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Cancillería publicó borrador de resolución para
atender casos de violencia de género
La Cancillería publicó para
revisiones un resolución que adoptaría un protocolo de prevención y atención a
víctimas de violencias basadas en género en el interior de la cartera y para
atender este tipo de casos en el servicio consular en el exterior. El texto será
público hasta el 24 de noviembre.
Esta iniciativa hace parte de la dependencia técnica de Política Exterior
Feminista y Asuntos de Género, una división que implementó este gobierno y que
está en cabeza de Diana Parra, asesora para Asuntos de Género de Minexteriores.
Precisamente, este será el órgano encargado de, junto con las direcciones de
Talento Humano y Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano, de
establecer “un plan de implementación de este protocolo”, lo que se deberá hacer
en menos de seis meses después de la fecha de entrada en vigencia de la
resolución.
Con ella, se modificará el inciso primero y numeral 10 del artículo 9 de la Ley
1257 de 2008, en la cual se establecieron “normas de sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. Este ya
había pasado por modificaciones con la Ley 2136 de 2021, “por medio de la cual
se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación
y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano- PIM, y
se dictan otras disposiciones”.
El objetivo será “prevenir y atender la violencia por razones de genero al
interior de la entidad”, así como “gestionar la respuesta en la atención a
connacionales en el exterior, mujeres en sus diversidades y personas LGBTIQ+”.
Además, se buscará generar un “proceso del fortalecimiento de capacidades
institucionales que permita la correcta implementación del protocolo”.
Sumado a eso, se deberá crear y fortalecer los sistemas de información del
Minexteriores para poder hacer un seguimiento a los casos reportados. En caso de
ser aprobado, las direcciones encargadas tendrán que elaborar cada año un
informe sobre la implementación, “en el que se evidencie el avance en las
acciones de prevención y atención de violencia por razones de género”.
Finalmente, también establece que el protocolo “será actualizado cuando la
expedición de normas de carácter superior consagre disposiciones que requieran
ser incorporadas a este, sin que sea necesaria la nueva expedición de un acto
administrativo”.
Aprueban en penúltimo debate reforma al Sistema de
Participaciones
Con 26 votos a favor, la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su penúltimo debate el proyecto
de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca aumentar
significativamente el porcentaje de transferencias a las regiones, pasando del
24% actual al 39,5%. Este avance se da tras dos días de intensas discusiones en
las que se modificaron varios puntos clave de la iniciativa.
El proyecto, que ahora ha superado
siete de los ocho debates requeridos, originalmente proponía que las
transferencias a los departamentos, distritos y municipios representaran al
menos el 46,5% de los ingresos de la Nación.
Sin embargo, tras intensas
negociaciones con la Casa de Nariño y los diferentes actores políticos, se
acordó una cifra final del 39,5% en el Senado, mientras que en la Comisión
Primera se fijó en 36,5%.
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El propósito central de la reforma
es mejorar la descentralización de los recursos y permitir que las regiones
cuenten con más autonomía para gestionar los servicios básicos, como educación,
salud y agua potable.
Reacciones del Gobierno y el Congreso
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que el SGP tiene como
objetivo general garantizar recursos para servicios esenciales y detalló que, en
paralelo, se llevará a cabo una reforma a la ley de competencias, lo que
implicará un traslado de responsabilidades de gestión de algunas entidades del
Estado hacia los territorios.
Según Cristo, esto permitirá una mejor administración de los recursos y una
mayor eficiencia en el funcionamiento de las regiones. El ministro subrayó la
importancia de lograr un consenso y mantener el proyecto dentro de un marco
fiscal sostenible.
Por otro lado, durante el debate, la representante Jennifer Pedraza expresó su
preocupación sobre el impacto de la reforma en las brechas sociales del país,
especialmente en la educación y la infraestructura.
Según la mujer, la descentralización propuesta por el gobierno no resolverá las
desigualdades existentes ni la desfinanciación histórica de las regiones. "Las
brechas en educación, agua potable e infraestructura en municipios no se
solucionan con esta reforma al SGP", señaló, añadiendo que el Gobierno promete
descentralizar recursos, pero sin un plan claro para abordar los problemas
estructurales de las regiones.
¿Cómo logró el Gobierno el apoyo a la reforma de
la salud en la Cámara de Representantes?
En una jugada política que
reconfigura las dinámicas del Congreso, el Gobierno logró avanzar con su reforma
a la salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, un paso crucial
para que la iniciativa continúe su trámite legislativo. En esta ocasión, una
sorprendente coalición de congresistas de los partidos tradicionales—Liberal,
Conservador y ‘la U’—apoyó el proyecto, a pesar de las advertencias de sus
líderes de que la reforma no resuelve los problemas fundamentales del sistema de
salud.
El respaldo a la reforma fue concretado el pasado lunes, cuando la Comisión VII
aprobó el primer debate del proyecto con 14 votos a favor, incluyendo los de
representantes de los partidos de gobierno como el Pacto Histórico y Comunes.
Sin embargo, los votos clave provinieron de los congresistas tradicionales que,
en apariencia, habían mostrado dudas sobre la propuesta, como María Eugenia
Lopera (Liberal), Camilo Ávila (La U) y Jorge Alexander Quevedo (Conservador).
Aunque los jefes de los partidos en cuestión han manifestado en múltiples
ocasiones su rechazo a la reforma, argumentando que esta no resuelve los
problemas estructurales del sistema de salud y podría generar más corrupción,
varios de sus representantes decidieron apoyar el proyecto. La jugada del
Gobierno parece ser una combinación de negociación política y ofrecimientos de
cargos en entidades del Estado. En particular, la reciente designación de Luz
Cristina López como ministra del Deporte, recomendada por varios congresistas
conservadores, generó controversia, pero también evidenció la estrategia del
Ejecutivo para asegurar los apoyos necesarios.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha
sido clave en la consecución de estos respaldos, afirmando con optimismo que el
proyecto cuenta con una “suficiente concertación” y que el Gobierno está
trabajando para que los ajustes necesarios se realicen sin mayores
contratiempos. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo,
destacó que los más de 100 artículos del proyecto han sido fruto de un extenso
proceso de negociación, asegurando que la reforma está “apropiada” por los
legisladores.
No obstante, la reforma enfrenta un futuro
incierto. Aunque los dos primeros debates podrían ser aprobados antes del receso
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legislativo en diciembre, los debates restantes en el Senado se
presentan como la prueba más dura para el Gobierno, especialmente después de que
la reforma fracasara en su intento anterior, en abril de 2023, cuando provocó la
ruptura de la coalición de gobierno y varias crisis ministeriales.
Un factor que complica la situación es el reciente movimiento dentro del Partido
Conservador, que decidió retirar su apoyo a varios de sus congresistas que
votaron a favor de la reforma en la Comisión VII. Esto podría cambiar el
panorama en la plenaria de la Cámara, donde el Ejecutivo no tiene una mayoría
tan sólida como para garantizar la aprobación sin los votos de los
conservadores.
En cuanto a la reforma laboral, que
también se encuentra en trámite, el ambiente es más favorable, pues la
iniciativa ya fue aprobada en la Cámara y se espera que en los próximos días se
asignen ponentes para iniciar su debate en el Senado. A diferencia de la reforma
a la salud, la reforma laboral cuenta con un clima político más favorable, lo
que podría facilitar su aprobación en los próximos debates.
¿Por qué quieren tomarse la C. Constitucional?:
Duque tras elección de Polo
El expresidente Iván Duque expresó
preocupación por supuestos intentos de influir en la Corte Constitucional para
facilitar una extensión del mandato presidencial bajo el argumento de la "paz",
esto tras la elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de este alto
tribunal.
De acuerdo con el exmandatario,
cercanos al gobierno señalan que están considerando un mecanismo de aprobación
rápida en el Congreso, similar al utilizado durante los acuerdos de paz con las
FARC, para justificar esta medida.
Duque calificó estas acciones como una amenaza total a la Carta Política y pidió
estar alerta frente a lo que considera una grave violación institucional.
"¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Dicen cercanos al gobierno
que ya ni un Referendo ni una Constituyente parecen ser la opción. Ahora van
detrás de una extensión del mandato por dos años con el argumento de la “paz",
tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido en el
Congreso, justificado en el acuerdo con las FARC", indicó el expresidente en su
cuenta de X.
En su mensaje, también agregó que "parece ciencia ficción, pero esa es la opción
que quieren habilitar y por eso tomarse la Corte es una prioridad. Cuidado y
alerta: un mecanismo así sería una violación a nuestra carta política, pero el
riesgo es total".
El Gobierno responde
En respuesta a ese mensaje, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo indicó
que no hay una búsqueda para ampliar el mandato presidencial.
"Apreciado expresidente. Serenidad y responsabilidad son las mejores compañeras
de quien ha dirigido los destinos del país. Cada absurda tesis que se inventan
para generar miedo se les derrumba como castillo de naipes y entonces aparece la
siguiente, sin que ofrezcan disculpas por la teoría de ciencia ficción que se
les cae. La extensión del mandato presidencial solo cabía en la cabeza de
algunos “creativos” en el 2021 y no cuajó".
Asimismo, agregó que "prepárense con propuestas para el debate electoral en el
2026 en el que contarán con todas las garantías. Aquí sí se respetan las
instituciones y no se cambian las reglas de juego en la mitad del camino".
Según se conoció, las bancadas del Partido Liberal y el Partido de La U,
decidieron los votos que faltaban para definir el empate que se registró el
pasado 18 de noviembre. Llama la atención que solo con diferencia de unas horas,
Claudia Dangond perdió tres votos, pero la bancada de La U votó en bloque a
favor de Miguel Polo.
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