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Magistrado Octavio Tejeiro, elegido presidente de
la Corte Suprema
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado de la Sala
Civil, Agraria y Rural, Octavio Augusto Tejeiro Duque, como nuevo presidente de
la corporación.
El magistrado Tejeiro Duque es oriundo de Villavicencio (Meta), es abogado de la
Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la
Universidad Externado de Colombia y máster en Argumentación Jurídica de la
Universidad de Alicante, de España, y Palermo de Italia. En sus más de 35 años
al servicio de la administración de justicia, se ha desempeñado como juez
promiscuo municipal y civil del circuito, magistrado de las salas civiles de los
tribunales superiores de los distritos judiciales de Medellín y Villavicencio, y
magistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema
de Justicia.
En 2013 recibió la condecoración “José Ignacio de Márquez” al Mérito Judicial,
categoría Plata, como mejor magistrado de Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria.
Es docente universitario de Derecho Procesal Civil, Recursos
Extraordinarios/Casación, Probatorio y Teoría General de la Prueba; Medidas
Cautelares y Civil Personal en varias universidades del país y en la Escuela
Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’, centro de formación al servicio de la
administración de justicia.
Dignatarios de las Salas especializadas
En la Sala de Casación Penal fue elegida como presidenta Myriam Ávila Roldán. Es
abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y
doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una
amplia experiencia profesional en la Rama Judicial y el Ministerio Público, en
cargos como procuradora delegada para la investigación penal, magistrada
auxiliar y encargada de la Corte Constitucional, defensora pública del
Ministerio de Justicia, consultora de la Fiscalía General de la Nación y
Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del
Pueblo. Además, fue directora de especialización y docente de la Universidad
Nacional.
Decretos de conmoción dirigidos a seguridad,
humanitario y económico en Catatumbo
Finalmente, el Gobierno se decantó por declarar el estado de conmoción interior
por la grave situación de orden público en el Catatumbo, en Norte de Santander,
debido a la guerra que recrudeció en los últimos días
entre el ELN y las disidencias, y dejó de lado la idea de acudir también a la
emergencia económica, social y ecológica, como lo había planteado el presidente
Petro. Mientras que al cierre de esta edición se seguía esperando que la Casa de
Nariño expida el decreto correspondiente.
El ministro del Interior, Juan Cristo, fue hasta Ocaña, Norte de Santander, para
encabezar un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la crisis de orden público y
humanitario, en donde dijo que los decretos de conmoción interior servirán de
base para desarrollar la caracterización por parte de una
sola autoridad de la población afectada.
Asimismo, para avanzar en un plan piloto
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con el nuevo modelo de sustitución
de cultivos y avanzar en un programa especial de protección de la población que
ha sido objetivo de los violentos en esta zona.
Cristo dijo a El Tiempo que los decretos que se expidan al amparo de la
emergencia van en tres dimensiones: una de seguridad y orden público para
fortalecer la presencia militar y su equipamiento, la capacidad de la Fuerza
Aeroespacial en la zona de Catatumbo, la interceptación de comunicaciones (que
dijo el ministro se evaluará en los próximos días).
Una dimensión humanitaria para atender la población del Catatumbo que se ha
visto afectada por esta violencia; y en tercer lugar una dimensión económica y
social. Aseguró Cristo que en los decretos de la conmoción quedará incorporada
la inversión de $4,3 billones para obras que se han acordado con la comunidad
desde el año anterior.
En cuanto a la decisión del Gobierno de finalmente no acudir a la emergencia
económica, el ministro Cristo dijo que “consideramos que con la conmoción
interior se contaba con los suficientes instrumentos para afrontar esta crisis”.
Por su parte, el presidente Petro dijo que “quienes desde la oposición creen que
la conmoción interior solo es para reelegirme o cobrar los impuestos que no
permitió el Congreso en la ley de financiamiento y no es cierto”. Sostuvo que
“el decreto de conmoción interior no es solo para financiar unas actividades en
el Catatumbo, sino para defender la soberanía nacional, amenazada desde el
Catatumbo y Arauca”.
Crece preocupación de ONU
En la entrega del informe al Consejo de Seguridad de ONU del último trimestre
sobre la implementación del Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, representante
especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación en Colombia,
manifestó la preocupación que tienen por la grave situación humanitaria en el
Catatumbo.
“Me entristecen profundamente las acciones que han ensangrentado la remota
región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, desde finales de la semana
pasada, cobrando decenas de vidas de civiles, entre ellas las de excombatientes
firmantes del Acuerdo de Paz, así como líderes locales y miembros de las
comunidades. Según numerosos informes, muchas de las víctimas fueron
seleccionadas y asesinadas individualmente. El secretario general emitió ayer
por la tarde (martes) una declaración en la que expresaba su profunda
preocupación y condena por la violencia contra civiles en el Catatumbo”.
Ruiz condenó “los asesinatos −que constituyen un ataque contra la paz en sí
misma− y hago un nuevo llamado para que los grupos armados cesen toda acción que
ponga en riesgo a la población civil, incluyendo a líderes y lideresas
comunitarias, y a firmantes de paz. Pido además a los grupos armados que
permitan el acceso sin impedimentos del personal de respuesta humanitaria”.
Enfatizó que el Catatumbo es “como muchas regiones de Colombia, que aún esperan
los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral
del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de
desarrollo y
seguridad”.
Caso UNGRD: en firme medida de
aseguramiento contra Sandra Ortiz
La juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó la
solicitud hecha por la defensa de Sandra Ortiz, donde pedían que la exconsejera
para las regiones pudiera cumplir una medida de detención domiciliaria y no en
la escuela de carabineros de la capital, donde se encuentra recluida actualmente
por su presunta participación en el entramado de corrupción al interior de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
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De esta manera, fue ratificada la
decisión en primera instancia, que habría sido anunciada el pasado 18 de
diciembre, imponiendo la medida de aseguramiento privativa de la libertad en
establecimiento penitenciario contra la exfuncionaria del Gobierno, de la juez
tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Según lo señalado por la magistrada, la razón por la cual se mantendrá la medida
de aseguramiento corresponde a que la Fiscalía General de la Nación logró
demostrar que existe una duda razonable en la comisión de los delitos de lavado
de activos y tráfico de influencias, por parte de Ortiz, en medio del caso de la
Unidad.
¿Por qué Sandra Ortiz fue llevada a prisión?
Como ya se sabe, el pasado 18 de diciembre la juez tercera penal municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá pidió medida de aseguramiento en
centro penitenciario para la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por su
presunta participación en el caso de corrupción al interior de la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
"La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la
prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos
materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la
defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario", señaló la juez.
En las diligencias del caso, la Fiscalía General de la Nación, respaldó sus
acusaciones por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias,
contra la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, por medio de los
interrogatorios hechos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de los chats,
datos de georreferenciación, videos, libretas de apuntes, testimonios de los
escoltas de la exfuncionaria, declaraciones de los guardaespaldas del
exsubdirector de la UNGRD.
Se prevé la salida de José Roberto
Acosta del Ministerio de Hacienda
El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, saldrá del Ministerio de
Hacienda.
Recientemente se conoció que su nombra revolotea entre los cambios que el
oficialismo realiza en sus colaboradores.
Es importante recordar que José Roberto Acosta ha desempeñado un papel crucial
en la gestión de las finanzas públicas, el ajuste del presupuesto para cumplir
con la regla fiscal y la supervisión del endeudamiento del país.
Acosta es responsable de "cuadrar la caja", lo que implica equilibrar los
ingresos y gastos del Estado, así como asegurar que el presupuesto se mantenga
dentro de los límites establecidos por la ley. Además, es un defensor firme de
la autonomía del Banco de la República y ha trabajado para garantizar una
gestión fiscal responsable, lo que incluye recortes significativos en el gasto
público cuando fue necesario.
Su remplazo sería Javier Cuéllar, quien actualmente ocupa el cargo de presidente
del Fondo Nacional de Garantías (FNG), una entidad clave en el sistema
financiero del país que busca facilitar el acceso al crédito para micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mediante la provisión de garantías que
respaldan sus préstamos.
Cuéllar es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la
Universidad Externado. Completó su formación académica con una maestría en
Administración Pública en la London School of Economics y estudios en la Hult
International Business School y la Universidad de los Andes.
La llegada de un nuevo director podría facilitar una mayor flexibilidad en la
toma de decisiones financieras y permitir un enfoque más alineado con las
prioridades políticas actuales del gobierno.
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