|
Tumbar Reforma Pensional por eludir debate pidió
la Procuraduría
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la
Corte Constitucional declarar inexequible la totalidad de la Reforma Pensional
(Ley 2381 de 2024), al considerar que en la plenaria de la Cámara de
Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin
deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado.
En un concepto enviado al alto tribunal, la jefe del Ministerio Público advirtió
que, en la sesión del 14 de junio pasado, ante una proposición presentada de
manera repentina por la bancada de Gobierno, la Plenaria de la Cámara suspendió
la discusión detallada que venía adelantando y aprobó apresuradamente la
propuesta de acoger el texto del Senado adoptado en segundo debate.
Según la Procuradora, aunque se habían introducido más de 60 modificaciones
respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste
presentadas por las distintas bancadas, la Mesa Directiva de la Cámara dispuso
que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir
individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder, “cercenó la
posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos
de la iniciativa”.
Además, destacó que la intempestiva presentación de la proposición para adoptar
el texto del Senado impidió que los congresistas tuvieran el tiempo suficiente
para consultar y analizar de forma racional las disposiciones que serían objeto
de deliberación, lo que comprometió la seriedad y transparencia del proceso
legislativo.
La Procuradora también subrayó que las limitaciones de tiempo para intervenir
(dos minutos por vocero de cada partido político), sumadas a la presión para
votar rápidamente, impidieron una deliberación adecuada, especialmente en un
tema tan complejo y técnico como el sistema pensional, que afecta directamente
los derechos fundamentales de la población.
Asimismo, cuestionó la negativa de la Mesa Directiva de ampliar el tiempo para
la deliberación y la falta de disposición para escuchar a la oposición. Aunque
varios congresistas solicitaron un mayor espacio para discutir la reforma, se
desestimaron esas solicitudes y se cerró el debate de manera prematura,
afectando el principio democrático, que exige una discusión abierta y plural.
La Procuradora destacó que, aunque en la propuesta de acoger el texto aprobado
por el Senado se incluyeron una serie de afirmaciones dirigidas a justificar la
rápida deliberación, “en la práctica no existieron las condiciones mínimas para
adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la
plenaria de la Cámara de Representantes”.
En ese contexto, recalcó que los debates realizados tanto en el Senado de la
República como en la Cámara de Representantes tienen el mismo peso en el proceso
de aprobación de los proyectos de ley, por lo que ninguno de ellos puede ser
eludido. En efecto, cada uno debe llevarse a cabo, ya que ello asegura el
cumplimiento de la ‘consecutividad’ que ordena nuestra Carta Política (artículo
157).
Por lo anterior, la jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte
Constitucional declarar la inexequibilidad de la ley en su totalidad, porque se
configuró un vicio que la jurisprudencia constitucional ha considerado
insubsanable, al afectar un elemento estructural del trámite legislativo, que es
la deliberación en cada cámara.
Congreso dirimirá conflictos limítrofes entre
Bogotá y La Calera
El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, previo
levantamiento de la reserva legal, dio a conocer el
Concepto 2518 del 6 de marzo de 2024, mediante el cual determinó que la
competencia para dirimir los conflictos limítrofes entre Bogotá, Distrito
Capital, y el municipio
|
|
de La Calera, Cundinamarca, radica
en el Congreso de la República.
El interrogante absuelto por la Sala fue planteado por el Ministerio del
Interior, a petición de la Mesa Directiva de las Comisiones de Ordenamiento
Territorial del Senado de la República y Cámara de Representantes, con ocasión
de una diligencia de deslinde realizada entre el municipio de La Calera y el
Bogotá D.C. por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que arrojó un
límite dudoso entre las dos entidades territoriales.
El concepto emitido por la Sala advierte que, teniendo en cuenta que la solución
de conflictos limítrofes implica, en últimas, la definición de los límites
territoriales de los respectivos entes territoriales, resulta coherente que la
misma entidad que tiene facultad para fijar y modificar los límites de una
entidad territorial también la tenga para solucionar sus conflictos limítrofes.
En línea con estas consideraciones, la Sala interpretó de manera lógico
sistemática los artículos 9 de la Ley 1447 de 2011 y 2.2.2.4.11 del Decreto 1170
de 2015, con lo dispuesto en el artículo 150.4 de la Constitución Política y
concluyó que la competencia para conocer los conflictos sobre los límites
dudosos en los que esté implicado el Distrito de Bogotá y los municipios
colindantes, como La Calera, es del Congreso de la República y no de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca.
Asimismo, precisó que el procedimiento para la fijación de los referidos límites
debe surtirse ante las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes y ante la plenaria del Senado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 1447 de 2011.
Explicación sobre supuestas campañas contra medios pide Flip a Bolívar
El pasado 7 de noviembre se dio a conocer un video en el que el director del
Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, afirma que "el
Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes", haciendo referencia a la
contratación de influencers para la comunicación de noticias, además de señalar
que las campañas adelantadas contra medios como Caracol, RCN y Semana "han dado
resultados".
La aparición de la grabación de una videollamada en la que aparece Bolívar ha
generado severos cuestionamientos ante la posible intervención del Gobierno
Petro en supuestas campañas de desprestigio en redes sociales contra la prensa.
Según lo señalado por la Fundación para la Libertad de Prensa, durante los
últimos dos años se ha podido observar una tendencia de desprestigio y acoso a
través de redes sociales, en las que se ha criticado el trabajo de la prensa
además de "insultar, acosar y, en ocasiones, amenazar a periodistas y los mismos
medios de comunicación".
Así mismo, indicaron que "si bien las conversaciones contienen actividad
orgánica auténtica, ellas también reflejan patrones de actividad coordinada. Las
declaraciones de Bolívar son un indicio alarmante de que estas acciones pueden
haber contado con apoyo desde el Gobierno, lo que constituye una amenaza seria
al ejercicio de la libertad de prensa.".
La Flip también advirtió que las declaraciones dadas por el director de
Prosperidad Social, contradicen el deber de los funcionarios de promover un
entorno seguro y libre de presiones para el ejercicio periodístico, señalando, a
su vez, que los estándares
|
|
internacionales de libertad de
prensa no solo exigen que los funcionarios públicos mantengan un alto grado de
tolerancia hacia el trabajo de la prensa, sino que obligan a los funcionarios a
proteger a los medios y a sus periodistas de cualquier tipo de intimidación o
acoso.
Ante la publicación de dicho video, Gustavo Bolívar aseguró en su cuenta de X
que se trataría de una conversación privada por la cual no debía rendir cuentas.
A lo que la Flip indicó que "el espacio privado en este caso no disminuye el
interés público de lo dicho. Dado el rol de Bolívar como alto funcionario, sus
palabras sobre los “resultados” de campañas contra medios de comunicación
requieren una explicación detallada y pública. La gravedad de sus afirmaciones
exige que responda claramente sobre a qué se refiere cuando habla de estas
campañas y de sus supuestos resultados."
Por otra parte, Bolívar y Petro publicaron algunos cuestionamientos sobre la
forma en la que Semana pudo tener acceso a dicho video, sugiriendo, que el medio
de comunicación estaría incurriendo en irregularidades al realizar su
publicación. Con respecto a esto, la Fundación recordó que la prensa tiene
"derecho de recibir y publicar este tipo de materiales proporcionados por
fuentes reservadas, una práctica legítima amparada por estándares
constitucionales de libertad. En segundo lugar, con estas declaraciones, el
gobierno busca desviar la atención de las graves afirmaciones de Bolívar".
"Desde la FLIP instamos al gobierno del presidente Gustavo Petro a aclarar
públicamente su relación con estas campañas de desprestigio y a tomar medidas
concretas para demostrar su compromiso con la libertad de prensa en el país.
Cualquier intento de limitar o coartar el ejercicio informativo es contrario a
las normas internacionales de derechos humanos y afecta el derecho de la
ciudadanía a recibir información veraz y diversa", enfatizaron en el
pronunciamiento.
Agarrón entre Salamanca y congresistas independientes
En la aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de la reforma
política que presentó el Gobierno, además de la polémica propia de la discusión
del articulado, otra fue porque algunos congresistas señalaron al presidente de
la Corporación, Jaime Salamanca, de que supuestamente no da garantías para
intervenir.
La representante, Jennifer Pedraza Sandoval, de Centro Esperanza) dijo que
“quiero denunciar la violencia política que ejerce el presidente de la Cámara,
Jaime Raúl Salamanca, no solo conmigo, sino con la bancada independiente y
representantes democráticos al cuestionar su forma de dirigir la plenaria”. La
Congresista aseveró que “lo peor es que el ministro Juan Cristo (Interior) lo
valida”.
Pedraza se preguntó si “¿Esa es la concertación que prometió el ministro? Y
todavía se les llena la boca hablando de paridad”.
Por su parte, el presidente Salamanca indicó que después de “13 horas de
deliberación en la plenaria de la Cámara se aprobó en segundo debate en la
primera vuelta el proyecto de acto legislativo de la reforma política. Fueron
más de 100 intervenciones, más de 100 impedimentos, casi 200 proposiciones que
se debatieron en la plenaria de la Cámara dándole garantías a todos los
partidos, debo insistir en esto porque para mí es muy importante que todo el
país sepa que aquí en la plenaria de la Cámara hay una mesa directiva
comprometida con dar garantías a todos los sectores”.
Mientras que la representante, Katherine Juvinao, de Alianza Verde manifestó que
“las mujeres independientes en la Cámara no soportamos un día más la patanería y
violencia del representante Jaime Raúl Salamanca, quien se atribuye la facultad
de censurarnos y apagarnos el micrófono cuando no está de acuerdo con nuestras
intervenciones”.
|
