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Resumen Política

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.410-990

Fecha: Domingo 02-02-2025

 

Decreto de conmoción interior autoriza expropiación de predios



El Gobierno Petro presentó los primeros tres decretos bajo el estado de conmoción interior, declarado el 24 de enero de 2025. Esta medida, en respuesta a la grave crisis de orden público en la región del Catatumbo, tiene como objetivo "garantizar la producción de alimentos y mitigar los efectos devastadores del conflicto armado en la población local".

Entre las disposiciones más relevantes de estos decretos se encuentran el financiamiento y la concesión de créditos para los agricultores afectados, así como el alivio de pasivos y la suspensión de cobros judiciales en el sector agropecuario. Estas acciones buscan contrarrestar las consecuencias del desplazamiento forzado y la pérdida de medios de vida que han sufrido miles de personas debido a la violencia en la región.

Entre los documentos firmados por el mandatario colombiano llamó la atención el artículo 4 en el que se destaca la expropiación administrativa de tierras, el cual busca facilitar la entrega de terrenos a las víctimas de desplazamiento forzado y a excombatientes que están en proceso de reintegración a la vida civil.

"Por el cual se adoptan medidas de protección de tierras, territorios y activos, y prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Rio de Oro y González del departamento del Cesar, para las y los campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, en el marco del Estado de Conmoción Interior", se lee.

Este ítem permite al Gobierno adquiera predios necesarios para garantizar el retorno y estabilización de quienes han sido desplazados por la violencia. Esto se realiza bajo los términos establecidos en la Ley 1523 de 2012, que regula la dotación de tierras para estas comunidades. Esta medida se presenta como crucial para ayudar a las personas a recuperar sus medios de vida y reintegrarse en sus comunidades.

Además, el decreto incluye disposiciones para proteger las tierras y territorios en el sector agropecuario, evitando su acumulación y acaparamiento. Esto es especialmente importante para los campesinos y pequeños productores que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Las medidas buscan mitigar los efectos negativos sobre la tenencia y ocupación de tierras en municipios afectados como Ocaña, Abrego y El Carmen.

Por otro lado, el Artículo 5 establece un saneamiento automático de predios adquiridos, lo que significa que cualquier problema relacionado con su titulación será resuelto automáticamente a favor del Estado. Esto facilitará la adquisición rápida de terrenos necesarios para atender la emergencia.

El Artículo 6 suspende temporalmente las inscripciones en los registros públicos de ciertas áreas rurales durante el periodo de conmoción interior. Esto implica que no se podrán realizar transacciones sobre esos terrenos sin la intervención del Gobierno, lo que busca evitar conflictos sobre la propiedad durante este tiempo crítico.

El presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete ministerial, justificó esta medida amparándose en el artículo 213 de la Constitución Política, que permite declarar el estado de conmoción interior ante perturbaciones graves del orden público.

La medida se extenderá por un periodo inicial de 90 días y abarcará 16 municipios, incluyendo los más afectados por los combates entre el Eln y disidencias de las Farc. Este estado excepcional permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación legislativa, aunque todos deben ser revisados por la Corte Constitucional para asegurar su conformidad con los derechos humanos.

 

Luis Eduardo Llinás asumió como director encargado de la DIAN




Luis Eduardo Llinás Chica asumió oficialmente el cargo de director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas
 

 

 

Nacionales (DIAN), en un acto presidido por el ministro de Hacienda, Diego Guevara Castañeda. El nombramiento llega en un momento clave para la entidad, que enfrenta retos significativos en cuanto a modernización y la necesidad de fortalecer el recaudo tributario y aduanero en Colombia.

Sin embargo, esta determinación no escapa a la polémica, pues se ha mencionado que Llinás Chica estaría involucrado presuntamente en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Al respecto se conoce que la Procuraduría General indaga al exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en posibles contratos irregulares para la compra de los 80 carrotanques en La Guajira que derivaron en las investigaciones al exdirector de Gestión del Riesgo Olmedo López.

No obstante, mientras se surten las averiguaciones asumirá el cargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Llinás, quien hasta la fecha se desempeñaba como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), tiene la misión de liderar el ambicioso proyecto de modernización de la DIAN, un objetivo que ha sido abordado por sus antecesores, pero que aún está por consolidarse.

En este sentido, el nuevo director busca implementar estrategias de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria, así como proyectar la entidad hacia las demandas globales en analítica de datos, lo que se considera esencial para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.

"Una entidad como la DIAN debe estar a la vanguardia de las administraciones tributarias del mundo, y la analítica de datos es clave para la toma de decisiones eficientes", señaló Llinás durante su encuentro con el ministro Guevara. En el contexto de la gestión, la DIAN ha avanzado en el uso de técnicas analíticas, destacándose el ecosistema de la factura electrónica, un proceso que ha sido fundamental gracias al compromiso de los servidores públicos de la entidad.

Llinás es contador público de la Universidad de Antioquia y cuenta con estudios especializados en Legislación Tributaria y Derecho Tributario, formación que lo avala para liderar una de las entidades más cruciales del Estado colombiano. Su experiencia incluye haber sido catedrático en temas tributarios en la Universidad de Antioquia y haber trabajado como asesor contable y financiero en la Alcaldía Mayor de Bogotá entre 2012 y 2015.

Asume la dirección de la DIAN con el reto de aumentar el recaudo de la entidad, que no han logrado sus antecesores, así como cumplir las metas que permitan al Gobierno nacional recuperar la cartera morosa que tienen varios contribuyentes con el Estado. Como se sabe, el funcionario llega como director encargado mientras desde la Casa de Nariño se podría definir otro cambio más adelante o incluso nombrarlo en propiedad.


Regresar al país pidió Petro a colombianos sin documentos en EE.UU.




El presidente Gustavo Petro pidió este viernes a sus compatriotas que residen en Estados Unidos de manera irregular que regresen "de inmediato" al país, en pleno hostigamiento de las nuevas autoridades de la Administración de Donald Trump hacia la población migrante.

"Le solicito a las colombianas y colombianos sin documentos en Estados Unidos dejar sus trabajos de inmediato en ese país y retornar a Colombia lo más pronto posible", ha instado Petro a través de su cuenta de X.

"La riqueza la produce solo el pueblo trabajador", ha añadido el mandatario, quien ha prometido que las autoridades colombianas ayudarán a quienes regresen a empezar de nuevo a través de "créditos productivos". "Construyamos riqueza social en Colombia", ha animado Petro.

A lo largo de esta semana, aviones de deportados han ido llegando a varios países de América Latina --hasta tres han tomado tierra en Colombia-- como parte de la agresiva política migratoria de Donald Trump. Las condiciones en las que estas personas han sido trasladadas también ha sido motivo de denuncia, debido a que la gran mayoría de ellos han llegado a sus países de origen maniatados.

Choque Trump- Petro

El pasado 26 de enero Colombia y Estados Unidos tuvieron una crisis diplomática por la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir dos aviones con migrantes
 

 

 

colombianos, alegando que los connacionales venían con tratos inhumanos. Horas después Trump anunció aranceles a las importaciones procedentes del territorio nacional y otras medidas contra el oficialismo como restricciones de viajes y revocatoria "inmediata" de visas.

 

Dos aviones de la Fuerza Aérea del gobierno de Colombia llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos.

"Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. El migrante no es un delincuente es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida", aseguró en la red social X el mandatario, que exigía a Trump condiciones "dignas" como no esposar a los deportados.

Tras horas de tensión, Bogotá aceptó los términos de las políticas del mandatario republicano y apagó una disputa que subía de tono.

 

Habrá garantías, seguridad y financiación plena para las elecciones: Cristo

 



Al instalar, en la mañana de este martes, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno garantiza seguridad, garantías y financiación para las elecciones del año 2026, cumpliendo con el deber de proteger la democracia en todos los municipios.

El jefe de la Cartera de Gobierno señaló: “no hay disminución al presupuesto de la organización electoral. Nunca antes se había asignado un presupuesto de 3.7 billones de pesos para el funcionamiento de las entidades responsables de la preparación de las elecciones”.


Asimismo, recordó que “gracias al Acuerdo de Paz con las FARC se logró desvincular las armas de las elecciones, un avance histórico que seguiremos defendiendo. Por eso, nuestro compromiso es firme: evitaremos cualquier interferencia de grupos armados en los comicios de 2026. La paz y la democracia son un derecho de todos”.

También precisó que, para alcanzar ese objetivo, es fundamental que todas las instituciones, junto con las autoridades de Policía y las Fuerzas Militares, trabajen de manera coordinada, garantizando unas elecciones pacíficas y seguras. En este proceso, todos los sectores, ya sea la oposición o los partidarios del Gobierno, deben contar con las garantías plenas para desarrollar sus campañas con total libertad.

Presupuesto sin modificación

El Ministro Cristo hizo énfasis en que no es cierto que el Gobierno haya recortado el presupuesto de la Registraduría, ni del Concejo Nacional Electoral (CNE).

El Ministro reconoció que debido a las restricciones fiscales del Estado colombiano, se han realizado aplazamientos en algunos rubros. No obstante, aseguró que ninguno de estos afecta el funcionamiento de la Registraduría ni del CNE. Además, anunció la convocatoria de una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda, el CNE y la Registraduría, con el fin de analizar el funcionamiento de estas entidades, evitar duplicación de funciones y revisar, cuando se incremente el recaudo fiscal, la posibilidad de modificar los aplazamientos.

El Ministro también hizo un llamado a los partidos políticos a actuar con seriedad y responsabilidad respecto a la institucionalidad del país, y a no propagar informaciones infundadas sobre un supuesto desfinanciamiento de las entidades electorales.

Por otro lado, pidió sensatez a los líderes políticos que han mencionado un supuesto control de grupos armados ilegales en más de 400 municipios. "No es positivo para la institucionalidad democrática del país hablar de control de los ilegales sobre vastos territorios. Si bien existen dificultades, no se puede negar que la Fuerza Pública ha actuado, está actuando y continuará haciendo todo lo necesario para garantizar el control del territorio nacional", enfatizó el Ministro del Interior.

El encuentro estuvieron presentes, entre otros, el registrador Nacional, Hernán Penagos; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hérnan Prada; la Defensora del Pueblo, Iris Marín; y delegados de los partidos políticos.

 

 

 

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