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Pereira, Colombia - Edición: 13.411-991

Fecha: Martes 04-02-2025

Desmantelada red de tráfico de animales exóticos en Colombia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue desmantelada una red dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos en los departamentos de Nariño y Risaralda. La organización, que generaba millonarias ganancias ilícitas, mantenía a las especies en condiciones deplorables y operaba a través de perfiles falsos en redes sociales.

El brigadier general José James Roa Castañeda, director de Carabineros y Protección Ambiental, detalló que la operación, denominada 'Exotic Animal', permitió la captura en flagrancia de un hombre y la incautación de varias especies, entre ellas seis ajolotes, dos dragones barbudos, un camaleón y una rana kambó. Estas especies, valoradas en aproximadamente 8 millones de pesos en el mercado negro, eran vendidas a compradores interesados en animales exóticos.

Además del tráfico de fauna, la red se dedicaba a la práctica de medicina ancestral utilizando la rana filomedusa, un negocio que les reportaba ganancias cercanas a los 34 millones de pesos mensuales. Las autoridades descubrieron que los animales eran mantenidos en condiciones inadecuadas, lo que agrava las acusaciones contra los implicados.

El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentará cargos por maltrato animal, un delito que en Colombia puede acarrear penas de uno a tres años de prisión. Este caso pone en evidencia la creciente problemática del tráfico de especies en el país, un crimen que no solo afecta la biodiversidad, sino que también representa un riesgo para la salud pública y el equilibrio ecológico.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la fauna y adelantaron que continuarán trabajando para desarticular redes similares. Este operativo marca un avance significativo en la lucha contra el tráfico de animales, un flagelo que sigue amenazando la riqueza natural de Colombia.

Procuraduría lleva a juicio a exfuncionarios de Migración Colombia por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación anunció el lunes 3 de febrero la formulación de cargos y la apertura de un juicio disciplinario contra dos exfuncionarios de la Regional Andina de Migración Colombia, Luis Francisco Cante Céspedes y Adriana Paola Cuervo Pulido, por su presunta responsabilidad en un caso de acoso sexual. Los hechos, que habrían ocurrido durante 2023, involucran a una funcionaria de menor rango quien denunció haber sido víctima de tocamientos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Cante Céspedes, entonces director regional de la entidad.

Según la Procuraduría, los actos del exdirector configurarían un caso de “acoso, hostigamiento o asedio físico y verbal con fines sexuales no consentidos”, lo que afectó gravemente la dignidad de la víctima. Además, se reveló que Cuervo Pulido, quien ejercía como coordinadora regional, habría enviado un correo electrónico a los directivos de Migración Colombia en el que cuestionaba la credibilidad de la denunciante y justificaba los actos de acoso al referirse a su forma de vestir. Esta conducta, según el

el ente de control, podría constituir violencia institucional al no proteger a la víctima y restarle credibilidad a su testimonio.

El Ministerio Público calificó las acciones de ambos exfuncionarios como graves y gravísimas, señalando que “no es admisible ningún tipo de agresión sexual”, incluyendo tocamientos y expresiones con doble sentido que atenten contra la dignidad de las mujeres. Cabe destacar que, en diciembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación también imputó a Cante Céspedes por el delito de acoso sexual, tras recibir denuncias de al menos 50 funcionarias que lo habrían señalado por conductas similares.

Este caso pone en evidencia la persistencia de prácticas de acoso y violencia de género en entidades públicas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas. La Procuraduría reiteró su compromiso con la erradicación de este tipo de conductas y aseguró que continuará investigando a fondo para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Detalles de la captura de alias ‘Chocolate’, cabecilla del ‘Tren de Aragua’

Beraldo Enrique Atencio Padilla, alias Chocolate, señalado como uno de los cabecillas de la estructura criminal del ‘Tren de Aragua’, fue capturado en Bucaramanga tras meses de seguimiento por parte de las autoridades. Durante el operativo, le fueron incautados una camioneta de alta gama, una pistola CZ, dos proveedores metálicos, 18 cartuchos calibre 9 mm, cadenas de oro y un celular de última tecnología que intentó destruir al momento de su detención.

Según fuentes oficiales, Chocolate operaba en los departamentos de La Guajira, César, Santander y Norte de Santander, donde lideraba una red dedicada al tráfico de migrantes y al narcotráfico. Su modus operandi incluía otorgar créditos millonarios, de hasta 50 millones de pesos, a migrantes venezolanos para facilitar su tránsito hacia Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, estos préstamos tenían intereses exorbitantes, y los migrantes debían comenzar a pagar apenas llegaban a su destino.

Las investigaciones también revelaron que Chocolate había modificado su apariencia física mediante cirugías estéticas, como la reducción de orejas, el perfilado de nariz y el relleno de mandíbulas, con el fin de evadir a las autoridades. Además, obtuvo documentos colombianos bajo una identidad falsa, lo que le permitió manejar negocios legales en Magangué, dedicados a la ganadería y la venta de productos farmacéuticos, mientras continuaba con sus actividades delictivas.

Con ocho años de trayectoria criminal, Chocolate era conocido por su papel como coordinador de homicidios selectivos dentro del ‘Tren de Aragua’, tanto en Venezuela como en Colombia. Según la Policía, su función consistía en ejecutar acciones violentas contra miembros de la organización que incumplían las normas internas. Su influencia se extendía a Norte de Santander, Santander y el estado venezolano de Zulia.

Durante el operativo, las autoridades encontraron cuadernos con anotaciones detalladas sobre los migrantes a quienes había otorgado créditos, lo que sugiere un sofisticado sistema de control y cobro. Aunque destruyó su celular para evitar que se conocieran sus movimientos, estos documentos podrían ser clave para desarticular su red.

Tras su captura, Chocolate fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y se iniciaron los trámites para su extradición a Venezuela, donde enfrentará cargos por sus crímenes.

JEP imputa a 12 exintegrantes de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad en Cauca y Valle del Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 exintegrantes de las FARC, pertenecientes a siete subestructuras de la extinta guerrilla que operaron en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Este caso, enmarcado en el macrocaso 05, es uno de los más significativos para la JEP, ya que involucra a más de 200.000 víctimas acreditadas y 138 organizaciones afectadas por el conflicto armado en esta región del país.

Los exguerrilleros, entre los que se encuentra Pablo Catatumbo Torres, miembro del antiguo secretariado de las FARC, fueron llamados a responder por 14 crímenes identificados en más de 5.000 hechos violentos ocurridos en 14 municipios del norte del Cauca y cinco del Valle del Cauca. Los delitos incluyen asesinatos, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, utilización de minas antipersonal, ataques contra la población civil y destrucción del medio ambiente y de bienes culturales.

Durante una rueda de prensa, los magistrados Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez, presidente y relator del macrocaso 05 respectivamente, explicaron que los comparecientes ya aceptaron su responsabilidad por escrito y se preparan para hacerlo en una audiencia pública de reconocimiento. Este proceso se llevó a cabo tras una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de 20 informes de organizaciones de víctimas, 50 versiones individuales y siete versiones colectivas, así como aportes de la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría.

Además, la JEP destacó la importancia de las versiones interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana, en las que 31 comparecientes con pertenencia étnica fueron escuchados. Los exguerrilleros también realizaron actos restaurativos y entregaron documentos de aporte temprano a la verdad, reconociendo las afectaciones causadas a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

Entre los imputados se encuentran alias ‘Francisco González’ o ‘Pachochino’, ‘Matías Aldecoa’, ‘Miguel Ángel Pascuas’, ‘Calixto’, ‘Carlos Antonio’, ‘Alirio’, ‘William’ (también conocido como ‘El Paisa’), ‘Vladimir’, ‘Juvenal’, ‘Pacho Quinto’ y ‘Mama Juana’. Estos exintegrantes pertenecían a estructuras como el Comando Conjunto de Occidente, el Bloque Móvil Arturo Ruiz, el Frente 6º y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez.

La JEP explicó que, tras notificar la decisión, los comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o negar los hechos imputados. Si aceptan su responsabilidad y contribuyen a la verdad, se convocará una audiencia de reconocimiento para definir su situación jurídica y establecer las sanciones correspondientes, las cuales podrían incluir trabajos, obras o actividades que reparen a las víctimas.

En caso de que nieguen su responsabilidad, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde enfrentarán un juicio adversarial. De ser hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión. Este proceso representa un paso crucial en la búsqueda de justicia y reparación para las miles de víctimas que sufrieron los estragos del conflicto armado en estas regiones.

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