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Tras cuatro años, absuelto Santiago Uribe por caso
'Los 12 apóstoles'
En la mañana de este miércoles, el juez penal primero especializado de
Antioquia, Jaime Herrera Niño, absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del
expresidente Álvaro Uribe, acusado de los delitos de homicidio y concierto para
delinquir, ambos agravados por su supuesta participación en la conformación del
grupo paramilitar conocido como 'Los doce apóstoles'.
La decisión llega luego de cuatro de años de haber sido iniciado el proceso que
buscaba determinar su participación en la el grupo que operó en varios
municipios de Antioquia, entre los cuales se encontraban Yarumal, Campamento,
Carolina del Príncipe y Valdivia, durante los años 90, para enfrentar a los
guerrilleros del Eln y de las Farc, que hacían presencia en dicha zona.
Además, durante este proceso la Fiscalía General de la Nación ha intentado
establecer si 'Los doce apóstoles' fueron los responsables de más de 300
homicidios, con una presunta participación de la Fuerza Pública, y con ello
establecer si el hermano del expresidente Uribe tuvo incidencia en dichos
asesinatos.
A través de su cuenta de X, el líder del Centro Democrático se pronunció sobre
la sentencia.
Durante los años 1999 y 2000, Santiago Uribe fue exonerado en primera y segunda
instancia; sin embargo, en 2010 fue reabierto.
El pasado 17 de junio del presente año, el excomandante de Policía de Yarumal,
Juan Carlos Meneses, reafirmó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
sus acusaciones contra Santiago Uribe por presuntos vínculos con el
paramilitarismo, en particular con el grupo.
En un documento entregado a la JEP, Meneses detalló su participación en la
colaboración con grupos paramilitares antes de su llegada a Yarumal, señalando
que recibían sobornos de ganaderos y comerciantes para permitir la actuación de
estos grupos delictivos. Además, mencionó nombres de compañeros policías que
colaboraban estrechamente con los paramilitares.
Según Meneses, había una coordinación con la SIJIN para no intervenir en las
actividades criminales de ‘Los 12 Apóstoles’, lo que permitía la comisión impune
de homicidios y otros crímenes en la zona. También afirmó que Uribe Vélez, junto
con otros ganaderos y comerciantes, buscaban la protección de la Policía para
operar sin restricciones.
Con sanciones a siete congresistas, los
conservadores refuerzan disciplina partidista
Una drástica sanción aplicó el Partido Conservador suspendiendo con la pérdida
de voz y voto por 90 días a siete de sus congresistas en
la Cámara por votar a favor la reforma pensional que presentó el Gobierno, a
pesar de que la decisión de la colectividad y de sus parlamentarios fue no
apoyarla por considerarla inconveniente. Con la medida prevista en sus estatutos
busca preservar la disciplina partidista y dar cumplimiento a la Ley de
Bancadas.
Los congresistas afectados son Jorge Quevedo, representante por Guaviare;
Gerardo Yepes Caro, representante por Tolima; Ruth Caycedo Rosero, representante
por Nariño; Ciro Rodríguez Pinzón, representante por Norte de Santander; Daniel
Restrepo Carmona, representante por Antioquia; Fernando Niño Mendoza,
representante por Bolívar; y Alfredo Cuello Baute, representante por Cesar.
La Veeduría Nacional, a cargo de María Correa, determinó “suspender
temporalmente a los investigados anteriormente identificados, la cual consiste
en la pérdida de voz y voto dentro de la honorable Cámara de Representantes y
separación de toda actividad del Partido Conservador Colombiano por un término
de 90 días prorrogables hasta por 90 días más, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 85 del Código de Ética del Partido
Conservador Colombiano”.
En la investigación que adelantó el partido los señalados congresistas
explicaron que votaron a favor la reforma pensional en cuarto debate porque fue
un acuerdo de la bancada en la Cámara.
Sin embargo, la Veeduría encontró que dicho acuerdo no se concretó, sino fue
apenas una convocatoria de la bancada para discutir esta propuesta.
“No entiende esta Veeduría las razones por las cuales los investigados quieren
hacer valer una simple convocatoria como un acuerdo de
bancada, tratando de inducir en error al despacho”, señaló en el documento la
Veeduría de la colectividad. Por ello indicó que “existen los fundamentos
probatorios suficientes” para sancionarlos.
Dicha Veeduría citó y fijo ahora para que los investigados ejercieran su derecho
a la defensa, lo cual no fue posible debido a, explicó, “la inasistencia de los
investigados; sin embargo, posteriormente solicitaron aplazamiento de la
diligencia, por lo que se hace necesario para garantizar el debido proceso y
derecho a la defensa, citar nuevamente a los investigados a versión libre y
además citar al vocero de la bancada Nicolás Barguil para que rinda testimonio
bajo la gravedad de juramento”.
No obstante, la Veeduría Nacional decidió poner en vigor la medida sancionatoria
fundamentada en el artículo 85 de los estatutos del Partido Conservador, que
contempla que “en cualquier
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momento de la investigación
disciplinaria podrá decretarse, como medida cautelar, la suspensión temporal del
militante por un término de noventa (90) días prorrogables hasta por noventa
(90) días más, siempre y cuando existan los fundamentos probatorios suficientes
que permitan inferir razonablemente que exista la comisión de una falta
disciplinaria”.
Finalmente, el partido establece que “una vez en firme el presente auto, oficiar
a la Honorable Cámara de Representantes, para que dé aplicación de la medida
provisional aquí prevista”.
Así mismo dispone la colectividad “fijar fecha y hora para la diligencia de
versión libre, así como para el testimonio bajo la gravedad de juramento del
señor Nicolás Barguil, con base a la solicitud de los investigados”.
Rompieron ‘cobijas’
El Partido Conservador decidió sumarse a la coalición de gobierno del presidente
Petro desde el principio del mandato, lo cual sorprendió porque desde su
posición ideológica de centroderecha ha mantenido distancia con la izquierda.
Sin embargo, junto con colectividades como el Partido Liberal y La U apoyaron
esta administración por su propuesta de cambio y hacer varias reformas en este
sentido.
Empero, la decisión del Gobierno de presentar las reformas al Congreso sin
consensuar con las diferentes fuerzas políticas, incluso con la misma coalición,
enrareció el ambiente en el caso de conservadores, liberales y la U, que
presentaron más de 100 propuestas para corregir la reforma a la salud, a la que
consideraron inconveniente.
El Gobierno acogió unas pocas de estas propuestas, por lo que los tres partidos
anunciaron voto negativo a la reforma a la salud en su primer debate en la
Comisión Séptima de la Cámara a finales de abril del 2023.
En esa oportunidad el Partido Conservador advirtió a sus parlamentarios previo a
este debate, que consecuente con la decisión de bancada de “no acompañar el
proyecto de reforma a la salud presentada por el Gobierno, es obligación de
todos los representantes a la Cámara y senadores del Partido Conservador votar
negativo la totalidad de los artículos”.
Como consecuencia de esto, el
presidente decidió romper la coalición con los partidos Conservador y la U. “La
coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por
decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la
mayoría de su propia bancada”, dijo Petro.
Entonces, el Partido Conservador se declaró independiente al Gobierno y ha
votado en su mayoría en contra las reformas de éste con sus 40 parlamentarios
(15 senadores y 25 representantes), siendo clave para el hundimiento en la
pasada legislatura de las reformas de salud y laboral.
Sin embargo, la situación que compromete a los citados siete representantes
conservadores es que en junio pasado votaron a favor en plenaria de Cámara en la
reforma pensional la proposición de acoger el texto que venía del Senado y, como
consecuencia no hubo discusión en cuarto debate, por lo que este proyecto
acumula varias demandas en la Corte Constitucional.
No obstante, los 7 votos conservadores no fueron definitivos para aprobar la
pensional en cuarto debate porque dicha proposición fue acogida con 86 votos
positivos y 37 en contra.
A pesar de la disciplina que han mantenido las bancadas conservadoras, la
sanción que la colectividad acaba de aplicar a siete representantes es un
campanazo de alerta frente a votaciones clave que vienen como la reforma laboral
en tercer debate en Cámara. La presidenta del Directorio Nacional Conservador,
la senadora Nadia Blel, dijo sobre este y otros proyectos de la Casa de Nariño,
que “no acompañamos propuestas que perjudiquen al país”.
Tampoco los conservadores apoyarán el nuevo proyecto de reforma de salud del
Gobierno, que ayer se comenzó a votar en la Comisión Séptima de Cámara; así como
la iniciativa de la coalición que busca habilitar el transfuguismo en 2026 ni la
reforma política ni la reforma tributaria, entre otras.
Congresistas no son islas
El exsenador y expresidente del DNC, Ómar Yepes Alzate, dijo “creo que a
los partidos en general hay que ponerles orden porque lo único que están
haciendo hoy en día es expidiendo avales y organizar elecciones, pero poco están
estudiando los problemas del país y en su organización interna hay demasiada
indisciplina”.
Explicó que “eso lo vemos en el Partido Liberal, en el Partido de la U, en el
propio Partido Conservador, y creo que es tiempo de ponerle orden a las cosas”.
Añadió Yepes que “si la gente representa a un partido y es elegido con las
banderas de ese partido, pues lo obvio es que se acoplen con las disposiciones
estatutarias y que manejen disciplina”.
Enfatizó que “cada quien no se puede convertir en una isla y hacer lo que le
venga en gana. De lo contrario, acabemos con los partidos y que cada quien tenga
su propio partidito”.
Reforma a Ley de Educación Superior depende también del proyecto de ajuste al
SGP
En el Congreso de la República avanza el proyecto de ley que busca hacer unas
pequeñas modificaciones a la Ley 30 de 1992. Esta iniciativa tiene como objetivo
transformar el modelo de financiación de la educación superior pública en
Colombia, que actualmente se basa en los aportes estatales ajustados anualmente
según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Como se sabe, tras dos meses de radicado el proyecto de ley fue presentado por
el Gobierno nacional a través del ministro de Educación, Daniel Rojas, la
propuesta es acompañada por varios congresistas
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entre quienes se encuentran los representantes Hernando González de Cambio
Radical, la representante Jennifer Pedraza de la Coalición Centro Esperanza, y
del senador de la Alianza Verde Ariel Ávila.
Inicialmente, una de las autoras y abanderadas de la iniciativa es la
representante Jennifer Pedraza quién explicó que “el sistema educativo requiere
tres reformas urgentes; Una de ellas es cambiar la fórmula de cálculo de los
recursos para las universidades públicas y para instituciones técnicas y
tecnológicas estatales; requerimos una reforma general al Sistema General de
Participaciones que aumente los recursos para los colegios públicos que
garantice la conectividad, la infraestructura, el agua potable y se disminuir la
relación de cantidad de estudiantes por maestro en los colegios públicos”.
Asimismo, dijo que “para esto es necesario tener en cuenta que, a pesar del
esfuerzo de las universidades públicas en ampliar su cobertura, esto hace que la
mayor parte de los estudiantes busquen un crédito a través del Icetex. Entonces
debemos fortalecer la educación pública, integrar los programas complementarios
sin asfixiar financieramente a las universidades”.
Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila señaló que “se trata
de una iniciativa que crea un piso mínimo de recursos públicos para las
instituciones de educación superior y con los cuales tendrán financiación
directa de la Nación para no depender únicamente de los entes territoriales. La
propuesta recoge los insumos que han sido construidos por estudiantes,
profesores y el Sistema Universitario Estatal qué durante más de 10 años se han
venido socializando”.
Cambios que se proponen
Los parlamentarios coinciden en que se deben ampliar las partidas de inversión
por parte del Gobierno nacional, como uno de los aspectos fundamentales para
mejorar la educación en Colombia.
En ese sentido, la representante Pedraza sostuvo que “es necesario garantizar la
educación inicial pública, el preescolar de tres grados que siempre ha venido
luchando el magisterio y que es una gran brecha social entre los hogares
privilegiados que tienen la posibilidad de pagar un jardín privado a sus niños,
y quienes no pueden hacerlo por lo que mandan a sus hijos a hogares comunitarios
en donde hay cuidado, pero no educación inicial”.
“Recordemos que lo que terminó matando la reforma anterior fue negociar a puerta
cerrada la educación pública como derecho fundamental y retiraron el contenido
que priorización de la financiación del Estado iba dirigida a las universidades
públicas e incluyeron aspectos que ponían en riesgo la autonomía universitaria,
la cátedra universitaria, entre otros puntos”, manifestó Pedraza.
Por su parte, el senador Ariel Ávila explicó que “poder sanar las finanzas de la
Universidad pública con una nueva fórmula que hará crecer los recursos para el
funcionamiento de las universidades, incluyendo el índice (ICES) que contempla
los verdaderos costos de la educación y hoy calcula el DANE, pero no se usa,
hace parte de esta nueva propuesta. Para ello, se debe ampliar los recursos de
inversión de las instituciones públicas, pasando anualmente del 30% de
incremento real del PIB al 70% como una forma de canalizar los recursos del
crecimiento económico hacia la financiación de la educación pública”.
Cabe señalar que en el Congreso de la República ya se nombraron a varios de los
ponentes quienes serán los encargados de presentar el articulado en la Comisión
Sexta del Senado de la República y que quedó liderada por el senador Pedro
Florez del Partido Pacto Histórico, quién liderará la discusión del proyecto
presentado por el Gobierno nacional.
C. Suprema no continuará proceso contra César Manrique
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia perdió competencia
para seguir juzgando a César Augusto Manrique Soacha, exdirector del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
"Manrique Soacha, era procesado por los delitos de interés indebido en la
celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación, a raíz de posibles irregularidades cuando en calidad de gerente (e)
del Fondo de Vigilancia de Bogotá el 28 de agosto de 2012 suscribió el Contrato
No. 559 con el objetivo de adquirir cien motocicletas eléctricas tipo Cross
Marca Zero DS-ZF9 para el Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá D.C. –MEBOG-,
por valor de $4.357’000.000", indicó la Corte Suprema.
El 22 de febrero de 2016 fue formalmente acusado por esos hechos ante el Juzgado
Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C.
Superadas algunas dificultades procesales mediadas por una declaración de
nulidad por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el citado juzgado adelantó
una parte del juicio oral desde el 10 de noviembre de 2021 al 3 de agosto de
2023.
El 14 de septiembre de 2023, el defensor del acusado informó que desde agosto de
2022 Manrique Soacha ejercía el cargo de director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, solicitando remitir por competencia la
actuación a la Sala Especial de Primera Instancia.
La Sala de Primera Instancia asumió el conocimiento del caso el 29 de enero de
2024, y continuó con el juicio oral el 25 de abril siguiente, siendo concluido
el 18 de julio y actualmente la Sala adelantaba la proyección del respetivo
fallo.
El pasado 6 de noviembre el defensor del acusado aportó copia del Decreto que
aceptó la renuncia de Manrique Soacha como director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, lo cual hace que la Sala pierda
competencia para el juzgamiento por tratarse de hechos para los cuales no está
amparado por fuero.
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