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POLÍTICA

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.401-981

Fecha: Sábado 18-01-2025

 

En firme medida de aseguramiento contra excongresista Ciro Ramírez




La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud del abogado defensor del exsenador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, en la que se pedía que fuera revocada la medida de aseguramiento, que cumple actualmente por su presunta participación en el escándalo de corrupción de 'Las Marionetas 2.0'.

El pasado 16 de enero se levó a cabo la audiencia en el que la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal tomó la decisión de mantener la medida impuesta bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas.

El pasado 22 de octubre, la Sala de Primera Instancia negó otra solicitud del exsenador, en la cual el abogado Pedro Nel Escorcia, argumento vencimiento de los términos procesales, sin embargo, la Corte encontró que la detención preventiva seguía siendo válida.

El exfuncionario enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo conocido como 'Las Marionetas'. Este entramado de corrupción también involucra al fallecido exsenador liberal Mario Castaño y se centra en la supuesta manipulación de contratos públicos por un monto superior a $48.660 millones.


¿Qué pasó en el caso de corrupción?

El caso denominado 'Las marionetas' involucra a seis senadores independientes o de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, en el cual se había elaborado un sistema para direccionar contratos de instituciones estatales, el cual era dirigido por el exsenador fallecido, Mario Castaño, del Partido Liberal.


Caso UNGRD: Corte Suprema cita a declarar a tres ministros




Tres ministros del gobierno Petro fueron citados a declarar por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
 en el marco de la investigación por el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Los funcionarios llamados por el alto tribunal son: el ministro de Hacienda, Diego Guevara; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

La Corte Suprema también escuchará la versión de al exministro Ricardo Bonilla, renunció después de que medios dieran a conocer la declaración que su exasistente en el ministerio, María Benavides, entregó a la Fiscalía.

La exfuncionaria dijo que Bonilla presionó la entrega de tres contratos por más de $90.000 millones a congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público, para que aprobaran la solicitud que éste pensaba hacer de varios créditos con la banca internacional.

 

La Sala de Instrucción de la Corte abrió el 5 de noviembre investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

En tanto que la Corte Suprema el 12 de noviembre dio apertura a investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio.

La decisión cobijó a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.

 

 

 
Los parlamentarios hacían parte de la Comisión de Crédito Público en la que supuestamente el Gobierno dio contratos para obtener el aval y poder solicitar empréstitos a cargo de la nación.

 

“ELN no tiene ninguna voluntad de paz: Petro al suspender diálogos



 

El presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la ola de violencia que se registra en el Catatumbo, Norte de Santander.

"Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz", trinó el presidente.

Al menos 30 personas han muerto y más de 70 familias se han visto desplazadas por las violentas disputas territoriales entre las disidencias FARC y el ELN en Catatumbo.

 

Entre los fallecidos hay al menos cinco antiguos guerrilleros que se acogieron a los procesos de paz de 2016. Las víctimas, que se encontraban en pleno proceso de reinserción, han sido atacadas en diferentes municipios de Norte de Santander durante la madrugada de este viernes.


Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el ELN, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El ELN está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.

El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El ELN tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.

“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el ELN en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.

Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las FARC, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del ELN en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.

El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".


González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.

 

En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del ELN interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el ELN es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".

 

 

 

Alerta de Defensoría

La Defensora del Pueblo, Irís Marín, señaló que la situación que hoy se presenta en el Catatumbo ya había sido alertada por el organismo humanitario desde noviembre.

"Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad. La Defensoría del Pueblo había alertado varias veces y había emitido una alerta de inminencia en noviembre. Hoy tendremos que reportar su consumación", indicó la funcionaria en su cuenta de X.

 

En su comunicado, también agregó que "se reportan más de 30 personas muertas según información en confirmación, al menos cinco firmantes de paz asesinados, 10 heridos, líderes han sido asesinados o se encuentran refugiados, secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases".

 

Ante violencia en Catatumbo, Gobierno convoca reunión de urgencia




El Gobierno de Gustavo Petro convocó reunión de emergencia ante la situación de orden público que enfrenta la región del Catatumbo en la actualidad, alcanzando niveles críticos, luego de que cinco firmantes de paz y líderes sociales fueran asesinados, además de los enfrentamientos armados entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, en los municipios de Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra.

El encuentro, que se realizará en el Palacio de Nariño, será liderado por el presidente Gustavo Petro, y contará con la participación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el comisionado de Paz, Otty Patiño.

La delegación de Paz del Gobierno exige al ELN frenar ataques

La delegación de Paz del Gobierno exigió al ELN frenar los combates en la zona del Catatumbo y la ola de violencia desatada en la región, haciendo, además, un llamado a respetar a la población civil.

"Ante los cuentos ataques del ELN en la zona de Catatumbo, en los que a esta hora se registran víctimas civiles y muertes de firmantes de paz, nuestra Delegación exige al ELN cesar de manera inmediata estas acciones, acabar con los enfrentamientos con las disidencias y respetar a la población civil", se lee en un comunicado compartido a través de su cuenta de X.

ONU denuncia el asesinato de cinco firmantes de paz y líderes sociales

Carlos Ruiz Massieu, líder de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, denunció el asesinato de cinco firmantes de paz y líderes sociales, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en medio de combates entre el ELN y las disidencias de las FARC.

"Expreso mi más firme condena por asesinato de 5 firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz", afirmó Ruiz a través de su cuenta de X.

Durante este jueves, grupos armados que hacen presencia en los municipios de El Tarra, Convención y Teorama, atacaron a sus víctimas de forma directa.

Las víctimas han sido identificadas como Pedro Rodríguez Mejía, Jhan Carlos Carvajalino Quintero, Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado, todos excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, vinculados al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Negro Eliécer Gaitán en Tibú.

Denuncia de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo destaco que desde que empezó 2025 han aumentado las amenazas contra personas en proceso de reincorporación, afirmando que durante este año se han registrado las muertes de seis firmantes de paz.

 

 

 

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