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Viceministro de MinTIC presentó su renuncia
irrevocable al cargo
Gabriel Jurado, viceministro de la Conectividad del Ministerio de las TIC
presentó su renuncia irrevocable. El funcionario expresó preocupación por la
conectividad y los proyectos que se están ejecutando.
Esta decisión llega en un momento crucial para el desarrollo digital del país,
justo cuando Colombia está en plena expansión de su infraestructura tecnológica.
Durante su tiempo en el cargo, Jurado lideró varios proyectos relevantes para el
cierre de la brecha digital en Colombia. Uno de los logros más destacados fue la
subasta de 5G, que atrajo más de 1.433 estaciones base al país, revolucionando
las telecomunicaciones móviles. Además, su gestión permitió la reorganización
reglamentaria del sector, regulando de manera más justa y equitativa los pagos
por el uso del espectro radioeléctrico.
Otro de los proyectos destacados fue la expedición del Plan Nacional de
Expansión de la Conectividad Digital, que busca garantizar el acceso a internet
en zonas remotas del país. Además, impulsó iniciativas como "Conectividad para
Cambiar Vidas" y el programa de Juntas de Internet.
A pesar de estos logros, la renuncia de Jurado está motivada por su preocupación
sobre la continuidad de algunos proyectos de conectividad. La limitación de
recursos fiscales y de tesorería eponen en riesgo la expansión de la
conectividad en áreas más vulnerables del país".
En su carta de renuncia, Jurado expresó su inquietud por el impacto que esto
podría tener en el desarrollo social y económico de Colombia, ya que un pueblo
sin acceso a la información y el conocimiento está condenado a la ignorancia y
la pobreza.
La renuncia de Jurado coincide con cambios en el Ministerio de las TIC.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro nombró a Julián Molina como ministro
de la cartera, lo que hizo un reajuste en la estructura de la administación.
¿Cuánto puede costar la consulta popular propuesta
por Petro?
Estos son los costos más recientes de los mecanismos de participación ciudadana
incluida la consulta popular que se celebró en 2018 y que
fue llamada la consulta anticorrupción. Vale señalar que se necesita
participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el
censo electoral.
El referendo promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2003 contó con
un censo de 25.069.773 votantes tuvo una participación del 26,2% y un costo de
112.107.000.000.
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Por su parte el Plebiscito por la Paz en 2016, durante el mandato de Juan Manuel
Santos tuvo un censo de 34.889.945 votantes, con una participación de 37,4% y
tuvo un costo de 350.000.000.000.
Así mismo, la consulta anticorrupción en 2018 promovida por la senadora Claudia
López, la representante a la Cámara Angélica Lozano y el activista Carlos Felipe
Parra contaba con un censo de 36.421.026 votantes y tuvo una participación de
32,04%. Tuvo un costo de 310.479.000.000.
En esta ocasión votaron 11.674.951 colombianos, se necesitaban al menos
12.140.342 votos para que la consulta fuera aprobada.
Por su parte, la consulta popular que busca la aprobación de la reforma a la
salud y laboral y que busca promover el gobierno Petro contaría con un censo de
40.963.370 votantes y el costo varía de acuerdo a la fuente consultada.
Lo que significa que para ser aprobada debe tener una participación mínima de
13.654.457 ciudadanos, de los cuales al menos 6.827.229 deben votar
afirmativamente en cada pregunta.; es decir, algo más del 50%.
¿Cuánto costaría?
Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral comentó que este
proceso puede costar alrededor de 600.000 millones de pesos. Es decir, casi el
doble de la que se celebró en 2018.
De parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), se cree que los costos
pueden estar rondando por encima de los 300.000 millones de pesos.
El exregistrador delegado Alfonso Portela dijo que estaba por el orden de
500.000 millones.
Por ahora lo único cierto es que el primer paso de esta consulta debe ser
aprobado en el Senado de la República.
Comisión Séptima del Senado citó a sesión para archivar reforma laboral
La Comisión Séptima del Senado de la República citó oficialmente la sesión para
votar el archivo de la reforma laboral del Gobierno Petro para el próximo martes
18 de marzo, desde las 10 de la mañana.
"Por instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Senado,
presidenta, senadora Nadia Georgette Blel Scaff y vicepresidenta, senadora
Berenice Bedoya Pérez, se cita a los senadores y senadoras, para la siguiente
sesión ordinaria de la Legislatura 2024-2025", se lee en el comunicado.
Con esta votación se definirá el futuro de la iniciativa propuesta por la
bancada del Gobierno, por la cual, el pasado 11 de marzo, se presentó una
ponencia de archivo por parte de ocho senadores, que terminó generando la
propuesta del presidente Gustavo Petro, por medio de una alocución, de pedir una
consulta popular para la reforma laboral y de salud.
"La plenaria del Senado aprobó todas las reformas presentadas por el Gobierno",
indicó el mandatario, agregando que el Gobierno "no va a dar un paso atrás con
el progreso de las reformas", señaló.
El 12 de marzo, la Comisión informó que: "desde la mesa directiva de la comisión
daremos todas las garantías para que este debate se haga en el marco de la ley,
técnico, de manera responsable y de cara a todos los colombianos".
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Con máscaras de 'Papá Pitufo' piden
claridad en investigación a campaña de Petro
En el Congreso de la República, un grupo de personas encabezadas por el
congresista José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) exigió respuestas sobre la
investigación en curso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Los manifestantes, portando carteles y máscaras de "Papá Pitufo", solicitaron un
juicio político contra el presidente y se hicieron presentes en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes. Durante la protesta, demandaron que
el presidente de la Comisión, el liberal Leonardo Gallego, entregue respuestas
sobre los avances de la investigación.
El representante José Jaime Uscátegui publicó en su cuenta de X:
"Hoy, en plena Audiencia Pública sobre el funcionamiento de las comisiones
legales del Congreso, incluida la Comisión de Acusaciones de la Cámara, nos
vimos obligados a ponernos máscaras de 'Papás Pitufos' para ver si así el
presidente de esta comisión nos presta atención y da respuestas sobre los
avances del juicio político".
Asimismo, el congresista anunció la presentación de una moción de censura contra
el Ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien se le atribuyen presuntas
irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de
Petro. En un comunicado difundido, Uscátegui afirmó:
"Anunciamos moción de censura contra el Ministro del Interior por 'Pitufopolítica'
y graves faltas a la moralidad pública".
Señaló que, entre las razones para la moción de censura, se encuentran las
amenazas que Benedetti habría proferido contra congresistas tras el hundimiento
de la reforma laboral, lo que podría afectar la independencia de poderes.
Además, menciona sus presuntos vínculos con el "Clan Torres" y la financiación
ilegal de la campaña presidencial de Petro, señalando que su viceministro
representó empresas asociadas a este grupo y que han obtenido millonarios
contratos estatales.
También se detallan filtraciones que indicarían que Benedetti negoció cargos en
aduanas para favorecer a Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", quien habría
aportado 500 millones de pesos a la campaña de Petro. De acuerdo con el
comunicado, existe la preocupación de que Benedetti utilice su posición para
interferir en la investigación interna que adelanta la Cancillería por violencia
de género, así como en el trámite de extradición de alias "Papá Pitufo".
El documento también señala la presunta influencia del exministro Xavier
Vendrell en el direccionamiento del Ministerio del Interior, señalando que
habría participado en la entrega de fondos a la campaña presidencial.
El representante Uscátegui finalizó su pronunciamiento exigiendo transparencia
en las investigaciones:
"No más evasivas. Exigimos transparencia y compromiso con los ciudadanos".
Hasta el momento, ni la Comisión de Acusaciones ni el Gobierno Nacional han
emitido una respuesta oficial sobre las denuncias y solicitudes presentadas.
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