|
Denuncian a Petro por presuntamente revelar
información reservada
El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, presentó una denuncia penal ante la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el
presidente Gustavo Petro, por la posible y presunta comisión de delitos que
atentan contra la seguridad nacional, la reserva de información del Estado y la
institucionalidad del país.
La denuncia se origina luego de que el presidente Petro publicara en su cuenta
de X (@petrogustavo) una imagen satelital con coordenadas geográficas que,
presuntamente, revelaban la ubicación de miembros del Ejército de Liberación
Nacional (Eln) en la región del Catatumbo, una de las zonas con mayor presencia
de grupos armados ilegales y conflicto en Colombia.
Según fuentes militares, la imagen compartida por el mandatario incluiría datos
estratégicos de inteligencia, lo que podría comprometer operaciones militares en
curso y exponer a la Fuerza Pública a un riesgo aún mayor. A la fecha, el
Catatumbo ha registrado 53,416 personas desplazadas, 31.358 confinadas y al
menos 52 asesinadas, como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en la
región, según reportes de las autoridades departamentales.
"El Presidente de la República tiene la responsabilidad de proteger la
información de inteligencia que le es suministrada. Difundir públicamente estos
datos no solo pone en riesgo la seguridad de nuestros soldados y policías, sino
que dificulta la recuperación de la paz y el mantenimiento del orden público en
el país", afirmó el concejal Julián Uscátegui.
De acuerdo con el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), la conducta del
presidente Petro podría configurar la comisión de varios delitos, entre ellos:
Divulgación de información reservada (Artículo 194). Divulgación de documentos
relacionados con la defensa y seguridad nacional (Artículo 418). Uso indebido de
información con carácter de reserva (Artículo 419). Revelación de secretos de
Estado (Artículo 455).
"Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevan a cabo operaciones altamente
estratégicas para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Es
inaceptable que desde la Presidencia se exponga información sensible, que podría
afectar gravemente la efectividad de estas acciones", enfatizó Uscátegui.
Horas después de la publicación, en la noche del 2 de febrero de 2025, el
presidente Petro eliminó el trino sin emitir una explicación oficial sobre las
razones de su eliminación ni sobre el impacto que su publicación podría haber
tenido en la seguridad del país.
Efraín Cepeda posesionó a Temístocles
Ortega como senador
El exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, fue posesionado por el presidente
del Senado, Efrain Cepeda, como nuevo senador en representación del Partido
Cambio Radical, dada la salida de David Luna, quien renunció a su curul por su
aspiración a la presidencia de la República.
Ortega, quien ya fue senador en la legislatura pasada, se reincorpora ahora a la
actividad legislativa, siguiendo los pasos legales establecidos para este tipo
de situaciones.
¿Quién es Temístocles Ortega Narváes?
Temístocles Ortega Narváez es un destacado abogado y político colombiano, nacido
el 21 de octubre de 1954 en Mercaderes, Cauca.
|
|
Es egresado de la Universidad
del Cauca, donde obtuvo el título de Doctor en Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales en 1979. Además, cuenta con estudios de posgrado en Gerencia, Gobierno
y Asuntos Públicos por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de
Columbia en Nueva York, así como una maestría en Economía de la Universidad
Javeriana en Bogotá.
A lo largo de su carrera, Ortega ha desempeñado diversos cargos públicos de
relevancia. Fue Gobernador del departamento del Cauca en dos ocasiones
(1992-1995 y 2012-2015), Viceministro de Justicia (1986-1990) y Magistrado del
Consejo Superior de la Judicatura en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
(2000-2008). También ejerció como Senador de la República por el partido Cambio
Radical durante el periodo 2018-2022.
En enero de 2025, la Fiscalía General de la Nación acusó a Temístocles Ortega
ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de peculado por
apropiación y falsedad en documento privado, relacionados con irregularidades en
un contrato durante su gestión como Gobernador del Cauca. Según la acusación, se
habrían presentado inconsistencias en la ejecución de un proyecto de ampliación
de la pista de aterrizaje del aeropuerto de López de Micay, lo que habría
generado un detrimento patrimonial.
Mariana Martín renunció a dirección del
Instituto de protección animal
Este lunes, la Secretaria de Ambiente de Bogotá dio a conocer la renuncia de la
directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal, Mariana Martín Leyes,
quien habría argumentado motivos personales.
"La Secretaria Distrital de Ambiente, como cabeza del sector al cual pertenece
el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, informa que su
directora, Mariana Martín Leyes, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por
la Administración Distrital", señalaron a través de un comunicado.
Además, la Secretaria le agradeció, por la gestión y compromiso, a la
funcionaria durante el tiempo en el que estuvo a cargo de la entidad.
Se espera que en la Alcaldía, anuncie quien asumirá el cargo, en remplazo de
Martín en las próximas horas.
Mariana Martín fue posesionada por el alcalde Carlos Fernando Galán, en mayo de
2024; estuvo encargada de liderar las acciones de promoción y defensa de los
animales en Bogotá.
¿Quién es Mariana Martín?
Mariana Martín Leyes es abogada de la universidad de Los Andes, con Maestría en
Derecho Animal y Sociedad de la universidad Autónoma de Barcelona, y posgrado en
Políticas Ambientales y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
La ahora exdirectora del IDPYBA tiene experiencia de más de 20 años en
dirección, asesoría y acompañamiento jurídico a sociedades del sector privado,
ha participado en juntas directivas de industrias farmacéuticas y ha sido
gerente de empresas en el sector de productos y servicios para mascotas.
Principal testigo de caso Ungrd acusa a
congresista Karen Manrique
El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd),
|
|
quien se convirtió en testigo clave en la investigación por el
escándalo de corrupción en esa entidad, le entregó a la Sala de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia diversas pruebas que demostrarían que el Gobierno,
presuntamente, compró a la congresista Karen Manrique para que aprobara créditos
de la nación con la banca internacional.
Esta revelación, hecha por Noticias Caracol, sugiere que la Ungrd le iba a
entregar a Manrique un contrato en Arauca por más de 32 mil millones de pesos
que iba a ser manejado por el esposo de la parlamentaria, el empresario Gustavo
González Ruiz.
De acuerdo con el informe, desde hace varios meses la Corte investiga si Karen
Manrique y cinco congresistas más que en 2023 le aprobaron al Gobierno
millonarios créditos con la banca internacional habrían vendido su voto a cambio
de contratos en la Ungrd por 92 mil millones de pesos.
Pinilla relató que, acatando las instrucciones de Olmedo López, desde el primer
momento tuvo informado al esposo de la congresista Manrique de todos los
trámites para sacar el negocio de Arauca.
El informe también señala que de acuerdo con los chats que le entregó a la
justicia Pinilla, el entonces ministro Bonilla le envió ese 15 de diciembre el
contacto de su asesora María Alejandra Benavides para que cuadrara con ella los
detalles de la entrega de esos contratos a los intermediarios de los
congresistas.
La defensa de Benavides
En su momento, la defensa de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro
de Hacienda Ricardo Bonilla, emitió un comunicado en el que solicitó a las
autoridades competentes el refuerzo urgente de las medidas de protección para
ella y sus familiares, luego de que se filtraran los audios de su diligencia
ante la Fiscalía General de la Nación sobre el caso de corrupción de la Ungrd.
La defensa también reiteró el compromiso de Benavides con el proceso judicial y
su disposición a colaborar con las autoridades colombianas, siempre dentro del
marco de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. No
obstante, para proteger la integridad del proceso judicial y su seguridad, se
indicó que Benavides se abstendrá de realizar declaraciones fuera del ámbito
institucional.
Benavides le comentó a la Fiscalía General de la Nación que el ministro Ricardo
Bonilla supuestamente le mencionaba que “se le acababa el tiempo” y que algo
había que hacer. “Yo le digo: ‘ministro, ¿qué hacemos, ministro? Allá no se está
moviendo nada’. ¿Y por qué lo sabía yo? Yo era la que recibía la presión del
Congreso y me decían: ‘no están saliendo, no los han contactado, no los han
llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año.
María Alejandra, hazlo’. Y yo le decía al ministro que yo lo hacía, yo le decía
al ministro permanentemente: ‘ministro, esto me dice el Congreso de la
República’”.
La versión de ‘El Pastuso’
Por otro lado, también se conoció la versión de Luis Eduardo López Rosero, más
conocido como ‘El Pastuso’, quien contradijo lo que había dicho Pinilla sobre la
entrega de sobornos.
A ‘El Pastuso’ se le señala de presuntamente entregarle las coimas no solo a
Pinilla, sino también a Olmedo López, el exdirector de la Ungrd, a cambio de
quedarse con los contratos de los carrotanques.
De acuerdo con lo que informó RCN Noticias, después de que Pinilla aseguró que
López Rosero le había dicho que ayudara a gestionar los pagos y le ofreció una
coima del 13 %, durante la audiencia el contratista negó las afirmaciones.
López sostuvo que no conocía a dónde iban estos dineros y nombró en diversas
ocasiones a Juan Camilo Llanos Marulanda, abogado de la Unidad, quien era
considerado como el “socio misterioso” de Pinilla.
El contratista estará en una audiencia en la que se podrá avalar el preacuerdo
alcanzado con la Fiscalía. De acuerdo con el medio de comunicación, se
conocieron los soportes de pago que respaldan la devolución de los $7.722
millones que se comprometió a retornar.
Además, hará un pago para alcanzar los $3.861 millones, equivalentes a la mitad
del pago total. Lo demás se hará a través de un inmueble.
El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Sneyder Pinilla, quien se convirtió en testigo clave en la investigación por el
escándalo de corrupción en esa entidad, le entregó a la Sala de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia diversas pruebas que demostrarían que el Gobierno,
presuntamente, compró a la congresista Karen Manrique para que aprobara créditos
de la nación con la banca internacional.
|
