Pereira, Colombia - Edición: 13.366-946

Fecha: Sábado 16-11-2024

Imputan a exdepositario de la SAE por pérdida de 10 lingotes de oro

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Juan Carlos Vargas Suárez, un exdepositario que estaría implicado en la desaparición de 10 lingotes dorados y 69 relojes que pertenecerían al señalado narcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’.

Entre febrero de 2021 y abril de 2022, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó al hoy procesado para que administrara varios bienes que habían sido afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.

Algunas de las propiedades a custodiar eran las barras doradas, que de acuerdo con el dictamen de peritos certificados corresponderían a listones metálicos; y una colección de relojes, varios de estos de gama alta, que superarían en valor los 1.300 millones de pesos. En su momento, los elementos fueron guardados en una caja fuerte que estaba instalada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca), pero al ser buscados para entregarlo a un nuevo depositario no fueron encontrados.

El depositario no entregó explicaciones sobre el paradero de los bienes extraviados, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción le atribuye haber fallado en su deber de cuidado y aseguramiento de los activos que le fueron confiados, los cuales tendrían un origen ilícito.

intervenidas simbólicamente, para hacer memoria de los crímenes de sus hijos.

Luego, el congresista Polo Polo publicó un video en el que cuestionaba el origen de la representación artística. “Yo le quiero preguntar quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”, dijo en el video. Acto seguido, puso en una bolsa de basura las botas instaladas por familiares de las víctimas.

Luego, Jaqueline Castillo, madre de una de las víctimas, intervino ante la plenaria de la Cámara para expresar su rechazo al acto del congresista, pedir que se le impusiera una sanción disciplinaria y defender la cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales. “Llevamos 16 años de lucha cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura. Hoy, el acto que usted hace, señor, de tirar estas botas en la basura, revive el desprecio con el que fueron tratados nuestros seres queridos”, expresó.

El comunicado de la JEP y el CNMH se suma también a las manifestaciones de rechazo enviadas por otras entidades como el Ministerio de Cultura, incluso el presidente Gustavo Petro. “La extrema derecha ve a la izquierda no como su rival ideológico, sino como el enemigo existencial”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una denuncia penal y una queja disciplinaria “por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados, por la afrenta que cometió contra las Madres de Soacha”.

Al final de su mensaje, la JEP resaltó la importancia de su trabajo para el reconocimiento, a la fecha, de 104 máximos responsables de falsos positivos. También el rol del CNMH en su labor de búsqueda de la verdad y promoción de la memoria sobre el conflicto armado interno.

La Policía Nacional informó en las recientes horas que, en el marco del plan de Seguridad Ciudadana Urbana, se realizó un exitoso operativo contra el tráfico de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira.

Un mayor de la Policía Nacional fue capturado por exigir pago a sus subalternos a cambio de otorgar permisos.

Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió establecer que el uniformado, en complicidad de su conductor, cometió las irregularidades.

Se trata del comandante de la estación de Policía de El Poblado, en Medellín. El conductor es un subintendente de la institución.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que el comandante de la Policía, en octubre de 2024, exigió pagos a otros uniformados a su cargo para autorizarles permisos. Las exigencias económicas eran materializadas a través de la billetera digital Nequi.

Así mismo, las autoridades aseguraron que los pagos no llegaban al número del comandante de la estación de El Poblado, sino al de su conductor, un subteniente que también fue capturado.

Con suficiente material de prueba, el ente acusador solicitó al juez penal militar a cargo del caso una orden de captura en contra de los uniformados.

El togado accedió a la solicitud de la Fiscalía y la captura se llevó a cabo por efectivos de la Policía Nacional en Medellín. El comandante y su conductor quedaron a disposición de las autoridades pertinentes para realizar el debido proceso en el caso por presunta responsabilidad en el delito de concusión.

“Por estas razones el juez 1724 Penal Militar y Policial de control de garantías accedió a la pretensión, misma que fue materializada el día de hoy (15 de noviembre). Los capturados serán dejados a disposición del Juez Penal Militar y Policial competente para continuar con el proceso”, indicó la Policía.