8-El Imparcial

 

Resumen Política

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.414-994

Fecha: Domingo 09-02-2025

 

Facultades para dirigir Colpensiones enfrentan a Dussan y Paloma Valencia
 



Sifgue la controversia entre la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, designación por el Gobierno nacional. Desde su posesión en diciembre de 2022, el funcionario ha causado revuelo ante lo que muchos han afirmado, una designación a dedo y sin competencias para ejercer el cargo.

En múltiples ocasiones la parlamentaria puntualizó en la falta de competencias de Dussan, además de un conflicto con los documentos presentados para avalar la experiencia con la que tomaría el cargo. En ese sentido, Valencia señaló que el presidente del ente no contaba con los estudios que presentó, uno de ellos una maestría en Relaciones Públicas obtenido en España.

Valencia, quien ha sido crítica tanto de su designación como de sus funciones en la entidad, aseguró que a través de un derecho de petición propiamente Dussan le confirmó que “la maestría que hizo nunca la homologó en Colombia. Lo más grave, no la puede homologar porque es un título propio de la universidad”, razón que no facultaría su experiencia en el cargo.

Sin embargo, el presidente de la entidad señaló que, si bien no ha homologado esta titulación, “puedo ejercer mi cargo como director de Colpensiones sin que medie la convalidación del título máster en Dirección en Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación expedido por la Universidad Autónoma de Barcelona”. Además, fundamenta que el hecho de ya haber trabajado en la entidad y conocer su funcionamiento le avala para poder dirigir a la misma, como lo habría determinado el presidente Gustavo Petro.

No obstante, la senadora Valencia agregó que “tiene que ser revocado su nombramiento. El doctor Dussan no cumple los requisitos y no puede inventar que esto le permite tener la experiencia para seguir frente al cargo”. Asimismo, la parlamentaria agregó que desde el momento de su designación había argumentado que la homologación se encontraba en trámite, sin embargo “ese trámite ante el Ministerio (de Educación) puede durar un año. Sin embargo, haber solicitado convalidación no exime a Dussan, quien ya incumplió la ley. Ya pasaron los dos años y no presentó la convalidación”, dijo Valencia.

En medio de la crisis del Gobierno y tras las revelaciones por la falta de experiencia, medios de comunicación revelaron que Dussan estaría meditando seriamente dejar la dirección de Colpensiones para optar por un cargo político, ya sea en un ministerio, en caso que así lo determine el presidente ante la salida de miembros de su gabinete; o en su defecto para perfilar sus aspiraciones al Congreso de la República.

 

Jorge Enrique Ibáñez elegido presidente de la Corte Constitucional




La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como nuevo presidente de la Corporación y a la magistrada

 

 

 

Paola Andrea Meneses Mosquera como vicepresidenta. Los altos dignatarios empezarán a cumplir sus funciones a partir del 10 de febrero del año en curso.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, y magíster en Derecho, DEA (Magíster) en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho, Suma Cum Laude, y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid, España. Además, es Doctor Honoris Causa en Educación de la UNAD.

Se destacó como investigador, académico y consultor en las áreas de su formación y experiencia profesional: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho económico, derecho internacional y derecho privado. Tiene experiencia en la administración de justicia en sede arbitral como árbitro nacional e internacional, así como en mecanismos alternos de solución de conflictos, especialmente como Amigable Componedor. Fue Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Consejo de Estado –Sala de Consulta y Servicio Civil– y de la Corte Constitucional.

Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Económico en universidades como Javeriana, Los Andes, Rosario, Externado de Colombia, Sergio Arboleda, Santo Tomás, Libre, Norte de Barranquilla e Ibagué. Fue director de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario (1992-1997), director de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana (1999-2004) y director de la Especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana (2000-2004).

Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, de la Asamblea Constituyente del Ecuador (1997) y de procesos constituyentes en la República Dominicana (1998). También trabajó como funcionario del Banco de la República (1983-1994) y como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (1993-2000), además de asesorar en procesos de reestructuración y modernización del Estado en distintas áreas de la administración pública.

 

Daniel Quintero y Bolívar chocan tras Consejo de ministros




Siguen las secuelas para el gobierno Petro luego del primer consejo ministerial televisado en el que, tras seis horas de encuentro, las principales discusiones se dieron en torno a la designación de Armando Benedetti como jefe del despacho presidencial y Laura Sarabia como canciller. En este, la vicepresidenta Francia Márquez; la ministra de Ambiente Susana Muhamad; el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; y Alexander López, director del DNP, señalaron el retorno de Benedetti a la cúpula del Gobierno.

La tensa situación derivó en diversos enfrentamientos dentro del petrismo, donde Daniel Quintero salió en defensa especialmente del presidente Gustavo Petro. El exalcalde de Medellín se refirió en sus redes sociales, cuestionando a Bolívar a quien inicialmente comparó con ‘Judas’.

Además, apuntó que es “paradójico que un señor de apellido Bolívar se comporte como ‘Santander’. La conspiración de febrero se frustró”. No obstante, el funcionario de Prosperidad Social no guardó silencio ante la crítica, respondiendo que “el ladrón juzga por su condición”.
 

Sin embargo, el exalcalde nuevamente replicó, asegurando inicialmente que “Gustavo Bolívar, divisor profesional, lideró el bloque que alentó a 7 ministros a renunciar si el presidente no hacía lo que ellos querían”, además, puntualizó que Petro no permitió el “golpe” y que de ser su caso “simplemente los hubiera sacado a todos”.

Enseguida Quintero siguió con su lazada ante Bolívar, sentenciando que “más daño

 

 

 

 hace un traidor que 5 Benedettis”, para finalizar asegurando que “Bolívar y compañía querían dictarle al presidente cómo y con quién gobernar, armar un show antes de renunciar, cosa que ya tenían programada, dándole un golpe antes de salir al presidente para reclamar independencia”.

Allí, Quintero señaló al también ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien horas después del Consejo pidió a todos los miembros del gabinete renunciar, asegurando que los mostrado al país “no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas”, agregando que es insostenible la conformación de este equipo de Gobierno.

No es la primera vez que Quintero y Bolívar chocan, pues el exalcalde días atrás había asegurado que, de cara a las presidenciales de 2026, el hoy director de Prosperidad Social no llega a segunda vuelta, proclamándose además como la única solución para continuar con el proyecto de gobierno Petro y dar solución a las principales problemáticas del país.

 

Denuncian a Petro por presuntamente revelar información reservada




El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, presentó una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por la posible y presunta comisión de delitos que atentan contra la seguridad nacional, la reserva de información del Estado y la institucionalidad del país.

La denuncia se origina luego de que el presidente Petro publicara en su cuenta de X (@petrogustavo) una imagen satelital con coordenadas geográficas que, presuntamente, revelaban la ubicación de miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo, una de las zonas con mayor presencia de grupos armados ilegales y conflicto en Colombia.

Según fuentes militares, la imagen compartida por el mandatario incluiría datos estratégicos de inteligencia, lo que podría comprometer operaciones militares en curso y exponer a la Fuerza Pública a un riesgo aún mayor. A la fecha, el Catatumbo ha registrado 53,416 personas desplazadas, 31.358 confinadas y al menos 52 asesinadas, como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en la región, según reportes de las autoridades departamentales.

"El Presidente de la República tiene la responsabilidad de proteger la información de inteligencia que le es suministrada. Difundir públicamente estos datos no solo pone en riesgo la seguridad de nuestros soldados y policías, sino que dificulta la recuperación de la paz y el mantenimiento del orden público en el país", afirmó el concejal Julián Uscátegui.

De acuerdo con el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), la conducta del presidente Petro podría configurar la comisión de varios delitos, entre ellos: Divulgación de información reservada (Artículo 194). Divulgación de documentos relacionados con la defensa y seguridad nacional (Artículo 418). Uso indebido de información con carácter de reserva (Artículo 419). Revelación de secretos de Estado (Artículo 455).

"Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevan a cabo operaciones altamente estratégicas para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Es inaceptable que desde la Presidencia se exponga información sensible, que podría afectar gravemente la efectividad de estas acciones", enfatizó Uscátegui.

Horas después de la publicación, en la noche del 2 de febrero de 2025, el presidente Petro eliminó el trino sin emitir una explicación oficial sobre las razones de su eliminación ni sobre el impacto que su publicación podría haber tenido en la seguridad del país.

 

 

 

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