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Enrique Peñalosa será candidato presidencial para
2026
El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció su aspiración a la Presidencia
de Colombia en 2026. En entrevistas concedidas a la revista Semana y BLU Radio,
Peñalosa afirmó que está convencido de ser la mejor opción para liderar el país
y revertir lo que considera los "desastres" del actual gobierno.
“Como buen político, estoy convencido de que sería el mejor presidente para
sacar a Colombia adelante”, aseguró Peñalosa, destacando su experiencia en la
gestión pública y su desempeño al frente de la Alcaldía de Bogotá, donde afirma
haber “recuperado la ciudad del desastre que dejó Petro”. Según el exmandatario,
su gobierno se enfocará en fortalecer la seguridad, el desarrollo económico, la
infraestructura y la inversión privada.
El precandidato enfatizó la necesidad de construir una coalición política basada
en un equipo "cohesionado y con ideas claras". Explicó que la selección del
candidato de su sector se realizará mediante encuestas o consultas, buscando que
"la persona con mayores posibilidades de ganar sea el candidato".
Críticas al gobierno y apuesta por la inversión privada
Peñalosa no escatimó en críticas al gobierno de Gustavo Petro, al que calificó
como "un desastre". Aseguró que la crisis del país es grave, pero remarcó que
Colombia cuenta con los recursos para salir adelante si se adoptan medidas
gerenciales eficientes y orientadas a la inversión privada. "Colombia puede
progresar, pero con gerencia, sin carreta, con obras e inversión privada",
afirmó.
En cuanto a la economía, el exalcalde sostuvo que los empresarios han optado por
invertir fuera del país debido a la falta de confianza en el actual modelo de
gobierno. Además, cuestionó la política ambiental que, según él, ha frenado la
minería y la producción de petróleo. "El problema ambiental número uno de
Colombia es la pobreza", subrayó, argumentando que el desarrollo económico y la
generación de empleo deben ser prioridades.
Infraestructura y crecimiento urbano
Otro de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de impulsar
proyectos de infraestructura y vivienda. Peñalosa rechazó los argumentos que
frenan la expansión urbana, asegurando que las ciudades ocupan solo el 0,3% del
territorio nacional. "Hay 300 veces más tierra que la que ocupan las ciudades",
enfatizó.
Según el precandidato, las restricciones a la construcción de vivienda en Bogotá
han obstaculizado el crecimiento necesario para garantizar un nivel adecuado de
calidad de vida. Insistió en que la infraestructura adecuada es clave para el
bienestar de los ciudadanos y que es necesario eliminar trabas burocráticas que
impiden el desarrollo de proyectos esenciales.
Definición de su candidatura y posibles aliados
Peñalosa aseguró que no buscará recolectar firmas para su candidatura, sino que
se presentará con el aval de un partido político, aunque no reveló cuál. Además,
indicó que ha mantenido conversaciones con varios sectores para conformar una
coalición de aspirantes "técnicos y gerenciales". Aunque evitó dar nombres
concretos, mencionó que le gustaría contar con figuras como David Luna, Juan
Daniel Oviedo, Germán Vargas, Mauricio Cárdenas y Marta Lucía Ramírez.
La selección del candidato dentro de su coalición se definiría mediante
encuestas entre octubre y diciembre de 2025, buscando una candidatura única con
mayores posibilidades de triunfo en 2026.
Con este anuncio, Enrique Peñalosa se suma a la creciente lista de precandidatos
que buscan llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones, presentándose
como una opción basada en la gestión técnica, la inversión privada y el
desarrollo de infraestructura.
¿Cuánto puede costar la consulta popular propuesta
por Petro?
Estos son los costos más recientes de los mecanismos de participación ciudadana
incluida la consulta popular que se celebró en 2018 y que fue llamada la
consulta anticorrupción. Vale señalar que se necesita
participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el
censo electoral.
El referendo promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2003
contó con un censo de 25.069.773 votantes tuvo una participación
del 26,2% y un costo de 112.107.000.000.
Por su parte el Plebiscito por la Paz en 2016,
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durante el mandato de Juan Manuel
Santos tuvo un censo de 34.889.945 votantes, con una participación de 37,4% y
tuvo un costo de 350.000.000.000.
Así mismo, la consulta anticorrupción en 2018 promovida por la senadora Claudia
López, la representante a la Cámara Angélica Lozano y el activista Carlos Felipe
Parra contaba con un censo de 36.421.026 votantes y tuvo una participación de
32,04%. Tuvo un costo de 310.479.000.000.
En esta ocasión votaron 11.674.951 colombianos, se necesitaban al menos
12.140.342 votos para que la consulta fuera aprobada.
Por su parte, la consulta popular que busca la aprobación de la reforma a la
salud y laboral y que busca promover el gobierno Petro contaría con un censo de
40.963.370 votantes y el costo varía de acuerdo a la fuente consultada.
Lo que significa que para ser aprobada debe tener una participación mínima de
13.654.457 ciudadanos, de los cuales al menos 6.827.229 deben votar
afirmativamente en cada pregunta.; es decir, algo más del 50%.
¿Cuánto costaría?
Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral comentó que este
proceso puede costar alrededor de 600.000 millones de pesos. Es decir, casi el
doble de la que se celebró en 2018.
De parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), se cree que los costos
pueden estar rondando por encima de los 300.000 millones de pesos.
El exregistrador delegado Alfonso Portela dijo que estaba por el orden de
500.000 millones.
Por ahora lo único cierto es que el primer paso de esta consulta debe ser
aprobado en el Senado de la República.
Con máscaras de 'Papá Pitufo' piden claridad en
investigación a campaña de Petro
En el Congreso de la República, un grupo de personas encabezadas por el
congresista José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) exigió respuestas sobre la
investigación en curso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Los manifestantes, portando carteles y máscaras de "Papá Pitufo", solicitaron un
juicio político contra el presidente y se hicieron presentes en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes. Durante la protesta, demandaron que
el presidente de la Comisión, el liberal Leonardo Gallego, entregue respuestas
sobre los avances de la investigación.
El representante José Jaime Uscátegui publicó en su cuenta de X:
"Hoy, en plena Audiencia Pública sobre el funcionamiento de las comisiones
legales del Congreso, incluida la Comisión de Acusaciones de la Cámara, nos
vimos obligados a ponernos máscaras de 'Papás Pitufos' para ver si así el
presidente de esta comisión nos presta atención y da respuestas sobre los
avances del juicio político".
Asimismo, el congresista anunció la presentación de una moción de censura contra
el Ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien se le atribuyen presuntas
irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de
Petro. En un comunicado difundido, Uscátegui afirmó:
"Anunciamos moción de censura contra el Ministro del Interior por 'Pitufopolítica'
y graves faltas a la moralidad pública".
Señaló que, entre las razones para la moción de censura, se encuentran las
amenazas que Benedetti habría proferido contra congresistas tras el hundimiento
de la reforma laboral, lo que podría afectar la independencia de poderes.
Además, menciona sus presuntos vínculos con el "Clan Torres" y la financiación
ilegal de la campaña presidencial de Petro, señalando que su viceministro
representó empresas asociadas a este grupo y que han obtenido millonarios
contratos estatales.
También se detallan filtraciones que indicarían que Benedetti negoció cargos en
aduanas para favorecer a Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo",
quien habría aportado 500 millones de pesos a la campaña de Petro. De acuerdo
con el comunicado, existe la preocupación
de que Benedetti utilice su posición para interferir en la
investigación interna que adelanta la Cancillería por violencia de género, así
como en el trámite de extradición de alias "Papá Pitufo".
El documento también señala la presunta influencia
del exministro Xavier Vendrell en el direccionamiento del Ministerio
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del Interior, señalando que habría participado en la entrega de fondos a la
campaña presidencial.
El representante Uscátegui finalizó su pronunciamiento exigiendo transparencia
en las investigaciones:
"No más evasivas. Exigimos transparencia y compromiso con los ciudadanos".
Hasta el momento, ni la Comisión de Acusaciones ni el Gobierno Nacional han
emitido una respuesta oficial sobre las denuncias y solicitudes presentadas.
Retorno y reparación para resguardo indígena
ordena C. Constitucional
La Corte Constitucional amparó los derechos a la representación política, al
gobierno propio, al territorio colectivo, al debido proceso, al retorno y a la
reparación integral colectiva del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari,
Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo.
El Resguardo invocó el amparo debido a que sus comunidades se vieron obligadas a
abandonar el territorio por cuenta del conflicto armado que padecieron y que se
produjo a través de desapariciones forzadas y homicidios. La Corte, en su
análisis, concluyó que los derechos de la comunidad fueron afectados, debido a
la falta de concertación e implementación efectiva del plan de retorno y el plan
de reparación colectiva del Resguardo, así como a la falta de articulación de
entidades del orden nacional y territorial y algunas deficiencias estructurales
que enfrentan algunas entidades del Estado.
La Sala recordó que la jurisprudencia ha advertido que el desplazamiento forzado
genera daños particulares en el caso de los grupos étnicamente diferenciados:
además de los traumas que ocasiona individualmente a los integrantes de estas
comunidades, provoca un perjuicio colectivo, que, de no conjurarse en debida
forma, bien puede provocar la disolución de la comunidad y comprometer la
conservación de su identidad cultural.
En el caso concreto, la Corte advirtió que la falta de seguridad en el
territorio pone en riesgo el derecho al retorno y a la vida en condiciones
dignas del resguardo. Con base en lo anterior, la Sala ordenó al Ministerio de
Defensa formular, apoyar y hacer seguimiento a un plan de orden público
sectorizado en las zonas del resguardo indígena que son ocupadas actualmente por
la comunidad y respecto de las cuales no existen controversias con otros
territorios.
Asimismo, le ordenó al Comando Central de las Fuerzas Militares que, en
coordinación con la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas y
la Unidad Nacional de Protección, elabore un protocolo de seguridad específico
para garantizar las condiciones de seguridad dentro del territorio del
resguardo.
Dicho protocolo deberá garantizar de manera permanente y satisfactoria la
seguridad, no solo de los integrantes de la comunidad, sino también de los
funcionarios que deban hacer visitas de campo para el cumplimiento de las
órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Florencia (Caquetá).
A la Unidad Nacional de Protección, la Sala le ordenó culminar el estudio de
seguridad e implementar las medidas de protección que requieran a favor de los
miembros del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao,
Tucano y Piratapuyo.
Por otro lado, la Corte evidenció que el territorio del resguardo no ha sido
delimitado en su totalidad, debido a falencias estructurales de las entidades
encargadas de llevar a cabo esta tarea. Por tal razón, ordenó al Ministerio de
Agricultura que, dentro de seis meses, evalúe la capacidad institucional de la
Agencia Nacional de Tierras para diseñar e implementar un plan de mejora que
garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la agencia.
Asimismo, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, una vez el Ministerio
culmine su labor, diseñe e implemente un plan de mejora que garantice la
culminación del procedimiento de delimitación del territorio de la comunidad
indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, con
respeto del enfoque étnico.
En materia de retorno, la Corte ordenó a la UARIV que, en seis meses, concerte
el plan de retorno actualizado de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del
Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo en conjunto con las autoridades del
resguardo. Dicho plan debe cumplir con los principios de voluntariedad, dignidad
y seguridad.
Igualmente, la UARIV deberá iniciar las actuaciones requeridas para implementar
el plan de retorno de la comunidad dentro de las zonas del territorio que han
sido delimitadas por la mesa de trabajo. Y, entre otras cosas, diseñar un plan y
un cronograma que permitan avanzar a las demás fases de la ruta de reparación
integral colectiva.
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