Gobernación de Risaralda impulsa
proyectos de agua potable y saneamiento en Apía, Santuario y
Marsella
En el
marco del Segundo Comité de Viabilización de Proyectos del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico de Risaralda, fueron aprobados
tres proyectos clave para mejorar la infraestructura de acueducto y
alcantarillado en los municipios de Apía, Santuario y Marsella.
Estas iniciativas, lideradas por el gobernador Juan Diego Patiño y
ejecutadas por las Empresas Públicas de Risaralda, buscan fortalecer
la calidad de vida de los habitantes y fomentar el desarrollo
sostenible en la región.
Uno de los objetivos principales de estos proyectos es la
modernización de las redes de agua potable, eliminando materiales
obsoletos y potencialmente peligrosos como el asbesto-cemento. Apía,
por ejemplo, verá una transformación en su sistema de acueducto y
alcantarillado con la sustitución de estas tuberías, lo cual
reducirá riesgos para la salud pública y garantizará un suministro
de agua más seguro.
Santuario también se beneficiará con mejoras en sus redes de agua y
saneamiento, aumentando la eficiencia en el suministro y mejorando
la gestión de aguas residuales. Además, en Marsella se llevarán a
cabo obras para construir interceptores en puntos estratégicos como
el Instituto Agrícola y el Matadero, fortaleciendo así el plan de
manejo de vertimientos del municipio.
Estos
proyectos reflejan el compromiso de la Gobernación de Risaralda con
el bienestar de sus comunidades, priorizando la salud y el acceso a
servicios básicos de calidad para todos sus habitantes.
Cinco departamentos se unen en una
estrategia regional para combatir la delincuencia
En una
medida histórica, los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda,
Antioquia y Tolima han decidido unir fuerzas para enfrentar la
delincuencia que afecta a la región. En un Consejo Regional de
Seguridad realizado en Viterbo, Caldas, se congregaron los
gobernadores de estos departamentos junto con altos funcionarios de
seguridad y representantes de instituciones como la Policía
Nacional, el Ejército, la Fiscalía General, la Fuerza Naval, la
Fuerza Aérea y Migración Colombia. Este esfuerzo conjunto busca
establecer una estrategia coordinada que permita enfrentar el crimen
organizado, el microtráfico y otros delitos que amenazan la
tranquilidad de estas comunidades.
Durante el encuentro, las autoridades delinearon una hoja de ruta
con compromisos específicos y acciones coordinadas, conscientes de
que la delincuencia no conoce fronteras y requiere una respuesta
integral. Además, se acordó realizar reuniones periódicas para
evaluar los avances y ajustar la estrategia conforme evolucionen las
necesidades de seguridad.
Estrategias conjuntas y compromisos clave
Entre los principales acuerdos, se definieron iniciativas enfocadas
en mejorar la coordinación interdepartamental y fortalecer la
capacidad de respuesta de las autoridades frente a amenazas
específicas:
-Coordinación interdepartamental de inteligencia y seguridad:
Las fuerzas de inteligencia de la Fiscalía, el CTI y la Policía
colaborarán estrechamente para analizar patrones de actividad
delictiva en la región, permitiendo ejecutar operativos más precisos
contra las redes de crimen organizado.
-Control sobre el Río Magdalena: Reconociendo el rol estratégico
del río para el tráfico de drogas y armas, se implementarán
operativos de vigilancia en puntos clave para frenar
significativamente estas actividades ilegales.
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-Gestión de la
migración y seguridad fronteriza: Se prestará especial atención a los
movimientos migratorios en la región, supervisando a individuos con antecedentes
criminales y gestionando deportaciones en casos pertinentes.
-Inversión en tecnología de seguridad: Con el fin de reforzar la
vigilancia, se destinarán recursos a la adquisición de cámaras, radios, drones y
otros equipos de alta tecnología, mejorando así la capacidad de respuesta de las
autoridades en zonas críticas.
-Programas de prevención y rehabilitación social: En un esfuerzo por
prevenir el consumo de drogas y ofrecer oportunidades de reinserción a personas
en situación de calle, se desarrollarán programas especiales orientados a
poblaciones vulnerables.
-Creación de la “Policía del Agua”: Esta unidad especial estará encargada
de proteger los recursos naturales y combatir delitos ambientales, con un
enfoque en preservar áreas de alto valor ecológico.
-Incremento de la fuerza pública: Los gobernadores gestionarán ante el
gobierno nacional un aumento en el pie de fuerza para municipios vulnerables y
áreas limítrofes, reforzando la presencia de seguridad y capacidad de respuesta
en situaciones críticas.
Compromiso regional con la seguridad
El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, resaltó la importancia de esta alianza
y su impacto en la calidad de vida y desarrollo económico de la región. “La
seguridad es un pilar fundamental que nos da tranquilidad y fortalece la
inversión y el turismo. Este es un esfuerzo conjunto en el que actuaremos con
inteligencia y coordinación, y no será un esfuerzo aislado; los departamentos
tendrán encuentros periódicos para asegurar el cumplimiento de nuestros
compromisos”, afirmó Gutiérrez.
Jorge Andrés Gómez, secretario de Gobierno de Caldas, también expresó que esta
colaboración representa una oportunidad única para maximizar los recursos y
enfocar los esfuerzos en áreas críticas. “Este es un compromiso que todos
asumimos colectivamente, y el seguimiento será crucial para alcanzar los
resultados esperados”, enfatizó Gómez.
Desde Risaralda, el gobernador Juan Diego Patiño hizo un llamado al gobierno
nacional para que respalde esta estrategia con recursos. “Necesitamos el apoyo
continuo del gobierno para financiar estos planes de seguridad y dotar a las
fuerzas de seguridad con las herramientas necesarias para proteger nuestras
comunidades”, sostuvo Patiño.
Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, destacó
la relevancia de implementar una red de monitoreo interconectada en las zonas
que conectan Caldas y Antioquia. “Esta red de cámaras y sistemas de vigilancia
nos permitirá responder de manera oportuna a cualquier amenaza en el corredor
vial y prevenir el crimen en nuestras áreas limítrofes”, afirmó Martínez.
Un modelo de
seguridad regional con visión de futuro
Este Consejo Regional de Seguridad representa el inicio de una colaboración
interdepartamental que aspira a ser un modelo de gestión de seguridad en el
país. Los líderes de estos cinco departamentos, comprometidos en proteger a sus
comunidades, confían en que estas iniciativas conjuntas no solo reducirán los
índices de criminalidad, sino que también sentarán las bases para una región más
segura y próspera.
A medida que la estrategia avance, se priorizará la coordinación constante y la
búsqueda de recursos nacionales, promoviendo así un entorno de paz y estabilidad
en el Eje Cafetero y Antioquia. Con este proyecto de seguridad, se espera
mejorar la calidad de vida de los habitantes, fomentar el desarrollo económico y
consolidar a la región como un territorio seguro y acogedor para el turismo y la
inversión.
Risaralda fortalece sus acciones frente al cambio
climático en el III Consejo Departamental
En el III Consejo
Departamental de Gestión de Cambio Climático de Risaralda, celebrado
bajo la dirección de la Secretaría
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de Desarrollo
Agropecuario de la Gobernación, más de 16 entidades departamentales reafirmaron
su compromiso con la protección ambiental y la sostenibilidad. Durante la
jornada, se presentaron avances del Plan Departamental de Cambio Climático y se
debatieron estrategias para mejorar la articulación de acciones en el
territorio.
Uno de los temas destacados fue el Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo
Ambiental (SATMA), desarrollado por el Grupo de Investigación Ambiental y de
Sostenibilidad (GIAS) de la Universidad Tecnológica de Pereira. Según explicó
John Sarmiento, coordinador ambiental de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, “esta herramienta permite generar alertas en tiempo real sobre
fenómenos climáticos como lluvias intensas y crecientes de los ríos, facilitando
la toma de decisiones para prevenir emergencias ambientales”.
Además, la
Secretaría de Planeación presentó un análisis de las herramientas de
planificación municipal en comparación con el Plan Departamental de Cambio
Climático, lo que evidenció la necesidad de ajustar ciertos aspectos para
fortalecer la coherencia y efectividad de las políticas climáticas en los
municipios del departamento.
Otro punto clave fue la propuesta de modificar la ordenanza 002 de 2021 para
crear la Mesa Territorial Agroclimática, que serviría como espacio de
coordinación entre diferentes actores e instituciones. Este cambio, según los
participantes, optimizaría la respuesta frente a los efectos del cambio
climático y mejoraría la gestión de recursos y acciones conjuntas en el
departamento.
John Sarmiento resaltó el valor de este consejo como un espacio de diálogo y
cooperación, asegurando que “estos avances representan un logro significativo
para el departamento, promoviendo una mayor eficiencia en las acciones conjuntas
que protegen nuestro entorno”.
El Consejo Departamental de Gestión de Cambio Climático sigue consolidándose
como un pilar en la lucha contra los desafíos ambientales de Risaralda, buscando
construir un futuro sostenible que beneficie a todas sus comunidades.
Gobernación de Risaralda advierte sobre sanciones
por venta de licor adulterado
La Gobernación de
Risaralda ha intensificado su campaña “A lo bien, Risaralda compra y vende
legal” para alertar a los comerciantes sobre las severas consecuencias legales y
económicas de comercializar licor adulterado. La Dirección de Fiscalización
departamental, liderada por Luz Andrea Henao Torres, ha reiterado que las
autoridades tienen la facultad de cerrar cualquier establecimiento en el que se
encuentre al menos una botella de licor en estas condiciones.
Una botella adulterada es aquella que no cumple con los estándares de calidad y
salubridad: puede presentar partículas en suspensión, estar en botellas sucias y
desgastadas, y contener alcohol no apto para consumo humano. Estas botellas,
comúnmente, llegan a los establecimientos ofrecidas a bajo costo o con
facilidades de pago, lo que, según Henao Torres, “hace caer en la trampa a los
comerciantes”. Sin embargo, las sanciones son elevadas y pueden ser mucho más
costosas que cualquier ahorro que esto represente.
Las consecuencias para los infractores incluyen el cierre temporal del
establecimiento, la aprehensión del licor adulterado, una denuncia formal ante
la Fiscalía y multas de hasta 15 veces el impuesto dejado de pagar.
Desde la Gobernación, se hace un llamado a los comerciantes para que eviten
riesgos vendiendo solo licor legal, ya que incluso una sola botella adulterada
podría desencadenar las medidas establecidas en el Estatuto Tributario. La
iniciativa busca promover un comercio seguro y legal, protegiendo la salud
pública y evitando el impacto económico que estas prácticas ilícitas pueden
generar en la comunidad de Risaralda.
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