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Caso Ungrd: Sandra Ortiz dice que alertó a Laura
Sarabia
En medio de la audiencia en la que la exconsejera Presidencial para las
Regiones, Sandra Ortiz, señaló este miércoles que la hoy directora del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia,
tenía conocimiento de las irregularidades en los manejos al interior de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd) con respecto a
los carrotantques para La Guajira.
La exfuncionaria del Gobierno, imputada por los presuntos delitos de lavado de
activos y tráfico de influencias de servidor público en el caso de corrupción en
la Ungrd, manifestó que ella alertó a Sarabia de lo que estaba pasando.
“Además, yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese
momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo nunca,
jamás, y soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de la Guajira.
Nosotros sabemos el compromiso que teníamos como gobierno de sacar adelante. Eso
es mentiroso de esos señores. Es una gran mentira, que eso fue una cortina de
humo que ellos armaron”, dijo Ortiz.
Asimismo, agregó que "ese show que armaron en Presidencia durante más de dos
semanas, en todo el país y en todos los medios de comunicación, esos temas
mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Yo sé que querían un
chivo expiatorio porque sí hubo corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y
en muchos funcionarios implicados”.
Sarabia le responde a Ortiz
A través de su cuenta de X, la directora del Dapre se pronunció sobre dichas
declaraciones e indicó que ha cumplicado su labor como funcionaria, "pero
entiendo que el que las hace se las imagina".
"Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han
hecho las autoridades como directora del DAPRE para entregar información", trinó
Sarabia.
En ese sentido, añadió que "mi ingreso al DAPRE fue el 28 de febrero de 2024, y
uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al
director de la UNGRD e indicarle que debía suspender toda la contratación,
mensajes que constan en chat en el mes de febrero".
Finalmente, la funcionaria afirmó ante los medios que "tal vez Sandra no
recuerda que en ese momento yo no era la directora del DAPRE, sino Carlos Ramón
González, su jefe. Yo puedo responder por mi gestión desde el 28 de febrero, y
en esa época ya la opinión pública conocía las denuncias sobre la Ungrd".
Como se sabe, Ortiz fue enviada este miércoles a la cárcel mientras avanza la
investigación. Según la consideración de la magistrada, existe una inferencia
razonable de autoría o participación en los delitos de lavado de activos y
tráfico de influencias por parte de Ortiz, por lo cual deberá permanecer en la
cárcel el Buen Pastor.
Tramitar reforma a la salud como Ley Estatutaria
pide Congreso
La Unidad Técnica Legislativa del Congreso de la República emitió un concepto en
el que asegura que la reforma a la salud debería ser tramitada como una Ley
Estatuaria y no de la forma en la que lo propuso el Gobierno de Gustavo Petro,
como una ley ordinaria.
La Unidad señala que debido a que la
reforma busca regular aspectos primordiales del derecho fundamental a la salud,
se deberá ajustar a la estructura de una ley estatutaria.
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"El proyecto de ley 312 de 2024 de
2024 Cámara "Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud y se dicta
otras disposiciones" obliga el carácter de ley estatutaria, en la medida que
regula de forma integral, estructural y completa la prestación del derecho
fundamental a la salud en todas las personas", se lee en el documento de la
Unidad Técnica Legislativa.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que el objetivo del proyecto
no es realizar ajustes a la Ley Estatutaria de Salud que rige al país en la
actualidad, sino reformar la Ley 100 de 1993.
"La Ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos reformando
la ley 100. La ley estatutaria de la salud seguirá vigente, pues no es nuestro
interés reformarla", indicó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.
¿Cuál es la diferencia entre una ley estatutaria y una ordinaria?
Las leyes estatutarias se destacan por regular materias fundamentales para el
Estado y la sociedad. Temas como derechos fundamentales, mecanismos de
participación ciudadana y la administración de justicia son su competencia. Este
tipo de normas requiere un proceso legislativo riguroso, que incluye una mayoría
absoluta del Congreso, control previo de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional y una sola legislatura para su aprobación.
Por otro lado, las leyes ordinarias abarcan una gama más amplia de asuntos de
menor complejidad constitucional. Regulan materias administrativas, económicas y
sociales, entre otras. Su trámite es más sencillo, exigiendo mayoría simple del
legislativo y sin necesidad de revisión previa por parte del máximo tribunal
constitucional.
En síntesis, mientras las leyes estatutarias están diseñadas para regular
aspectos fundamentales del sistema político y jurídico, las ordinarias cumplen
funciones más operativas. Ambas son esenciales para el funcionamiento del
Estado, pero su alcance y tramitación reflejan jerarquías y prioridades
diferentes dentro del ordenamiento colombiano.
Procuraduría indaga contrato del Fondo
de Programas para la Paz
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el
entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la
República, Pablo Francisco Pardo Velasco, por las posibles irregularidades en un
contrato con la firma Pública, para la realización de eventos, por $ 10 mil
millones, y que habría sido adicionado en más del 50 %.
Los hechos, denunciados por un medio de comunicación nacional, están
relacionados con el negocio jurídico suscrito para “la prestación de servicios
operacionales y de funcionamiento que garanticen la organización, administración
y realización de eventos y/o actividades que garanticen la ejecución de los
requerimientos encaminados al logro y mantenimiento de la paz en las regiones”.
El contrato, celebrado el 8 de noviembre de
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2023, tenía como plazo de ejecución
el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos. Es decir que,
según el denunciante, “el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la
Presidencia de la República gastara $10.000.000.000 en eventos en tan solo 53
días”.
El Ministerio Público busca
establecer si se presentaron deficiencias en la planeación y la suscripción de
este acuerdo y en su adición, dado que esta habría superado el 50 % de su valor
inicial.
Con este propósito, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal requirió
información sobre el estado actual del bilateral, el porcentaje de cumplimiento
físico y la justificación técnica, jurídica y financiera que habría llevado a la
cuestionada adición.
Sigue tensión entre el presidente Petro y la Rama Judicial
Un día después de que el Consejo de Estado le saliera al paso al presidente por
descalificar sus fallos y calificar con términos desobligantes a los
magistrados, el jefe del Estado replicó ayer señalando que “toda decisión será
respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a
nuestra opinión”.
El mandatario reprobó el hecho de que el Consejo de Estado anulara la elección
del alcalde de Duitama, aduciendo que se contraría la voluntad de los electores.
Por ello calificó la actuación de los magistrados como perfidia.
El lunes anterior, los magistrados del Consejo de Estado en pleno señalaron como
“graves, sistemáticos e irrespetuosos” los mensajes del presidente en contra de
sus decisiones. Enfatizaron que el jefe de Estado de esta manera pone en
entredicho “la honorabilidad, integridad y eficacia” con la que actúa el Alto
Tribunal.
El presidente sostuvo que “respeto al juez, pero aquí hay perfidia porque
nuestros candidatos del Pacto Histórico son una coalición integrada tanto por
Colombia Humana como por el Polo Democrático y otros partidos”.
Agregó que “así detienen a la juventud que gana elecciones, así detienen el voto
popular. En algunos corazones de la vieja política y en la justicia quieren a
toda costa detener el cambio. Lo que nace no es el derecho, sino el “lawfare”:
el mal uso del derecho contra el voto popular”.
Empero el Alto Tribunal puso de relieve que “las sentencias, conceptos y todas
las actuaciones que adopta esta Corporación, como suprema autoridad de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y juez de los actos del Gobierno y
de la Administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la
Constitución y la Ley, guiados por los principios de autonomía e independencia
judicial”.
Igualmente, el pasado lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
una acción popular de la Fundación para el Estado de derecho contra el
presidente Petro por la forma en la que ha venido haciendo señalamientos contra
los medios de comunicación y los periodistas.
Por otro lado, Petro rechazó ayer el fallo del Consejo de Estado en que ratificó
la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para investigarlo a él y
a su campaña porque habría superado en más de $5.000 millones los topes de
gastos.
“El año entrante tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para
tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene el pueblo debe estar listo para
defender el voto popular”, dijo el mandatario en la red X.
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