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Control político a cuatro ministros por conmoción
interior en Catatumbo
El Senado de la República citó a cinco ministros del gabinete del presidente
Gustavo Petro para un debate de control político sobre la declaratoria de
conmoción interior en el Catatumbo. La sesión, programada para este martes a las
3:00 p.m., tiene como objetivo evaluar las medidas adoptadas y los resultados
obtenidos desde que se implementó esta medida excepcional el pasado 24 de enero,
tras la crisis humanitaria generada por los enfrentamientos entre el Eln y las
disidencias de las Farc.
Los citados a la plenaria son las ministras Martha Carvajalino (Agricultura) y
Ángela María Buitrago (Justicia), así como los ministros Pedro Sánchez (Defensa)
y Diego Guevara (Hacienda). Además, también fue convocado Alexander López Maya,
en su condición de director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Sin
embargo, su participación es incierta, ya que su renuncia fue aceptada por el
presidente Petro y aún no se ha designado a su reemplazo. Se ha especulado que
Susana Muhamad, exministra de Ambiente, podría asumir el cargo.
La citación fue solicitada por la Comisión Accidental para el seguimiento y
análisis de la conmoción interior, que busca que los funcionarios expliquen "la
motivación, justificación, fines, destinación de los recaudos, protección y
retorno de los habitantes de la región del Catatumbo y apoyo a las autoridades
territoriales", según se lee en la agenda legislativa.
El debate cobra relevancia tras la reciente masacre ocurrida en Ocaña, Norte de
Santander, donde cinco personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas en
un ataque armado en el barrio Los Sauces. Entre las víctimas fatales se
encuentra una joven de 17 años, mientras que un adolescente de 15 años está
entre los heridos. Las autoridades investigan si algunos de los fallecidos eran
desplazados forzados por la violencia entre los grupos armados ilegales.
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, alertó sobre el riesgo de que el conflicto
se extienda a las zonas urbanas, afirmando que "no podemos permitir que Ocaña se
convierta en un nuevo campo de batalla". Además, hizo un llamado al Gobierno
Nacional para que refuerce la presencia de la fuerza pública en la región.
El presidente Gustavo Petro manifestó que el plan gubernamental para el
Catatumbo se basa en tres ejes principales: erradicación de cultivos ilícitos,
desarrollo de vías para la comercialización de productos legales y la promoción
del 'Pacto Social del Catatumbo' para la paz. En un reciente consejo de
ministros televisado, el mandatario aseguró que "hay 55.000 hectáreas sembradas
de hoja de coca. Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso que dejan
los decretos de conmoción interior".
Según cifras oficiales, los enfrentamientos entre grupos armados han dejado más
de 76 muertos y provocado el desplazamiento de más de 55.000 personas en lo que
va del año. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre la
falta de garantías para los desplazados, quienes siguen expuestos a nuevos
episodios de violencia en los lugares donde buscan refugio.
Líderes sociales han reiterado su petición al Gobierno Nacional para que
implemente medidas efectivas de protección. Un vocero de una organización
humanitaria en la región enfatizó que "no basta con declaraciones y consejos de
seguridad; necesitamos acciones concretas para frenar esta tragedia".
Aplazan votación sobre la escisión del partido
Alianza Verde
Las mayorías de la Alianza Verde, reunidas en Bogotá, evaluaron la propuesta de
división impulsada por seis congresistas afines a la
exalcaldesa Claudia López, pero optaron por postergar la votación hasta el lunes
17 de marzo.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, confirmó el
aplazamiento y la falta de consenso. Según trascendió, la decisión no se
concretó por un margen de apenas tres votos.
Desde el año 2021, el sector de la exmandataria local había planteado la
posibilidad de escindir el partido, pero solo hasta finales de febrero se
presentó una solicitud formal tras la llegada de Antonio Sanguino y María
Fernanda Rojas al gabinete del presidente Gustavo Petro.
“Después de dos años luchando internamente por declarar nuestra independencia
frente al gobierno nacional, el otro sector decidió formar parte del gabinete y
apoyar la reelección del proyecto Petro en 2026, asumiendo ministros y
entidades”, señalaron en su solicitud la senadora Angélica Lozano y los
representantes a la Cámara Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Carolina
Giraldo, Alejandro García y Cristian Avendaño.
La intención de estos parlamentarios
era crear un nuevo partido con miras a las elecciones de 2026, y todo indicaba
que esta nueva colectividad se convertiría en la plataforma política de Claudia
López para una posible aspiración presidencial.
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Hace un año, Antanas Mockus y
Claudia López ya habían renunciado a la colectividad tras la vinculación de
varios miembros del partido en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los señalados están
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y el senador Iván Name, mencionados
en las investigaciones.
Además, la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz está presa
por su supuesta participación en un entramado de corrupción para comprar votos
en el Congreso a favor de las reformas sociales del Gobierno Petro.
El cónclave y el aplazamiento de la decisión
El Partido Alianza Verde se reunió en un cónclave hoy para decidir si aprobaba
la escisión del partido, lo que significaría que una facción mantendría la
personería jurídica y la otra formaría una nueva colectividad para desarrollar
su propio proyecto político.
Durante el debate, hubo posiciones divididas:
Jota Pe Hernández, uno de los representantes más inclinados a la derecha, se
manifestó a favor de la escisión y solicitó que la votación fuera pública.
Andrea Padilla, senadora, rechazó la división al considerar que el partido
quedaría polarizado entre “buenos y malos”.
Inti Asprilla, senador, apoyó la separación y señaló que el partido debe
“reinventarse”.
Liliana Rodríguez, congresista, se opuso a la escisión argumentando que el
partido debe permanecer unido y no dividirse en sectores identificados con Petro,
Amaya o Claudia López.
Wilmer Castellanos, representante a la Cámara, respaldó la separación y aclaró
que su posición política es de centroderecha. “Nunca hemos dicho que el Partido
Verde es de Amaya (...) casi todos los que se van, votaron por Petro”, enfatizó.
Marcela Clavijo, concejal de Bogotá, también estuvo de acuerdo con la escisión,
pero pidió un consenso para evitar la polarización.
Iván Name, senador, expresó su rechazo a la división argumentando que “todo
divorcio es un fracaso” y sugirió que los disidentes buscan tomarse el partido.
Angélica Lozano, senadora y esposa de Claudia López, defendió la separación como
una decisión democrática.
León Fredy Muñoz, senador, consideró que la mejor opción era un “divorcio
amoroso” para evitar conflictos internos.
Cristian Avendaño, representante, sostuvo que la separación permitiría mayor
libertad política en las próximas elecciones.
Finalmente, 54 delegados del partido, reunidos en el Hotel Tequendama de Bogotá,
tomaron la decisión de aplazar la votación hasta el próximo lunes 17 de marzo a
las 9:00 a. m.
¿Qué sigue para la Alianza Verde?
Para que la escisión se concrete, en la próxima votación tres cuartas partes de
los 58 delegados deben aprobarla. Si esto sucede, la decisión pasará a
revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), como ocurrió en otros casos de
división partidaria, como Dignidad & Compromiso cuando se separó del Polo
Democrático, Fuerza de la Paz al apartarse del ADA, o Progresistas al escindirse
del MAIS.
¿Quiénes se van y quiénes se quedan?
Los que se van: El sector independiente del Gobierno Petro, que busca fundar un
nuevo partido para las elecciones de 2026. Este grupo está liderado por Claudia
López y lo integran figuras como Angélica Lozano, Katherine Miranda, Catherine
Juvinao, Alejandro García, Carolina Giraldo y Cristian Avendaño.
Los que se quedan: La facción alineada con el gobierno Petro, que mantendría su
influencia en entidades clave como el SENA, el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), los Ministerios de Trabajo y Transporte (con Antonio Sanguino y María
Fernanda Rojas, respectivamente) y el Fondo Colombia en Paz. En este sector se
encuentran líderes como Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y figura con
estrechos vínculos con el Ejecutivo.
CNE reactivó proceso contra campaña Petro
presidente 2022-2026
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un auto por el cual decretó nuevas
pruebas, las cuales entrarían en la etapa final del caso, dentro de la
investigación que se realiza a la campaña de Petro Presidente 2022-2026, por
presuntas irregularidades en la financiación.
"Auto (10 de marzo de 2025) por medio del cual se decretan pruebas dentro de la
investigación administrativa iniciada por la presunta vulneración al régimen de
financiación de las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta de la
Coalición Pacto Histórico y se dictan otras disposiciones dentro del
expediente", indicó el CNE.
Como ya se sabe, la investigación ha tenido varias denuncias por parte de la
defensa del actual presidente, entre las cuales se ha afirmado que no es
competencia del CNE la indagación; sin embargo, el Consejo de Estado ratificó es
la entidad competente para investigar posibles violaciones en los topes de
campaña, mientras que el Congreso podría adelantar un juicio sobre una posible
sanción de pérdida del cargo.
La investigación del CNE se centra en
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presuntas irregularidades en la
financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Específicamente, se indaga si se superaron los límites de gasto establecidos por
la ley electoral.
La confirmación de irregularidades podría debilitar la posición del madantario y
dar argumentos a la oposición para exigir su renuncia o incluso iniciar un
proceso de destitución. Por el contrario, si la investigación no encuentra
pruebas de financiación ilegal, Petro podría avanzar con su agenda de gobierno.
Riesgos de reforma a la salud: exministros
advierten retrocesos y crisis
Un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social emitió
una advertencia sobre los riesgos que conllevaría la aprobación del proyecto de
ley 312 de 2024, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso de la
República.
A través de una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia,
manifestaron su profunda preocupación por los impactos negativos que esta
iniciativa legislativa podría tener sobre el sistema de salud colombiano,
calificándola de "desafortunada y peligrosa".
Falta de análisis y ausencia de participación
Los exministros señalan que la reforma ha sido tramitada sin un debate técnico
riguroso y sin atender las múltiples voces expertas que han expresado su
rechazo. Además, cuestionan el hecho de que los artículos fueron aprobados en
bloque, sin la debida discusión basada en evidencia científica. Según el grupo
de exfuncionarios, este proceder falsea lo que debería ser un diálogo
democrático transparente y amplio, especialmente cuando se trata de la
regulación de un derecho fundamental como la salud.
Asimismo, denuncian que los pacientes y usuarios no han sido tenidos en cuenta
en la construcción del proyecto, lo que pone en riesgo la progresividad del
derecho a la salud. Aseguran que cualquier reforma debería "construir sobre lo
construido", garantizando la mejora y estabilidad del sistema de salud en lugar
de generar retrocesos.
Principales riesgos de la reforma
Los exministros enumeraron ocho riesgos críticos que conllevaría la aprobación
de la reforma en su estado actual:
Incumplimiento de mínimos constitucionales: No se ha presentado un plan claro
con objetivos, metas y recursos definidos. Tampoco se ha garantizado la
financiación ni la transición adecuada para proteger a los pacientes en
tratamiento.
Dificultades en el acceso y calidad de los servicios: Con la reforma, los
usuarios tendrían que acudir a múltiples entidades sin que haya claridad sobre
quién es el responsable de su atención, lo que fragmentaría el acceso a los
servicios.
Incertidumbre en la gestión financiera: La Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no cuenta con la capacidad
operativa para asumir el rol asignado en la reforma, lo que podría provocar caos
financiero y desabastecimiento.
Eliminación del aseguramiento en salud: Se volvería a un modelo donde un único
pagador estatal asumiría la totalidad del sistema, lo que históricamente ha
demostrado ser insostenible e ineficiente.
Retorno al subsidio a la oferta: La reforma plantea asignaciones de recursos
mediante presupuestos históricos, un modelo ya probado como ineficiente e
inequitativo.
Mayor riesgo de corrupción: La concentración del manejo financiero en una sola
entidad incrementaría los riesgos de corrupción, errores administrativos e
inoperancia en la ejecución de los recursos públicos.
Precarización laboral del talento humano en salud: Aunque se argumenta que la
reforma mejorará las condiciones de los trabajadores del sector, los exministros
advierten que en realidad pone en riesgo sus empleos y condiciones laborales.
Falta de aval fiscal: No se ha establecido con claridad la sostenibilidad
financiera de la reforma, lo que pone en duda su viabilidad a largo plazo.
Un modelo fallido y una crisis latente
Los exministros también criticaron la intención del Gobierno de imponer un
modelo de salud similar al del Fondo de Salud del Magisterio (FOMAG), el cual ha
demostrado ser ineficiente, según la propia Superintendencia Nacional de Salud.
A su vez, advierten que el sistema actual atraviesa una crisis profunda, con
múltiples intervenciones de EPS, un aumento descontrolado en las tutelas y la
desfinanciación de servicios médicos en varias regiones del país.
Finalmente, los exministros recalcaron la necesidad de una reforma estructural
con base en la evidencia científica, la participación de expertos y el respeto a
los principios constitucionales. Consideran que, antes de avanzar con un
proyecto que podría agravar la crisis, el Gobierno debe enfocarse en estabilizar
la operación del sistema actual y garantizar el derecho a la salud de todos los
colombianos.
El debate ahora pasa al Senado, donde se espera que las advertencias de los
expertos sean tomadas en cuenta para evitar un retroceso en los avances del
sistema de salud colombiano.
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