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Caso UNGRD: en firme medida de aseguramiento
contra Sandra Ortiz
La juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó la
solicitud hecha por la defensa de Sandra Ortiz, donde pedían que la exconsejera
para las regiones pudiera cumplir una medida de detención domiciliaria y no en
la escuela de carabineros de la capital, donde se encuentra recluida actualmente
por su presunta participación en el entramado de corrupción al interior de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
De esta manera, fue ratificada la decisión en primera instancia, que habría sido
anunciada el pasado 18 de diciembre, imponiendo la medida de aseguramiento
privativa de la libertad en establecimiento penitenciario contra la
exfuncionaria del Gobierno, de la juez tercera Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá.
Según lo señalado por la magistrada, la razón por la cual se mantendrá la medida
de aseguramiento corresponde a que la Fiscalía General de la Nación logró
demostrar que existe una duda razonable en la comisión de los delitos de lavado
de activos y tráfico de influencias, por parte de Ortiz, en medio del caso de la
Unidad.
¿Por qué Sandra Ortiz fue llevada a prisión?
Como ya se sabe, el pasado 18 de diciembre la juez tercera penal municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá pidió medida de aseguramiento en
centro penitenciario para la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por su
presunta participación en el caso de corrupción al interior de la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
"La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la
prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos
materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la
defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario", señaló la juez.
En las diligencias del caso, la Fiscalía General de la Nación, respaldó sus
acusaciones por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias,
contra la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, por medio de los
interrogatorios hechos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de los chats,
datos de georreferenciación, videos, libretas de apuntes, testimonios de los
escoltas de la exfuncionaria, declaraciones de los guardaespaldas del
exsubdirector de la UNGRD.
Este martes el Senado analizará el
decreto de conmoción interior
Este martes 28 de enero, a las 3 de la tarde, el Senado de la República llevará
a cabo una sesión especial para analizar el decreto de conmoción interior
decretado por el Gobierno, en respuesta a la crisis de seguridad en el Catatumbo.
La reunión fue convocada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien lo
confirmó a través de un video. En su mensaje, destacó que,
conforme a la Constitución y la ley, deben reunirse dentro de los tres días
posteriores a la expedición de este tipo de decretos para su revisión.
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"En el marco de la expedición de
conmoción interior, me corresponde citar al Congreso de la República dentro de
los tres días siguientes a su expedición", afirmó, además recalcó que en esta
sesión se analizarán los decretos, se presentará el informe del Gobierno
Nacional y se ejercerá control político sobre la medida. "Cada Cámara tiene un
plazo de 15 días para el pronunciamiento de fondo", agregó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl
Salamanca, también confirmó que dicha corporación se reunirá a las 10 de la
mañana del martes para estudiar el alcance y las repercusiones del decreto.
Salamanca subrayó la importancia de evaluar las implicaciones de la medida y
buscar acciones desde el Congreso para atender la crisis humanitaria en el
Catatumbo, restablecer la seguridad y proteger la estabilidad de la región.
El decreto 0062 de 2025, emitido el 24 de enero, establece el estado de
conmoción interior en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González en el Cesar, por un período de 90 días. La
medida se justifica ante el agravamiento de la violencia armada en la región,
que ha dejado más de 36.000 desplazados forzados, ataques del ELN y otros grupos
armados, y amenazas a la infraestructura crítica del país.
En respuesta, el Gobierno anunció un fortalecimiento de la seguridad, la
atención humanitaria a los desplazados, la protección de los derechos humanos de
las comunidades más vulnerables y la implementación de medidas para la
sustitución de cultivos ilícitos. Además, se garantizará la protección ambiental
en áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí.
El Congreso, ahora con la responsabilidad de revisar el decreto, tiene un plazo
de 15 días para emitir su pronunciamiento.
Luis Eduardo Llinás será el director
encargado de la D
IAN
Con palabras del ministro de Hacienda, Diego Guevara, fue confirmado que Luis
Eduardo Llinás será el director encargado de la DIAN, luego de la salida de
Jairo Orlando Villabona.
Esta decisión se produce en un momento crítico para las finanzas públicas del
país, marcado por una persistente caída en los ingresos tributarios que ha
complicado el cumplimiento de las metas fiscales del gobierno.
En entrevista como la W, el director de la cartera ratificó el nombramiento de
Llinás, destacando que su experiencia en inteligencia financiera será crucial
para abordar los desafíos tributarios actuales.
Llinás Chica es contador público de la Universidad de Antioquia y especialista
en Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cursó
estudios de maestría en Derecho con énfasis Tributario en la Universidad
Externado de Colombia.
Se desempeñó como catedrático de Tributos Territoriales y Tributación
Internacional en la Universidad de Antioquia, en donde también fue asesor de la
Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas. Llinás fue asesor
contable y financiero del proyecto de inversión Comunicación Humana de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, entre 2012 y 2015, y ha asesorado a
organizaciones de los sectores público y privado en temas tributarios, de
contabilidad financiera, normas internacionales de contabilidad y auditoría.
Desde septiembre de 2022, el Llinás ocupó el cargo de director general de la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Su llegada a la DIAN tiene como objetivo principal mejorar el recaudo tributario
mediante el uso de inteligencia artificial
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y análisis de datos.
Villabona no cumplió con objetivos
La salida de Villabona se debe a los bajos resultados en el recaudo tributario.
En 2024, el recaudo bruto de la DIAN alcanzó los $249,79 billones, un 5,28%
menos que en el mismo período de 2023, lo que ha obligado a implementar medidas
de austeridad para ajustar el presupuesto.
En su primera reunión con Llinás, el ministro Guevara destacó que no se
realizarán reformas tributarias estructurales de manera inmediata, sino que se
enfocarán en impuestos aplicables a transacciones específicas, como los juegos
en línea. Estos impuestos podrán implementarse rápidamente debido a la facilidad
de recaudación a través de los sistemas actuales de la DIAN.
Investigadores de Campaña Petro harán
inspección judicial al CNE
La cominión de Acusación de la Cámara de Representantes ya inició labores en el
marco de la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta
financiación ilegal y superación de topes electorales de cara a los comicios que
llevaron al hoy mandatario a la Casa de Nariño.
El caso, donde el Consejo Nacional Electoral formuló cargos a miembros de la
campaña del hoy presidente, dará un giro, puesto que los representantes Alirio
Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, junto a Wilmer Carrillo, del
Partido de la U, iniciarán una inspección judicial dentro del CNE.
El proceso se solicitó de parte del parlamentario Alirio Uribe, quien argumentó
que la diligencia servirá para nutrir el expediente que adelantan. Con ello, los
investigadores podrían acceder a documentos y equipos de trabajo, de acuerdo al
folio en el que se aprueba la Inspección, para conocer los principales
argumentos con los que esta entidad formuló los cargos al mandatario y su equipo
de campaña.
Según la Comisión, se espera que el caso quede resuelto lo más pronto posible e
incluso estimaron que podrían tener un dictamen final antes de acabar el
semestre.
No obstante, desde sectores de
la oposición han señalado a los miembros de esta célula del Congreso, apuntando
que están trabajando en función del presidente, además que han cumplido con los
objetivos de dilatar un proceso que ya atraviesa su segundo año.
Según el congresista Christian Garcés están “montando un show programando una
inspección judicial cuando simplemente deberían tramitar el traslado de las
suficientes evidencias que ya hay sobre la violación de topes en la campaña”.
En ese sentido, el parlamentario de oposición hace referencia a las pruebas que
han entregado desde el CNE contra el mandatario, además de los testimonios en el
caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, quien se encuentra investigado
por presunto concierto para delinquir y lavado de activos, caso en el que se
acusa de desviar dineros ilícitos que ingresarían a la campaña Petro Presidente.
En este, Petro Burgos llamó a declaración a Ricardo Roa, quien lideró la campaña
presidencial, para presentar los soportes de ingresos en el marco de las
Elecciones. Además, Roa, que también tiene cargos por parte del CNE, podría con
estas pruebas dar cuenta de los dineros que financiaron el camino presidencial
de Petro, así como los actores que aportaron fondos para los comicios.
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