
se extenderá hasta 2026.
Salamanca ha demostrado una notable capacidad de adaptación y liderazgo en sus
años al mando, implementando iniciativas innovadoras como la digitalización de
los expedientes de control interno y la instalación de sistemas de
ciberseguridad en la institución. Con una trayectoria que acumula casi 12 años
en el cargo, su reelección no solo refuerza su posición en el Senado, sino que
también marca un hito en la gestión administrativa del poder legislativo
colombiano.
A medida que se aproxima el inicio de su nuevo período, los senadores y la
opinión pública estarán atentos a cómo Salamanca continuará utilizando su
experiencia para abordar los desafíos administrativos que enfrenta el Senado,
asegurando un funcionamiento eficaz y transparente en los próximos años.
¿Luis Carlos Leal dejará la Superintendencia de
Salud?
Luis Carlos Leal estaría próximo a dejar la Superintendencia de Salud, según lo
indicaron fuentes del alto gobierno, en un movimiento que incluiría además un
posible “enroque” con el Instituto Nacional de Salud (INS). Aunque no ha habido
una confirmación oficial, la expectativa ha crecido en el sector salud.
Fuentes cercanas al gobierno señalaron que se estaría gestionando su reemplazo
en el marco de una reestructuración que incluiría el cambio de otros
funcionarios clave en la entidad. Este movimiento llega en un momento crítico
para la salud pública, dado el impacto de la escasez de medicamentos y el debate
actual en torno a la reforma del sistema de salud en el Congreso.
El nombre de Giovanny Rubiano, actual director del Instituto Nacional de Salud (INS),
es uno de los que más suena como posible reemplazo de Leal. Fuentes del
Ministerio de Salud, sin embargo, aún no han confirmado el nombramiento, aunque
se espera que se oficialicen los cambios en las próximas horas.
Una de las causas que se rumoran podrían estar detrás de este posible movimiento
es el manejo que Leal ha dado a temas sensibles, como las intervenciones a EPS,
incluyendo Sanitas y Nueva EPS, y sus inspecciones en dispensarios de
medicamentos. Estas decisiones, que generaron tanto apoyo como críticas,
mantienen a la Superintendencia en el ojo público.
El congresista Andrés Forero sugirió que la salida de Leal podría estar motivada
por ciertas investigaciones que ha impulsado, agregando que “es una maniobra
estratégica” en el gobierno para aliviar algunas de estas tensiones.
Por otro lado, la posible salida de Leal coincide con el inicio del debate de la
reforma de salud en la Cámara de Representantes, lo cual alimenta las
especulaciones sobre la relación de este cambio con los esfuerzos de la
administración para avanzar en sus propuestas de ajuste en el sistema de salud.
A la espera de una confirmación oficial, tanto el equipo de la Superintendencia
como actores del sector están pendientes de los próximos movimientos y sus
implicaciones para la dirección y control de políticas públicas en salud en el
país.
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