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Aprobado en primer debate proyecto de rediseño del
Concejo de Bogotá
Ha sido aprobado en primer debate, el proyecto que busca modernizar el Concejo
de Bogotá tras 12 años. Esta iniciativa, liderada por el presidente del Concejo,
Juan Javier Baena y la mesa directiva de la corporación, representa un avance
hacia un posible cambio estructural.
Según Baena, "el propósito es convertir al Concejo en una institución más
eficiente, abierta a la ciudadanía y preparada para los desafíos de una ciudad
en constante evolución". El rediseño incluye la creación de 33 nuevos cargos, de
los cuales 30 serán profesionales y 3 directivos, permitiendo formalizar empleos
actualmente tercerizados y aprovechar el talento interno de la institución.
Entre las principales transformaciones, se destacan:
Dirección de Talento Humano: Gestionará estratégicamente los recursos humanos de
más de 800 funcionarios, con énfasis en la selección, capacitación y bienestar
laboral.
Subdirección de Participación Ciudadana: Diseñada para fortalecer la interacción
con los ciudadanos, promoverá la transparencia y la participación activa en la
toma de decisiones públicas.
Oficina de Tecnología: Enfocada en atender las crecientes demandas digitales,
esta oficina mejorará los procesos internos, la infraestructura tecnológica y la
seguridad de la información.
El presidente Juan Javier Baena resaltó la relevancia y viabilidad de la
iniciativa: “Hoy se dio un primer paso para nuestro Proyecto que busca
garantizar que el Concejo se modernice, este rediseño traerá estabilidad laboral
a cientos de trabajadores, transformando empleos en posiciones más dignas y
estables”.
El Proyecto de Acuerdo avanzará ahora a su segundo debate en sesión plenaria.
Este paso es fundamental para consolidar una actualización que no solo fortalece
la estructura interna del Concejo, sino que también reafirma su compromiso con
una Bogotá moderna, eficiente y abierta a las demandas ciudadanas.
Reunión con Fiscalía por caso Ungrd
solicitará ministro Bonilla
Una reunión con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió la
defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el propósito de analizar
en qué va la investigación que avanza en su contra, tras ser señalado de
presuntamente conocer que al interior de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd) se gestaban hechos de
corrupción.
Según el informe de la fiscal que lleva el caso, se le preguntó a la exasesora
si el titular de la cartera de Hacienda sabía que Sneyder Pinilla estaba
redireccionado contratos para tales fines, contestó que sí.
“Sí señora, él lo sabía fiscal. Yo le insisto, todo, absolutamente todo,
necesita autorización, todo se necesitaba que él lo supiera”.
MinHacienda Responde
El ministro Bonilla publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reiteró
que ha cometido errores, más no delitos, por lo que defenderá su inocencia en
los estrados judiciales.
"A medida que avanzan las investigaciones, mantengo respeto por el trabajo de la
Fiscalía. Aunque es un duro trance personal y un difícil y complejo camino
jurídico, aspiro, con instrumentos legales, a convencer a la justicia de mi país
que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he rehuido dar
explicaciones por mis actos y enfrentaré las responsabilidades que las
circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis
jueces naturales con dignidad y decoro", indicó Bonilla.
Asimismo, agregó que "nunca he jugado a esquivar la ley comprando silencios y
nunca usaré el cargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la
defensa. El presidente cuenta con mi compromiso al frente de las finanzas
públicas y no serán expuestas en ningún momento por estos avatares".
Petro defiende al ministro Bonilla
En un extenso trino, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro
de Hacienda y aseguró que "la labor del ministro de Hacienda ha sido buena en
momentos difíciles para las finanzas públicas, debidos al intento de ahogamiento
fiscal construido por la oposición".
En ese sentido, el jefe de Estado
aseguró que "ahora el ministro es víctima de otra trampa: la que se construye
entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros
del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que
no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente, para
pagar las deudas de Duque, endeudándose otra vez, es decir con operaciones de 'Roll
Over'".
Corte inicia indagatoria a cinco congresistas de
la Comisión de Crédito Público
Cominezan las indagatorias en la Corte Suprema a cinco congresistas integrantes
de la Comisión de Crédito Público, así como a un exparlamentario que hizo parte
de la misma, porque supuestamente habrían recibido del Gobierno contratos para
que votaran favorablemente conceptos para empréstitos a cargo de la nación. Hoy
comparecerá la representante por las curules de paz, Karen Manrique; mañana, el
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representante conservador Wadith
Manzur; y el miércoles la también senadora conservadora Liliana Bitar.
El próximo lunes el turno le
corresponde al representante liberal a la Cámara por Antioquia, Julián Peinado;
el próximo martes al senador liberal Juan Gallo; y el miércoles venidero al
exrepresentante de la Alianza Verde a la Cámara por el Meta, Juan Muñoz Cabrera.
La semana pasada, declararon en la Corte el expresidente del Senado, Iván Name,
y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quienes fueron señalados de
presuntamente recibir millonarias sumas de dinero para favorecer la aprobación
de las reformas del Gobierno, recursos que salieron de la corrupción que se
registró en la contratación que hizo la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (Ungrd) a finales del año anterior para atender la crisis
por la sequía producto del fenómeno del Niño, entidad dirigida entonces por
Olmedo López, y que también participó en estos hechos el por esos días
subdirector Sneyder Pinilla.
Los dos exfuncionarios aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía, están
privados de la libertad, y en el marco de un acuerdo de colaboración salpicaron
por estos hechos a altos funcionarios del Gobierno y congresistas.
López le dijo a la Fiscalía que en una reunión a finales de noviembre pasado en
la Casa de Nariño, en la que según él participaron varios ministros y
funcionarios de alto rango, le dieron instrucciones para entregar contratos y
dinero a varios congresistas.
Señaló que estuvieron en esa reunión, entre otros, Carlos González, quien
entonces era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (Dapre); el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, y el
ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Mientras que Pinilla sostuvo que
hizo llegar a Iván Name $3.000 millones, supuestamente por medio de la entonces
consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Y que él (Pinilla)
personalmente fue al apartamento en Montería del representante Andrés Calle para
entregarle $1.000 millones.
Producto de las declaraciones de López y Pinilla, la Corte abrió investigación a
los siete congresistas mencionados y al excongresista Muñoz; mientras que la
Fiscalía hizo lo propio con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el
exministro Luis Velasco; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia,
Carlos González, y la consejera Sandra Ortiz.
La Comisión
La Corte Suprema indicó que para abrir la investigación a los cinco congresistas
y un excongresista se tuvieron en consideración más de 50 pruebas documentales
obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como
miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían
aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas
por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en
contratos de la Ungrd”, detalló el Alto Tribunal.
Agregó que a cambio de conceptuar
operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas correspondientes a
proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca)
y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Señaló también la Corte que la investigación indica que entre el 28 de noviembre
y el 15 de diciembre del 2023, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho
conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de
los miembros de esa Comisión durante ese año.
Los congresistas, así como funcionarios y exfuncionarios del Gobierno vinculados
en este proceso, insisten en que no tienen que ver con esos hechos y que todo
son mentiras de Pinilla y López para reducir la pena que recibirán.
Asoma choque Casa de Nariño y Miraflores porque
Petro no reconocería nuevo mandato de Maduro
SE VE en el horizonte un eventual choque entre el gobierno de Gustavo Petro y el
de Venezuela, pues el próximo 10 de enero Nicolás Maduro tiene previsto
posesionarse en un tercer mandato; sin embargo, desde hace semanas la Casa de
Nariño advirtió que no lo reconocerá como presidente si antes no presenta las
actas que muestren su triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio, que la
oposición denuncia hubo fraude en contra de Edmundo González.
Expertos sobre la situación que se plantea y las implicaciones que tendría para
el gobierno Petro no reconocer a Maduro para el periodo 2026 - 2031, lo que
podría ocurrir porque muchos consideran que es poco probable que presente las
actas de votación, pues han pasado cuatro meses de los comicios y no lo ha
hecho, a pesar de que así lo han exigido la mayoría de países.
Incluso un importante número de naciones, recientemente, Estados Unidos,
concluyen que hubo fraude y reconocen ganador a Edmundo González.
En su reciente participación en Brasil en la reunión del G20, el presidente
Petro dijo en una entrevista al diario O Globo, que “igual que se critica las
elecciones desde el punto
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de vista del comportamiento del
Gobierno venezolano oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman
que ganaron las elecciones y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas”.
En tanto que el canciller Luis
Murillo confirmó la semana pasada que llegó la invitación del Gobierno
venezolano a Gustavo Petro a que participe en la posesión de Nicolás Maduro.
“Vamos a responder a la invitación e su debido momento. Ha habido un mal
entendimiento. Nosotros hemos sido claros en que si no hay actas, no hay
reconocimiento”, dijo el ministro de Exteriores.
Una de las primeras medidas de la Administración Petro fue restablecer
relaciones con Venezuela, que rompió el entonces presidente Duque en una tensa
situación entre Bogotá y Caracas porque no reconoció a Maduro como mandatario,
debido a que logró la reelección en 2019 en unos comicios en que no se presentó
la oposición alegando falta de garantías.
Con la reapertura de relaciones diplomáticas se abrieron embajadas y consulados,
y se reactivó el intercambio comercial. Entre enero y septiembre de 2024, las
exportaciones de Colombia se ubicaron en US $693,6 millones, según la Cámara
Colombo Venezolana.
Las importaciones desde Venezuela durante el periodo de referencia fueron de US
$92,7 millones.
Opiniones de lo que puede pasar
Fernando Cepeda Ulloa, exembajador de Colombia ante la OEA, la ONU y Estados
Unidos, dijo que “actas no va a haber porque ya las habría”.
Consideró también que si la Administración Petro no reconoce a Maduro, la
relación “se daña un poco más. La relación no es buena, hay distancias, hay
factores problemáticos. Porque digamos que hasta ahora sí hay un reconocimiento,
es que ya ni Ecuador reconoce, Colombia todavía mantiene la duda. Esa duda se
acaba el 10 de enero”.
Cepeda insistió en que “creo que hay cierto distanciamiento, Petro ha dejado de
hacer declaraciones favorables a Maduro, y como Lula (Da Silva) es indeciso y el
grupo de los tres se rompió: México, Brasil, Colombia, entonces las relaciones
han variado. Pero no sabemos qué hará Benedetti (Armando) en favor de Venezuela,
él que fue embajador allá, ahora que está en Palacio”.
Indicó que en la situación de que el gobierno Petro no reconozca a Maduro, eso
tendría un efecto negativo en las relaciones diplomáticas, “que se reforzaría
con la actitud de Estados Unidos, que creó va a ser diferente de la de Biden”.
Sin embargo, Cepeda consideró que Petro no llegará a romper relaciones, “pero no
puede nombrar embajador y mantendría la cosa comercial, y ahí es donde viene el
tema de los consulados y de alguna representación comercial”.
Por su parte, Enrique Prieto Ríos, con amplia experiencia en las áreas de
derecho internacional público y derecho económico internacional, dijo que “es
importante diferenciar que Venezuela es un Estado, y las relaciones entre
estados deben mantenerse en lo posible, especialmente cuando son vecinos, que
comparten una gran frontera, como es el caso de Colombia y Venezuela”.
Agregó que “una cosa es el Estado como sujeto de derecho internacional y otra
distinta el Gobierno que esté a cargo del Estado correspondiente. En este caso
el no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, no quiere decir que Colombia no
pueda generar unas relaciones muy pragmáticas con Venezuela como Estado, sin que
necesariamente eso tenga que impedir que el presidente de Colombia, como jefe de
Estado, diga: no reconozco a esa persona que se sienta en el Palacio de
Miraflores como interlocutor”.
Explicó Prieto Ríos sobre cuáles podrían ser los impactos, “las relaciones
bilaterales diplomáticas pueden romperse en distintos niveles. El primer nivel,
que, generalmente, es el más común, es cuando se hace el llamado a los
embajadores a la cancillería y les dicen: presentamos una nota de protesta. Y el
segundo nivel es la ruptura de relaciones a nivel de embajadas, pero se
mantienen los consulados. Y el tercero es la ruptura totalmente de relaciones
diplomáticas, pero que a pesar de eso podrían seguir interactuando los dos
estados, por ejemplo, en seguridad fronteriza o que se pudiera mantener el
comercio, teniendo en cuenta que se ha reactivado de cierta forma”.
Consideró que el peor escenario es que “volviéramos al momento del presidente
Duque, en el sentido que se hace una ruptura diplomática total, pero que aparte
se cierra la frontera. Ese es el peor escenario porque allí se cierra el tema de
comercio y caemos en lo que ocurrió en su momento, es que al no haber una
cooperación al menos mínima en la frontera, eso se lo tomaron las bandas
criminales”.
Finalizó diciendo que “esperaría que Colombia ni Venezuela lleguen a ese punto
de ruptura, pero también dependerá mucho de la retórica que adopten ambos
presidentes”.
Podría ocurrir ruptura de las relaciones
El internacionalista venezolano Carlos Romero dijo que “estamos en un momento en
el cual hay una profundización de la competencia y de la enemistad entre
Colombia y Venezuela. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron hace más de
un año, no se ha establecido una situación que permita decir que las relaciones
han alcanzado nuevamente niveles óptimos”.
Añadió que la situación que se plantea ante la condición que pone Petro a Maduro
que presente las actas de votación para reconocer su triunfo, “refleja realmente
en qué estado están las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es un momento muy
difícil y ojalá haya la posibilidad de encontrar un marco de cooperación entre
ambos gobiernos”.
Previno también Romero que “a partir de la decisión que tome Colombia en
relación a asistir o no a la toma de posesión del presidente Maduro y sobre esa
exigencia de que se exhiban las actas para reconocer al gobierno de Maduro,
puede derivar en una situación mucho más grave que implique la posibilidad de la
ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Si eso se diera de esa forma,
sería muy desafortunado, no solamente para los gobiernos, sino también para los
empresarios colombo-venezolanos y la población colombo-venezolana, y la vida en
la frontera, que fueron muy perjudicadas en los tiempos que se rompieron las
relaciones con Duque”.
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