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Segundo round en pulso por proyecto de regalías
2025 - 2026
La ley Nacional de Regalías, vuelve a debate este 5 de noviembre en la plenaria
del Senado de la República, en este sentido se adelantará el segundo debate de
este proyecto de ley que fue aprobado el pasado 30 de octubre por un valor de
30,9 billones de pesos para la vigencia 2025 y 2026.
Ante la plenaria del Senado, la ponencia de ley sobre este proyecto que
adelantará el senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón, establece la
partida presupuestal que se destinará a las regiones por regalías y que
pertenece a la inversión de la nación en los territorios. Como se sabe, en el
Congreso de la República se discute, además, del Proyecto de Regalías, el acto
legislativo que apunta a la descentralización en el país.
Como se sabe, las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de
Representantes aprobaron en primer debate el presupuesto del Sistema General de
Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026, con un monto total de 30,9 billones de
pesos, cifra equivalente al 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.
La iniciativa, que fue respaldada unánimemente, ahora se trasladará a las
plenarias de ambas cámaras para su aprobación final.
Durante el debate, uno de los puntos más relevantes fue la exclusión del
artículo 23 del proyecto inicial, el cual buscaba imponer requisitos técnicos a
los fondos mixtos de administración. Según Edna Támara, representante ponente de
la propuesta y miembro del Pacto Histórico, esta eliminación responde a la
naturaleza inflexible del presupuesto de regalías. “A diferencia del General de
la Nación, el de regalías es un presupuesto de caja, por lo tanto, es más
inflexible, tiene condiciones que dificultan hacerle modificaciones”, explicó la
parlamentaria.
Congresistas advierten
Según explicó el Gobierno, el presupuesto aprobado asigna un 25% de los recursos
a las regiones productoras y un 15% a las no productoras, priorizando a aquellas
con mayores índices de pobreza.
Además, establece un 10% para inversión en ciencia y tecnología, un 7% para los
OCAD Paz y un 1% para proyectos ambientales. En cuanto al cálculo de los
recursos, este se realizó con una proyección de 85 dólares por barril de
petróleo, mientras que el precio actual se encuentra en 73 dólares.
En lo que respecta a este proyecto, varios congresistas afirmaron que aún faltan
ciertos detalles por afinar del texto y que para ello se está adelantando la
discusión simultáneamente en Cámara y Senado. Sin embargo, en parte de los
sectores políticos de oposición preocupa que la aprobación del proyecto de
regalías haga bajar la inversión de la nación en los territorios.
Así lo hizo saber el senador Miguel Uribe del Centro Democrático quién manifestó
que “desafortunadamente el presupuesto de regalías cada vez es menor y es el
resultado de la persecución del Gobierno al sector minero energético, el mal
manejo de Ecopetrol, la incertidumbre por la inseguridad física y fiscal lo que
ha llevado a que la inversión caiga en este año sobre un 20%, la partida en
regalías para los territorios durante el año anterior bajó en 400.000 millones”.
El senador y presidente del Senado Efraín Cepeda, explicó sobre esta ley que “la
ley ordena que antes del 5 de noviembre se debía aprobar esta ley de regalías y
ya salió de Comisiones Económicas, se ha dado una discusión profunda con
modificaciones y avanza normalmente. Nos preocupa que en las regiones el
Gobierno nacional ya no hace convenios interadministrativos y tampoco permite la
ejecución”. Para Cepeda, una de las preocupaciones más recurrentes es que
algunos municipios de sexta categoría, es decir, aquellas pequeñas poblaciones
no tienen planificación para apuntar a grandes proyectos y presentan problemas
para solicitar inversión.
Sobre ello, el senador Efraín Cepeda afirmó que “pese a la discusión de dos
proyectos diferentes como descentralización y regalías lo que ha sucedido en el
país que en vez de descentralizar como lo ordena la Constitución del 91 se viene
recentralizando, afortunadamente y la reforma al SGP que determina el 39,5% en
12 años y le da competencias a las regiones busca la descentralización y el
proyecto de regalías y que los municipios de sexta categoría cuenten con
asesorías para que puedan presentar proyectos de inversión”.
Coalición de gobierno se ha desmoronado
en sus integrantes en un 26%
Una decisión que se esperaba adoptara la IX Convención Nacional Liberal, reunida
la semana pasada, era si el partido se mantiene en la
coalición de gobierno o pasa a la independencia, incluso a la oposición. El jefe
de la colectividad, César Gaviria, dijo que pronto las bancadas tomarán una
determinación. Por otra parte, mañana, el Movimiento ADA (Alianza Democrática
Amplia) anunciará que dejará de ser de gobierno para pasar a independiente. En
los más de 2 años de mandato el oficialismo ha perdido cerca del 26% de sus
integrantes.
La Ley 1909 del 2018, por la cual se adopta el Estatuto de la Oposición,
establece que, dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, las
organizaciones políticas deberán optar por declararse en oposición,
independiente o de gobierno.
La norma determina que los partidos pueden modificar por una vez en el mandato
la declaración política.
Al comienzo de la Administración de Petro se declararon organización de gobierno
el Partido Liberal, la Alianza Verde, Partido Conservador, Partido de la U,
Colombia Renaciente, Polo Democrático, Unión Patriótica, MAIS (Movimiento
Alternativo Indígena y Social), Comunes, Colombia Humana.
También ingresaron el Partido Comunista Colombiano, Partido Ecologista
Colombiano, Fuerza de la Paz, Partido Político Esperanza Democrática, Partido
Político Gente en Movimiento, ADA (Movimiento Alianza Democrática Amplia), En
Marcha y ASI (Alianza Social Independiente).
Se adelgaza
El Gobierno logró sumar en un comienzo el apoyo de fuerzas que no se pensaba por
la distancia que han mantenido con la izquierda, como el Partido Conservador y
la U. Sin embargo, se alcanzaron acuerdos en torno a las propuestas de cambio
que planteó Gustavo Petro con reformas en la salud, laboral, pensional y
política entre otras.
Esta coalición le permitió en la
primera legislatura al Gobierno contar con las mayorías tanto en Senado como en
Cámara, producto de lo cual sacó adelante en 2022 la reforma tributaria y la
reforma política, esta última en su primera vuelta.
Sin embargo, los problemas en la coalición comenzaron precisamente debido a las
reformas, especialmente la de salud porque los partidos Liberal, Conservador y
la U manifestaron su desacuerdo, debido a que la entonces ministra Carolina
Corcho radicó el proyecto sin concertarlo con ellos, eso
sí con el respaldo del Pacto Histórico, que aglutina a las fuerzas del petrismo.
Además, el Partido Conservador, los liberales y la U hicieron serios reparos a
esta iniciativa por los cambios de fondo que
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planteó en el sistema, como es la
eliminación de las EPS y que los recursos los manejara en su totalidad el Estado
en manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Adres).
Conservadores, liberales y la U presentaron más de 100 propuestas a Corcho para
ajustar el texto de la reforma; sin embargo, el Gobierno acogió una parte. Por
ello, de antemano al primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara
anunciaron su voto negativo.
Aunque la iniciativa logró su aprobación en el primer debate, el presidente
Petro hizo público su disgusto el 26 de abril del año pasado por la postura del
Partido Conservador, la U y Liberal, procediendo a romper la coalición con estas
fuerzas políticas.
“La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por
decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la
mayoría de su propia bancada”, escribió en X el jefe de Estado.
Acto seguido el Partido Conservador y la U hicieron una nueva declaración
política manifestando que no eran más parte del oficialismo y que en adelante
serían independientes. Ello se constituyó en un duro golpe para la coalición
porque ‘volaron’ 25 votos en el Senado y 40 en la Cámara (ver gráfico).
En el caso del Partido Liberal a pesar del mensaje del presidente en que lo
sacaba de la coalición, se ha mantenido, por lo menos en el papel, debido a que
las bancadas están divididas: unos congresistas quieren seguir apoyando las
políticas y reformas de la administración y otros marchar a la independencia,
incluso a la oposición.
Una decisión sobre el particular no se ha tomado porque se estaba a la espera de
la Convención Nacional, convocatoria que se demoró más de lo esperado, pues no
se realizaba desde el 2017.
Por ello se pensaba que en la IX Convención la semana pasada en Cartagena se
resolvería si el Partido Liberal se queda o se marcha de la coalición. No
obstante, no ocurrió así porque el ambiente fue tenso y poco propicio para dar
esa discusión, debido a la puja por la elección del director, que como se sabe
fue reelegido el expresidente Gaviria, con lo que se habría cerrado la puerta al
petrismo.
Muchos creían que, con la aspiración de Luis Velasco a esta dirección, quien
hasta hace poco fue ministro del Interior en esta administración, el presidente
buscaba asegurarse el apoyo liberal por el resto del mandato.
El expresidente Gaviria ha sido uno de los principales críticos del Gobierno,
especialmente porque lee que son inconvenientes las reformas: laboral, pensional
y de salud. En ese sentido, es claro que su opinión es a favor de que el partido
salga de la coalición.
Al finalizar la IX Convención Nacional César Gaviria dijo a El Espectador que
“pronto haremos bancada para que los congresistas decidan si se van a la
independencia o la oposición”.
También ‘alzaron vuelo’
En septiembre pasado la militancia del Partido En Marcha decidió en una consulta
virtual que sale de la coalición de gobierno para transitar a la independencia,
lo que cobija a los senadores Jairo Castellanos Serrano, Guido Echeverry
Piedrahita y Gustavo Moreno Hurtado.
Si bien En Marcha en el papel está ahora en la independencia, en la práctica
volvió a votar como si fuera del oficialismo después de que su jefe natural Juan
Cristo ingresó en julio pasado al Gobierno como ministro del Interior.
Mientras que, en noviembre pasado, el Partido ASI se salió de la coalición, con
lo cual la Casa de Nariño perdió en el Senado un voto con Berenice Bedoya.
“Es nuestro deber interpretar el clamor de nuestros militantes en los
territorios, por eso la imperiosa responsabilidad de enviar un mensaje al actual
Gobierno. En las regiones no se está evidenciando una verdadera conexión con las
necesidades apremiantes de los ciudadanos, ellos no se identifican con lo que
viene ocurriendo en el país”, explicó en esa oportunidad Bedoya.
Por su parte, el senador Paulino Riascos, presidente de ADA, anticipó que mañana
darán a conocer la salida de la coalición y que se declararán independientes.
El parlamentario dijo a Semana que “considero que nos quedó grande como
Gobierno. No me quiero detener en el nombre de Petro, hay mucha gente que
acompaña
esta gobernabilidad y a él le toca
cargar la responsabilidad porque es el presidente. El proyecto político descuidó
el orden público, las Fuerzas Militares, y eso nos está costando hoy”.
Votos que ha perdido la coalición
En Senado
Partido Conservador 15
La U 10
En Marcha 3
ADA 1
En Cámara
Partido Conservador 25
La U 15
Decreto amarra las manos a los uniformados para
actuar contra criminales
EN LAS últimas semanas el Gobierno nacional emitió el Decreto 1231 de 2024 por
medio del cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por
parte de la Policía Nacional.
Sobre el mismo, algunos generales en
retiro de la Policía Nacional afirman que viola la Carta Fundamental y amarra
las manos de los uniformados, mientras que la Institución afirma que con la
medida gubernamental se legitima el uso de la fuerza.
Al respecto, este Diario habló con el general Eliécer Camacho Jiménez de la
Reserva Activa (RA) y excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; el
general Héctor Darío Castro Cabrera (RA), presidente del Colegio de Generales de
la Policía y con el general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe Nacional del
Servicio de Policía.
Desconocimiento de la realidad
Camacho manifestó que el Decreto no tiene en cuenta “lo que vive el policía día
a día. Los ponentes de la norma en mención manifiestan que no solamente es en el
tema de las protestas, sino también en los temas de seguridad ciudadana, la cual
está regulada por el Código Penal y por el Código Disciplinario e incluso por el
Código de Convivencia Ciudadana”.
El uso de las armas de fuego en los procedimientos policiales es muy claro y
“afecta directamente el tema del control en aquellas actividades violentas que
quieren protegerse en temas de protesta social.
No podemos desconocer que en el 2019 y 2021 se presentaron hechos violentos por
parte de algunos delincuentes que aprovecharon estas actividades para afectar a
los miembros de la Policía, al transporte público e igualmente a los edificios
gubernamentales”, sostuvo el general Camacho.
Además, dijo que en el decreto hay
artículos que “exponen a los funcionarios de Policía que deben hacer los
procedimientos
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o evitando que ellos lo hagan omitiendo sus funciones, que es lo más
grave”.
Por su parte, el general Castro Cabrera señaló que el uso de la fuerza “es un
elemento esencial en todo Estado de derecho. Hay un tipo de decretos que no son
de cumplimiento voluntario y que son las normas jurídicas. Esa disposición por
naturaleza, debe ser coercitiva. La persona que no acepte el cumplimiento de esa
orden debe ser exigida por la fuerza legítima del Estado a su cumplimiento.
Desde el Octavo Congreso de la ONU que se celebró para tratar el tema de
Prevención del Delito y del Tratamiento de Delincuentes, en La Habana, Cuba, en
1990, se dio algo muy importante que dentro de las consideraciones se determina
que la amenaza a la vida y a la integridad de los funcionarios encargados de
hacer cumplir las leyes, debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de
toda la sociedad. De ahí nace el principio del uso legítimo de la fuerza
dosificado en la medida que sea necesario para neutralizar la agresión de parte
del infractor”.
En ese evento se establece que puede haber una resistencia pasiva que no
requiere el uso de la fuerza física. Ante esa resistencia pasiva, “el
funcionario encargado del cumplimiento de la ley la responde con el diálogo y se
arregla el problema bajo la premisa del respeto a la autoridad. Pero si ya pasa
a una resistencia activa, cuando se están realizando acciones que generan una
amenaza para el funcionario público no grave, entonces el funcionario puede
responder con una acción física para controlar al infractor. Cuando ya ponen en
peligro su integridad, pues tendrá que utilizar las armas no letales de las
cuales habla el decreto”, agregó el general Castro.
Se pueden utilizar no letales o menos letales hasta que se llega a la situación
en que “se pone en peligro grave la vida y la integridad del funcionario o de
terceros, entonces ya se puede utilizar la mayor expresión de fuerza que puede
llegar a ser letal. Esto es lo que el decreto dice y que desde el año 1990 el
Congreso de la ONU está recomendándole a todos los Estados miembros”,
puntualizó.
A su turno, el general José Luís Ramírez indicó que el Decreto se elaboró con el
Ministerio de Defensa, el Gobierno nacional y la participación de la RA en las
mesas de trabajo. “Nosotros teníamos un uso de la fuerza de manera doctrinal,
hoy lo eleva a Decreto firmado por el presidente de la República. Es necesario
revisar algunos reglamentos para el uso de la fuerza, el reglamento del manual
de armas menos letales, pero le da un piso jurídico importante. Así que lo
consideramos como una pieza fundamental para el desarrollo de las actividades
que realiza la Policía Nacional y especialmente en el uso de la fuerza”, afirmó.
En ese mismo hilo, el general Cabrera asegura que la Ley es “muy clara y el
funcionario puede utilizar los elementos necesarios para neutralizar la agresión
del infractor”.
Actuaciones en manifestaciones
El decreto le da a la Policía Nacional un plazo de 18 meses para su aplicación.
En este punto, de acuerdo con el general Camacho “el uniformado debe poder
clasificar entre las personas, quien fue la que ejecutó una actividad criminal y
por supuesto que no tiene esa capacidad [...] 1.000 personas en una
manifestación, lo más fijo es que van a atacar a los miembros de la Policía
Nacional que están realizando la intervención”.
Además, Camacho sostiene que con el decreto se le “amarran las manos a los
uniformados para poder actuar en derecho contra aquellas personas que realizan
actividades criminales. Aclaro que no solamente se afecta a los Policías, sino
también a los ciudadanos”. Ya que muchos están en el interior de esos edificios
que ellos llaman bien jurídico o que son pasajeros de los vehículos de
transporte masivo.
Es decir, “todo lo que hemos podido observar dentro de esas manifestaciones, y
por esta razón tocaría explicarle muy bien a esos 14 policías que trataron de
quemar en el 2021 en el CAI, en el barrio La Aurora, en el sur de Bogotá. Les
destruyeron el inmueble y les lanzaron bombas molotov. Los uniformados lograron
salir y una mujer policía se resbala y a puntapiés la levantaron y no perdió la
vida, pero si se afectó su integridad. Son esa clase de detalles que contiene el
articulado del decreto en mención”.
Constitución Nacional y Código Penal
Por otro lado, el general Camacho también dijo que este decreto viola la
Constitución Nacional y al Código Penal, porque “está en contravía de las normas
de la Carta Fundamental, solo el Artículo 18 que da la misionalidad de la
Policía Nacional e igualmente la directiva que casi que amarra las manos a los
fiscales para poder realizar una acción judicial justa”.
Mientras que el general Ramírez Hinestroza asevera que el decreto debe tener
plenas garantías jurídicas para los policías, porque “hay un derecho a la
legítima defensa que eso no se ha perdido.
Nuestro uniformado, nuestro policía, tiene el derecho a defenderse, tiene la
obligación de defenderse y le hemos dado para que se defienda y cuando está en
peligro su vida o la vida de otro colombiano pueda usar las armas de fuego de
acuerdo con lo establecido por la Ley”.
Piedra: ¿arma no letal que mata?
El general Camacho sostiene que, pese a que una piedra es un arma no letal,
puede matar, igual que una bomba molotov “que quema, pero que incinera a las
personas, entonces tocaría proporcionalmente ir a buscar una bomba molotov para
contrarrestar ese hecho y no tiene ninguna presentación”.
A su vez, el general Ramírez afirmó no haber escuchado ese tipo de quejas, pero
dijo que efectivamente “debe haber un grado de proporcionalidad en la respuesta.
Eso lo medirá nuestro policía, pero también hay que mencionarlo que lo haremos
en un reglamento para el uso de las armas y especialmente hay un acápite
especial para para la identificación del uso de las armas de fuego”.
7.546 ciudadanos habilitados para elecciones de alcalde en Iles, Nariño
Con total normalidad a las 8:00 a. m. se dio apertura a las urnas para las
elecciones de alcalde de Iles, Nariño. 7.546 ciudadanos están habilitados para
ejercer su derecho al voto en estos comicios, de los cuales 3.843 son mujeres y
3.703 son hombres.
Para esta jornada democrática, la Registraduría Nacional del Estado Civil
instaló un total de 22 mesas de votación distribuidas en 5 puestos; 1 en la
cabecera municipal y los otros 4 en zona rural.
Igualmente, se designaron 132 jurados de votación, quienes fueron previamente
capacitados.
Dicha jornada electoral se realiza con base en el Decreto 287 del 5 de
septiembre de 2024, expedido por el gobernador del departamento de Nariño.
Debido a que el 18 de julio de 2024, la Sala de Decisión de la Sección Quinta
del Consejo de Estado profirió una sentencia de segunda instancia, en la que
revocó la sentencia del 10 de abril de 2024.
Esta sentencia había sido emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de la
elección de Jhon Haider Taquez Chávez como alcalde del municipio de Iles,
Nariño, para el periodo 2024 - 2027.
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