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Gobierno y ELN mantendrán cese al fuego y
destruirán arsenal subversivo
El Gobierno de Colombia llegó un acuerdo con Comuneros del Sur, disidencia de la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que opera en Nariño, para
mantener el alto el fuego durante otros seis meses más y poner en marcha un
operativo para destruir el arsenal de este grupo armado.
Se trata de la primera vez que el Gobierno de Gustavo Petro alcanza un acuerdo
con un grupo armado para deshacerse de su arsenal. En esta caso, Comuneros del
Sur se encargaría de suministrar a las autoridades colombianas todo el armamento
del que dispone para su posterior destrucción, con vistas a abril de 2025.
El acuerdo, que entrará en vigor en diez municipios de Nariño históricamente
afectados por el conflicto interno, contempla también la aplicación de políticas
para diversificar la producción y la sustitución de cultivos ilícitos, así como
planes para retirar artefactos explosivos y minas.
"Este acuerdo facilita el desescalamiento de las violencias y acelera la
transformación territorial", han destacado las partes en un comunicado, que
recoge la prensa colombiana, con motivo del quinto ciclo de conversaciones.
Frente Comuneros del Sur es una disidencia del Eln que opera en Nariño y que
tiene a Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', como principal líder de un grupo
formado apenas por un centenar de personas y que se financia sobre todos a
través de las beneficios del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la
extorsión.
Precisamente, las conversaciones entre la delegación de paz del Gobierno de
Colombia con Frente Comuneros del Sur provocó el descontento del Eln y con ello
las conversaciones entre ambos estuvieron estancadas durante meses hasta que en
noviembre de este año decidieran retomar la mesa de negociación.
Si la reforma pensional no se implementa bien, puede ser un tiro en el pie:
Olivera
La procuraduría General de la Nación solicitó a Colpensiones y a la
Superintendencia Financiera, un informe sobre el estado en
que se encuentran las diferentes áreas de atención a afiliados, pensionados y de
quienes adelanten trámites para la obtención de su pensión.
A menos de ocho meses de que entre en vigencia la reforma pensional aprobada por
el Congreso, (Ley 2381 de 2024), por medio de la cual se establece el sistema de
protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y
se dictan otras disposiciones, la Procuraduría sigue advirtiendo sobre la
imposibilidad de Colpensiones para asumir los retos tecnológicos y operativos de
esta implementación y sobre la necesidad de garantizar que el proceso de doble
asesoría se realice de manera ágil y oportuna para los afiliados que están a la
espera de la aprobación de su traslado de régimen pensional.
Como se ha manifestado en múltiples requerimientos, el término para la entrada
en vigencia de la ley hace absolutamente imposible su implementación, debido a
que, Colpensiones no tiene las capacidades para asumir las
nuevas funciones y el volumen de afiliados que recibirá.
El Ministerio Público requirió
conocer en detalle el estado actual de los trámites administrativos y el manejo
de los diversos recursos, en el marco del seguimiento preventivo que realiza a
la entidad desde 2012 por orden de la Corte Constitucional.
Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y vicerrector administrativo y
financiero de la Universidad de Los Andes, señaló que la Procuraduría tiene todo
el derecho de hacer esa solicitud.
“En la época en la que yo estaba en
Colpensiones, muchas quejas llegaban por la Procuraduría y es necesario atender
esas quejas. Es importante recordar que Colpensiones no es una entidad que se
dedica a liquidar pensiones, es una entidad que su objetivo es acompañar al
ciudadano a construir el futuro y obtener su atención a través de la historia
laboral. Es una entidad de servicio más que de liquidar pensiones y tiene que
estar preparada para prestarle un buen servicio a todos los ciudadanos, puesto
que va a recibir más de 20 millones de ciudadanos”, sostuvo.
Agregó que es necesaria la coordinación entre los fondos privados y Colpensiones.
“Tengo entendido que hay mesas técnicas que están trabajando en eso.
Ahora, una de las preguntas más
importantes ahora es cuándo entra en vigor la
reforma, y si tanto Colpensiones como los fondos privados están preparados, pues
que inicie en julio, pero si no, es mejor tomarse
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el tiempo necesario
para implementarla porque puede generar mucha desconfianza en los ciudadanos y
si no funciona bien, puede ser un tiro en el pie del mismo gobierno”, advirtió.
Requerimientos
Entre los requerimientos realizados se encuentran: número de Peticiones, Quejas
y Reclamos- PQR; correcciones de historias laborales solicitadas entre enero y
noviembre de este año, especificando cuántas se han respondido y cuántas están
pendientes de respuesta dentro del término legal.
También solicitó informar sobre las razones por las que Colpensiones ha limitado
o bloqueado la recepción de solicitudes relacionadas con historias laborales
remitidas por las Administradores de Fondos de Pensiones, AFP, y cuáles son los
argumentos jurídicos que sustentan esta decisión cuando se trata de solicitudes
de afiliados al sistema.
Además, este organismo de control
requirió información sobre la implementación de las estrategias digitales,
automatización de datos y modernización tecnológica de los sistemas actuales,
dentro del marco de la ejecución del plan de acción operativa y tecnológica.
De forma paralela, la Procuraduría le pidió a la Superintendencia Financiera un
reporte sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y las instrucciones
impartidas con relación a estos temas.
Petro ha tenido 41 ministros en 18 ministerios
tras dos años de Gobierno
Terminada la labor del Congreso este año con algunos altibajos para el Gobierno
y no pocas derrotas, ahora la tensión política del país se centra en qué va a
pasar con el gabinete. Como se sabe, el presidente Gustavo Petro, un día después
de que se hundiera la reforma tributaria o ley de Financiamiento, había dicho
que el gabinete ministerial se ajustaría de la siguiente manera. Si se cumple lo
anunciado por el presidente Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, en torno a que en enero se aplicará un nuevo remezón en el gabinete, el
gobierno de izquierda, al que aún le quedan un poco más de dieciocho meses de
mandato, estará marcando ya un récord casi imposible de igualar por parte de sus
sucesores: el de más relevos en la nómina ministerial. A hoy, ya son 41
titulares distintos en 18 ministerios.
A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que para el
próximo año habrá un nuevo remezón ministerial y una reorganizaciónen el
gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. “Esperar las decisiones del
presidente. Se vienen las renuncias, habrá una reorganización del gabinete, ya
lo había anunciado el presidente”, aseguró Juan Fernando Cristo, insistiendo en
que Petro es el encargado de tomar las decisiones que podrían llegar a darse en
enero, con el propósito de definir la última recta del Gobierno actual.
Del mismo modo, el ministro del Interior desmintió que vaya a presentar su
renuncia a la cartera, afirmando que continuará en el cargo “hasta el momento en
el que el presidente Petro lo decida”. Si llega a darse lo anticipado por el
jefe de Estado y por ministro Cristo, se trataría del cuarto remezón ministerial
durante el mandato de Gustavo Petro. Además, Juan Fernando Cristo, afirmó que la
coalición se rompió desde hace un tiempo. “Todos sabemos que la coalición se
rompió hace ya un tiempo, se han venido construyendo consensos y mayorías sobre
todas las reformas”, afirmó el jefe de la cartera, indicando además que el
balance de la legislatura es positivo.
Cambios y recambios en el alto Gobierno
En lo que va corrido del mandato de Petro solo cuatro ministros han ocupado sus
carteras desde el 7 de agosto hasta hoy: Defensa, Iván Velásquez; Ambiente,
Susana Muhamad; y Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ahora, la cartera de Igualdad,
que fue creada por este Gobierno, hasta
el momento solo ha tenido una
titular, la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha estado bajo constante
polémica por cuanto esta es la entidad ministerial que más baja ejecución
presupuestal presenta.
Petro quemó sin éxito los cartuchos para
frenar en CNE investigación a campaña
Quedan clausuradas todas las vías al presidente Gustavo Petro en su intención de
frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) a él y
a su
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campaña por la presunta violación
del límite de gastos en las elecciones del 2022, después de que en las últimas
horas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) negó por
improcedente la solicitud de su defensa para que decretara medidas cautelares,
argumentando que este organismo viola el fuero presidencial porque no tiene
competencia en su caso. Ya el Consejo de Estado no acogió una tutela y una
demanda de nulidad.
La Corte IDH rechazó la solicitud del presidente Petro por determinar que es
improcedente, pues el CNE no tiene competencia para restringir sus derechos
políticos, como lo sostienen sus abogados en la acción ante este organismo
autónomo e independiente que hace parte de la OEA (Organización de Estados
Americanos).
Luego de que el CNE el pasado 8 de octubre aperturó la investigación al
mandatario por estos hechos, en su calidad entonces de candidato, y a su
campaña, incluido Ricardo Roa como gerente (hoy presidente de Ecopetrol) y otros
directivos de la misma, Petro por medio de sus abogados presentó ante la Corte
IDH una solicitud de medidas cautelares alegando la vulneración del “fuero
integral” como jefe de Estado, y de esta forma salvaguardar sus derechos “a la
protección y garantías judiciales y derechos políticos” y de “su electorado”.
En la solicitud el primer mandatario pidió a la Corte IDH expedir una orden para
que “el CNE se abstenga, respecto del señor presidente Gustavo Petro Urrego, de
aplicar la Resolución 05175 de 8 de octubre de 2024, mediante la cual dicha
entidad decidió abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial
de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico, por la presunta
vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.
Frente a esta solicitud la Corte IDH solicitó el pasado 19 de noviembre a la
Corte Constitucional, al Consejo de Estado y al CNE pronunciarse sobre el
alegato planteado por el jefe de Estado.
El Consejo de Estado en su respuesta a la Corte IDH le solicitó declarar
improcedente la petición del presidente Petro, defendiendo de esta manera el
pronunciamiento de su Sala de Consulta, la cual en un auto determinó que el CNE
tiene competencia para investigar en lo administrativo al jefe de Estado, como
candidato, y a su campaña por la eventual irregularidad de superar los topes de
gastos; aunque advierte que en caso de encontrarlo responsable, el proceso debe
ser asumido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como juez natural del
presidente.
El Alto Tribunal advierte a la Corte IDH que sus “decisiones fueron adoptadas en
ejercicio de sus atribuciones legales, con apego a la normativa constitucional y
legal aplicable al caso y con respeto y garantía del fuero presidencial”.
Mientras que el CNE dijo a la Corte IDH que tiene competencia para investigar
administrativamente las cuentas de campaña de los actores electorales, siendo
uno de ellos “el candidato, quien, por ley, es solidariamente responsable por la
oportuna presentación de los informes de ingresos y gastos y por el debido
cumplimiento de la normativa electoral”.
Agregó que las sanciones que impone “no restringen los derechos políticos de los
funcionarios de elección popular o de sus electores”.
El CNE, respaldado por una decisión previa del Consejo de Estado, afirmó tener
competencia para investigar y sancionar irregularidades administrativas en la
financiación de campañas, incluyendo la de Petro. Además, señaló que cualquier
medida sancionatoria que resulte de esta investigación no implicaría
limitaciones a los derechos políticos del mandatario ni de sus electores.
La Corte enfatizó que la solicitud presentada por los representantes no cumplía
con los criterios de extrema gravedad, urgencia y daño irreparable requeridos
para otorgar medidas provisionales. También subrayó que el asunto debe
resolverse bajo el marco del sistema legal interno de Colombia antes de recurrir
a instancias internacionales.
Con esta resolución, la Corte reafirma la autonomía de las instituciones
colombianas en el manejo de procesos administrativos, siempre que no violen los
estándares internacionales de derechos humanos.
Pronunciamiento de Corte IDH
La Corte IDH dijo ante la acción que presentó el presidente Petro, que “de la
información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el
órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir
los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”.
Igualmente, dijo este Tribunal que el actual caso no tiene relación con el que
se presentó cuando Petro era alcalde de Bogotá y la Procuraduría lo destituyó en
2013, aunque pudo volver al cargo por decisiones de la justicia colombiana.
En el 2020 la Corte IDH falló en contra del Estado colombiano en este caso por
violar los derechos políticos de Petro, pues dijo que los funcionarios de
elección popular solo pueden ser sancionados o destituidos por sentencia de un
juez, que no fue el caso entonces de la Procuraduría, pues es un órgano
administrativo.
“La Corte observa que la solicitud de los representantes de la víctima se basa
en una situación fáctica y jurídica distinta a la que conoció este Tribunal en
la Sentencia del caso Petro Urrego emitida en 2020 (...). En aquella
oportunidad, la Corte consideró inconvencional que una autoridad administrativa
dispusiera el cese y eventual inhabilitación de funcionarios electos
popularmente”, indicó en esta oportunidad la Corte IDH.
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